Panorama sindical actualizado al 10.9.2024
Estatales pararán el miércoles y se movilizarán al Congreso por las jubilaciones
Mario Hernandez
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizará un paro de 24 horas y se movilizará al Congreso de la Nación el miércoles 11 con el objetivo de “exigir a los diputados que rechacen el veto presidencial al aumento de las jubilaciones”. También lo harán sectores sindicales, movimientos sociales y de Derechos Humanos. Piqueteros recibidos por Capital Humano. ¿Se quiebra la CGT? Escalada del conflicto en Aerolíneas Argentinas
También se manifestarán en protesta contra “el intento de congelar los salarios en la administración pública y los más de 65.000 despidos” que llevaría a cabo la gestión de Javier Milei a fin de mes.
“Los estatales nos vamos a movilizar de manera masiva y rechazamos cualquier posibilidad de que se aplique el protocolo anticonstitucional (antipiquetes) de Bullrich”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.
Por otro lado, aseguró que estarán en la calle “para evitar que se siga consolidando el régimen autoritario del Gobierno” y manifestó que no van a aceptar “que se congelen los salarios en el sector público” ni “la posibilidad de que a fin de mes vuelvan a existir cesantías masivas”; paralelamente declaró que esta será “la primera protesta de varias” que llevarán adelante este mes.
La jornada del miércoles, en la Ciudad de Buenos Aires, comenzará a las 13:00 frente al Congreso Nacional, mientras que en el resto de las provincias las modalidades de protesta serán definidas por las conducciones locales.
Durante la última paritaria, ATE rechazó el 2% de septiembre y 1% de octubre ofertado por el Gobierno y repudió cualquier posibilidad de que los salarios “se mantengan congelados hasta fin de año”.
Esta medida se realizará en conjunto con las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional con el objetivo de que los diputados ratifiquen su voto en favor de la movilidad jubilatoria.
“Los diputados que voten en favor del veto estarán condenado a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir”, concluyó Aguiar.
Organizaciones sindicales y los movimientos sociales se sumarán el miércoles a la marcha de los jubilados
Una marcha en unidad de las centrales sindicales y los movimientos sociales, junto a organismos de Derechos Humanos, acompañará este miércoles a partir de las 13:00 a los jubilados frente al Congreso, cuando la Cámara de Diputados trate el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones mínimas.
En sus últimas dos movilizaciones, los jubilados fueron gaseados por los operativos antiprotestas de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la apuesta es ahora lograr un número de manifestantes muy nutrido. “Estamos con gente sin comer, con gente sin trabajo, con chicos muertos de hambre, con un 52 % de pobres, con los jubilados que no tienen medicación. Es una crisis seria, el gobierno tiene que entender que debe cambiar su política económica porque el país no aguanta más”, afirmó el domingo el cegetista Carlos Minucci, titular de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía.
Pablo Moyano, cosecretario general de la CGT, ratificó que la Central obrera está llamando a marchar -aunque el sector dialoguista no va a ir y habló de “dar libertad de acción” a sus afiliados. Entre los convocantes quedaron el Frente Sindical, la Corriente Federal, las dos CTA, la Mesa de Organismos de Derechos Humanos, la UTEP y las conducciones gremiales y organizaciones sociales de izquierda.
Las comisiones de base de la izquierda se reunieron el sábado en el Sindicato del Neumático y aprobaron sumarse. “El miércoles va a haber una enorme movilización. Díganle a Milei que se prepare, porque las calles no son de Patricia Bullrich, son de los trabajadores”, dijo sobre el tema Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero. “El sindicalismo combativo va a ir al Congreso con la CGT y las CTA. Se necesita además un paro nacional que convoque la CGT para que esa movilización sea multitudinaria”.
La marcha había sido pensada inicialmente para el jueves, pero luego fue adelantada al miércoles ante el pedido de sesión que realizaron diputados de la oposición para que ese día, a partir de las 10:00, se trate el veto en el recinto.
