Panorama de movimientos sociales.
Piqueteros marcharon por la 9 de Julio hasta el ministerio de Capital (In)Humano
Mario Hernandez
Las organizaciones del Frente de Lucha Piquetero realizaron el miércoles 20 un ollazo en Plaza Congreso con reclamos contra el hambre, la desocupación y la represión del gobierno de Javier Milei, que lleva once meses. Hacia el mediodía una columna de más de 10.000 compañeros marchó cortando la avenida 9 de Julio para llevar sus demandas hasta el ministerio de Capital Humano donde solicitaron una reunión, luego se desconcentraron en la Plaza de los Dos Congresos.
Los convocantes denunciaron que el gobierno ha recortado las políticas asistenciales en un cuadro de crecimiento de la pobreza y la indigencia, como resultado de las medidas oficiales y la estrepitosa caída de la actividad económica.
En un comunicado público donde difundieron la convocatoria señalaron que “a pesar de ocho resoluciones judiciales contra el ministerio de Pettovello, esta no entregó ni un kilo de alimentos a las decenas de miles de comedores populares en los que crecen la demanda de alimento porque Milei creó un millón de nuevos pobres y aumentó la indigencia al 18% de la población”.
También denuncian que los programas sociales se encuentran congelados en $78.000, contra una inflación interanual del 193%, lo que está afectando a cientos de miles de trabajadores precarizados que subsisten con ingresos magros. Además de otras medidas perjudiciales como el aporte estatal del monotributo social, que ofrecía una mínima cobertura social a estos trabajadores.
Desde el ministerio de Capital Humano, no conformes con el ajuste que vienen desplegando, acaban de avanzar recientemente con más de 60.000 bajas del programa Acompañamiento social, que integra a personas mayores de 50 años y madres con más de cuatro hijos, por “falta de empadronamiento”, es decir, por no encontrarse organizados, que es lo que tanto ataca el gobierno.
Las organizaciones piqueteras denuncian que mientras el gobierno ataca a los desocupados y sectores más vulnerables, por otro lado, beneficia a los grandes capitalistas y amigos del poder, quienes hacen negocios con la bicicleta financiera del ministro de Economía Luis Caputo.
Esta masiva acción de lucha es la continuidad de las acciones piqueteras contra el ajuste en curso, con medidas en todo el país y esta actividad central en Plaza Congreso, con las siguientes reivindicaciones: devolución de los alimentos a los comedores populares; aumento de los programas sociales al salario mínimo vital y móvil; bono de fin de año de $100.000 (IFE) para que todas las familias trabajadoras puedan pasar dignamente las fiestas; basta de criminalizar a los que luchan, basta de reprimir a los trabajadores.
Artistas y organizaciones religiosas se congregaron para rechazar el ajuste
Con la consigna “Sin cultura no hay libertad posible”, la “Mesa ecuménica” volvió a manifestarse el martes junto al edificio del ex ministerio de Desarrollo Social, en la ciudad de Buenos Aires, para seguir reclamando “¡Basta de hambre, la vida reclama!”.
Esta es la séptima semana consecutiva que las organizaciones con base religiosa se juntan para denunciar los avances del gobierno de Javier Milei contra los derechos sociales, la quita de alimentos a los comedores populares, el avance contra la educación pública y los despidos de trabajadoras y trabajadores en diferentes áreas del Estado.
Por su parte, Lucía Conde relató que “vengo de un barrio popular de la provincia de Buenos Aires, y la cultura y la educación a mí me salvaron”. Por eso –dijo la secretaria de Desarrollo y Vinculación de la UNA- “desde el lugar que hoy ocupo en la universidad pienso la implementación de políticas institucionales, sin olvidar mi historia”.
Reflexionando a partir de un texto bíblico del profeta Isaías, el sacerdote católico Ignacio Blanco (Cura en la Opción por las y los Pobres, diócesis de Quilmes) llamó a “convocar a la esperanza”. “Contra el miedo -instrumento de dominio-, la esperanza”, dijo el cura. Porque “un presente que no sueña no tiene futuro”, afirmó. Denunció que “el régimen neoliberal es un régimen de miedo, de individualismo, de angustia” y alentó a ir “juntos y juntas luchando por la dignidad hasta que irrumpa lo nuevo, como lo fueron las Madres y las Abuelas” porque “la esperanza supone la persistencia del amor, la fuerza y la ternura”. Culminó su intervención afirmando que “la esperanza es una pasión militante”.
