Luego del fracaso de la reunión del Consejo del Salario, el Gobierno dispuso el nuevo monto del salario mínimo, vital y móvil (SMVM) para diciembre. Además, fijó incrementos mensuales escalonados hasta marzo de 2025.
Por Mario Hernandez.
De acuerdo a la Resolución 17/2024, publicada el jueves en el Boletín Oficial, el salario mínimo será de $279.718 a partir del 1° de diciembre de 2024 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo, mientras que llegará a $1.399 por hora, para los jornalizados.
El 1° de enero próximo la suma ascenderá a $ 286.711 para los mensualizados y $1.434 por hora, para los jornalizados, y en febrero esa cifra trepará a $292.446 y $ 1.462, respectivamente.
La progresión establecida por esta Resolución se completa con el último aumento, el 1° de marzo, cuando la cifra correspondiente a los mensualizados llegue $ 296.832 y la de los jornalizados de $ 1.484 por hora.
“El salario mínimo se tornó inservible y el Gobierno sólo busca ajustar los programas sociales”
Luego de que el Gobierno de Javier Milei volviera a imponer de forma unilateral, mediante la Resolución 17/24 de la Secretaría de Trabajo, que el nuevo monto del Salario Mínimo, Vital y Móvil sea de $279.718 a partir de enero, el Secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sentenció: “Impuesto por decreto, el salario mínimo se tornó inservible en la Argentina”.
“En un año el Gobierno destruyó el salario mínimo en el país. El mismo ya resulta inútil para cumplir con las finalidades para las cuales había sido creado. Es evidente la subordinación del Poder Ejecutivo al sector empresario. Las discusiones democráticas quedaron atrás. Hoy se impone sin debate y por decreto un monto que ni siquiera sirve como un piso mínimo de dignidad para los trabajadores de los más de 2.200 municipios del país”, explicó el dirigente.
En esta línea, Aguiar aseguró que “este ingreso hoy apenas es un cuarto del que debiera ser” e indicó que “se necesitan cuatro montos similares para alcanzar la línea de pobreza”, que hoy es de $1.001.466 según el Indec.
“Ya se recortaron salarios del sector público y del sector privado. En todos los casos, los incrementos fueron inferiores a la inflación y ahora con este nuevo mínimo lo que se busca es ajustar los programas y complementos sociales que en base a él se calculan”, continuó el referente estatal. Algunas asignaciones que dependen del SMVM son las prestaciones por desempleo, el Plan Acompañar y las Becas Progresar, entre otros.
“Tenemos que aceptar que el derecho a una retribución justa fue fulminado. La idea de que el salario nos debiera alcanzar para garantizar una vivienda digna, alimentación adecuada, vestimenta, salud, educación, previsión social, ahorro, vacaciones y esparcimiento es una fantasía. Con este nuevo mínimo, apenas podremos cubrir una de esas prestaciones que en algún momento garantizaba la ley”, concluyó el Secretario General de ATE Nacional.
Durante la gestión de Javier Milei, el SMVM tuvo un aumento del 86%, mientras que la inflación interanual se ubica en 166% a noviembre de este año.
La mitad de los asalariados gana menos de $500.000
El jueves 19 el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) publicó su informe trimestral sobre distribución del ingreso que se desprende de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) en 31 aglomerados urbanos de Argentina. De allí se desprende una realidad alarmante para la clase trabajadora, el 80% de los asalariados percibe menos de $880.000 al mes, y el 50% no llega a ganar más de $500.000.
El 10% de la población con mayor ingreso per cápita familiar concentró 32,4% del total del ingreso en el 3° trimestre de 2024; 18 veces más que el 10% con menor ingreso.
Del informe también se desprende que creció un 5% la población desocupada ubicándose en 3,6 millones de personas. De los asalariados por su parte, las mujeres perciben un ingreso medio de $546.317, un 27,7% menos que los varones ($754.820).
En cuanto al ingreso de los hogares, la mitad no llegó a cubrir la canasta básica familiar (para 4 personas) ubicada en $935.000 en promedio del trimestre. El 10% de los hogares más ricos obtuvieron un ingreso 16 veces mayor que el 10% más pobre.
El informe detalla que los ingresos de las familias siguen perdiendo contra la inflación. La suma total de sus ingresos en el tercer trimestre se ubicó en $ 12.327.531 millones que representan un incremento de 238,6% con relación al mismo período de 2023, ubicándose 2,2 puntos porcentuales por detrás de la suba de precios promedio del trimestre que, según el mismo INDEC, se situó en un 236,4%.
Sin embargo, el impacto de la evolución de los ingresos no fue homogéneo para los distintos estratos de clase. Los que sufrieron el mayor impacto fueron los sectores medios que resignaron ingresos de un año a otro por un 3% en términos reales. Se trata del segmento de la población ubicado entre el 50% y el 80% según su nivel de ingreso. Los deciles más acomodados, que representan el 20% más rico de la población percibió una mejora del 3.04% en sus ingresos en términos reales.
En cuanto a los asalariados el informe muestra una caída del 1,6% en el salario promedio. En el tercer trimestre de este año el salario promedio se ubicó en los $640.470.
El gobierno de Milei, en su afán de implementar un “ajuste histórico”, ha contado con la complicidad de sectores de la oposición y de la dirigencia sindical. Mientras se anuncian recortes y se celebran metas fiscales exigidas por el FMI, millones de trabajadores y trabajadoras ven cómo sus ingresos se deterioran.
Ante este panorama, es urgente que los sindicatos de la CGT y la CTA rompan su pasividad y se pongan a la cabeza de un verdadero plan de lucha contra el deterioro de los ingresos de trabajadores y jubilados que sufrieron fuertemente la “motosierra” de Milei, como también del conjunto del plan de Milei.
Es necesario un aumento de emergencia para recuperar lo perdido en términos salariales, jubilaciones y programas sociales. Además, es urgente establecer un salario mínimo que iguale a la canasta básica familiar y jubilaciones que de mínima igualen a la canasta de la tercera edad, además de que ambos se ajusten automáticamente por inflación.
La desocupación subió al 6,9% y creció la precarización laboral
El Indec publicó que la tasa de desocupación alcanzó el 6,9% en el tercer trimestre de 2024. Este dato representa un incremento interanual de 1,2 puntos porcentuales respecto al mismo período de 2023, cuando se registró un 5,7%.
Todos los indicadores empeoraron respecto del año pasado. Hay más trabajadores buscando trabajo, lo que se expresó en una mayor tasa de actividad, de 48,3% respecto al 48,2% del tercer trimestre de 2023 y la tasa de empleo cayó 0,5 puntos. Por lo tanto, el resultado fue un incremento de la desocupación. Al mismo tiempo, se incrementó la subocupación de 10,3% a 11,4% y la presión sobre la demanda de trabajo llega al 35,9%. Es decir, la sumatoria entre desocupación, subocupación y ocupados demandantes de empleo alcanza a más de uno de cada tres trabajadores activos.
