Boletín de informaciones educativas actualizado al 4.8.2024
El Gobierno cordobés decretó un aumento y la UEPC ratificó el paro
Mario Hernandez
La tensión por la falta de acuerdo en la paritaria de los docentes en Córdoba escaló al punto tal que el gobernador Martín Llaryora definió aumentarles por decreto tras el rechazo del gremio a la propuesta del gobierno.
Desde Londres, donde se encuentra en un viaje oficial, Llaryora instruyó a la Secretaría General de la Gobernación “liquidar los salarios docentes del mes de julio con un incremento que contempla cláusula gatillo e incluye también el retroactivo correspondiente del mes de junio y proporcional de aguinaldo”.
La Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba había rechazado la tercera oferta salarial y convocado a un paro para el lunes y martes próximo, con movilización por el centro de la capital para el segundo día. Esta decisión tensó la negociación y el gobierno aceleró los tiempos para definir el aumento por decreto.
En un comunicado, desde la Provincia señalaron que seguirán dialogando con las autoridades de la UEPC “a los efectos de lograr un acuerdo colaborativo que evite la pérdida de días de clases a los alumnos cordobeses”.
Desde el gremio manifestaron el enojo que les provocó la decisión del gobierno: “Esto no ayuda. Ratificamos el paro del próximo lunes y martes”, dijo el secretario general Roberto Cristalli.
Los docentes privados aseguran que la tercera propuesta salarial es inferior a la anterior
El Sindicato Argentino de Docentes Privados Córdoba (Sadop) aseguró que la tercera propuesta salarial del Gobierno provincial es inferior a la anterior.
“Creemos que sin haber condiciones de caída general de las variables que determinan las mediciones que la Provincia toma para definir nuestro salario, la tercera propuesta es: o un error o una provocación, cuando no un desprecio por la inteligencia de los docentes y a la actividad educativa en general”, sostuvo el gremio de los docentes privados.
“En este sentido también vemos con sorpresa que, puesto que la conciliación obligatoria justamente impone la condición de no innovar, ya están anunciados descuentos para los paros de meses anteriores y seguramente para las próximas medidas que se tengan que tomar en el marco de las herramientas de discusión y reclamo que tenemos como colectivo docente”, agregó en un comunicado.
“Los propietarios y entidades que nuclean a las escuelas privadas no se expiden con respecto al tema salarial en medio de una larga discusión que los involucra, y que luego, es determinante al momento de las razones que esgrimen frente a la comunidad educativa cuando se notifican los incrementos en las cuotas y matrículas”, consideró Sadop.
“Insistimos con los propietarios y entidades que nuclean a las escuelas privadas: ¿no es acaso una práctica habitual en las escuelas privadas la presión para evitar acciones que limiten la prestación del servicio?, ¿acaso no es importante para la oferta educativa mantener en funcionamiento la escuela la mayor cantidad de tiempo posible?”, se preguntó Sadop
“Y, en base a estas preguntas: ¿Será que llegó el momento de ayudar a que los docentes encuentren un gesto de parte de las escuelas para tener un mejor pasar que les permita sostener las condiciones que pide la escuela para ser el modelo que promocionan?”, continuó en otra parte del documento.
Además, calificó de “importante” que forme parte de la propuesta (que no se ha dado a conocer en formato de acta o documento en que las partes exhiban firmas), la continuidad del Boleto Educativo, tanto para docentes como para alumnos y auxiliares, en un contexto en el que el Estado Nacional ha decidido cortar los subsidios a los boletos del interior privilegiando a la CABA”.
Junio:
✓ 100% IPC = 4,08%.
✓ $25.000,00 No remunerativo.
✓ 2,5% Remunerativo y bonificable.
✓ 4,08% incremento de incentivo ($36.428,00).
✓ Salario de bolsillo (Apross):
– Mayo/24: $493.031,00
– Junio/24: $551.557,10
– Diferencia $58.526,10
✓ Diferencia con propuesta anterior = -$8.443,80 (equivale a 1,7% del salario de mayo)
Julio:
✓ 100% IPC = 3,7%.
✓ $25.000,00 No remunerativo.
✓ 2,5% Remunerativo y bonificable (6,2).
✓ 3,7% incremento de incentivo ($37.775 ,00).
✓ En este mes se garantiza $600.000,00 de salario inicial para la maestra de grado sin antigüedad (no describe los detalles sobre la distribución en los ítems que conforman el salario docente).
✓ Salario de Bolsillo:
– Junio/24: $551.557,10
– Julio/24: $584.203,00 + $15.800 para alcanzar los $600.000,00 prometidos (equivale a 2,8% del salario de junio)
– Diferencia $48.446,00 (para el inicial cargo cod. 13475)
✓ Diferencia con propuesta anterior: -$5.000,00 N/R
✓ Recién en octubre plantean el blanqueo 75% del estado docente. Este punto estaba garantizado en el mes de Junio/24 en la propuesta anterior y en agosto el 100%. En la nueva propuesta no dice nada del blanqueo total.
Fuente: Sadop *en base a datos obtenidos de cálculos propios. No están disponibles grillas salariales ni actas que detallen los pormenores de la propuesta.
Habrá paro de docentes en Santa Fe el miércoles 7 de agosto
Los docentes estatales de la provincia de Santa Fe, nucleados por AMSAFE, definieron un paro de 24 horas para el próximo miércoles 7 de agosto, en rechazo a la propuesta salarial presentada por el gobierno de Santa Fe.
En la asamblea provincial, sobre un total de 23799 votantes:
19184 votantes optaron por la moción de rechazar la propuesta.
1855 votantes optaron por la moción de aceptar propuesta.
1161 abstenciones
1583 blancos
16 nulos
¿Por qué los docentes rechazaron la propuesta salarial del gobierno?
En la tarde del viernes 2 de agosto se realizó la Asamblea Provincial de la que participaron representantes de las 19 Delegaciones Departamentales de AMSAFE.
