Para quienes suscriben, doctores, doctorantes y estudiantes del Doctorado en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco, a propósito de la condena a 23 años a Héctor Llaitul, señalan que pone de manifiesto la percepción de una falta de separación de poderes y una exclusión sistemática del diálogo mapuche “¿Por qué una condena judicial moviliza al Estado chileno y pareciera que se diluye la separación de los tres poderes?”.
Los autores también se preguntan: “¿Qué tipo de democracia vivencian los pueblos originarios?” y “¿Por qué el conflicto se llama mapuche y los que hablan, opinan, analizan y sancionan parecieran ser exclusivamente chilenos?”.
A continuación, la declaración completa:
“Hacerse cargo del conflicto que históricamente el Estado chileno ha tenido con el Pueblo Mapuche”:
A propósito de la condena a 23 años de cárcel a Héctor Llaitul Carillanca
Temuco, otoño, 2024.
¿Por qué una condena judicial moviliza al Estado chileno y pareciera que se diluye la separación de los tres poderes? ¿Por qué las autoridades regionales figuran en medios de comunicación y no pareciera existir interlocutores desde el mundo mapuche? ¿Qué se está haciendo a nivel de las cárceles con quienes se supone que son los principales autores de hechos que el Estado condena? ¿Hay conciencia de que la protesta política toma vías más radicales a medida que la posibilidad de escuchar y mirar a la cara a la contraparte se reduce? ¿Por qué el conflicto se llama mapuche y los que hablan, opinan, analizan y sancionan parecieran ser exclusivamente chilenos? ¿Dónde están los tomadores de decisiones del punto de vista mapuche? ¿Qué tipo de democracia vivencian los pueblos originarios?
¿Qué roles juegan las “intelectualidades” en el actual conflicto estatal chileno-mapuche? ¿Serán perseguidos también quienes vayan a foros para escuchar puntos de vista, propiciar debates de ideas, registrar puntos de vista e intercambiar palabras? ¿Sería posible establecer conversatorios en cárceles y tratar de dar respuesta a un conflicto sin aparentes voluntades de solución? ¿Qué roles han jugado personeros religiosos del punto de vista de la sociedad occidental y cuáles están jugando los líderes espirituales de los pueblos originarios? ¿Hay allí una negación? ¿Qué rol han asumido las universidades en estas conflictividades?
La tensión pareciera convertir las cosas en blanco o negro, que en el caso mapuche podrían ser más bien amarillo y azul, si se quiere hablar de opuestos, pero también existen opuestos complementarios.
¿Está en estos momentos la ciencia en una posición lo suficientemente cómoda o incómoda para pasar por alto los aspectos más conflictivos del conflicto? Porque a fin de cuentas, las opiniones sostenidas en el tiempo, van incidiendo en la sociedad general, pero esas opiniones son también financiadas de distintos modos y esos financiamientos nunca son eternos ni ajenos a los vaivenes. A nivel de los medios de prensa y de nuestras propias instituciones conviene preguntarse: ¿existe realmente una independencia lo suficientemente firme como para poder emitir análisis ajenos a las presiones de los financistas? Dicho de otro modo: ¿estamos pudiendo decir las cosas a nivel de opinión pública?
En el contexto de Biobío y La Araucanía, también de Los Ríos y Los Lagos, porciones territoriales del Ngulumapu (el lado poniente del Wallmapu) en el modo de conceptualizar mapuche. La lucha del Pueblo Mapuche por la reivindicación y recuperación del territorio ancestral, se desarrolla en medio de una asimetría comunicacional, política y económica. Algunos la consideran cultural.
Cada vez vemos como se ha internalizado un fuerte racismo hacia la población mapuche, basta el caso de las hortaliceras como ejemplo. Ha aumentado la presencia policial y militar en las comunidades y se ha generado una mayor exclusión del Pueblo Mapuche en las instancias de interacción y posibilidad de dar a conocer sus propios puntos de vista.
Conviene preguntarnos: ¿han retrocedido los medios de comunicación mapuche con el paso del tiempo en términos de figuración e impacto para derivar en personalismos? ¿Es una consecuencia del modo en que la sociedad chilena consume y demanda información? Ciertamente esto tiene efectos sobre lo social y lo cultural en regiones que han visto fluctuar los niveles de tensión. Acompañado lo anterior, de un rol que las Fuerzas Armadas no juegan en otras regiones.