Aunque se reporta una disminución con respecto al segundo trimestre (cuando el desempleo fue de 7,6%), gran parte de la ocupación generada corresponde a formas de trabajo precarias. Entre los asalariados, la tasa de empleo no registrado afecta al 36,7%. Esto implica trabajos sin derechos, sin aportes a la obra social, descuento jubilatorio ni derechos laborales. Pero no es la única dimensión de la precariedad, a ello deben sumarse los trabajadores tercerizados, con salarios bajos, con largas jornadas de trabajo o con la necesidad de juntar más de 2 empleos para poder llegar a fin de mes. El 23,3% de los trabajadores son cuentapropistas.
La precarización laboral en Argentina no surge de la nada. Es el resultado de políticas económicas que han priorizado la flexibilización y la reducción de costos para las empresas, en detrimento de la calidad del empleo. El incremento del trabajo no registrado es un reflejo de esta tendencia. Este contexto de precarización extrema tiene un impacto diferencial sobre las mujeres y los jóvenes, quienes sufren tasas más altas de empleo informal y recortes en sus derechos laborales. Para las mujeres jóvenes de hasta 29 años, la tasa de desocupación subió al 24,8%
Jubilados presentan un recurso de amparo
El amparo es contra el Poder Ejecutivo Nacional, el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) – PAMI (Programa de Asistencia Médica Integral), y el Ministerio de Salud de la Nación.
De acuerdo al médico Oscar Atienza, que es citado en el escrito entregado a la Justicia, “22 de los 44 fármacos quitados de la cobertura del 100% por el PAMI corresponden a medicamentos esenciales según la OMS (Organización Mundial de Salud)”. En esa línea, el profesional afirma que “es importante reestablecer la cobertura al 100%, ya que no solo se generan problemas de morbilidad, mortalidad, sino que también de calidad de vida, de preocupación en los jubilados por no conseguir sus medicamentos, lo que también agrava la salud, y genera nuevas enfermedades relacionadas con ansiedad, depresión y estrés”.
También argumenta la presentación, que el contexto en el cual se tomó la decisión gubernamental es dramático. Señala que según los datos de pobreza publicados por el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos), “en los primeros meses del año 2024, la población mayor de 65 años o más fue la que más se empobreció. Mientras a finales de 2023, el 17,6% de las personas de este segmento de edad vivía en la pobreza, ahora el 29,7% está en esa situación crítica. Es decir 3 de cada 10 adultos mayores son pobres”.
Precisa que los porcentajes equivalen a 992.773 adultos mayores pobres a fines del año último contra 1.694.523 a fines de junio de este año. Esto significa que, en los primeros seis meses del año, unos 701.750 adultos mayores, dejaron de ser de clase media y pasaron a ser pobres”.
Resalta que la jubilación mínima con bonos, en términos de la canasta de medicamentos PAMI sufrió una caída de 39,9 puntos porcentuales entre junio de 2023 y noviembre 2024. Por su parte, la caída de la jubilación mínima sin bonos en el mismo período es de 43,0 puntos porcentuales.
Reclama que “se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la normativa administrativa contenida en la Resolución 2024-2431 de fecha 22/08/2024 emitida por PAMI, cuya aplicación se efectivizó a partir del 02/12/2024, (…) por la cual cercena el acceso a la medicación, tratamientos, etc. de los jubilados, jubiladas y pensionados y pensionadas afiliados a dicha entidad, garantizando el libre acceso de medicamentos al universo de seres humanos que necesitan dicha cobertura”.
También demanda que “se ordene a PAMI que de forma inmediata garantice la prestación universal del servicio de provisión de medicamentos de la manera que se venía haciendo hasta antes de esta nueva normativa, facilitando el acceso a toda la medicación a los adultos mayores en las condiciones anteriores, sin excepción ni exclusión de ningún tipo, sin condiciones y de forma gratuita, bajo los conceptos de sencillez, economía, celeridad y eficacia que rige para estas cuestiones, máxime teniendo en cuenta la afectación a la salud de este grupo vulnerable”.
Por último, solicita “el dictado de una medida cautelar de no innovar (…) con carácter urgente con el fin que no se aplique la normativa referenciada y mantenga las prestaciones y situaciones antes de su dictado, con el objeto de resguardar la salud de los millones de jubilados que les afecta estas medidas restrictivas e inconstitucionales”, y cuyos fundamentos más abajo se desarrollarán.
Describe que “para acceder a los medicamentos al 100% de cobertura por razones sociales, los afiliados al Instituto deberán: 1) Tener Ingresos netos menores a 1,5 haberes previsionales mínimos. Para los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), los ingresos mensuales totales deberán ser menores a 3 haberes previsionales mínimos; 2) no encontrarse afiliado a un sistema de medicina prepaga concomitantemente con la afiliación al Instituto; 3) no ser propietario de más de un (1) inmueble; 4) no poseer aeronaves o embarcaciones de lujo; no poseer un vehículo con menos de quince (15) años de antigüedad, a excepción de los hogares que posean conviviente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), quienes pueden ser titulares de hasta un vehículo con menos de quince (15) años de antigüedad; y 5) no ser titular de activos societarios que demuestren capacidad económica plena”.
Agrega que en caso de “de no cumplir con los puntos 1 y 2 y, siendo el costo en bolsillo de los medicamentos indicados para su tratamiento igual o mayor al 15% de sus ingresos, podrá solicitar la cobertura al 100% en medicamentos por razones sociales a través de un mecanismo de vía de excepción en el que se requerirá y evaluará: Informe social y la escala de vulnerabilidad Sociosanitaria; y Revalidación médica”.
Apunta que “estos nuevos requisitos y procedimientos para la obtención de la cobertura, que previamente estaba garantizada, afectaría aproximadamente a 5,3 millones de jubilados y pensionados” y asegura que “sabemos que muchos de estos adultos a los que se les dejaría de cubrir la medicación NO pueden pagar el medicamento al valor de mercado”.
Y agrega que “esto significa que aproximadamente cerca de 5 millones de jubilados verían restringido el acceso a una cartilla de 170 tipos de medicamentos, más los 5 tratamientos gratuitos por año para quienes padecen enfermedades crónicas, como tratamientos oncológicos, insulina y tiras reactivas, entre otros”.
Por otro lado, recuerda que “a esta “regulación” en la entrega de medicamentos se le suma el hecho inevitable del contexto en el cual se produce, que no es nada más ni nada menos que el de los aumentos significativos en los precios de los medicamentos, los que según datos de la entidad de Defensa del Consumidor (DEUCO), los mismos aumentaron un 240% durante este año”; y afirma que “la adopción de esta medida pone en riesgo la salud de miles de adultos mayores”, porque si desde siempre les ha resultado difícil cuanto menos imposible llegar a fin de mes y sobre todo cuidar su salud en un país donde es de público conocimiento que la estabilidad económica es pocas veces lograda, ahora se ven perjudicados nuevamente”.