Luego de realizar las asambleas departamentales, 23.799 docentes participaron de la votación, de los cuales más del 90% fueron por el RECHAZO, por lo que la ASAMBLEA PROVINCIAL resolvió RECHAZAR LA PROPUESTA del Gobierno Provincial y realizar un paro de 24 horas el miércoles 7 de agosto.
En la resolución se subraya:
Que el gobierno provincial viene realizando constantes ataques y maltratos a los derechos de la docencia que recuerdan las políticas de los nefastos años noventa:
• Rebaja salarial
• Presentismo
• Reforma jubilatoria
1. Que la falta de aportes nacionales significa otra merma salarial
2. Que hemos sufridos descuentos en nuestro salario y no tenemos ninguna respuesta del gobierno provincial
3. Que debemos defender el derecho a la salud ante los recortes del IAPOS
4. Que es urgente volver a pronunciarnos en defensa de nuestros derechos previsionales exigiendo que se respete el régimen opcional docente, las condiciones jubilatorias y el 82% móvil.
Además del PARO de 24 horas para el 7 de agosto, se establece que:
• Se realizarán acciones locales, departamentales y provinciales.
• Se faculta a la Comisión Directiva Provincial a convocar a acciones provinciales cuando se trate el Proyecto de Reforma Previsional.
• Se mantiene el estado de asamblea y movilización
Exigimos:
· Una nueva propuesta salarial
· No a la reforma jubilatoria. Defensa irrestricta de la Caja de Jubilaciones y el 82% móvil.
· Aumento del presupuesto educativo
· Aumento genuino para activos y jubilados
· No al impuesto a las ganancias, el salario no es ganancia
· Regularización de todas las prestaciones de Iapos, la salud es un derecho
· Resolución de los concursos pendientes
· Derogación del decreto de Asistencia perfecta.
· Pago de la deuda de la paritaria 2023.
· Creación de los cargos y horas necesarios.
· Concreción de las obras de infraestructura necesarias.
· No a la Declaración de la Educación como Servicio Esencial. La Educación es un derecho.
· Aumento de los montos de comedores y copas de leche.
· Creación de Cargos, independización y recategorización de jardines de infantes y maternales.
· Concurso para Nivel Superior.
· Resolución a las problemáticas de Formación Profesional.
· Implementación del comité mixto para atender los problemas de infraestructura.
El Cedems no inició las clases y se movilizaron en Jujuy
El lunes 29 de julio, los docentes de nivel medio y superior nucleados en el gremio Cedems, no iniciaron las clases y se movilizaron frente a la imposición por parte del gobierno de un 10% de aumento salarial, a cobrar en agosto. La docencia realizó una fuerte medida de paro y prepararán nuevas acciones para esta semana si no obtienen respuesta del gobierno.
El salario por cargo para un docente que recién se inicia está por debajo de la línea de indigencia rondando los $340.000. Ni siquiera teniendo dos cargos se alcanza la línea de pobreza. Esta situación se viene denunciando hace meses y las y los docentes decidieron volver a las calles.
Con cartelazos docentes de Adep (Jujuy) reclaman contra el fraude y la imposición salarial
La última semana de vacaciones las y los docentes de primaria estuvieron coordinando acciones y presentaciones legales en el ministerio de Trabajo de la provincia y nación contra las maniobras fraudulentas que llevo adelante la actual Comisión Directiva en las elecciones de congresales.
Las irregularidades que los docentes denuncian es que la dirigencia de Adep actuó violando su propio estatuto sindical y llevando adelante un fraude evidente en el conteo de votos como sucedió en Humahuaca. Estas maniobras que empezaron ya en la elección de delegados escolares se llevan a cabo para dejar sin representación al activismo opositor y las bases disconformes, lo que les garantiza una mayoría en el Congreso provincial (órgano máximo de decisión) y mantener la actitud obediente de la dirigencia de Adep para seguir aceptando los salarios de indigencia que impone el gobierno de Sadir.
Sin embargo, las y los docentes del activismo que se viene organizando en reuniones y profundizando las acciones por la impugnación de las asambleas provinciales y contra el fraude, recibieron el apoyo de las y los docentes de nivel medio y terciario que en la última asamblea de Cedems votó apoyar la democracia sindical y la voluntad de las bases en la elección de sus representantes. Esto se suma al apoyo ya recibido por el sindicato Ademys de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la repercusión mediática que están teniendo las acciones. La asamblea del Cedems también votó el rechazo a la imposición del 10% y un plan de lucha progresivo empezando con un paro de 24 horas acción en la que estuvieron presentes docentes de Adep dando muestras de que estas peleas comunes son muy importantes para fortalecer la unidad y la necesidad de un plan de lucha conjunto e independiente de los gobernadores ajustadores.
La jornada de cartelazos se llevó adelante en San Salvador, Humahuaca, Ledesma, San Pedro y Tilcara donde decenas de docentes se están sumando a este reclamo, en este marco del ajuste la combinación de salarios de indigencia, tarizafos del transporte, y la subordinación de la dirigencia, hace más fuerte el planteo y la necesidad de asambleas democráticas, elecciones trasparentes, profundizar la organización y la posibilidad de recuperar los sindicatos para la defensa de los derechos de las y los trabajadores.
Tras el cierre de jardines porteños, decenas de maestras se quedaron sin trabajo
Por Martín Suárez
Hasta el momento son al menos 16 docentes suplentes. Señalan que esta situación va a repetirse cada 30 días cuando el GCBA reacomode a las docentes titulares de salas que fueron cerradas.
En mayo de este año, Tiempo advirtió sobre el proceso de cierre de jardines de infantes que el gobierno porteño inició en marzo pasado. Por entonces, la comunidad educativa del jardín N°3 del distrito escolar 5 del barrio de Barracas, resistía el cierre que, según lo informado por las autoridades locales ese mismo mes, iban a dar de baja las salas de 4 y 5 del turno mañana. Rápidamente las familias junto a legisladores porteños presentaron un amparo para evitar el cierre de la escuela infantil. Finalmente, el hecho fue consumado, pero otros establecimientos educativos corren la misma.