El miércoles los diputados buscarán revertir la decisión presidencial contra los ingresos de los pasivos
La represión a los jubilados y el veto presidencial a la nueva fórmula de movilidad resultaron la gota que rebalsó el vaso y sirvieron para sacar de la pasividad al menos a una parte de la conducción de la CGT.
El Consejo Directivo de la CGT había emitido un comunicado de repudio en forma casi inmediata a la primera represión policial, contra la marcha del 28 de agosto, y dio a conocer uno nuevo el viernes pasado manifestando su “total apoyo al reclamo de las y los compañeros trabajadores jubilados por una mejora en sus ingresos, en resguardo de su acceso a la salud y en decidido rechazo al veto presidencial contra el aumento de sus haberes”.
El texto no emanó de una reunión de Consejo Directivo y en los hechos resultó el punto más alto de acuerdo que logró la mesa chica en la presente etapa. A la vez es reflejo de que no se pudo alcanzar un acuerdo para que la central obrera, como un todo, retomara la protesta callejera.
Sin embargo, el sector del Consejo Directivo que forma parte del Frente Sindical y la Corriente Federal de Trabajadores, liderados por Pablo Moyano y Sergio Palazzo, anunció el martes 3 la convocatoria a una movilización junto con ambas CTA y la UTEP originalmente pautada para el jueves 12 de septiembre.
El comunicado del Consejo Directivo, de todas formas, dio aval a la iniciativa señalando que “acompaña las movilizaciones que manifiestan su descontento en el marco del legítimo y constitucional ejercicio del derecho a la protesta”.
La iniciativa parlamentaria del variopinto bloque opositor que pudo fijar una sesión en la Cámara de Diputados para el miércoles 11 con el propósito de reunir los dos tercios necesarios para revertir el veto presidencial, sirvió para confluir ese día en la Plaza de los Dos Congresos.
Desde el sector más combativo del Frente Sindical, el titular de la Federación Aceitera, Daniel Yofra, que viene de arrancar una paritaria que puso el haber inicial por encima de los $ 1,5 millones, opinó que “hay motivos de sobra para movilizar el 11 y para hacerlo todos los días hasta que podamos solucionar este problema. No podemos seguir tolerando a este gobierno que vino a destruir todo lo que se ha conquistado en 100 años. Ya dijeron que quieren volver al 1900”.
El dirigente aceitero señaló que “ojalá sea el principio de un nuevo plan de lucha. Hicimos dos huelgas y una movilización en ocho meses de gobierno y nos pasaron por arriba. Es evidente que no alcanzó”.
¿Fractura en la CGT?
La movilización del miércoles implica, objetivamente, una desautorización al sector dialoguista y mayoritario de la conducción cegetista, aunque su realización y la libertad de acción de los sindicatos adheridos resultan, a la vez, un mecanismo para evitar la ruptura.
En la conferencia de prensa, Pablo Moyano, integrante del triunvirato que dirige la CGT, tensó la cuerda al señalar que “hay compañeros dirigentes que están confundidos cuando hablan de la reforma laboral. La derecha trata de confundir a los trabajadores. Por eso les digo que la única manera de pelear es en la calle”.
Sergio Sasia, titular de la Unión Ferroviaria, que aportó sus votos en el último Congreso para que Moyano formara parte del triunvirato a cambio de que el camionero lo catapultara como líder de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), señaló que, en realidad, “la marcha no es en nombre de la CGT. Lo que intentamos es que todo lo que sea acordado en CGT sea resuelto en forma conjunta. Después cada sindicato es autónomo y hace lo que considera. No hay fecha todavía para una nueva reunión, pero hay acuerdo para hacerla en breve. Está bien claro que no se convoca en forma parcial, eso daría la idea de que estamos divididos y no es así. Hay matices y distintos pensamientos. Para tomar una medida se debate el momento, las repercusiones y el impacto al otro día”.