La figura de genocidio
La presentación judicial tiene 28 carillas. En el conjunto, se destaca un capítulo que se refiere a las vulneraciones de derechos que implica esta resolución del PAMI. Allí precisa que una de ellas, es la “vulneración de los derechos humanos”. Afirma que “los derechos -a la vida, a la familia, al desarrollo pleno de la personalidad, a la salud, el de vida acorde con la condición humana- tienen raigambre constitucional por imperio del art. 75 inciso 22 de la Constitución Nacional y por ser ley de la Nación”.
Recuerda que “tal como lo señala el citado art. 22 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, es mediante el esfuerzo de toda la comunidad y la acción del Estado como se debe garantizar el acceso a los bienes y servicios esenciales” y explica que “un ser humano que no come regularmente, que no tiene asistencia médica ni vivienda digna, difícilmente pueda ejercitar, en conciencia, el conjunto de los derechos civiles y políticos”.
Luego, denuncia que “el Estado se ha convertido en una estructura destinada a violar Derechos Humanos, en un instrumento de desigualdades sociales, privándoles a los derechos de su condición de exigibles, configura la mayor afrenta que se puede inferir a la doctrina de los Derechos Humanos”.
Dice que “frente a esta coyuntura, podemos decir que la avanzada gubernamental engarza en el concepto de GENOCIDIO. (…) Los procesos de genocidios modernos como el abandono total del otro, mediante sanciones colectivas que actúan como un mecanismo de destrucción hacia un colectivo social determinado de la población, son provenientes del propio Estado, que involucra una acción que tiene por objetivo y en la mira a un grupo social, que llevan al deterioro del ser humano, lo acerca al peligro de la muerte y frustra el desarrollo una vida digna”.
Resalta que “la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de la ONU que entrara en vigor el 2 de enero de 1951, define en su art. II: ‘En la presente Convención, se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal: ….b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial (…)’”.
Y en esa línea, concluye, en que “las medidas económicas que viene tomando el gobierno nacional en relación a la clase pasiva, están provocando un gran deterioro en la calidad de vida y subsistencia de los jubilados, ahora con este agravante en el acceso a los medicamentos, que conlleva a la privación del tratamiento de sus enfermedades, situación en que los arrojan al padecimiento y a muchos hacia la muerte, lo que implicaría una práctica genocida estatal por planificación de desigualdad y abandono de personas. Esta avanzada irracional y desmesurada se dirige al aniquilamiento encubierto de una franja de la población inocente y vulnerable, lo que debemos evitar”.
Los firmantes
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); la APDH Interregional Córdoba conformada por las Regionales Córdoba, Villa María, Río Tercero y Río Cuarto; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas de Córdoba; entre otres.
Fuente: www.enredaccion.com.ar
Trabajadores del INTA en alerta
El secretario General de Apinta, la Asociación del personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mario Romero, lamentó la venta del inmueble del organismo por parte del Gobierno de Javier Milei y afirmó que 140 trabajadores quedaron a la deriva y a la espera de una reasignación en otros edificios oficiales.
“A pesar de que hicimos presentaciones desde el gremio para la suspensión del remate, el 23 se inició y nos informaron que el recurso se había rechazado”, sostuvo Romero en diálogo con la 750.
El histórico edificio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), ubicado en pleno corazón de Palermo, fue subastado al mejor postor por USD 18,5 millones. El inmueble, que alguna vez albergó a los cerebros más brillantes de la innovación agropecuaria, ahora se convertirá en un conjunto de lofts de lujo y oficinas.
“Este Gobierno pasó por arriba todas las legislaciones, todos los jueces, y avanzó en el remate. Nosotros denunciamos que había una intencionalidad de que la venta fuera direccionada a algún amigo del poder”, remarcó el gremialista.
“Le mandamos notas a IRSA y no estuvo en el remate. Habría que preguntarse por qué, quizás por un ilícito del que no quisieron estar pegados. Son 140 trabajadores del INTA que van a ser reasignados a otros edificios del organismo, pero no sabemos aún en qué condiciones”, cerró.
Abrazo a la ESMA contra los despidos en la secretaría de DD HH
El viernes 27 de diciembre las y los trabajadores de la Secretaría de DD HH realizaron un gigantesco abrazo a la ex ESMA como primer paso de la pelea contra los despidos de miles de trabajadores y el consecuente cierre de los Sitios de la Memoria que el gobierno de Milei y Villarruel intenta llevar adelante.
Desde el jueves 26 habían comenzado a llegar los telegramas de despido confirmando así las amenazas lanzadas por directivos de la cartera que conduce Cúneo Libarona. Este ataque se sumaba a los 2.400 despidos de los contratos de los entes recaudadores (ACARA) y la reducción salarial de más de 1.500 trabajadores de planta permanente en un 70%.
La pelea por la memoria despertó una inmensa solidaridad de organizaciones de DD HH, sociales, políticas, sindicales, de jubilados, dirigentes de diferentes ámbitos, delegaciones de asambleas barriales, referentes de Centros de estudiantes, etc.
En Mar del Plata, también se sintió el repudio a los despidos en un abrazo al ex Centro Clandestino de Detención “El faro”.
Protesta de ATE contra 2.400 despidos y recorte salarial en el Ministerio de Justicia
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizó a la sede del ministerio de Justicia de la Nación, en reclamo por los más de 2.400 despidos de trabajadores bajo contratos ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina). Además, otros 2.000 agentes de la planta permanente sufrirán un importante recorte salarial.
“Los trabajadores no tenemos ninguna responsabilidad sobre la modalidad contractual que desde hace décadas nos vincula al Estado. No podemos permitir que despidan de manera ilegal a más de 2.400 trabajadores. No sólo son familias que quedan en la calle, sino que eso se traduce además en una crisis de funcionamiento en toda la cartera. No se puede disimular que estamos ante un ataque grave a los Derechos Humanos que con tanto esfuerzo logró garantizar nuestra sociedad”, señaló Rodolfo Aguiar, Secretario General del sindicato.
“Tampoco es culpa de los trabajadores que a partir de los salarios de pobreza se hayan otorgado complementos para dignificar sus ingresos. Si el ministro Cúneo Libarona no revisa esta decisión, con el correr de las horas las medidas van a ir en aumento y sin lugar a dudas en los últimos días del año será peor”, aseguró el dirigente.
El sindicato informó que en los casos de los trabajadores de la planta permanente cuyos ingresos se ven afectados por la Resolución 376/2024 del ministerio de Justicia, la rebaja salarial que implica la decisión del Gobierno significa una reducción de sus sueldos por la mitad.