Hay decenas de escuelas infantiles donde sus salas fueron fusionadas y, hasta el momento, alrededor de 90 maestras titulares quedaron en disponibilidad, o sea, sin sus cargos, con la promesa que se les iba a otorgar otros. Pero para eso, las docentes que son suplentes en diferentes jardines deberán perder su actual puesto de trabajo.
Un relevamiento propio de la comunidad educativa afirma que, esta semana, hubo al menos 16 maestras que quedaron sin trabajo. Advierten que es una cifra que cada 30 días se irá incrementando ya que todos los meses habrá reacomodamiento de maestras titulares que quedaron en disponibilidad y dejarán sin trabajo a las suplentes.
Alejandra hace 27 años que se recibió de docente de nivel inicial y hace unos años comenzó a trabajar en el GCBA. “Ayer sin mediar ninguna información previa me cesaron de mi cargo de maestra celadora del JIN A Distrito Escolar 5. Estaba trabajando desde febrero de este año como maestra interina que, para los que no saben, quiere decir que el cargo no tiene dueño. Este miércoles, el GCBA llamó a un acto público a todas las maestras que quedaron en disponibilidad por el cierre de sus escuelas y tomaron mi cargo, y ayer tuve que despedirme de manera abrupta de mi grupo de 5 años y de mi compañera dejando trunco el proyecto pedagógico”, contó la docente. “El nivel de destrato y cinismo que manejan los encargados de velar por nuestro trabajo y las infancias es lamentable, y lo peor es que en 30 días esto se vuelve a repetir”, agrega.
Las familias de la comunidad educativa del Jardín Nº 15 Espinoza de la sala de 5 años del turno mañana, mediante un comunicado informó que “en la semana fuimos notificados del cambio de docente de la sala de nuestros hijos. Sin perjuicio de la pronta incorporación del docente (a quien no conocemos, pero del cual descontamos su idoneidad para el cargo) queremos manifestar nuestra profunda inquietud frente a la medida adoptada”, comienza el documento y termina: “Entendemos que un cambio así perjudica notablemente la continuidad de un proyecto pedagógico ya comenzado y altera profundamente los enlaces vinculares ya armados entre los niños y sus docentes”.
No hay información oficial de cuántas salas se han cerrado en los diferentes distritos ni cuántas se cerrarán en los próximos meses pero, de acuerdo a las denuncias de la comunidad educativa, en casi todos hubo cierres de salas.
Esa costumbre de cerrar escuelas
El cierre de escuelas y la fusión de establecimientos educativos como escuelas y jardines de infantes en CABA es moneda corriente. Hace más de una década que las diferentes gestiones macristas implementan esta modalidad ante la fuerte demanda de miles de familias que exigen vacantes en la educación pública. Esta decisión política pone en riesgo la continuidad pedagógica de miles de chicas y chicos y afecta la organización de las familias.
Si bien la gestión de Rodríguez Larreta será recordada como la que más instituciones escolares cerró y/o intentó cerrar entre 2016 y 2023, como los 14 secundarios nocturnos, o el cierre de al menos cinco jardines maternales; el actual Jefe de Gobierno, Jorge Macri, a pocos meses del inicio de su gestión, retomó el mismo camino que su antecesor.
FUENTE: Tiempo Argentino
El ministerio de Educación impulsa una Reforma Educativa al servicio del mercado
Ivana Otero y Claudio Vilardo
En una reciente entrevista, Mercedes Miguel, ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, insiste en la “necesidad” de una reforma en la escuela secundaria. Pero ¿qué se esconde detrás de la supuesta preocupación por la educación de las adolescencias?
La crisis educativa, que los medios de comunicación señalan insistentemente, no es presentada de manera inocente. Las opiniones de comentaristas y “referentes” del mundo educativo, en general no muy progresistas, utilizan datos de organismos internacionales como la OCDE [1] y sus pruebas PISA. Con estas estadísticas parciales, los gobiernos grafican de forma demagógica la decadencia educativa. Siempre con un subtexto de buscar chivos expiatorios, en Argentina generalmente se culpa a los y las docentes, mientras que en Europa se atreven a señalar a los estudiantes migrantes. Cabe preguntarse cómo, después de más de una decena de reformas educativas nacionales en los últimos veinte años, más otro tanto de competencia jurisdiccional, los síntomas parecen empeorar. Es evidente que esta situación no puede entenderse de manera aislada y, mucho menos, solucionarse con reformas inconsistentes y sin una mirada crítica estructural.
Bienestar socioemocional y “habilidades” para el futuro
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), la ministra Mercedes Miguel junto a Jorge Macri han presentado una “nueva propuesta” para reestructurar la educación. Aunque esta iniciativa se enmarca en el plan “Buenos Aires Aprende” de la gestión anterior, recientemente se ha relanzado como “Plan Estratégico Buenos Aires Aprende 2024-2027”, en las que buscan acentuar viejas recetas. Desde el sindicato porteño Ademys se han marcado los principales ejes para denunciar y rechazar dicho plan.
Según declaraciones recientes de la ministra, la propuesta para el nivel medio incluye un piloto en 30 a 50 escuelas que “voluntariamente quieran participar”, para luego extenderlo a todas las secundarias de la Ciudad, tanto públicas como privadas. El objetivo es que los estudiantes puedan “vislumbrar, sentir, palpitar cuál es el camino que quieren seguir” durante la secundaria. Según Miguel, “lo peor que nos puede pasar —y que nos pasa— es que egresen de la escuela secundaria y no sepan qué camino seguir en un mundo que cambia”. Y agrega, “siendo que es una etapa de transición al mundo del trabajo, al emprendedorismo”. (Nota del editor: RECORDEMOS QUE EL EX MINISTRO DE EDUCACION PRO, ESTEBAN BULLRICH -EN CABA 2010/5 Y EN NACION 2015/7- SOSTENIA LO CONTRARIO: “DEBEMOS CREAR ARGENTINOS CAPACES DE VIVIR EN LA INCERTIDUMBRE Y DISFRUTARLA”).