Emergencia en los comedores populares
Hace cuatro horas comenzó la tarea: “Yo me despierto a las seis o seis y media de la mañana, tomo unos mates en casa escuchando el noticiero y después salgo para acá. Estoy a unas cuadras así que siempre estoy a las ocho, o antes.” dice Irma, la cocinera. Del otro lado del portón corredizo, pasando un largo patio, las hornallas dan su último golpe de calor mientras la cocinera revuelve las ollas con una fuerza suave para que los fideos lleguen al punto exacto. Esta mañana, junto a dos voluntarios pelaron 2 bolsas de cebollas, media bolsa de zanahorias, 10 kilos de papas y batatas, 15 zapallos ancos y 8 kilos de carne para darle sabor al guiso en el que cocinaron 40 kilos de fideos. Cuatro horas les llevó procesar 120 kilos de alimento. Ahora son casi las doce y la comida está lista. Es viernes 15 de noviembre, hace calor, y bajo la chapa se juntan algunos grados más de temperatura. El olor a fideos ocupa todo el ambiente y entran los voluntarios del secundario de Fátima, que vienen a transportar las ollas cargadas y a repartir las raciones.
A las doce se abre el portón y comienzan a pasar quienes tienen ya su pedido con la cantidad de porciones anotadas en una lista, y aquellos que se suman a último momento: “Generalmente son 600 porciones, los domingos más o menos 1.000. Se anota de lunes a viernes. A veces se suma gente nueva a la que nunca se le niega. Si se terminó lo del día, se sacan prepizzas, sino sale fruta. De acá nadie se va sin comer”, agrega Dina.
Irma en pandemia empezó a acercarse a la Parroquia a buscar comida: “hasta que un padre me preguntó si quería venir a cocinar, a ayudarlos. Y empecé los domingos y después en la semana, nos prestaba la cocina un salón de fiestas. Hasta que se hizo esto, que depende de la iglesia de Fátima. A mediados de 2020 el Estado nos apoyaba con mucho más que ahora, pero yo me dedico más a cocinar, yo no preveo los alimentos que necesitamos. El padre se ocupa de que estén las materias primas. Se encarga de ir a buscar y traer, y nosotras nos encargamos de saber cuántos vienen a comer, procesar, cocinar”.
Y agrega Dina: “Luisa es quien se ocupa de la provisión de alimentos, del gobierno de la Ciudad, de Cáritas y de donaciones eventuales. Entre todas, pero Luisa es la que se ocupa de las cantidades que se necesitan. Hoy sacamos cuarenta kilos de fideos, pero los martes y jueves, que hay feria, se sacan más cantidades. A la tarde tenemos los merenderos. Tenemos la capilla. Tenemos apoyo escolar. Los sábados tenemos merendero en la capilla, que es aparte de todo esto.
El primer trimestre de este año, los comedores entraron unas semanas a las agendas de noticias, debido a la falta de voluntad política mezclada con la mala intención y la incapacidad de administrar la cosa pública del Ejecutivo actual. Pero el hambre es cada vez, y cada vez más. No tiene fecha de vencimiento y, pese a que las necesidades urgían, el gobierno mantuvo cerradas las puertas de galpones y plantas donde se arma la logística de distribución de las mercaderías. El Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Capital Humano, con Sandra Pettovello a la cabeza como principal responsable, mantuvo discusiones llenas de mentiras. Atribuyó sus más de tres meses de demora a supuestas auditorías. Luego, de los más de 3.000 comedores repartidos en el AMBA, dio a conocer poco más de dos casos donde no funcionaban, dando a entender que todo era corrupción. Usó argumentación falsa que dilató al máximo el reparto de alimentos que ya estaban asignados, poniendo en evidencia una vez más la crueldad que lo caracteriza. Esto generó movilizaciones y el periodismo (sobre todo el del campo popular y alternativo) fue cubriendo los hechos. Pero el gobierno demoró la entrega a tal punto que se terminaron tirando toneladas de alimentos ante las últimas estadísticas del Observatorio de la UCA, que arrojan la cifra de más de un millón de chicos que se van a dormir con la panza vacía.