En este marco, el Secretario General de ATE indicó: “Los estatales tenemos derecho a defender nuestros salarios, nuestros puestos de trabajo y las políticas públicas que garantizamos. No sólo los afectados somos nosotros porque también esta medida terminará afectando de manera grave a toda la sociedad”.
Cabe recordar que el asedio por parte de la cartera que conduce Cúneo Libarona fue constante durante todo el año. En noviembre, el Ejecutivo había ofrecido el retiro voluntario a más de 2.800 empleados de este área, hecho que el sindicato catalogó como “intentos de despidos encubiertos”.
El desguace de la Defensoría del Público
El Gobierno despidió a más de 100 trabajadores de la Defensoría del Público y anticipó su intención de eliminar el organismo creado a partir de la Ley de Medios con el objetivo de garantizar el derecho a una comunicación democrática.
Para justificar la decisión, Federico Sturzzeneger afirmó que la administración de Javier Milei “respeta plenamente el derecho a expresarse”, pese a los continuos maltratos a la prensa crítica.
Con la medida el organismo quedó con 40 empleados, una estructura mínima que avecina su desguace. Se dejará sin contrato a 104 trabajadores.
Sturzzeneger aseguró que los despidos “alivianan la estructura, remata el estudio de televisión y restringe el uso del organismo como herramienta de persecución”. Y agregó que la Defensoría daba “cobijo a una nutrida concurrencia de militancia rentada” y que aproximadamente la mitad de los empleados eran del partido de La Matanza”.
El titular de ATE, Rodolfo Aguiar, calificó los despidos como “cesantías ilegales que le pone fin a la comunicación democrática en el país” y advirtió que el objetivo detrás de esa decisión es “allanar el camino para los propios ensobrados que el Gobierno quiere tener”.
“Se quiere evitar que los medios y periodistas oficiales sean denunciados. Quieren impedir todo tipo de reclamo de parte de las audiencias. Se trata de un verdadero ataque a la democracia”, denunció.
Por su parte, la defensora del Público, Miriam Lewin, negó que desde ese organismo se persiguiera a opositores. “El Gobierno que basa su comunicación en una granja de cientos de tuiteros que persiguen e intimidan al que piensa distinto dicen que en la Defensoría del Público se perseguía a la prensa”, cuestionó.
Pero como la verdad no importa -añadió-, convirtieron al organismo en un local del PRO, y aunque viven del Estado desde el 2008, critican y despiden al trabajador del sector público”.
Hay 75.000 contratos en revisión permanente
Precisó el vocero presidencia, Manuel Adorni, y a principios de enero se sabrá cuántos de los 50.000 que vencen a fin de año serán renovados. “Dependerá de la autoridad superior de cada contrato”, dijo.
Tanto ATE como UPCN, los dos gremios mayoritarios del sector, exigieron la renovación automática de todos los contratos en riesgo. El gobierno no respondió. Su idea era justificar despidos en la desaprobación de los “exámenes de idoneidad” que es les tomó a los empleados de ministerios y secretarías. Pero la respuesta de los trabajadores fue contundente: el 96 % aprobó las pruebas y dejó sin argumentos a Sturzenegger, aunque los gremios advirtieron que en los últimos días se enviaron 10.000 intimaciones a jubilarse.
En lo que va del año, más de 37.600 estatales quedaron en la calle, la mayoría por la no renovación de sus contratos trimestrales.
Jujuy: Siguen las expresiones de rechazo al intento de arancelar la salud pública
Por Mariana Mamaní
Los jujeños siguen manifestando su rechazo al Seguro Provincial de Salud aprobado por la Legislatura en un trámite exprés. El viernes pasado, con el aval de 800 firmas, se presentó un pedido para que el gobernador Carlos Sadir revierta la medida. Hasta ahora el mandatario no hizo declaraciones sobre el tema, a diferencia del ministro de Salud provincial, Gustavo Bouhid, quien se manifestó en las redes y publicó una solicitada explicando las razones sobre esta medida que impulsó el oficialismo y que responde al ex gobernador Gerardo Morales, con el acompañamiento de un sector del justicialismo. “El acceso a la salud pública, gratuita, oportuna y de calidad es un derecho inalienable de la ciudadanía y un deber indelegable de los Estados”, expresa el documento. Ante la eventualidad de que la ley se promulgue, además, la senadora nacional Carolina Moisés (UxP) presentó un amparo preventivo en el Tribunal Contencioso administrativo de la provincia.
Es compulsivo y no hay sustentación de un sistema legal de esa forma”, sostuvo. Para el ex magistrado y político, “es evidente que la provincia no tiene fondos para pagar algunos compromisos y está echando mano a estas situaciones como establecer impuestos a las naftas, cobrar dos veces el GIRSU (Servicios de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos). Todo eso conspira contra el orden jurídico, y me preocupa mucho”, consideró.
También cuestionó la incongruencia de que el gobierno jujeño hable de la bonanza de la economía provincial: “si hay superávit, ¿por qué quieren recaudar, por qué quieren privatizar la salud?”, recriminó. El ministro de Hacienda, Federico Cardozo, aseguró que “Jujuy se ahorra 10 mil millones de pesos con el cobro a extranjeros”.
Yurquina dijo asimismo que en la provincia hay “una mala administración en la política de salud. Conocemos quiénes son los empresarios de salud, que están también como funcionarios en la salud. Queremos transparencia, revisión de cuentas, saber qué hacen con los impuestos de los ciudadanos, cuáles son las inversiones que se hacen a los viejos hospitales”, argumentó.
Por otra parte, la médica Luz Díaz, integrante del Foro de Salud de La Cámpora, advirtió: “estamos iniciando un camino que va a ser largo, ya que toca un interés muy fuerte que es pensar a la salud como una mercancía”.
El Seprosa convierte a Jujuy en la primera provincia que privatiza la salud pública, ya que solo las personas que acrediten que no pueden pagar este seguro, que se calcula que será de $50 mil por mes, serán atendidas de manera gratuita en los hospitales.
Internas en el oficialismo
El seguro de salud aprobado por el oficialismo que responde al ex gobernador Gerardo Morales, y la insistencia del ministro de Salud Gustavo Bouhid en sostener que esta ley es “beneficiosa y solidaria”, muestra una diferencia con el sector de Sadir. El ministro hizo publicaciones en sus redes y una solicitada en el medio gráfico propiedad del diputado Rivarola, que acompañó la sanción.
El proyecto del Seprosa no fue enviado por el Ejecutivo, ingresó por el bloque oficialista con las firmas justas y en 10 días fue aprobado por la mayoría radical y el sector del peronismo que responde a Rubén Rivarola. El panorama político es una muestra de una interna entre Morales y Sadir.
Por otro lado, exhibe una sintonía entre el ministro Bouhid, dueño de la principal empresa de diagnóstico por imágenes de la provincia; Rubén Rivarola, diputado provincial y empresario de la salud, y Manuel Quintar, ex peronista, hoy diputado nacional por La Libertad Avanza, dueño de otra importante clínica privada.