Estas afirmaciones resultan llamativas en un contexto donde 7 de cada 10 niños y niñas en Argentina viven en la pobreza, y donde el mercado laboral está marcado por la precarización absoluta. La reestructuración del secundario parece ignorar estas realidades materiales y el futuro incierto que enfrentan las y los estudiantes. Más bien, parece buscar que se adapten mejor a un mercado laboral precario, promoviendo “el aprendizaje continuo a lo largo de toda la vida y el desarrollo de habilidades profesionales, básicas, digitales y blandas para que las personas puedan insertarse en ese contexto”. Además, se pretende fomentar una estrecha colaboración entre el sector productivo y las instituciones educativas para alinear la formación profesional con las demandas económicas de la Ciudad.
La falta de acceso a un empleo estable y con derechos es lo que no tiene la juventud. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la tasa de empleo informal en Argentina es una de las más altas de América Latina, lo que implica que muchos jóvenes no tienen acceso a trabajos con derechos laborales básicos. En lugar de abordar estas cuestiones estructurales, la propuesta de reestructuración de la secundaria se enfoca en la capacitación para un mercado laboral que perpetúa la precarización. Los y las estudiantes demandan oportunidades reales, no un mundo del descarte que la ministra parece ocultar intencionalmente.
La propuesta de “descompartimentar las asignaturas”, aunque pueda parecer innovadora, ya se viene implementando sin resolver los supuestos problemas identificados. Según la ministra, los resultados académicos en Lengua y Matemática, y los datos estadísticos de bienestar socioemocional indican que “algo está pasando”. Hablan de “bienestar socioemocional” ¿proponiendo invertir en profesionales de la salud para las escuelas? No, centrándose en el desarrollo individual de habilidades como la autoobservación, la autorregulación y la toma de decisiones. Así se adquiere, supuestamente, una “habilidad blanda” que parece cotizar en el mercado laboral. En una reciente publicación de Forbes Argentina, se señala casualmente la importancia de que los jóvenes muestren “las competencias tecnológicas junto con las habilidades blandas” en los C.V. Todo al servicio de las necesidades de los grandes millonarios.
Desde el ámbito docente, las propuestas de la ministra Miguel presentan varios puntos críticos. La idea de un “docente taxi”-que señala como problema- no es un problema de voluntad, sino de condiciones laborales precarias y salarios insuficientes. Al mismo tiempo, el trabajo docente es presionado para ser un facilitador o ejecutor de métodos, objetivos, que cada vez le son más ajenos con sobrecarga laboral y administrativa-burocrática que erosiona la libertad de cátedra. Es decir, se lo enajena cada vez más de ser creador de sus propuestas pedagógicas.
La verdadera crisis educativa en Argentina está intrínsecamente ligada a la profunda crisis social y económica del país. La falta de inversión en Educación contrasta marcadamente con la prioridad que se da al pago de la deuda con el FMI. La descentralización del sistema educativo y el desvío de fondos hacia escuelas de gestión privada han exacerbado la desigualdad entre distintos tipos de escolarización. Segregando y segmentando cada vez más la educación. La Ciudad más rica del país no es la excepción. Estos problemas fundamentales son sistemáticamente ignorados por los sucesivos gobiernos al proponer reformas educativas como recetas mágicas para maquillar estadísticas, pero siempre con un sentido de flecha: al servicio del mercado y no al desarrollo cultural integral del pueblo trabajador. Y como si fuese poco, de la mano de Milei, pero deseado por todas las fuerzas políticas, se busca transformar a la educación pública en un “servicio esencial” continuo, facilitando así la explotación de las familias trabajadoras en beneficio de los grandes empresarios. Mientras, las direcciones sindicales docentes que responden al peronismo, como CTERA y UTE en la Ciudad, mantienen una postura conciliadora al no organizar y enfrentar al gobierno que no representa las verdaderas necesidades y luchas de los y las docentes junto a la comunidad educativa.
[1] Sigla de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, donde los países miembros son potencias económicas mundiales.
Rechazo a la instalación de cárceles container cerca de establecimientos educativos
“No queremos cárceles a metros de nuestro colegio”, exclama Lorena, mamá de la comunidad educativa de la Escuela Nº 13 DE 15 Dr. Ignacio Lucas Albarracín del barrio de Saavedra. “Bastante sufrimos como familias cuando nos enteramos de que decenas de presos se fugaban de las comisarías de la Ciudad, no queremos que eso ocurra acá que es un barrio tranquilo”, agrega la mujer que integra parte de un grupo de padres y madres de ese establecimiento educativo que se opone a la iniciativa porteña.
Ante la falta de vacantes en la Ciudad, el Gobierno porteño propuso en varias ocasiones la instalación de aulas containers dentro de escuelas públicas. Varios años después de esa “política educativa” fallida, el mismo espacio político planteó instalar cárceles container en diferentes barrios de la Ciudad.
El proyecto tiene como objeto la construcción de tres conjuntos modulares que serán instalados en la Comisaría N° 12 de Saavedra, la N° 15 de Chacarita y la N° 4D, ubicada en Barracas. Una de esas cárceles containers estará muy cerca de la Escuela Nº 13 DE 15 Ignacio Lucas Albarracín, situada en Mariano Acha 4452, a menos de dos cuadras de la comisaría 12 que se ubica en Ramallo 4398. “Rechazamos esas cárceles porque tenemos miedo de que el barrio se convierta en algo que no queremos”, suma Carlos que integra la misma comunidad educativa y adelantó que es inminente la organización de medidas de fuerza para visibilizar este rechazo.
El jueves 1° de agosto a las 19:00, el Consejo Consultivo Comunal y la Comisión de Desarrollo Urbano y Hábitat, realizó una charla informativa en la Asociación Vecinal Saavedra y Biblioteca 25 de Mayo, Balbín 4221 del barrio de Saavedra.
En ese barrio, el GCBA tiene pensado instalar containers para 72 detenidos. Serán en total 12 módulos que contendrán tres camas dobles. La instalación de las cárceles comenzó hace pocos días y, todo indica que lo que parecía que iba a ser algo temporal será definitivo.