Para Yofra, la iniciativa, “no parece un principio de ruptura. Sería como interpretar que, como la CGT no hace nada y nosotros largamos un paro por tiempo indeterminado, querríamos fracturar la CGT. Tenemos otros tiempos. La ruptura va a ser cuando aquellos que hoy piensan que parar no sirve, empiecen a pensar lo contrario independientemente de lo que piensen los que siempre están inactivos. No creo que el grupo que hoy dirige la CGT quiera organizar la bronca”.
Hugo Yasky de la CTA-T intentó bajar el tono a la tensión: “Se trata de consolidar una articulación con gremios que están y van a seguir estando dentro de la CGT y, a la vez, van a dar un debate importante al interior, con otros que estamos afuera, pero coincidimos en la necesidad de que la calle se vaya poblando con las demandas de los distintos sectores”. Para el dirigente “la pasividad y el disciplinamiento de los sectores que tenemos que expresar la protesta social es el objetivo que se plantea el gobierno. Por eso hay que tratar que esta importante convergencia se consolide en forma permanente. Se vuelve a repetir un escenario que ya vimos en el gobierno de Mauricio Macri”.
Masiva marcha piquetera forzó reunión en Capital Humano
La masiva movilización de las organizaciones piqueteras del pasado viernes al Puente Pueyrredón forzó una reunión con funcionarios del ministerio de Capital Humano, quienes se comprometieron a convocar a los movimientos sociales para cuando se haga la entrega de comida a los comedores.
En un comunicado emitido el mismo viernes, mientras se realizaba la marcha, el Frente de Lucha Piquetero señaló que “fue recibido por el director de Seguridad Alimentaria del ministerio de Capital Humano, Sr. Miguel Vileli”.
Agregó que “él mismo nos refirió que están estudiando la distribución de los alimentos y que seremos convocados para que los alimentos lleguen a los barrios. Es lo que venimos reclamando desde el movimiento piquetero”.
En medios cercanos al Frente de Lucha Piquetero resaltaron la convocatoria oficial, pero se mostraron cautelosos respecto de los resultados.
La movilización piquetera tenía planificado cruzar el Puente Pueyrredón desde Avellaneda y alcanzar la sede del ministerio de Capital Humano en la Ciudad de Buenos Aires.
Un gran operativo de fuerzas de seguridad federales impidió el paso. Los miles de manifestantes se mantuvieron en el lugar mientras se llevaba a cabo la reunión.
Ajuste a las jubilaciones: caída real de 21% entre enero y agosto
La motosierra de Javier Milei y Luis Caputo avanza. Así, en los primeros ocho meses del año hubo un derrumbe en términos reales en jubilaciones y pensiones, Becas Progresar, y transferencias a universidades, según detalló un nuevo informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
El documento indica que “la caída real del gasto fue más pronunciada en jubilaciones y pensiones y gastos de capital”, otra vez el recorte recayó sobre los haberes jubilatorios. A pesar del fuerte ajuste que hizo el Gobierno sobre las jubilaciones, Milei vetó la nueva movilidad jubilatoria.
El informe de OPC señaló que los gastos primarios registraron una baja 30,1% en términos reales en los primeros ocho meses del año. Entre los mayores recortes en términos reales en este período están: transferencias a provincias (82,8%); Potenciar Trabajo (60,2%); Becas Progresar (65,1%); subsidios energía (36,4%); subsidios transporte (35,6%); universidades (30,1%), y jubilaciones y pensiones (20,8%).
El presidente dijo esta semana en una entrevista que las jubilaciones, medidas en dólares, tuvieron un aumento enorme y, por otro lado, que recuperaron poder adquisitivo. Una vez más Milei miente.
El informe de OPC detalla que el poder de compra promedio de las jubilaciones de ocho meses de 2024 registra una caída real de 26,6% en relación al mismo período de 2023. En tanto, que los haberes mínimos (con bonos) perdieron 16,7% en términos reales.
