El domingo 7 de julio se llevó adelante una jornada por la memoria en el Santuario de Once para exigir que se cumpla con la ley que impulsa la expropiación del inmueble donde funcionó el boliche República de Cromañón. La iniciativa fue aprobada en 2022 por el Congreso Nacional, y si no se avanza con la tasación del lugar y la puesta en marcha del Espacio de Memoria para octubre de este año, la expropiación se cae. “Nosotros tenemos que el 30 de diciembre, fecha en que se cumplen 20 años de la Masacre, estar entrando aquí a este espacio de memoria, faltan seis meses, se los exigimos”, afirmaron familiares y sobrevivientes.
(Red Eco) – Buenos Aires – “Estamos a 6 meses de los 20 años de la Masacre de Cromañón, y a 20 años de pasarnos en la calle exigiendo justicia, es muy poco lo que hoy estamos reclamando y nos corresponde”, afirmó Silvia Bignami, mamá de Julián Rozengardt, una de las 194 personas fallecidas el 30 de diciembre de 2004, en el incendio del boliche, ubicado a metros de la Estación de Once, que dejó además más de 1400 heridos y heridas.
Silvia Bignami fue una de las personas que se expresaron en la jornada por la memoria de este domingo 7 de julio, en el Santuario de Once, que también incluyó música, muraleada, suelta de libros, muestra de fotos, entre otras intervenciones culturales.
El camino hacia la expropiación, cuya concreción hoy se reclama y que fue el motivo de la jornada, que organizaron el Movimiento Cromañón y la 30 de diciembre que integran sobrevivientes y familiares, comenzó en 2018.
A fines de ese año, familiares y sobrevivientes se enteraron por los medios de comunicación que el Tribunal Oral Criminal 24 le había devuelto el inmueble, ubicado en la calle Bartolomé Mitre 3036, a Rafael Levy, condenado en 2014 a cuatro años y medio de prisión por el delito de estrago seguido de muerte.
“Sin siquiera avisarnos tiraron las pertenencias de los pibes, hicieron lavado de cara. Exigimos al tribunal que haga algo y nos dijo que ya no se podía hacer nada. (…) A partir de allí presentamos como Movimiento dos gestiones consecutivas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto de expropiación, nos dijeron ‘muy lindo todo, la acompañamos en el sentimiento’, pero no salió, y resolvimos ir también a interpelar a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que entendimos que para eso estaba, para defender los derechos humanos. Nos dieron su apoyo en parte formal, y así se pudo llevar el proyecto al Congreso, porque es también un tema de la Nación”, relató Silvia.
Este proyecto fue firmado y aprobado por todo el arco político tanto en Diputados como en Senadores: “Todo esto ocurrió con un esfuerzo muy grande de sobrevivientes y familiares. Y posteriormente ocurrió que la Comisión Nacional de Monumentos declaró este lugar como Patrimonio Histórico, algo totalmente inédito en la historia de este país. Se supone que, de esta manera, le brindó protección para que pueda seguir construyéndose (el espacio para la memoria). Estos dos hechos, la ley de expropiación y la patrimonialización, no se le ocurrieron a ningún funcionario, se nos ocurrió a nosotros, a nosotros peleando y pensando qué más podemos hacer por la memoria”, aseguró Silvia.
El proyecto de expropiación fue votado por el Congreso por unanimidad el 22 de octubre de 2022. “(Recibimos) felicitaciones y foto de todo el arco político – detalló Silvia –, pero una ley es letra muerta cuando nos dicen ‘qué buena la expropiación’ y nosotros decimos ‘qué bueno el papelito’, porque por ahora eso es lo que tenemos. En el último momento del gobierno de Alberto Fernández, seguramente también con influencia de Vilma Ibarra (por entonces secretaria de Legal y Técnica de la Nación, y hermana de Aníbal, que era el jefe de gobierno porteño en diciembre de 2004), de quien cuando decimos cosas feas hay que acordarse de decir cosas feas de ella también, seguramente por eso y otras cosas demoró tanto la reglamentación que la tuvimos que aceptar porque era realmente mejor que no tener nada en las manos”.
Sin embargo, y a pesar de la reglamentación de la ley, no hubo avances en su puesta en marcha: “Y ahora pasa que si para este 22 de octubre no avanzó más la expropiación… se cae, esto dicen las leyes. No falta tanto para el 22 de octubre y nos parece vergonzoso tener que estar exigiendo. Le mandamos nosotros una carta al nuevo secretario de Derechos Humanos (Alberto Baños) y al ministro de Justicia (Mariano Cúneo Libarona) en marzo, y nos contestó en mayo, que por agenda no nos puede recibir. Me pregunto cuántos temas más importantes hay, nos mandó a decir que estaba trabajando”, manifestó Silvia, quien adelantó que pronto tendrán una reunión con el Tribunal de Tasaciones: “Este lugar hay que tasarlo y una vez hecha la tasación, el dueño puede negarse, pero estará mucho más avanzado (el trámite de expropiación), si eso no ocurre la expropiación se cae”.
Ante la posibilidad de que se concrete esta situación, Silvia aseguró: “Nosotros tenemos mucha memoria de seguir luchando y luchando y luchando, y lo vamos a seguir haciendo, pero lo loco es que a nosotros, que cuando cortamos una calle nos acusan de estar fuera de la ley, cuando protestamos estamos fuera de la ley, resulta que ahora tenemos una ley y ellos están fuera de la ley”.
“Nosotros queremos un espacio memoria colectiva para que donde hubo oscuridad haya luz, para que sea un espacio para el barrio, para que nos podamos seguir encontrando, y eso es lo único que pedimos y exigimos. Nos preguntamos si acá hay negocio inmobiliario de por medio, si hay impunidad por otro lado, qué poder tiene Levy. Igual le decimos que no va a poder abrir ninguna otra cosa, no va a poder hacer nada, porque esto ya es un espacio de memoria, lo que pasa que el Estado tiene que ponerse la mínima pila para decir que vamos a entrar, vamos a tasar y se va a concretar. Lo estamos poniendo en la vereda de ellos. Nosotros tenemos que el 30 de diciembre estar entrando aquí a este espacio, faltan seis meses, se los exigimos”, cerró Silvia su intervención en la jornada por la memoria.