“Dicen que esto va a ser provisorio, nosotros no le creemos porque de la manera que están emplazándolo y con la obra que están haciendo, dudo de que sea provisorio. Además, están ocupando un espacio que es absorbente y están violando toda la normativa vigente porque en primer lugar esto se tendría que haber hecho informándolo al Consejo Consultivo que es el ámbito o la instancia de participación prevista en la Ley 1.777, que es una facultad concurrente con el Ejecutivo y la Junta Comunal”, explicó José Olivo, miembro del Consejo Consultivo Comunal 12.
Ciencia, afuera: promesa de campaña cumplida
Por Karina Micheletto
Tal como anunció, la gestión libertaria se muestra decidida a desmantelar el organismo científico. Las becas, los ingresos a la carrera de investigador y los recursos se achican y se posponen.
“¿Científicos del Conicet? ¡Afuera!”, podría haber sido parte del slogan de quien prometió en campaña cerrar y privatizar el Conicet y, a su modo, parece encaminarse a cumplirlo. Más de 250 científicas y científicos argentinos, que llevan años de formación dentro del sistema (entre las becas de doctorado y las de posdoctorado) se quedaron ayer repentina y directamente afuera del sistema, cuando contrariando una resolución del organismo y hasta las promesas recientes del actual directorio, las prórrogas de sus becas posdoctorales fueron canceladas, cortando en los hechos cada una de estas carreras científicas. Sin más trámites, sus nombres, currículums, áreas de investigación ya no figuran en la página del organismo. Por otro lado, de las 800 de estas becas que se habían prometido para la convocatoria 2023, se efectivizaron sólo 500. A paso firme, la actual conducción del Conicet decide reducir cada vez más su funcionamiento. Ayer (miércoles 31/7), en una manifestación en el Polo Científico y Tecnológico, sede administrativa del organismo (que tuvo réplicas en todo el país) los científicos pidieron una reunión con el directorio para entender qué estaba pasando. Los recibieron varias horas después funcionarios de terceras líneas que sólo pudieron transmitirles que no quedaba nada por hacer.
Recalculando
“Todos estamos recalculando qué va a ser de nuestras carreras y de nuestras vidas. Si me preguntás hoy, así en caliente, tengo dos opciones: aceptar una posibilidad en el exterior, o abandonar la ciencia. Es triste, pero ese es el presente. Nos están diciendo: chau, andate, invertimos años y años en tu formación, pero ahora no nos interesa más”, dice la geóloga especializada en Paleontología, Agustina Toscano, que hasta ayer trabajaba en la Cuenca neuquina, en equipos que investigan, por ejemplo, la formación de Vaca Muerta.
“Amo lo que hago y no me imagino haciendo otra cosa. Me las rebuscaré por un tiempo como profesora de nivel medio, de terciario. Pero no es que la rueda para: vos no podés dejar colgados los papers, los congresos, las investigaciones que iniciaste. Eso es lo perverso: lo seguís haciendo, pero ahora gratis, y a media máquina”, lamenta la socióloga platense Paula Aldana Lucero, magister en Antropología social y doctora en Geografía, dedicada a estudiar las ideas en torno al uso de pesticidas en la agricultura, un insumo para delinear políticas públicas.
“La desazón es total. Soy el único ingreso de una familia monoparental, tengo 41 años y una hija que ya formó sus vínculos acá. La verdad, no sé qué hacer. ¿Podría irme afuera? Laboralmente sí, pero hoy para mí el desarraigo pesa. Lo desalentador también es haber perdido lo que generábamos en la sociedad. Hasta hace poco tener un hijo en Conicet o docente universitario significaba prestigio y orgullo. Hoy por hoy mi mamá tiene que estar explicando que su hija no es ñoqui”, lamenta desde Córdoba, Claudia Amuedo, antropóloga especializada en Arqueología.
“La crisis de Conicet afecta también directamente al funcionamiento de las universidades, porque los equipos de investigación están muy entrelazados, nos seguimos formando y produciendo conocimiento con los sueldos del Conicet. De hecho, siendo becarios, los que somos docentes solo podemos acceder a una dedicación simple. Esos equipos también se ven afectados, se pierden líneas de investigación, porque uno puede seguir trabajando de onda, pero tiene el margen de la subsistencia”, explica Pamela Brownell, docente de Artes en Filo UBA, especializada en temas de teatro argentino contemporáneo y otra de las afectadas por la cancelación de las prórrogas de becas posdoctorales.
El salario de un becario posdoctoral (que luego de su carrera de grado acumuló en el sistema científico, con el Estado invirtiendo en eso, unos ocho años de formación) es actualmente de unos 900.000 pesos. Es, además, un trabajo que desde hace años se denuncia como precario (en negro, sin aportes ni aguinaldos, aunque con la conquista de una obra social desde hace pocos años). La dedicación simple que les queda como máximo a quienes quedaron “afuera” y sumaron la docencia universitaria significa un sueldo de entre 100.000 y 200.000 pesos, dependiendo el lugar y la antigüedad.
Carrera congelada
Las prórrogas que se cancelaron son de becas posdoctorales de tres años de duración, precedidas por otros cinco de formación doctoral. “Es desesperante que el Estado haya invertido todo ese tiempo y recursos para decidir tirarlo así, de un día para el otro”, apunta Toscano. Todos estos posdoctorados se presentaron a la carrera de Conicet el año pasado, con una exigente evaluación de por medio. Los resultados se conocerán recién a mediados del año que viene: hasta entonces, lo lógico, lo usualmente estipulado y lo planeado a nivel personal y familiar por cada uno de ellos era mantener las becas con estas prórrogas. Muchos incluso tomaron decisiones en base a esa certeza como mudarse de ciudad y de provincia para seguir las líneas de investigación que les interesan. Hasta que las nuevas autoridades cambiaron las reglas de juego.