Por otro lado, cuentas de redes sociales parecen tener acceso a información policial antes que el resto de la sociedad. Agrupaciones chilenas que alguna vez fueron de hecho y no de Derecho, se arrogan la posibilidad de adjetivar y contabilizar hechos que tipifican como de violencia rural, donde en no todos los casos se llega a una verdad sino más bien a una versión extraoficial que conforma a la sociedad regional y confunde a la nacional. Las autoridades parecen moverse según esas cifras sin tanto contraste con las reales o al menos sin hacerse cargo del todo, del correlato que da cuenta de los abusos de particulares no mapuche y de fuerzas policiales que en más de una ocasión han intentado deformar los sitios del suceso. Hasta Bomberos han sido sindicados como autores de hechos que se achacaban a comunidades y qué decir del incentivo perverso que implica contratar empresas multinacionales para la extinción de incendios forestales. Y, finalmente, qué decir de la distinción de trato entre “coleccionistas” de armas en Malleco y la persecución a un recordado curador de museo en Angol, por vinculársele con el conflicto.
Las élites económicas capitalinas y penquistas, comerciales y mineras, forestales y pesqueras, terratenientes y bancarias, que tienen una mayor incidencia en el manejo del Estado chileno, desde el proceso de Independencia chileno de la metrópoli peninsular, han sostenido en el tiempo un accionar extractivista sobre el territorio situado al sur del Biobío y un trato desigual con la población que allí se desarrolla. Ese lugar propicio para hacer negocios forestales y tomar vacaciones lacustres, que ha terminado siendo el Sur. Un lugar para instalar patrullas de policías con balizas en cada cruce de la Autopista Pagada y pasear camiones con jóvenes armados y camuflaje, entrenados quizás con qué niveles de violencia en otras regiones. Incluso el representante del propio Presidente en la región de La Araucanía ha ostentado tales vestimentas.
Más avanzado el siglo XIX, en las regiones que requirieron el despliegue del Ejército profesional en la segunda mitad y ya no de la quema de bosques y de la acción de colonos (nacionales, extranjeros y/o particulares), para afianzar el control, despojar a habitantes previos y cercar lo incorporado… los gobiernos chilenos se dieron a la tarea de afianzar un control que se valió también del despliegue de una legalidad que autores como el ya fallecido abogado José Lincoqueo Huenuman calificó de “actos de piratería”. No está de más decir que el abogado fue acusado de prevaricación y así, se extinguieron sus pergaminos y se trató de invalidar su lectura de los hechos. Esas cosas pasan en el Sur. En este conflicto, pareciera ser que se apunta al interlocutor hasta hacerlo inválido.
¿Por qué se ha prolongado por tantos años el conflicto? ¿Por qué la Guerra de Arauco adquirió las características de un fenómeno de larga duración del punto de vista histórico? ¿Son expresiones distintas o son manifestaciones similares de un mismo proceso? ¿Y por qué la gente sigue viviendo como si a ratos ese conflicto no existiera y no pusiera en riesgo su vida? ¿La pone en riesgo? ¿La hace más hostil? ¿Hemos naturalizado la conflictividad al punto de que da lo mismo mientras a mí no me afecte?
Distintos gobiernos, es cierto, pero más bien, el empresariado forestal, nacional y trasnacional, además de sus representantes políticos, han mantenido un control soberano sobre estas regiones, imponiendo vía lobby, políticas públicas y marketing sus agendas. Han contribuido con ello al despojo de los y las mapuche de sus territorios, lengua y costumbres y a la zona de los bienes naturales, generando un conflicto vibrante donde se tensiona la sociedad regional y los beneficios económicos del despojo se los reparten en otras zonas del país.
La actual violencia que caracteriza a estas regiones tiene su origen en las políticas impulsadas desde sus inicios por agentes del Estado chileno. Desde una perspectiva de soberanía y control, el Estado se apropió del territorio mapuche aduciendo que impedía su continuidad territorial y que había allí aliados de los españoles que ponían en riesgo la seguridad nacional y la misma Independencia.
La situación intentó ser zanjada en el Parlamento de Tapihue de 1825, pero estuvo lejos de adquirir la convocatoria que tuvieron los antiguos parlamentos coloniales. En adelante, lo que ocurrió fue que se sostuvo diálogos con parcialidades y porciones de la sociedad mapuche y no necesariamente con su liderazgo político, hasta que se le diluyó, en constantes intentos de asimilación.