La jubilación mínima en agosto fue de $ 295.000 (con bono incluido) mientras que la canasta de los jubilados, que calcula la Defensoría de la Tercera Edad de Ciudad de Buenos Aires, se ubica en alrededor de $ 850.000. Es decir, que ese haber mínimo solo alcanza para vivir diez días del mes.
Vale aclarar que el ajuste a los jubilados no comenzó en los últimos meses. Entre 2015 y 2024, los haberes máximos perdieron un 53% de poder de compra, los haberes mínimos (sin bono) cayeron 49% en términos reales, en tanto que los haberes con bono perdieron 33%. Todos los gobiernos saquearon a los adultos mayores.
Otro sector afectado son los docentes y no docentes universitarios. Así, el documento da cuenta que lo destinado al pago de salarios de personal docente y autoridades superiores se desplomó un 30,4% en términos reales en los primeros ocho meses del año; y los haberes de los no docentes se derrumbaron un 26,7% (considerando el efecto de la inflación) en el mismo plazo. En tanto, la asistencia financiera para el funcionamiento universitario cayó 23,1% en términos reales y la asistencia financiera a hospitales universitarios bajó un 19,3% entre enero y agosto de este año.
“Es patente la transferencia de riqueza de los pobres a los ricos”
Por Washington Uranga
Los sacerdotes católicos que viven y trabajan en medios populares dieron a conocer un documento al finalizar su encuentro nacional. Hacen un análisis de la situación social con críticas al gobierno, a la dirigencia política y al sistema de comunicación. Advierten sobre las divisiones en el campo popular y expresan su compromiso de seguir “junto al pueblo” para construir un nuevo mundo de “amor, justicia y paz”.
“Acompañada por un discurso de odio y racismo sistemáticos, La Libertad Avanza –con el permiso de su “oposición amigable”– hace retroceder las expectativas de vida y de justicia, guiada por una cruel inhumanidad”, sostienen los Curas en la Opción por las y los Pobres (COPP) en el mensaje final de su 35º encuentro nacional celebrado en Córdoba. El texto, de aproximadamente dos carillas de extensión, contiene un análisis de la situación nacional desde la perspectiva de los curas y diáconos católicos que trabajan en medios populares. En el documento también se incluyen referencias a los avances de la derecha política en otras partes de América Latina.
Sobre la Argentina los sacerdotes afirman que “la transferencia de riqueza de los pobres a los ricos es día a día más patente: mientras les bajan los impuestos a los más ricos, sacan los remedios gratuitos al PAMI, vetan el aumento a los jubilados y siguen sin entregar alimentos a los comedores”.
Agregan que “mientras crece el desempleo se alienta la mano de obra esclava en el marco de una reforma laboral antisindical y escandalosa; es evidente que los ricos son cada vez más ricos a costa de pobres cada vez más pobres; se destruye el Estado, que debería garantizar un mínimo de vida, de salud, de educación, de esperanzas para todas y todos priorizando a la niñez y la ancianidad”. En otro orden, subrayan los curas, “la propuesta de la baja de edad de punibilidad es expresión evidente de un Estado que se desentiende de la niñez y solo busca penalizarla”.
Tras afirmar que “¡no puede faltar el pan en nuestro país, no puede faltar el trabajo digno que lo provea!” los COPP advierten que “la violencia, generada desde los mismos discursos oficiales, no contribuye en nada a la edificación de una patria de hermanos y hermanas, y se envalentona como violencia represiva contra los justos reclamos sociales, para sostener este modelo de injusticia, de crueldad y de muerte”. Denuncian a su vez que “hay cacería de manifestantes y transeúntes, hay presos políticos, sigue sin tener justicia Milagro Sala y la investigación judicial por el atentado a Cristina sigue encubriendo a sus mandantes y mentores”.