Más allá de la situación inédita de los becarios posdoctorales literalmente echados de Conicet (aunque el rótulo sea el más técnico “cese de prórrogas de becas”), hay otros reclamos urgentes que enumera Victoria García, delegada de ATE Conicet: hoy hay casi mil investigadores e investigadoras elegidos por concurso en 2022 y 2023, que siguen sin ser confirmados en sus cargos. Desde que asumió este gobierno, 130 trabajadores del personal administrativo fueron despedidos: sus contratos no fueron renovados. Y el 30 de septiembre vencen otros 1.300 contratos.
Se suma la caída del salario real que afecta en la Argentina a todos los trabajadores, y un congelamiento del presupuesto para investigación de tal magnitud que mereció un reciente artículo de la revista Science que se asombra del “caos y la creatividad” de los científicos criollos, las estrategias como reutilizar reactivos y botellas de plásticas para los experimentos, la falta de apoyo que reciben, y en general la incertidumbre con la que trabajan.
“Pienso también en la cantidad de investigadores con currículum que volvió al país para formar equipos e investigar acá, y de repente ve que esos equipos están siendo diezmados, ¿qué hacen?, ¿cómo siguen? Porque es toda una cadena la que se corta, gente que forma y otra que va siendo formada, así se produce el conocimiento, el camino es muy largo y nunca es individual. Yo hace siete años que soy becaria, pero me inicié como estudiante, formo parte del equipo de investigación en el que hoy estoy hace 18 años”, repasa con angustia Amuedo.
“A mí me parte al medio, como a todos, como a cualquiera que se queda sin trabajo de un día para el otro. Pero si pienso en todas las líneas de investigación que se cortan, el dolor es doble. Y si además pienso en los discursos que circulan, ‘son todos ñoquis’, ‘estudian cualquier cosa’, “entra cualquiera’, con lo complicados que son los concursos, los años de formación que demanda esto, lo que siento es desazón”, concluye Lucero.
Un campo que parece sembrado para que lo que hoy pasa en el Conicet avance sin mayores repudios, y hasta con adhesiones.
Fuente: Página 12
Denuncian al menos 630 despidos por la parálisis presupuestaria en el Conicet
El miércoles 31 de julio se llevó adelante una Jornada Nacional de Lucha para visibilizar la situación en el Conicet que impide completar las altas de cargos concursados, reduce el cupo de becas doctorales, mantiene un atraso salarial prolongado frente a la inflación, además de la interrupción de subsidios para el financiamiento de insumos y equipos necesarios para la labor científica cotidiana.
Desde el comienzo de la actual gestión en el Conicet, organizaciones sindicales del sector, ATE Conicet y Jóvenes Científicxs Precarizadxs contabilizan centenares de despidos -directos o encubiertos: “Los números son elocuentes –advierten– y muestran una imagen muy distinta de la transmitida a los medios por las autoridades políticas de Conicet. Entre diciembre de 2023 y hoy, quedaron en la calle 130 trabajadores/as del personal de gestión cuyos contratos fueron descontinuados. A su vez, se llevó a cabo durante este año un profundo ajuste en el número de becas doctorales y posdoctorales asignadas. En febrero, luego de una intensa jornada de lucha en el Polo Científico Tecnológico en reclamo frente al no anuncio del cupo de becas doctorales otorgadas, se comunicó que se otorgarían 600 becas doctorales. Luego, a partir de una ‘ampliación’ presupuestaria, ineludible dada el congelamiento del presupuesto, se anunció que el cupo de becas doctorales se ampliaría en 240, llegando así a un total de 840. Este número se ubica muy por debajo de las 1.300 anunciadas en la convocatoria y de las 1.233 que finalizaron en marzo del presente año, lo cual implica un importante ajuste de la planta de becaries. Por su parte, la cantidad de becas posdoctorales asignadas este año es de 470, lo cual constituye 330 menos que las 800 prometidas en la convocatoria. Esto significa que de los 1.233 becarixs doctorales que finalizaron su beca este año 730 no pueden continuar desempeñando labores de investigación en el organismo luego de 5 años de trabajar precarizadxs para el mismo, configurando, en efecto, despidos encubiertos”.
“También son expulsados/as del organismo quienes se desempeñaban desde 2021 como becarios/as posdoctorales y esperan la resolución del concurso de Carrera del Investigador Científico. Mediante la resolución 967/21 del Directorio de CONICET, se definió que obtendrían una prórroga hasta la publicación de los resultados del concurso, pero en marzo de este año el Directorio decidió modificar lo definido en la Res. 967/21 y acotar la prórroga hasta el 31 de julio de 2024, dejando a más de 200 personas sin trabajo a fin del corriente mes. La contracción del cupo de becas posdoctorales, a su vez, incumpliendo la asignación de las 800 becas establecidas el 3 de julio de 2023 en la RESOLUCIÓN N° 1111/2023, expulsa a quienes se habían desempeñado en la mayoría de los casos como becarios/as doctorales. La reducción de 800 a 500 cupos significa un 37% de recorte en las becas otorgadas, incumpliendo con lo previamente anunciado por el organismo, y ejecutando un nuevo golpe al ya debilitado sistema científico nacional al expulsar de él a cientos de investigadorxes en proceso de formación”, describen.
Además, aseguran que durante la nueva gestión no ha habido ningún ingreso a las carreras del investigador científico (CIC) y del personal de apoyo (CPA): “Según el último relevamiento, 955 investigadoras/es y profesionales calificados (850 CIC y 105 CPA), que ya habían sido seleccionados por concurso en 2022 y 2023 luego de una rigurosa evaluación, aún no son efectivizados en sus cargos. Todos son trabajadores científicos altamente especializados y la mayoría tiene doctorados o posdoctorados en el país o el exterior. De ellos, 108 (71 CIC y 35 CPA) se encuentran en una situación crítica respecto de su inserción laboral, según una encuesta realizada por los mismos colectivos de damnificados. A ello se añaden todavía pendientes de los concursos de 2020-2021, 34 personas todavía sin efectivización de su alta y en muchos casos sin posibilidad de percibir ningún ingreso o prontos/as a quedar sin ellos”.