El gobierno sigue asistiendo mal y poco las necesidades básicas de los comedores. En este caso particular, lo hace por la interposición de la Iglesia de los curas del Tercer mundo. Y es gracias a ellos que hoy también, al igual que seis días a la semana durante todo el año, cientos de familias se acercan con sus tápers a buscar las raciones necesarias.
La parroquia queda en Mariano Acosta 2979. Los horarios son de lunes a viernes, de 9:00 a 13:00 y de 16:00 a 20:00. Y la comida se retira de domingos a viernes a las 12:00.
Si alguien pudiera y quisiera colaborar, dejamos los datos para seguir tejiendo redes de solidaridad. Datos de CBU: Parroquia Nuestra Señora de Fátima. CUIT: 30716145847. Cta. Cte. en pesos. Nro. de Cuenta: 191-032-009236/3 CBU: 1910032255003200923632
Mientras continúa el desabastecimiento a comedores, la justicia falla contra el Polo Obrero
La Cámara Federal de Apelaciones dictó un nuevo fallo contra militantes del Polo Obrero. Desde la organización afirman que el mismo es un golpe contra la libertad de organización y de movilización, a la medida de los responsables del desabastecimiento masivo de los comedores populares en todo el país. Como respuesta convocaron a una conferencia de prensa para el lunes 25 en el Serpaj, Piedras 730, CABA.
El fallo se basa en el armado de que el Polo Obrero era una organización que coaccionaba y extorsionaba a su propia base, siguiendo una línea directa de criminalización que sienta un grave precedente tanto para las organizaciones sociales como sindicales. Desde el Polo Obrero afirman que la Cámara ha decidido ir a fondo en una política que coloca la organización de las movilizaciones y el financiamiento de organizaciones de lucha en la virtual ilegalidad, porque se toman los elementos básicos de cualquier organización (el aporte, el registro de asistentes a una movilización, el impulso a la concurrencia), como elementos coactivos, por el simple hecho de que quienes se movilizaban cobraban un programa social obtenido en base, justamente, a innumerables planes de lucha.
Recordemos que en agosto pasado el juez federal Sebastián Casanello había procesado a Eduardo Belliboni y otros dirigentes del Polo Obrero, en una causa impulsada desde el ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y el de Capital Humano de Sandra Pettovello. Ahora el Tribunal de Apelaciones no solo confirmó esa decisión, sino que agregó nuevas acusaciones penales, que agravan las penas.
En este enlace se puede leer el comunicado completo.
Declaración de la Red Territorios de Vida (TICCA)
Las comunidades indígenas y las organizaciones presentes en la Asamblea de la Red TICCA Territorios de Vida en Argentina, expresamos nuestra profunda preocupación y firme postura respecto a la situación actual de nuestros territorios y derechos. Por lo tanto, declaramos lo siguiente:
- Cumplimiento integral de la ley 26.160 sobre propiedad comunitaria. Exigimos que se complete el relevamiento territorial de las comunidades indígenas que aún no han sido incluidas.
Asimismo, es imperativo avanzar hacia la segunda etapa que garantice la efectivización de los títulos de propiedad comunitarios. La fama de avances en esta materia continúa vulnerando nuestros derechos y perpetuando la inseguridad territorial.
- Implementación de la consulta previa, libre e informada. Reiteramos la urgente necesidad de que se cumpla de manera efectiva la consulta previa, libre e informada, conforme a lo establecido por el Convenio 169 de la ONU y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta práctica es esencial para asegurar nuestra participación activa en la toma de decisiones que afectan directamente a nuestras vidas y territorios.