Las organizaciones que se oponen al Seprosa vienen señalando que es continuidad del plan estratégico de salud que inició Bouhid cuando asumió en 2017 en la cartera de Salud, en la primera gestión de Morales. Bouhid fue director del PAMI Jujuy en la gestión de Mauricio Macri.
En 2021 Bouhid dejó el Ministerio de Salud; regresó en 2023, en el último año de gestión de Morales, para avanzar en la reglamentación del cobro de la atención de salud a personas extranjeras y sigue ahora con el arancelamiento de la salud pública.
Paro de médicos
La seccional Jujuy de la Asociación de Médicos de la República Argentina (AMRA), que nuclea profesionales de la salud del sector estatal y privado a nivel nacional, llevó a cabo el jueves 26 el primer día de paro de actividades de 48 horas en hospitales de Jujuy. El seguro de salud implica la “privatización del sistema de salud”, advirtió el gremio.
Rubén Camaño, secretario general de AMRA Jujuy, informó que el jueves hubo un “alto acatamiento al paro”, con un porcentaje superior al 90% al igual que el viernes. “Esto demuestra el malestar de los colegas”, aseguró. También adelantó que, si no hay respuesta, se profundizará la medida de fuerza en reclamo de mejoras salariales y en rechazo al Seprosa.
Desde hace meses la AMRA viene denunciando persecución laboral y salarios por debajo de la línea de pobreza: “nos desempeñamos en ambientes donde la persecución laboral por parte del ministerio de Salud es moneda corriente y se desfinancian los hospitales con la intención de favorecer al sector privado”, aseguró el gremio. También denunció el desmantelamiento del sistema de salud pública.
Por otro lado, se constituyó el Foro Provincial en Defensa de la Salud Pública, integrado por sindicatos, organizaciones sociales, de Derechos Humanos y sectores políticos. Se acordó un documento que se presentó el viernes ante el gobierno, como también pedirán el veto de la Ley 6453.
El Foro reseñó que el seguro de salud “se enmarca en el Plan Estratégico de Salud que el ministro, Gustavo Bouhid, comenzó a implementar en la provincia en 2017 durante la gestión de Gerardo Morales. Denunció que ese plan privatizador “implicó en una primera etapa la desestructuración del sistema sanitario público, el desmantelamiento de la atención primaria de la salud, la tercerización de servicios con empresas privadas, la precarización y los bajos salarios de los y las trabajadoras del sector, profundizando la crisis de recursos humanos en esta área, para luego avanzar con el arancelamiento de la salud pública”.
Añadió que este plan se encuadra en las recetas del Banco Mundial, que en el documento Invertir en Salud, de 1993, “desplaza la estrategia de atención primaria de la salud por el sistema de seguro para los países en desarrollo”.
Crisis, suspensiones y deuda salarial en Aceros Zapla
La empresa siderúrgica ubicada en el Predio Industrial “General Savio” en Palpalá, Jujuy, adeuda a los obreros parte de los salarios de octubre como así también del aumento de las últimas paritarias. En una audiencia a mediados de noviembre, los representantes patronales argumentaron que la empresa se encuentra en crisis financiera y no contaría con los fondos para cubrir sus compromisos salariales.
La preocupación por el momento que atraviesa Aceros Zapla, la empresa siderúrgica ubicada en Palpalá, Jujuy, crece debido a la caída de la demanda y la brutal recesión que sacude al país bajo el ajuste del gobierno nacional. La patronal implementó suspensiones rotativas de los trabajadores, que entienden que se encuentra amenazada la estabilidad de sus puestos de trabajo y de la propia empresa.
Sebastián Maraz, dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) Delegación Palpalá, denunció que la empresa no cumplió con la totalidad de los salarios de octubre ni con la deuda generada en paritarias nacionales, lo que acrecienta la incertidumbre y malestar en el personal.
El sindicalista explicó que hubo una audiencia donde los representantes de Aceros Zapla manifestaron que la empresa se encuentra en crisis financiera, aduciendo que no cuentan con los suficientes fondos para cubrir sus compromisos salariales.
La situación se viene suscitando y se había planteado a través de varias reuniones donde se decidió llegar a suspensiones de empleados con un pago parcial del 85% de sus sueldos, medida que Maraz consideró insuficiente y que no resuelve la situación de fondo.
“El acuerdo de suspensiones del 85% establecía que los trabajadores suspendidos recibirían ese porcentaje de sus salarios durante el tiempo que no trabajaran”, explicó. El trabajador y dirigente gremial explicó que, además, se acordó el pago en tres cuotas de la deuda paritaria pendiente, compromiso que la empresa ahora no pudo cumplir como se había comprometido.
De este monto del 85%, la empresa depositó un 25% más de los salarios, llegando al 50% y falta un remanente.
Las asambleas en la empresa continúan: “los compañeros están molestos, el malestar es importante y la incertidumbre de saber cuándo nos terminan de pagar el sueldo”.
Sostuvo que los representantes de Aceros Zapla argumentan que su situación se debe, en parte a la apertura de las importaciones lo que ha impactado de manera negativa a la industria siderúrgica nacional, no solamente en Jujuy.
Este contexto llevó a la empresa a iniciar un proceso preventivo de crisis ante la Dirección de Trabajo, donde lograron pactar dos acuerdos consecutivos para evitar despidos y estabilizar su situación económica.
“Esta crisis tiene su origen en la liberación de las importaciones, el acero chino está generando un daño muy importante en todo el país, al punto que el 99% de las empresas siderúrgicas de la Argentina se encuentran con suspensiones de sus trabajadores”, sostuvo.
Médicos de los hospitales provinciales de Chubut pararon 26 y 27 de diciembre
La Asociación Gremial Médica de Chubut (AGREMEDCH), que representa a los profesionales de la salud del sistema público provincial, llevará adelante un paro de actividades por 48 horas los días jueves 26 y viernes 27 de diciembre reclaman aumento salarial y la eximición del impuesto a las ganancias a los médicos que hacen guardias. Durante el paro realizaron concentraciones frente a los hospitales para visibilizar el reclamo.
Desde la Asociación Gremial Médica de Chubut (AGREMEDCH) señalaron en un comunicado que “llegamos al final de un año muy difícil para el sector salud. Año marcado por el ajuste, la inflación, los bajos salarios y la creciente demanda asistencial”. Y que por este motivo “el sector médico de la provincia se ve obligado a convocar a una medida de fuerza”.
En el comunicado denuncian que los “salarios básicos de $300.000 pesos que resultan injustos, sobre todo cuando tenemos médicos y medicas que se desviven trabajando horas de guardia” y que “el valor de una hora médica en la guardia de urgencias es menor al de una Coca Cola”. Y agregan que “el sector privado está pagando entre 3 y 4 veces más que el gobierno de Chubut por la misma hora de trabajo. Generando que los médicos abandonen del sector público para migrar al privado”.