En el texto hay además una expresa referencia a la situación de la educación pública. “Tenemos un gobierno que desprecia a la educación pública, recorta el salario docente, desfinancia a las universidades, y, en particular persigue a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo”, dicen los sacerdotes. Y señalan los curas que “la negación de toda verdad y justicia se hace patente en la visita impune de diputados a genocidas condenados por crímenes de lesa humanidad; delitos que para la justicia internacional son imprescriptibles, no indultables, sin posibilidad de conmutación de penas, visita que fue alentada y acompañada por un autodenominado ‘Padre Javier’ ”. Sin dejar de señalar que se trata de una “visita que hace pocos años también protagonizaron –vaya a saber con qué fines– algunos obispos”.
En el documento, que lleva por título “Hay esperanza”, se incluye además una reflexión sobre las divisiones que advierten en el campo popular. “Evocando la sabiduría ancestral del Martín Fierro, sabemos que, para dominar, nada es más conveniente que la división y fragmentación de los hermanos para que los dominen los de afuera” dicen los COOP. Y sostienen que “este dominio imperial, a través de quienes detentan el poder económico y político local, nos quiere hacer creer que nada puede cambiar, con el habitual respaldo de un Poder Judicial cómplice y unos medios de comunicación que narcotizan las resistencias populares, y nos impiden ver lo fundamental: ¡la situación actual de injusticia y de muerte tiene responsables!”.
Lo anterior se acompaña con una crítica al gobierno anterior al reconocer que “mucha de la actual desesperanza proviene de la desilusión cierta, provocada por quienes prometían ‘volver mejores’, pero se fueron desentendiendo de los compromisos asumidos escudados en un permanente ‘no se puede’ porque supuestamente las relaciones de fuerzas no lo permitían”. También hay una referencia a quienes “confiaron, o al menos pusieron cierta esperanza, en el actual gobierno del cual ahora son víctimas”.
Frente a la situación los sacerdotes católicos sostienen que “como curas que queremos caminar con los pobres de la tierra sabemos quiénes son las víctimas y quiénes los victimarios; y, de las víctimas, no nos toca saber a quién votaron sino ser solidarios con su dolor; nos toca ser un corazón pensante en medio de la injusticia y el odio”, sabiendo que, “por otro lado, los victimarios, nos quieren divididos y fragmentados, el dios en el que creen es un dios que se alimenta de muerte”. Por el contrario -dicen- “nosotros, creyentes en el Dios de la vida, soñamos encontrarnos para llorar y festejar juntos, aunque seamos distintos; para ser comunidad y pueblo”.
Recordando a Carlos Mugica, los curas reafirman su decisión de “estar junto al pueblo” y reivindican la condición de “idealistas de un nuevo mundo de amor, justicia y paz, idealistas sensibles al clamor de los pobres y de la tierra, idealistas de un mañana mejor, idealistas de que pronto podremos volver a mirarnos como hermanas y hermanos sin que las redes y los medios de comunicación e inoculación del odio nos hagan sentir enemigos”.
Finaliza el texto reconociendo que “hay muchos y muchas, en las comunidades cristianas y fuera de ellas que en el día a día le ponen el hombro a la crisis con ollas populares, apoyo escolar, tratamiento de las adicciones, las luchas campesinas e indígenas por la tierra y contra el extractivismo” y expresando la adhesión de los COOP “a todas las iniciativas para resistir a tantos atropellos en las calles, plazas y rutas que ojalá se articulen y confluyan y que nos invitan a soñar con un mañana que vendrá”.