“A estos despidos y reducciones de los cupos de becas hay que sumar la caída del salario real que tuvo lugar durante los últimos meses. En línea con los salarios de la administración pública nacional, el poder compra de los estipendios y salarios de Conicet cayó entre noviembre de 2023 y junio de 2024 un 26%. Lejos de cualquier tipo de normalidad, está en estado de emergencia, entre despidos, precarizaciones varias y sangría presupuestaria y salarial. El miércoles 31 todo este conjunto de problemas se expresó en concentraciones en distintos puntos del país, en las que se reclamó la restitución de los puestos de trabajo y la recomposición del trabajo científico en condiciones viables”, finalizaron las organizaciones convocantes.
El gobierno le sigue dando la espalda a lxs trabajadorxs universitarios
Una vez más el Gobierno libertario de Javier Milei muestra su desinterés por mejorar los salarios de lxs trabajadorxs de las Universidades Públicas Nacionales y continúa con un sistemático plan de atropello a las representaciones sindicales (Docentes y No Docentes) definiendo de manera unilateral y arbitraria, fuera de toda negociación paritaria porcentajes de aumentos insuficientes.
Dicha cuestión se volvió a demostrar cuando la Subsecretaría de Políticas Universitarias envió a las Universidades Nacionales el instructivo para la liquidación de haberes con otra recomposición del 7,5 % y sin la existencia de una negociación paritaria. Dicho porcentaje se definió para el mes de julio de 2024, respecto del mes de junio del corriente año.
La Federación CONADU rechaza al aumento otorgado por insuficiente, ya que siguen con un salario depreciado en más de 56 puntos nominales. A modo de ejemplo en relación al poder adquisitivo: para tener el mismo poder de compra de noviembre 2023 un Prof. Adjuntx Exclusivx debería cobrar en Julio un básico de $ 1.099.497,76 y va a percibir $ 839.116,94, por lo que el aumento debería ser del 41% y no del 7,5%.
La realidad muestra que los salarios universitarios se encuentran por debajo de la línea de pobreza. A este hecho se le suma la instalación de un método de tratamiento autoritario e irrespetuoso con los sindicatos de trabajadorxs y una vulneración permanente del derecho a la negociación colectiva.
CONADU sostiene y continúa con un plan de lucha, no sólo en defensa del salario docente, sino también de la Universidad Pública y de un presupuesto que reconozca la necesidad de becas para sus estudiantes, programas de investigación y extensión, y salarios dignos para todos sus trabajadorxs.
La asamblea de la Agremiación Docente Universitaria Marplatense (ADUM) anunció que habrá al menos una semana de paro en la Universidad Nacional de Mar del Plata en función de la persistente falta de acuerdo salarial con el gobierno nacional: será entre el 12 y el 16 de agosto.
La Asociación de Docentes de la Universidad de La Plata (ADULP) resolvió el viernes, en asamblea, “profundizar el plan de lucha por el salario docente, fuertemente deteriorado durante el gobierno de Milei”.
Por unanimidad, acordaron llevar adelante “medidas de fuerza más contundentes, comenzando con un paro de 48 horas a acordar con los frentes gremiales local y nacional”.
Gran festival en defensa de los SRT y los medios públicos
La actividad fue organizada por la Intersindical de trabajadores de los Servicios de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba llamado “Las voces no se callan” y contó con la presencia de importantes artistas y alrededor de 15.000 personas que brindaron su apoyo a la lucha del colectivo de trabajadores.
Entre quienes se subieron al escenario se encontraban el Dúo Coplanacu, Raly Barrionuevo, Lucas Heredia, DJ Fede Flores, Arbola Danza, Milonga sin Corte, Lucre Ortiz, Misty Soul Choir y Monte. El evento fue transmitido en vivo por la FM del multimedio.
La convocatoria fue abierta a otros medios públicos, cooperativos y autogestivos muchos de los cuales se encuentran en una situación complicada para su mantenimiento. La misma fue un paso más en la lucha que vienen llevando las y los trabajadores, desde que en el mes de febrero se votó en la Universidad una reconversión del multimedio. También desde la organización se solicitó a los asistentes que colaboraran con alimentos no perecederos para distintos comedores de la ciudad.
Recordemos que el conflicto dio un salto en las últimas semanas con el atraso en los pagos de sueldos y aguinaldo, así como con la presentación de un Procedimiento Preventivo de Crisis, donde las autoridades de la empresa pretenden despedir a la mitad del personal actual, con indemnizaciones al 50%.
El festival se convirtió en una gran demostración de fuerzas conquistada por la unidad de las y los trabajadores del multimedio, que mantienen la asamblea de base como pilar fundamental de su lucha, así como el apoyo conquistado, no sólo por la justeza del reclamo sino por la trayectoria de los SRT en la provincia, que los han convertido en parte del patrimonio cordobés.
Trabajadores del ministerio de Educación reclaman contra los despidos en Tucumán
El lunes 29 de julio, un grupo de docentes y trabajadores del ministerio de Educación de la provincia se convocaron para reclamar y exigir explicaciones a los funcionarios del área, frente a la repentina decisión de desvincular a cerca de 100 trabajadores a través de dos resoluciones ministeriales.
De acuerdo al testimonio de los trabajadores, 40 de los despedidos corresponden al programa “Terminalidad educativa”, que se ocupa de asistir los adultos para que terminen la educación secundaria. Este programa emplea a cerca de 200 trabajadores y surge de la provincialización del Plan Fines. Cada año tienen 600 personas inscriptas; entre 2022 y 2023, cerca de 250 personas terminaron la escuela secundaria gracias a este programa que dura tres años. Con esta tanda de despidos corre riesgo su continuidad.
También hay despidos en el programa de Orquestas y Coros, docentes del Programa de jornada extendida y el programa “La escuela sale del aula”, del Programa interdisciplinario, que trabaja con estudiantes con discapacidad.
“Somos aproximadamente 100 despedidos del ministerio de Educación de manera arbitraria; plantean que nuestras designaciones fueron mal realizadas y por eso nos despiden desconociendo que trabajamos de manera precarizada hace años. Lo que hay de fondo es un intento de desmantelar programas importantes para la inclusión educativa”, manifestó Soledad, una de las despedidas.