En otra parte del comunicado manifiestan la crisis de la salud pública ya que “degrada sistemáticamente la oferta de asistencia médica en los hospitales y centros de salud. Los chubutenses deben saber que esta es la razón por la cual hay que esperar 4 horas en una guardia o porqué demoran dos meses en conseguir un turno con un especialista. Esta es la realidad: hoy hay ciudades que se quedaron sin especialistas y en muchos hospitales rurales directamente no hay médicos”.
Esta acción convocada por Asociación Gremial Médica de Chubut, aunque parcial, rompe la tregua que le han dado los demás gremios de la salud, al ajustador de Torres. Es necesario levantar un programa que una a los trabajadores de la salud, con los usuarios de los hospitales públicos que sufren el ajuste, los despidos y la precariedad laboral. Una bandera que parta de la defensa de la salud pública, gratuita y de calidad, por aumento salarial del 100% en una cuota, que nadie gane por debajo de la canasta básica familiar, no al impuesto al salario, y rechazar la política racista del gobierno de la provincia contra los inmigrantes.
La Policía provincial detiene los micros de trabajadores de la alimentación que se movilizaban a Rawson
La policía provincial del gobernador Torres, siguiendo el protocolo anti marcha de Patricia Bullrich detuvo a la salida de Puerto Madryn a más de 20 micros de trabajadores de la alimentación que se movilizaban a Rawson contra el tratamiento en la Legislatura provincial de la adhesión al Título I de la ley 27348, de la Ley Sobre Riesgos del Trabajo. Esta movilización se dio en el marco de un paro de 24 horas decretado por la CGT del Valle Inferior del Río Chubut y Pto. Madryn contra esta ley. Los trabajadores decidieron cortar la ruta nacional 3 en repudio al accionar de la policía.
“El operativo de control, que incluyó un despliegue policial insólito encabezado por el jefe de la Policía de Chubut y funcionarios del Ministerio de Seguridad provincial, bloqueó el avance de los colectivos en la ruta, generando sorpresa e indignación entre los manifestantes”.
El objetivo de los manifestantes era participar de la sesión legislativa donde se trató un controvertido proyecto de modificación de la Ley de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART).
El dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA), Oscar Hughes, expresó su rechazo a lo sucedido. “A partir de este momento vamos a realizar un corte de ruta, y desde la medianoche de hoy lanzaremos un paro por tiempo indeterminado en la actividad pesquera”, anunció.
Gendarmería asesinó a un trabajador informal en Salta
Mientras el gobernador siguió la línea discursiva de la ministra de Seguridad de la Nación, que afirma que se trata de un conflicto con narcos, una larga trama de corrupción salpica a las instituciones nacionales y de la región. Los trabajadores informales (bagayeros) denuncian excesivos controles con prácticas abusivas que afectan notablemente su trabajo y todo derivó en una batalla campal con la fuerza de seguridad.
Un desenlace fatal de una larga historia de precarización laboral fomentada por privatización, vacíos legales y corrupción en las fuerzas represivas y el aparato judicial. El “Plan Güemes” impulsado por Bullrich ya tiene un asesinado y tres personas heridas y ninguna solución para la precarización laboral que aqueja a la provincia.
“Yo vivo hace 30 años de esto. Soy madre soltera y este es mi sustento”, dijo Sandra, explicando que es la única forma de sustento que tienen los bagayeros para mantener a sus familias, tras el desguace que atravesó la provincia luego de las privatizaciones y la creciente precarización laboral.
La zona de Orán y del departamento general San Martín articulaban su economía con la mano de obra que generaba YPF y el ingenio San Martín del Tabacal, ambos privatizados en los 90 durante la gestión del gobierno de Menem y de las administraciones provincial del actual senador nacional Juan Carlos Romero (ambos gobiernos peronistas), dejando un nivel de desestructuración del aparato productivo provincial y un tendal de desocupados, que pasaron a formar parte de la economía informal del bagayeo que, ante la carencia de trabajo productivo, se constituye en un componente estructural de la economía de frontera y de toda la provincia. Hay que señalar que el coqueo en las provincias del norte es legal, incluso la comercialización dentro del país. Lo que es ilegal es pasarlo de otro país a la Argentina, dejando así un bache jurídico que permite la corrupción de fuerzas como Gendarmería que secuestra la mercadería para después revenderla, con la complicidad de la justicia federal, que a su vez presenta una omisión cómplice, como fue evidenciado en el caso de la detención de algunos jueces federales de la zona (como Claudio Parisi detenido por cobrar coimas, o Raúl Reynoso).
Mientras se profundiza la recesión y la falta de empleo de calidad, la única respuesta que ofrecen los distintos gobiernos vuelve a ser la represión. A la vez que desde el gobierno nacional continúa el relato en torno a “la casta” las víctimas de este “Plan Güemes” nuevamente son quienes menos tienen, mientras que la impunidad de quienes fueron “la casta” durante las últimas décadas parece gozar de buena salud.
La connivencia entre jueces y gendarmes tiene una basta historia de corrupción en las fronteras del país. Hace solo dos meses, en octubre, la Cámara Federal de Salta confirmó los procesamientos del exjuez Raúl Reynoso y del fiscal federal de Orán, José Luis Bruno, acusados de haber cobrado una coima de 150.000 dólares. Pero pese al procesamiento, el fiscal federal Bruno sigue en su cargo y recientemente propuso “construir una muralla que bloquee el paso con Bolivia para disminuir el delito fronterizo”.
Tregua por 41 días en conflicto de Linde Praxair
Tras amenazar con nuevos despidos, la multinacional aceptó una “tregua” hasta el 30 de enero de 2025 inclusive, en la que se comprometió a no realizar ninguna acción contra los trabajadores ni sus derechos.
El viernes 20 se realizó una audiencia virtual entre la secretaría de Trabajo de la Nación, la patronal, la Comisión Interna de Linde Praxair Pacheco y directivos del SPIQyP (químicos y petroquímicos) de CABA y Zonas Adyacentes.
Mientras se realizó la misma y de igual manera a como ocurrió en todas las reuniones anteriores, en las plantas de la multinacional ubicadas en Pacheco, Pilar, Ensenada, Avellaneda y Lanús, las Comisiones Internas con las y los trabajadores se convocaron en asamblea permanente.
Los funcionarios de la Secretaría venían intentando acercar a las partes para una “tregua”.
En este contexto, “las y los trabajadores de Linde Praxair habíamos propuesto 45 días o volver al conflicto, mientras que la patronal decía que no podía extenderse más del 20 de enero y amenazó con más despidos”, señalaron los obreros mediante un comunicado. Sin embargo, en la audiencia del viernes de manera veloz la empresa aceptó la “tregua” hasta el 30 de enero de 2025 inclusive, 41 días, informaron.