De manera que el conflicto estatal y también particular chileno-mapuche, “La cuestión de Arauco”, no solo persiste hasta el día de hoy sin mecanismos efectivos de reparación, sino que además se ha intensificado. En simultáneo al despojo territorial, se ha fortalecido una lógica de asimilación cultural que debilita de manera coercitiva la organización social, política y cultural del pueblo mapuche, afectando su Historia, lengua e identidad. Se ha traducido también en una violencia interna, que ciertamente perjudica de manera muy fuerte a las mapuche zomo (mujeres). De ahí que los procesos de recuperación territorial no solo son un desafío acotado a la tenencia de tierra, sino de recuperación del mapuche mogen (vivir mapuche) en función de las determinaciones propias de la sabiduría ancestral, la cual está orientada por los ciclos del itrofillmogen (naturaleza) y ya no por las determinaciones de un sistema de vida depredador del territorio que genera riqueza acumulable para un sector a costa del empobrecimiento de la demás población.
Este despojo diario ha llevado a que distintos lof (organizaciones socioterritoriales) y comunidades mapuche se enfrenten a una constante presión del aparato estatal, administrado por los gobiernos temporales, lo que se manifiesta en formas diversas de maltrato, desde la represión policial hasta la criminalización de sus liderazgos, sean lonko, machi o werken y se ha traducido en la militarización de los territorios. En ese sentido, debería ser también con un enfoque que considere el despojo histórico a las mujeres, que fueron consideradas prácticamente un bien más, cuando el Estado realizó la entrega de Títulos de Merced.
Este enfoque represivo y colonial en vez de comprensivo o dialogante, se ha caracterizado por el despliegue de una narrativa que estigmatiza las legítimas demandas de autonomía y autodeterminación como “actos de terrorismo”, lo que ha exacerbado las tensiones y dificultado cualquier posibilidad de diálogo constructivo, porque el foco ha estado en ajustar inclusive normativas derivadas de la Dictadura chilena.
Como profesionales de las Ciencias Sociales y estudiantes del Programa de Doctorado en Estudios Interculturales de la UC Temuco, queremos hacer ver la necesidad de generar condiciones más amplias para el encuentro, el reconocimiento y la comprensión de los grupos que brotan dentro del movimiento mapuche y que buscan una reivindicación autónoma de su territorio y cultura, no peticionista.
La condena al werken de la CAM Héctor Llaitul Carillanca y la invocación de la Ley de Seguridad del Estado, por parte del gobierno chileno encabezado por el presidente Gabriel Boric Font, son ejemplos claros de la forma en que se utiliza el marco legal para criminalizar la protesta y la resistencia de los pueblos originarios. ¿Por qué tanta contradicción? ¿Será que la administración de este conflicto interétnico sostiene negociaciones e intereses entre las distintas fuerzas políticas y élites chilenas y extranjeras?
Nos invitan a pensar también: ¿por qué hubo organizaciones dispuestas a conversar con gobiernos de otros sectores políticos y no con el actual? ¿Qué ha dicho este gobierno o qué ha hecho que ha vuelto difíciles las relaciones y más amplio el despliegue de las Fuerzas Armadas? ¿Hay o no voluntad de diálogo y reparación? ¿Es lo que desean también los empresarios? Estas acciones de represión armada no solo perpetúan la asimetría de poder existente (una balanza desequilibrada o una capacidad desigual), sino que también profundizan la brecha entre el Estado y las comunidades mapuche, socavando cualquier posibilidad de reconciliación y diálogo genuino. ¿Qué rol juega entonces CONADI y el Ministerio de Desarrollo Social, con la política de compra de tierras y con la aplicabilidad o no aplicabilidad a cientos de casos de solicitudes? ¿Maneja con claridad y transparencia la sociedad las cifras asociadas a ello? ¿Ha derivado en una política de dividir y propiciar disidencias entre las propias organizaciones mapuche?
En lugar de buscar soluciones basadas en el respeto mutuo y la justicia, estas medidas refuerzan un ciclo de conflicto y violencia eterna, que solo puede ser superado mediante un enfoque respetuoso y de reconocimiento de los Derechos de los Pueblos Originarios, tal como lo indica la legislación internacional mediante el Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Estado chileno ha desconocido.
En el Sur del Mundo, donde los contextos interculturales se manifiestan a través de evidentes y desiguales relaciones económicas y sociales, contribuyendo con ello a la perpetuación de injusticias, los sectores chilenos o no mapuche de la sociedad, influenciados por diferentes ideologías (sean estas del color político que fueren), actúan como cómplices en el avance de los efectos negativos de la explotación económica del territorio. Basta con rememorar el trato despectivo que sufrieron las hermanas Quintreman por el Conflicto en Ralco.
En estas condiciones, los grupos hegemónicos financian espacios, diálogos, encuentros, conmemoraciones e imponen su cultura sobre los grupos subordinados, disminuyendo así la capacidad de estos últimos para expresar su fuerza social y política. Y sobre todo: los anhelos y los sueños. Invalidando otras epistemes, como por ejemplo los esfuerzos por proteger a un ngen (guardián) de un espacio como el río Pilmaiquen, que ha tenido coletazos tanto en Ngulumapu como en Puelmapu (actualmente movilizando al Estado argentino).
Como entendidos en los orígenes de estas desigualdades e injusticias, entendemos las reacciones ante las consecuencias de los actos reivindicativos y la importancia de la justicia en la sociedad. Sin embargo, es fundamental que los actos tipificados como delictivos sean de autoría comprobada con evidencias reales y concretas ante la justicia, utilizando los mecanismos legales ordinarios establecidos para ello, aunque con perspectiva intercultural.
La transparencia y la imparcialidad en el proceso judicial, además de la independencia de los poderes del Estado, son esenciales para garantizar que se haga justicia sin que se produzcan injusticias ni se vulnere los derechos fundamentales de persona alguna, incluidos los voceros públicos y miembros de las comunidades mapuche.
El trato dispar entre casos de corrupción de autoridades y policías y delitos llamados “de connotación mapuche”, plantea la pregunta inevitable: ¿no constituye acaso un tipo de discriminación de Estado cuando las conductas que afectan a todos los chilenos, como la corrupción a gran escala que desvía recursos destinados al bienestar público, son tratadas de manera menos severa que las protestas y demandas legítimas de los pueblos originarios? Esta disparidad en el tratamiento judicial no solo refleja un sistema legal desigual, que cree en una justicia ciega y sin contexto, sino que también sugiere un sesgo institucional que prioriza la criminalización de ciertos grupos sobre la persecución efectiva de crímenes que afectan a toda la sociedad.
En este contexto, es válido preguntarse si estas acciones estatales constituyen una forma de discriminación de Estado, en la medida en que perpetúan injusticias sistémicas y violan los derechos fundamentales de los ciudadanos y ciudadanas. Del mismo modo, creemos que es necesario historizar desde una mirada crítica el proceso de despojo territorial que el Pueblo Mapuche ha vivido. Lamentablemente la historiografía chilena dominante ha construido una narrativa que invisibiliza la pérdida de la tierra y las prácticas de violencia que esto implicó. Mediante remates, hijuelaciones y reducciones, se fue dando origen como bien lo señala el historiador Martín Correa a la propiedad particular extensiva, lo cual corresponde a las tierras disputadas por organizaciones como la CAM y comunidades mapuche y que ha llevado al encarcelamiento de personas mapuche por reivindicar su legítimo derecho a la tierra y al territorio.
Finalmente, queremos hacer una invitación a ponernos en disposición de trabajo para encontrar soluciones. Más que diagnosticar un problema. Necesitamos entender si queremos o no convivir. Si podemos o no, pisar el mismo suelo y enterrar a nuestros muertos en la paz que da el saberse propios de un lugar y no unos desplazados el día de mañana, como ocurre actualmente en el Mundo. Entendemos que quienes promueven la resistencia a un modelo basado en el despojo permanente y sistemático de los pueblos originarios, solo buscan el reconocimiento y el ejercicio de sus derechos. Nosotros también queremos que esos derechos se respeten y que pueda darse la construcción de un diálogo intercultural que permita dar forma a unas sociedades más justas y equitativas para cada uno y para todos y todas quienes hemos nacido, vivido, respirado, amado y recibido la lluvia en dicho lugar, que debe ser mejor y que dependerá de lo que nosotros podamos lograr conversando; en distintos espacios y no solo en la ciudad o en las capitales, sino también pudiendo recorrer el ámbito rural y tomando acuerdos en terreno como ocurría en tiempos de parlamentos y parlas, el tiempo del koyagtun.
Doctores, doctorantes y estudiantes del Doctorado en Estudios Interculturales de la Universidad Católica de Temuco