Desde el inicio de su gestión, Osvaldo Jaldo viene aplicando un duro ajuste a la Educación que se traduce en caída de los salarios docentes, cierre de programas como el de ESI y cierre de escuelas. La excusa para los despidos es que esos cargos no pasaron por las Juntas de Clasificación Docente, sin embargo, las resoluciones no apuntan a subsanar estas irregularidades, sino a ajustar el gasto público achicando y eliminando programas.
Los trabajadores manifiestan tener conocimiento de que habrá más despidos, “están desfinanciando programas que asisten a personas que están en situaciones de mucha vulnerabilidad, ¿cómo podemos avanzar como sociedad si no podemos acceder a la cultura y el arte? Ya se dieron de baja en otras gestiones los programas de CAI y CAJ, de a poco se fueron desfinanciando y vaciando de contenido todos estos programas que generaban un impacto positivo en la comunidad y ayudaban en estos momentos de crisis. La ministra de Educación, Susana Montaldo, nos tiene que dar una respuesta y hacer algo. Aquí no solamente somos personas sin trabajo que les va a costar darles de comer a sus familias, sino que hay una comunidad que queda sin contención, es un daño a la comunidad”, comentó Fernando, trabajador despedido del Programa de Coros y Orquestas.
Fernando se encuentra trabajando hace más de 10 años en el Ministerio, la mayor parte del tiempo en forma precarizada, como muchos otros despedidos que vienen con contratos anuales, de 3 o 6 meses. Denuncian que desde el propio Ministerio han ofrecido a algunos despedidos firmar un contrato hasta fin de año, un chantaje que pone en evidencia que la “irregularidad” en la contratación es una excusa para avanzar con una dura línea de ajuste.
En la audiencia con el subsecretario de Legal y Técnica del ministerio, Juan Juez Pérez, el funcionario defendió la resolución que deja en la calle a los trabajadores y dejó entrever que se están analizando otras áreas donde probablemente haya nuevos despidos. La orden que baja desde Casa de Gobierno, en línea con la agenda libertaria, es achicar el gasto público cortando derechos.
Al finalizar la jornada las y los trabajadores despedidos reunidos en asamblea resolvieron fortalecer la organización y convocar a nuevas medidas de protesta y visibilización de su reclamo.
La decisión de Javier Milei con los vouchers educativos
El ministerio de Capital Humano comunicó que la extensión del programa de asistencia “vouchers educativos”, establecido originalmente en la Resolución de la Secretaría de Educación N° 90/24, se prolongará hasta el mes de diciembre del presente año. Esta medida, según la normativa vigente, afecta únicamente a aquellos que ya habían sido seleccionados en el llamado inicial.
La resolución también introduce una modificación en el Artículo 17 del ANEXO I del reglamento general del programa. A partir de ahora, la liquidación y el pago de la prestación estarán a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Pese a estos cambios, el monto máximo a cobrar seguirá siendo de $27.198, cubriendo el voucher el 50% de los costos de enseñanza programática, sin variaciones en la cifra mensual entregada.
Para acceder a este beneficio, los responsables parentales de los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos. Entre ellos, ser argentinos nativos, naturalizados o extranjeros con al menos dos años de residencia legal en el país y contar con documento nacional de identidad (DNI). Además, el ingreso familiar no debe superar los siete Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM) al momento de la validación.
Asimismo, los estudiantes beneficiarios deben tener hasta 18 años inclusive y cumplir con la condición de alumno regular en la institución educativa a la que asistan.
Suben las cuotas de los colegios privados porteños y bonaerenses
Las cuotas de los colegios privados con subvención estatal de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires tendrán un nuevo incremento en agosto, que alcanzará el 5% y el 7% respectivamente.
En el caso de los establecimientos ubicados en el territorio bonaerense, la suba autorizada por el gobierno provincial alcanza el 7%, y responde a la paritaria salarial docente que acordó una suba del 6,5% en los sueldos.
De esta manera, tras haber dado un respiro en julio al no registrar ninguna actualización, las cuotas vuelven a subir retomando la tendencia de los últimos dos años en los que mes tras mes se llevaron a cabo distintos aumentos.
Desde la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la provincia de Buenos Aires (Aiepba) precisaron que “siempre que hay aumentos salariales impacta en forma directa en la cuota, por excepción en julio no había ocurrido. Pero con la suba salarial reciente, se autorizó un incremento del 7% para las escuelas con aporte estatal en la provincia de Buenos Aires”.
En el ámbito porteño, en tanto, los aranceles se incrementarán un 5% desde agosto. Ambas jurisdicciones reflejaran subas superiores al último dato de inflación oficial (4,6% de junio), y a las estimaciones privadas de julio, que prevén una variación de precios en torno al 4%.
En la Provincia, alrededor de 4.800 colegios privados reciben subvenciones estatales para ayudar a cubrir los salarios de los docentes, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay aproximadamente 400 instituciones educativas, y casi la mitad de la matrícula de esa jurisdicción asiste al sistema privado.
Con la actualización de las cuotas, en la provincia de Buenos Aires, las escuelas iniciales con 40% de aporte estatal pueden cobrar hasta $90.710 la cuota en el nivel inicial y primario, mientras que en el caso del 100% de subsidio llega a $20.080.
En el caso de la secundaria bonaerense, el tope arancelario es de $117.870 para las instituciones que tienen 40% de subsidio estatal, y $22.130 para las que tienen 100% de ayuda estatal. Las secundarias técnicas, agrarias y especializadas en arte, por su parte, tendrán los siguientes topes: en el caso del 40% será de $134.900, y para los que reciben 100% de subsidio estatal, será de $25.510.
En CABA, en tanto, los jardines y primarias podrán cobrar de $26.400 hasta $122.400, mientras que las secundarias simples podrán fijar los valores entre $29.000 y $159.000. En el caso de los secundarios de enseñanza técnica, el valor mensual tendrá un tope de $182.000.
Fuentes: Tiempo Argentino, Página 12, Perfil, Red Eco Alternativo, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Anred