Aerolíneas Argentinas: “Vaciamiento, despidos, retiros voluntarios y salarios a la baja es el plan privatista”
Antes del paro que arrancaron el viernes 6 los pilotos y tripulantes de Aerolíneas Argentinas, Luciano Corradi -delegado de GPS, la mayor tercerizada de Aerolíneas- hablo con Canal E de Perfil. Desde adentro cuenta la realidad que se vive y ocultan los grandes medios afines al gobierno nacional. Con una gran campaña los trabajadores de la línea de bandera lograron que en el Congreso se quite a Aerolíneas de la lista de empresas estatales privatizables de la Ley Bases. Luciano cuenta los pormenores de cuál es el actual plan privatista del gobierno. “Vaciamiento, desfinanciación, entrega de rutas aéreas, bajos salarios con paritarias congeladas desde noviembre del año pasado, retiros voluntarios y 150 despidos entre los tercerizados incluyendo el armado de listas negras. Con esto Milei busca quebrar y abaratar a la empresa para que no quede otra luego que venderla”.
Con respecto a la situación en GPS, la principal tercerizada de Aerolíneas Argentinas, donde Luciano Corradi es delegado, relató: “Estamos denunciando que la empresa GPS confeccionó un listado con futuros despidos que maliciosamente empezó a hacer correr por abajo por distintos grupos de WhatsApp y por distintas publicaciones empezó a conocer el listado de los despedidos con un único fin que es el de aterrorizar a los trabajadores”.
Con respecto al rol del sindicato, agregó: “El agravante de esta persecución es que nuestro sindicato Upadep es parte de difundir estas listas negras de la empresa, en vez de organizar a los compañeros. Desde la Comisión Interna iremos a la secretaria de Trabajo a denunciar esta persecución, mientras ya logramos por vía judicial reincorporar a una de nuestras compañeras activistas”.
El viernes los pilotos y tripulantes enrolados respectivamente en APLA y AAA realizaron una medida de fuerza de 5:00 a 14:00, como la semana pasada fueran sus compañeros de tierra de la empresa Intercargo enrolados en APA, sobre esto Luciano explicó: “los trabajadores efectivos tanto del sindicato de pilotos, de aeronavegantes, de tierra, de los sindicatos de controladores aéreos vienen con un retraso salarial entre un 70 y un 80%. Su última paritaria fue en noviembre del año pasado. Con los salarios planchados los retiros voluntarios no son tan voluntarios, son un chantaje para sacarse de encima al personal efectivo. Son despidos encubiertos”.
Sumado a este ataque a los trabajadores el gobierno viene entregando rutas aéreas que eran de Aerolíneas Argentinas, desfinancian a la empresa, vacían los sectores de mantenimiento, todo esto configura un combo de desguace, ante esto Luciano contaba “desde que empezó este gobierno nosotros denunciamos que los trabajadores nos teníamos que preparar para para ese intento privatista. Primero lo intentaron con la ley Ómnibus después con la Ley de Bases donde nosotros desarrollamos una campaña enorme con el lema de AEROLÍNEAS NO SE VENDE y logramos junto con nuestros compañeros efectivos con los sindicatos que saquen la línea de bandera de las empresas privatizables. Hoy no es con una ley, sino el mismo objetivo, pero desde el directorio de la propia empresa dirigido por el Gobierno Nacional”.
Agregaba Luciano: “El triunfo de los efectivos en su reclamo por aumento salarial es un primer paso. Lo mismo es la pelea contra los despidos en GPS. En particular es necesario rechazar y denunciar fuertemente la utilización de listas negras, para lo cual nosotros le estamos pidiendo a los sindicatos aeronáuticos, como a todos los sindicatos a nivel nacional, a los diputados. a los senadores, a los legisladores, a todos los sectores en lucha y sobre todo a los organismos de Derechos Humanos que repudien esta situación y se solidaricen con nosotros”.
La defensa de la línea de bandera hoy pasa por la defensa de cada uno de los reclamos de sus trabajadores, como así también la denuncia del desfinanciamiento y vaciamiento. Son todos conflictos distintos, pero es menester lograr la mayor unidad porque el plan del gobierno es uno solo, contra los trabajadores y Aerolíneas Argentinas.