Mientras dure el acuerdo, según consta en el acta, los 10 trabajadores reincorporados estarán de licencia y las partes no realizarán acciones por fuera de las normales y habituales.
“Las y los trabajadores de Linde Praxair consideramos que esta ‘tregua’ no es ni una victoria ni una derrota, sino un momento más de la lucha contra esta patronal que intenta despedir a 10 trabajadores y golpear a nuestra organización interna”, valoraron los obreros.
“La ‘tregua’ que hoy aceptamos, luego de 15 días de lucha, es consecuencia de las asambleas, retención de tareas y quite de colaboración que en reiteradas ocasiones realizamos en unidad y solidariamente las y los trabajadores de Linde Praxair en Pacheco, Pilar, Avellaneda, Ensenada y Lanús; del acampe que hicimos junto al SPIQyP y organizaciones sindicales, políticas, sociales y culturales en la puerta del establecimiento de Pacheco durante 24 horas al enterarnos de los despidos”, aseguraron.
Y continuaron enumerando las instancias de la lucha: “de la permanencia en la planta de los reincorporados a pesar de que no les asignaban tareas; de las muestras de apoyo de trabajadoras y trabajadores químicos y de otros rubros y también de vecinos de los alrededores de la fábrica que permanentemente pasaban a saludarnos, nos tocaban bocina, se acercaban a la reja a preguntar si necesitábamos algo o nos enviaban mensajes o videos de aliento; de la conformación del Comité de Solidaridad con las y los trabajadores de Linde Praxair que se reunió en la puerta de la planta de Pacheco y que, además de la solidaridad, resolvió acciones importantes para realizar en los próximos días si el conflicto escalaba; de la difusión que logramos en distintos medios de comunicación que permitieron que sectores del movimiento obrero y de la población en general simpaticen con esta lucha, que ya no es nuestra sino de toda la clase obrera”.
Por esto, consideraron que la “tregua” es consecuencia de todo lo mencionado anteriormente, “y no de un cambio de actitud de la patronal que insiste con echar a 10 trabajadores y con su actitud amenazante y antisindical, mientras dure la misma no vamos a relajarnos, por el contrario, vamos a mejorar nuestra organización, afianzar las relaciones con otras organizaciones y prepararnos para retomar las acciones hasta lograr la efectiva reincorporación y normalización de tareas de todos los trabajadores de Linde Praxair”.
Fábrica de cerámicos Loimar paralizó su producción
La fábrica de cerámicos Loimar, una de las empresas más representativas de Tandil, decidió detener su producción en las últimas semanas, generando gran preocupación en la comunidad y entre sus trabajadores. La paralización responde a una serie de problemas económicos que vienen afectando a la compañía: caída de ventas, aumento constante de los costos operativos y tarifas de electricidad difíciles de sostener.
La planta dejó de funcionar en dos etapas. El pasado 30 de octubre se apagaron los hornos destinados a la fabricación de ladrillos, mientras que el 19 de noviembre cesó por completo la producción de pisos cerámicos.
Esta interrupción afecta de manera directa a unos 80 empleados, y amenaza con impactar también en trabajos indirectos relacionados con el transporte y la provisión de materiales.
Desde la compañía no descartan retomar las actividades en el transcurso de 2025, siempre y cuando mejoren las condiciones económicas y el mercado se estabilice. Sin embargo, la incertidumbre reina entre los empleados, ya que no se han brindado detalles claros sobre lo que ocurrirá durante este período de inactividad. El temor a despidos masivos está latente, sumando tensión a la situación.
Existen especulaciones entre los trabajadores de que esta paralización podría ser una maniobra para reducir personal o modificar las condiciones laborales, algo que ha sido denunciado en ocasiones anteriores.
Por ahora, el futuro de Loimar permanece en suspenso, y con él, el de muchas familias que dependen de esta histórica fábrica para subsistir.
El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en Camioneros para no convalidar acuerdo salarial
En su afán por mantener a raya la inflación a costa de ajuste y pérdida de poder adquisitivo de los salarios, el Gobierno no está dispuesto a convalidar acuerdos paritarios por encima de la pauta fijada por el ministerio de Economía. Lo demuestra el caso de Camioneros: el gremio acordó con los empresarios un aumento de 8% y la Secretaría de Trabajo no lo convalidó. Ante el rechazo el sindicato liderado por Hugo Moyano convocó a un paro y menos de 24 horas después la misma dependencia dictó la conciliación obligatoria.
La medida impuesta por el Gobierno el viernes 20 apunta a desactivar la medida de fuerza que había puesto en marcha el gremio el jueves en todas las ramas de la actividad.
La medida fue anunciada por el ministerio de Capital Humano a través de un comunicado. “La Secretaría de Trabajo estableció un plazo de 15 días de conciliación obligatoria, plazo en el cual tanto las Cámaras como el gremio están inhibidos de tomar cualquier represalia o medida de fuerza”, consignó el texto que difundió esa cartera.
Según la cartera encabezada por Sandra Pettovello, “la medida fue adoptada a partir de la solicitud interpuesta por la Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (FAETYL) y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC), según lo establecido en la normativa vigente”, agrega el escueto comunicado oficial.
La paritaria entre los empresarios del transporte y Camioneros se empantanaron definitivamente el jueves 19 en la reunión que entre las partes que se llevó a cabo en la Secretaría de Trabajo. El encuentro terminó de manera abrupta por la negativa del Gobierno para ratificar el aumento salarial acordado con las cámaras empresarias.
Los empresarios aceptaron otorgar un incremento del 8% en tres cuotas al cabo de tres meses, pero los representantes de la Secretaría de Trabajo rechazaron la propuesta. Desde el gremio liderado por Moyano advirtieron que no permitirían que el Ministerio de Economía “coarte la libertad de los trabajadores de negociar sus salarios con las Cámaras del sector”, como así tampoco, que se les impida a los trabajadores camioneros “seguir viviendo con la dignidad que se merecen”.
“A partir del día de la fecha iniciamos medidas de acción directa en todas las ramas de nuestro Convenio colectivo, advirtiendo que cualquier consecuencia de estas medidas es responsabilidad del Gobierno Nacional. No podemos permitir que se les impida a los trabajadores camioneros seguir viviendo con la dignidad que se merecen”, señaló luego un comunicado que publicó Camioneros.
El paro de Camioneros no fue convocado ante una negativa de los empresarios al pedido de recomposición salarial, sino ante la intransigencia del Gobierno a homologar el aumento que las cámaras del sector habían aceptado pagar. Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, impusieron un límite de aumentos salariales del 1% mensual. El accionar de la Secretaría de Trabajo -no homologar, primero, y luego dictar la conciliación obligatoria- va en línea con esa decisión.
El techo impuesto por el Gobierno está muy por debajo del índice inflacionario. Los gremios critican el límite y advierten que no refleja la realidad económica que atraviesan los trabajadores.