- Gobernanza indígena en los territorios. Demandamos un marco de gobernanza indígena que respete y reconozca nuestra autoridad y responsabilidad en la gestión de los territorios. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) define este tipo de gobernanza como áreas protegidas gestionadas por pueblos indígenas a través de instituciones y normas propias, ya sean formales o informales. Solicitamos la modificación del marco normativo de la Administración de Parques Nacionales (APN), puntualmente la problemática que atraviesan hermanas y hermanos en el sur de Argentina, para su correcta implementación en nuestros territorios comunitarios, garantizando así la protección de nuestros derechos y la preservación de nuestras prácticas culturales y ambientales.
- No a los desalojos. Nos oponemos categóricamente y repudiamos a todas las acciones que implique el desalojo de las comunidades indígenas de sus territorios ancestrales. Estos actos no solo representan una violación de nuestros derechos humanos, sino que afectan gravemente nuestra identidad, cultura y modo de vida. Es urgente que se implementen políticas públicas que promuevan la permanencia y el fortalecimiento de nuestras comunidades en sus territorios.
- Acuerdo de Escazú. Solicitamos efectiva aplicación del acuerdo en el marco de los y las defensores ambientales. Como así también, lo vinculado a la consulta ambiental en los territorios comunitarios que habitan y poseen los Pueblos Preexistentes.
- Se rechaza expresamente las medidas -normativas, leyes, decretos, resoluciones y otras- que atentan contra los derechos adquiridos y reconocidos en la Constitución Nacional.
Hacemos un llamado a las autoridades nacionales, internacionales y a la sociedad en general para que se solidaricen con nuestra lucha por la defensa de la vida, la tierra y la dignidad de nuestros pueblos.
Argentina único país de la ONU que votó en contra de los derechos de los pueblos indígenas
Argentina fue el único país de las Naciones Unidas que votó en contra de una Resolución de la Asamblea General sobre los derechos de los pueblos indígenas que deliberó el 11/11 en Nueva York. Es la primera votación en ese organismo desde que inició la gestión de Gerardo Werthein como ministro de Relaciones Exteriores. Se trata de un documento impulsado por Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela que refuerza el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias en áreas como el acceso a la justicia, la protección del medio ambiente y la preservación de sus culturas y lenguas.
La resolución ingresó a la ONU el 22 de octubre de 2024 y se sometió a votación de la Asamblea General este mediodía. Aborda la importancia de reconocer y proteger los derechos de los pueblos indígenas a nivel mundial, destaca el reconocimiento del consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas en decisiones que afectan sus territorios y recursos naturales. Al respecto, establece que “los pueblos indígenas deben participar plenamente en la toma de decisiones sobre asuntos que afecten sus derechos” y sostiene la relevancia de respetar sus tradiciones y conocimientos ancestrales.
Con esta decisión, Argentina ratifica la posición que Javier Milei le imprime a su política exterior, que se diferencia de la Agenda 2030, el Pacto del Futuro y es renuente a algunos derechos de tercera generación y de incidencia colectiva. La última votación en la ONU, aún con Ricardo Lagorio como representante argentino en ese organismo, había sido en favor de que Estados Unidos concluya con el embargo a Cuba. Fue el hecho que generó el desplazamiento de Diana Mondino de la Cancillería y el desembarco de Werthein.
Por discrepancias con esa impronta de Milei en la política exterior, Lagorio había presentado su renuncia al cargo en octubre. El presidente designó a Francisco Tropepi, que estaba como segundo de Werthein en la Embajada argentina en Washington, para sucederlo.
Quien está en este momento a cargo de la representación argentina en la ONU es Fabián Oddone, diplomático de carrera, que se desempeña como encargado de negocios de la Embajada de Argentina en Nueva York. Hace más de cuatro años que trabaja en esa legación y tiene expertise en temas de derechos humanos. Según supo Infobae, el diplomático recibió la instrucción desde Buenos Aires para votar en contra de la resolución sobre derechos de los pueblos indígenas.
Cabe recordar que Milei alineó la agenda exterior de Argentina con Estados Unidos e Israel, especialmente en temas geopolíticos y estratégicos. En el caso de esta resolución sobre derechos de los pueblos indígenas, Washington votó a favor y Tel Aviv estuvo ausente. En tanto que se abstuvieron seis países: Francia, Laos, Lituania, Mali, Rumania y Eslovaquia.
A lo largo de sus 16 páginas, la resolución se explaya también sobre los efectos que el cambio climático produce sobre los pueblos indígenas. En ese sentido, subraya que “el cambio climático supone una amenaza para la supervivencia, la dignidad y el bienestar de los pueblos indígenas”. En esa línea, exhorta a los países de la ONU a incluir a las comunidades indígenas en la formulación de políticas ambientales.
A su vez, el documento impulsa la protección de la cultura de los pueblos ancestrales al señalar que se debe “preservar, revitalizar y promover las lenguas indígenas”. La ONU insta a implementar planes para reconocer el valor cultural y social y resalta que el fortalecimiento de sus lenguas es “crucial” para la identidad de esas comunidades.
Desde la perspectiva del multilateralismo, la resolución de Bolivia, Dominica, Ecuador, Liberia, México, Paraguay y Venezuela insta a la cooperación continua entre los gobiernos, la ONU y los pueblos indígenas para estimular la igualdad de derechos y el respeto a sus culturas y modos de vida.
Los pueblos indígenas declararon la Emergencia Institucional y territorial
Los Pueblos y Naciones indígenas declararon la Emergencia institucional y territorial en Argentina. Lo hicieron por la Resolución del INAI que deroga el Registro Nacional de Comunidades Indígenas.
Los Pueblos y Naciones indígenas preexistentes declararon la Emergencia Institucional y Territorial en Argentina, emitiendo un comunicado plurinacional junto con un formulario de adhesión para lograr el acompañamiento de comunidades indígenas, organizaciones de la sociedad civil, instituciones públicas o privadas, e individuos en forma personal.
En el escenario actual neocolonial, favorecido por la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), la extracción de minerales (litio, cobre, oro, plata, uranio, tierras raras, etc.) y combustibles fósiles (gas y petróleo, en forma convencional y no convencional) son los objetivos fundamentales para los gobiernos y las empresas.
Este plan de saqueo y despojo requiere de territorios sin derechos, despoblados, fragmentados y empobrecidos. Motivo por el cual, la presencia de pueblos indígenas con derecho al territorio reconocido constitucionalmente representa un obstáculo para sus proyectos.
COMUNICADO
EMERGENCIA INSTITUCIONAL EN ARGENTINA
Los Pueblos y Naciones indígenas preexistentes declaramos la Emergencia institucional y territorial en Argentina
Frente a la reciente Resolución del INAI que deroga el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI) en un claro atropello a nuestros legítimos derechos constitucionales y convencionales. Tomando una decisión de enorme trascendencia para los Pueblos Indígenas, sin dar cumplimiento al Derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada y poniendo en situación de riesgo y vulnerabilidad a las comunidades indígenas de toda Argentina.
Por ello, los Pueblos y Naciones Indígenas preexistentes nos aunamos y denunciamos el accionar del Poder Ejecutivo Nacional al disponer una medida inconstitucional e inconsulta, sin reconocernos como sujetos políticos y jurídicos con voz y participación.
Lxs indígenas no somos enemigos ni terroristas. Somos parte del Pueblo Argentino, estamos presentes en cada lugar que sueña con un futuro que incluya el Sumaj Kawsay, Sumaq Qamaña, Küme Mongen, Sikna Kaa, Nache’eetec, Qara’maxa, Allin Kawsay, Buen Vivir para los pueblos. El único camino que trae la estigmatización es el de vivir en una sociedad menos diversa social e históricamente. Si la estigmatización se produce desde el Estado es violencia institucional.
Y recuerden: el reconocimiento y el registro no hacen a un pueblo. ¡Aunque nos nieguen, seguimos existiendo y resistiendo por nuestra autodeterminación con más fuerza que nunca!
Territorio Ancestral Argentino.
Primavera 2024.
Formulario de adhesión al comunicado plurinacional: https://forms.gle/hrkmVu3fF1WJgNbh6
Fallo judicial confirmó la constitucionalidad de la ley que ampara a los habitantes de barrios populares
La denuncia se inició cuatro años atrás cuando el propietario de un terreno ubicado en Glew reclamó judicialmente por lotes de su propiedad que fueron ocupados por familias de bajos recursos. Mientras el barrio se asentaba, el trámite judicial se fue extendiendo con órdenes de desocupación voluntaria o desalojos que, ante las necesidades de las familias, iban siendo suspendidos y retomados hasta que la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires acreditó que el inmueble estaba incorporado en el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) en el marco de una política de integración urbana.
Figurar en este registro implica que los inmuebles son incluidos bajos las previsiones de la Ley 27.694 que los declaran de utilidad pública, quedando sujetos a expropiación y suspendiendo los desalojos por 10 años. El objetivo es que los barrios que se forman con ocupaciones precarias, ante la emergencia habitacional que afecta a vastas familias pertenecientes a los sectores populares, sean reconocidos para entrar en un Programa de Integración Socio-Urbana. Actualmente alcanza a casi 7.000 la cantidad de barrios registrados con el objeto de que el Estado comience a garantizar el acceso a derechos y las políticas públicas en esas poblaciones.
En este caso, se trata de una comunidad que comenzó a asentarse a partir del año 2002, ascendiendo en el último registro a un total de 634 familias alojadas en 576 viviendas. Hecho que “da cuenta de una situación consolidada a lo largo del tiempo, fuertemente arraigada en el territorio, con lazos comunes y una identidad construida colectivamente”, consideró la Comisión Provincial por la Memoria en el amicus curiae presentado.
El organismo se presentó en la causa luego que el fiscal Pablo Rossi pidiera la expropiación del inmueble en el plazo de seis meses bajo apercibimiento de desalojo del lugar. La fiscalía, jerarquizando el derecho a la propiedad por encima del acceso a la tierra y la vivienda, planteó la inconstitucionalidad de las leyes nacionales que amparan a las familias establecidas en predios como este y las consideró confiscatorias.
En su argumentación Rossi expresó que “… habilitar al Estado a confiscar propiedad privada en nombre de necesidades sociales insatisfechas (o cualquier otro argumento) implica una ruptura esencial del programa constitucional”. En particular, critica especialmente como excesivos los plazos en que “se priva al propietario de su propiedad, y que luego se le impide recuperarla judicialmente”.
Frente a este conflicto, desde la justicia se dio intervención a todas las dependencias estatales y organismos correspondientes para abordar la situación, contener a las familias frente a un inminente desalojo y, sobre todo, no lesionar los derechos de niños, niñas y adolescentes y personas con discapacidad que viven en el predio. En ese marco convocaron a la CPM y al resto de los organismos que fueron admitidos por el juez Gabriel Vitale como amicus curiae.
Ante el planteo fiscal, Vitale tomó en cuenta los aportes realizados por la CPM afirmando que en este caso se verifica una colisión entre dos derechos, el derecho a la propiedad privada y el derecho a una vivienda digna, evaluando que “la normativa señalada buscó reconocer el problema existente y llevar adelante medios para subsanar dichas situaciones”. En este caso consideró necesario “suspender cualquier tipo de acción y medida que conduzca al desalojo” para poder desarrollar las tareas y actividades a las que apunta la ley: la integración socio urbana de los barrios populares y señaló además que “el derecho a la propiedad es un derecho que admite graduación, sin que ello implique su eliminación”, de modo tal que no hizo lugar al planteo de inconstitucionalidad.
Finalmente, el fiscal definió no recurrir la decisión del juzgado de Garantías atendiendo a que el denunciante no se presentó en ningún momento del proceso a litigar como particular damnificado para canalizar su reclamo respecto de la expropiación. Aun así, en esta presentación Rossi se muestra crítico con los organismos que se presentaron en calidad de amicus curiae.
Fuentes: Prensa Obrera,Resumen Latinoamericano, Anred, Agencia Presentes, Página 12, Resumen Latinoamericano, Infobae, ANCCOM, Red Eco Alternativo, Agencia Andar
Es un absurdo hacer una nota tan extensa, sobre cuestiones que pudieron ser contadas en forma más acotada y con mejor orden cronológico.