Nuevo ataque al derecho de huelga. El Gobierno reglamentó la esencialidad del servicio aeronáutico comercial
En medio de las protestas de los gremios, el ministerio de Capital Humano decidió reglamentar la esencialidad de la actividad aeronáutica, civil, aerocomercial pública y privada en todo el territorio nacional para garantizar su funcionamiento.
La cartera que conduce Sandra Pettovello aseguró que la medida responde a la “importancia estratégica” de este sector para la “conectividad, el comercio y el transporte de pasajeros”. Según detallaron desde Capital Humano, el decreto reglamentario establecerá medidas para garantizar un “nivel mínimo de servicios ante conflictos laborales” que puedan interrumpir total o parcialmente las actividades.
“Desde Capital Humano buscamos cuidar y defender a los miles de argentinos que se ven afectados cada vez que se definen medidas de fuerza en este sector”, expresó el secretario de Trabajo, Julio Cordero, en un comunicado.
La medida dispuesta por la cartera que conduce Pettovello fue establecida luego de que el gremio aeronáutico realizó el viernes un paro de nueve horas por reclamos salariales en Aeroparque y Ezeiza, lo que produjo la cancelación de 183 vuelos, con más de 15.000 pasajeros perjudicados.
La empresa, como era de esperar, no ofreció ninguna alternativa para evitar la medida de fuerza que comenzó a las 5:00 y concluyó a las 14:00.
“Son momentos críticos que requieren nuestra mayor serenidad. La empresa intenta dividirnos, pero tenemos la experiencia necesaria para superar este momento y dejar atrás el vergonzoso nivel salarial al que nos han llevado”, aseguró la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) que conduce Pablo Biró.
Gremios aeronáuticos denunciaron como “ilegal” y “arbitraria” la decisión del Gobierno de declarar “esencial” la actividad
El documento lleva la firma de los representantes de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas Aerocomerciales (UPSA), Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).
La tensión aumentó tras el paro de pilotos del último viernes, que afectó 185 vuelos y a más de 16 mil pasajeros en Aeroparque y Ezeiza. En el documento, los cuatro gremios rechazaron la decisión del Ministerio de Capital Humano, que tras la medida de fuerza anunció que reglamentará la esencialidad del servicio aeronáutico comercial para “garantizar servicios mínimos”.
Ese cometido “concluiría en una decisión arbitraria e ilegal, comprometiendo la responsabilidad administrativa y penal de los funcionarios que participen de la misma”, afirmaron. “El transporte ya está regulado como servicio público de importancia trascendental, en las condiciones establecidas por la norma, conforme la reglamentación del derecho de huelga, reconocido constitucionalmente, mediante la ley 25.877, indicaron.
También señalaron que “el intento de valerse de un atajo inconstitucional, el DNU 70/23, para a través del Código Aeronáutico, pretender establecer un procedimiento distinto y particular para el transporte aéreo, sería nulo por dos órdenes de razones”. “Porque el propio DNU lo es, como lo ha declarado la Cámara de Trabajo en su sentencia de enero de este año, y porque la única forma de regular de manera distinta el derecho de huelga, como lo demuestra la propia inclusión del mismo en el capítulo laboral del DNU, es modificando la ley que lo reglamenta”, argumentaron.
Adujeron que “cualquier acto administrativo que se dicte por fuera del régimen legal establecido, además de ser nulo e ilegal, constituye un exceso de poder, un abuso de autoridad y una violación de los deberes del funcionario público que lo emita (art. 248 del Código Penal)”.
Los gremios calificaron de “ilegal y arbitraria” la medida y advirtieron que, con esa decisión, el Gobierno se apresta a la “ilegalidad”. Por eso insistieron en que se está “a tiempo de evitar la consumación del ilícito, reconociendo el marco legal vigente y garantizando el derecho constitucional de huelga conforme la norma que lo reglamenta”.