Para el sector de los camioneros, este tope es una muestra clara del avasallamiento de los derechos laborales, dado que no solo no alcanza para compensar la pérdida de poder adquisitivo, sino que además limita la capacidad de los trabajadores para negociar salarios justos en un contexto inflacionario.
Nuevo acuerdo paritario en prensa televisada
El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) informó que se logró un acuerdo cuatrimestral (noviembre 2024 – febrero 2025) que implica un aumento del 13% para los salarios.
Compartimos el comunicado del sindicato:
Nuevo acuerdo paritario en prensa televisada: noviembre 2024 – febrero 2025
Gracias a la organización en todos los canales, alcanzamos un nuevo acuerdo salarial en la paritaria de prensa televisada. El mismo implica una recomposición del 13% para el cuatrimestre que va de noviembre de 2024 a febrero de 2025, con un incremento del 8% en diciembre y 5% en febrero.
La decisión fue aprobada en las asambleas de todos los canales, luego de diversas acciones de lucha, incluida la movilización a las puertas de distintos medios que realizamos el miércoles 11/12.
Aceiteros logra suma extraordinaria por 2024
Los paritarios de la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina (FTCIODyARA) de manera conjunta con los paritarios del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) alcanzaron un acuerdo con los representantes patronales de las cámaras CIARA, CIAVEC y CARBIO relativo a la suma anual extraordinaria. Consiste en el pago de una suma extraordinaria no remunerativa de 1.429.355 pesos para todas las trabajadoras y los trabajadores aceiteros encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 420/05 de la FTCIODyARA, que será liquidada en los meses de enero y febrero de 2025.
“Se trata de un pago extraordinario que acordamos todos los años desde 2010 y que desde la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines de la República Argentina imputamos como participación en las ganancias. En términos porcentuales, consiste en la aplicación de un incremento del 122% sobre la suma extraordinaria de 2023, porcentaje equivalente a lo firmado en los acuerdos salariales del año en curso”, expresaron desde la Federación.
Remarcaron que este logro se obtuvo gracias a la unidad en la acción de las organizaciones gremiales que representan a las y los trabajadores aceiteros, la FTCIODyARA y el SOEA San Lorenzo: “Se consigue en un momento donde un gobierno patronal ha cumplido un año, lapso durante el cual sólo ha tomado medidas que perjudican a la clase trabajadora y a las grandes mayorías: devaluación, caída general de salarios, transferencia de riquezas al capital concentrado, reforma laboral regresiva, reinstalación del impuesto al salario, destrucción de puestos de trabajo en el ámbito tanto privado como estatal, entre otras. Gracias a la solidaridad y la conciencia de clase de todas las trabajadoras y los trabajadores aceiteros, cuya fuerza se expresa en el ejercicio del derecho de huelga, se continúan logrando éxitos en este contexto tan perjudicial. Con esa fuerza y con esa unidad, preparémonos para defender nuevamente, cuando sea necesario, nuestro derecho a un Salario Mínimo, Vital y Móvil según su definición en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo”.
Respecto a la paritaria salarial aceitera, explicaron que la negociación continuará en el mes de enero de 2025.
Paro de 24 horas por dos muertes obreras en Siderca
El hecho ocurrió el 21 de diciembre en el sector taller-gomería cuando obreros manipulaban un neumático de maquinaria pesada. Según cuentan en el sector, habría saltado un aro de la rueda impactando contra los trabajadores.
Los dos operarios fueron trasladados a la Clínica Delta. Lamentablemente, horas después, la empresa comunicó el fallecimiento de ambos. Uno de ellos es Hernán Cersósimo, de 40 años, quien trabajaba en la empresa desde hacía 14 años. El otro trabajador, identificado como Julio Ibarra, de 47 años.
Este hecho difícilmente se lo puede catalogar como accidente ya que el 20 de noviembre del 2023 perdió la vida Paul Medina en el mismo sector (taller-gomería) que trabajaba para la empresa IMA, tercerizada de servicios de mantenimiento dentro de la planta. Al momento la empresa sacó un comunicado interno en el que no hacen alusión al motivo de los hechos.
Son recurrentes los atropellos patronales, que producto de los ritmos de producción y de la falta de seguridad y cuidado del personal, sucedan estos “accidentes”. A estos empresarios como Paolo Rocca, solo los guía la sed de ganancia y la impunidad de tener a los gobiernos y el Estado a su servicio, mientras los trabajadores dejan la vida en los puestos de trabajo.
Los tres sindicatos han llamado a paro desde las 21:00 del sábado 21/12 hasta las 21:00 del domingo 22/12.
Es necesario más que nunca pelear por una Comisión de seguridad e higiene en la planta, independiente de la patronal, y organizada por las y los trabajadores, para que se le ponga un freno de inmediato a la negligencia patronal e impedir estas muertes “accidentales”.
Basta de dejar la vida en las fábricas.
Acto en Plaza de Mayo a 23 años de la rebelión popular de 2001
Movimientos sociales, organizaciones políticas, asambleas populares y organismos de Derechos Humanos, entre otros, realizaron un acto en Plaza de Mayo a 23 años de la revuelta popular del 19 y 20 de diciembre de 2001, donde repudiaron las políticas del gobierno de ultraderecha de Javier Milei y convocaron a organizar un plan de lucha para derrotarlo.
La defensa de los derechos laborales, la derogación de la corrupta “Ley Bases” y el DNU 70/2023, el repudio al negacionismo y la criminalización de la protesta social fueron algunos de los ejes centrales del documento leído en la Plaza de Mayo.
También se recordó otro 20 de diciembre mucho más cercano, el del año pasado cuando las columnas piqueteras desafiaron al entonces recién reestrenado “Protocolo” de la ministra Patricia Bullrich.
Nuevamente las fuerzas bajo el mando del ministerio de Seguridad de la Nación realizaron un desmedido despliegue alrededor de la Plaza de Mayo, en una nueva edición del circo represivo que tanto gusta a la funcionaria.
“A 23 años de la rebelión popular que se llevó puesto al gobierno de De la Rúa, Bullrich y Sturzenegger, y a otros presidentes en una semana”, señalaron los manifestantes, “seguimos exigiendo justicia por los caídos en esas jornadas del 2001”.
“Hoy ganamos las calles a un año de la primera movilización que desafió el antidemocrático protocolo de Milei. En definitiva, peleamos por una huelga general que termine con el plan motosierra y este gobierno y abra paso a una salida de conjunto de la mano de las y los trabajadores, por una salida obrera y popular”, reclamaron.
Panorama sindical actualizado al 30.12.2024
Fuentes: Página/12, La Izquierda Diario, Perfil, Indymedia Trabajadoras/es, rebelión.org, InfoGremiales, TeleSur, Resumen Latinoamericano, Anred, Somos Jujuy, El Tribuno de Jujuy, Jujuy Dice.