Los gremios anunciaron que este miércoles a las 11:30 harán una asamblea conjunta para decidir sus próximas medidas, al considerar que “la magnitud del conflicto ha escalado dejando al descubierto las verdaderas intenciones que el Gobierno tiene respecto del futuro de Aerolíneas Argentinas, Intercargo y la política aerocomercial del país”. El paro del viernes sucedió luego de que Aerolíneas Argentinas rechazara el pedido de un aumento salarial del 25%.
“La ilegalidad es aún más evidente y la responsabilidad de los funcionarios más acusada”, destacaron los gremios, “porque en relación a la empresa Aerolíneas Argentinas se trataría también de lainobservancia de otras normas y principios de la OIT en tanto el propio Gobierno actuaría en su doble condición de regulador y empleador, lesionando la obligación de mantener procedimientos entre las partes que garanticen la imparcialidad”.
“De lo contrario, Aerolíneas Argentinas se valdría de una posición preferente emanada de su condición de empresa pública, administrada y dirigida por funcionarios designados por el Gobierno”, añadieron.
“La función del Estado, en el caso del Ministerio de Capital Humano, a través de su Secretaría de Trabajo, esintentar conciliar los conflictos colectivos, contando para ello con el procedimiento de la Ley 14.786, el que aplicó al presente conflicto, suspendiendo el ejercicio de la huelga por 20 días hábiles y no habiendo convocado ni una sola vez a las partes, pese a su obligación legal, para intentar llegar a un acuerdo”, denunciaron los gremios.
“Desde Capital Humano buscamos cuidar y defender a los miles de argentinos que se ven afectados cada vez que se definen medidas de fuerza en este sector”, declaró el secretario de Trabajo, Julio Cordero. Los gremios apuntaron que, en su caso, “se suman algunos elementos más decisivos del riesgo en que incurriría de poner su firma en actos de la mencionada ilegalidad”.
“No sólo que ha sido representante del sector empleador y participante asiduo, en tal carácter, en las conferencias de la OIT, de la que se tomaron los principios reguladores del derecho de huelga en Argentina, sino que también lo ha sido de la Comisión de Garantías, también en representación de los empleadores, que tiene a su cargo implementar, en su caso, los servicios mínimos en servicios esenciales”, reprocharon.
Conciliación obligatoria por 15 días a uno de los gremios aeronáuticos
La medida dictada por la Secretaría de Trabajo recayó sobre la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), cuya mayoría de trabajadores presta servicios a través de la estatal Intercargo. Este gremio tenía previsto realizar asambleas informativas en el Aeropuerto de Ezeiza y Aeroparque, pero tras ser notificados de manera oficial, decidieron suspender esa actividad sindical.
En tanto, la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) continúan con las medidas de fuerza y el paro que provocó suspensiones, cancelaciones y retrasos en los servicios de distintas líneas aéreas.
Lo que reclaman pilotos y el servicio de tripulantes es un incremento a partir del 25 % que asciende de acuerdo a las categorías. Sin embargo, el ofrecimiento de Aerolíneas Argentinas en manos del gobierno de Javier Milei fue un magro 11 %.
La decisión de continuar con los reclamos salariales sigue a pesar de las amenazas y sanciones por parte de gobierno de La Libertad Avanza (LLA), que insiste con descontar los días de paros.
El vocero presidencial Manuel Adorni advirtió que esos “descuentos significativos” rondaría los 50.000 y 150.000 pesos, de acuerdo al grado de participación en medidas de fuerza.
Según se estima, las medidas que APLA y AAA concretaron en los últimos días afectaron a unos 15.000 pasajeros de 150 vuelos que debieron ser reprogramados.
Mientras continúa el conflicto, un grupo de diputados del PRO decidió echar más nafta al fuego. Hernán Lombardi y un grupo de 20 legisladores nacionales presentaron en el Congreso un Proyecto de ley para privatizar Aerolíneas Argentinas.
Fuentes: Página 12, Perfil, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino