DOSSIER UNIVERSITARIO
El primer año de Javier Milei las universidades cierran con un 30% menos de presupuesto
Por Mario Hernandez.
La motosierra del Gobierno tuvo su impacto en educación, las universidades cierran el año con un recorte del presupuesto del 30% y los salarios reales de los docentes con una caída del 23% respecto a diciembre de 2023.
Los datos fueron publicados por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) y la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
De acuerdo a las organizaciones que formaron parte, se calcula que a la primera marcha realizada el 23 de abril en Plaza de Mayo asistieron más de 800.000 personas. En la segunda movilización, esa cifra fue mayor.
El consenso en torno a la defensa de la educación trascendió a la comunidad educativa. Según un relevamiento nacional realizado por el Equipo Mide, “el 51% de los encuestados apoyó la Marcha Federal Universitaria, mientras que sólo un 22% se opuso”.
Luego de la movilización, el 14 de septiembre el Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario. A pesar de la legitimidad de la norma, el presidente la anuló vía decreto. El Congreso volvió a reunirse para rechazar el decreto, pero por la presión del Ejecutivo, algunos diputados que se dieron vuelta y no fue posible voltearlo.
Durante todo ese proceso, el Gobierno Nacional le dio la espalda al reclamo y reafirmó su política de ajuste, para eso debió desarrollar distintas estrategias que descalificaran la demanda, a la que describió como “un reclamo genuino, pero construido sobre una mentira”.
Además, para deslegitimar el reclamo, el Ejecutivo Nacional promovió auditorías realizadas desde la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) para evitar la Auditoría General de la Nación, que es la encargada según la Constitución, bajo el principio de autonomía universitaria.
En ese entonces, el secretario de Hacienda de la UBA, Matías Ruiz, indicó que la Casa de Estudios siempre informa “todas las auditorías” y que, además, están en la página web “porque son públicas”. “No es nuestra palabra, sino que es algo que pueden ver todos y que tiene el Poder Ejecutivo Nacional”, añadió.
“Revisamos el destino, la aplicación, la documentación sustentadora, si están de acuerdo con los objetivos, y si se han subcontratado a terceros. Generamos un informe que se discute con las autoridades, y luego se eleva a Presidencia de la Nación, Jefatura de Gabinete y Secretaría General de la Presidencia”, señaló el titular de la SIGEN, Miguel Blanco.
Finalmente, Nación no dio a conocer ninguna irregularidad, pero siguió impulsando la retórica en contra de las Universidades. Fue en ese momento cuando el Gobierno comenzó con los discursos sobre que las Altas Casa de Estudio albergaban estudiantes “inventados” para recibir mayor presupuesto.
Esa hipótesis fue rápidamente desarticulada por los recortes que aclararon que los alumnos estaban inscriptos y que, para rendir exámenes deben tener regularidad, cosas constatables fácilmente en los sistemas académicos como el Sui Guaraní.
“La universidad pública argentina tiene el ‘SIU’, que es el Sistema de Información Universitario del país y maneja todo lo relacionado a los alumnos, desde la inscripción hasta que se recibe. Un estudiante tiene que inscribirse todos los años en ese sistema porque, de lo contrario, deja de pertenecer a la institución. Como la inscripción se renueva anualmente por la propia voluntad del estudiante, es imposible que las universidades inventen estudiantes”, explicó el rector de la Universidad de Catamarca (UNCA), Oscar Arellano.
Llegado el segundo cuatrimestre el Gobierno continuó sin actualizar los salarios y el presupuesto, que habían sido afecados por la fuerte devaluación e inflación del primer mes de gestión. Eso determinó el llamado a la 2° Marcha Federal Universitaria para el 2 de octubre.
El día anterior a la movilización Torrendel insistió con la política discursiva de deslegitimación. El secretario de Educación calificó a la marcha como una protesta “antigobierno”.
La población igualmente no se hizo eco de las declaraciones gubernamentales. La segunda movilización resultó multitudinaria: se calcula que asistió más de 1.000.000 de personas en las inmediaciones del Congreso, mientras otras 400.000 marcharon en el interior del país.
En esta oportunidad, se le pidió al Congreso por el rechazo del veto del Poder Ejecutivo a la Ley de Financiamiento Universitario, además de reclamar un mejor salario docente.
“Los estudiantes de toda la Argentina le pedimos, en un grito de auxilio para salvar al sistema: ¡promulgue la Ley de Financiamiento Universitario!”, le exigió la presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), Piera Fernández de Piccoli, quien leyó un documento en el cierre de la Marcha Federal.
Si bien el Congreso había logrado sancionar la Ley de Financiamiento Educativo, Javier Milei la derogó. Esto hizo que los diferentes bloques opositores, entre los que se encontraron Unión por la Patria, Unión Cívica Radical y Hacemos Coalición Federal, convocaran a una sesión para rechazar el decreto. Sin embargo, las presiones del Ejecutivo lograron que diputados claves, que antes habían votado la ley, después apoyaran el decreto que la anuló.
El secretario de Educación ratificó el ajuste en Universidad
El secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió el jueves 24 de octubre el presupuesto de ajuste sobre Educación en el Congreso, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Planteó que la Ley de Educación que el gobierno de Milei quiere suspender y que exige que el 6% del PBI se destine a gasto educativo nunca se cumplió. Amparado en eso, justificó que ahora el gasto en universidades sea de 0,5% del PBI ($4 billones), y destacó que representa dos terceras partes del presupuesto de su área, así como el 4% del total del Presupuesto 2025.
Pero esos datos esconden que se trata del menor presupuesto universitario en términos históricos, como le respondió el diputado del Frente de Izquierda, Christian Castillo, incluso mostrando un gráfico que lo confirma. “Estamos ante la menor inversión en presupuesto universitario, en este año 2024 y para el 2025, desde el año 1996”, sentenció.
Asimismo, Torrendell dijo que lo “destacado” de este gasto en educación es que se hace “sin deuda ni emisión monetaria”. El 0,5% del PBI que se destinará en 2025 a Universidad representa ocho veces menos que los casi 4 % PBI para beneficios impositivos y muy por debajo también del 1,31% del PBI destinado al pago de intereses de deuda a especuladores y el FMI.
Por su parte, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se refirió a la negociación con los gremios docentes y no docentes universitarios y llegó incluso a plantear que ” el próximo año la base salarial de un docente universitario será de $1,3 millones mensuales. “Dentro de todos los salarios del Estado, los que más han crecido son los de los docentes”, sumó. Y aclaró: “No vamos a cerrar ninguna universidad y vamos a sostener la oferta pública porque creemos en ella”.
Christian Castillo también respondió estas declaraciones: “La inflación fue de 153% y el aumento de salario 90%. ¿Por qué opinan que se les tiene que hacer este brutal recorte de ingresos a los docentes universitarios?”, le contestó, el diputado nacional del PTS-Frente de Izquierda.
Entre 2023 y 2024 el presupuesto universitario se ajustará al menos un 30% gracias a la licuación inflacionaria y el recorte de las partidas. Entre 2024 y 2025 no se prevé ninguna recuperación.
Al mismo tiempo, la partida destinada a pagar intereses de deuda suma $10 billones para 2025 (sin contar deuda intra sector público, es decir, intereses que van directo a los especuladores de la deuda, el FMI y otros organismos internacionales), lo que equivale a 2,6 veces lo destinado a universidades, o también, el equivalente a 2,8 veces el presupuesto en Salud.
“Lamentablemente los salarios este año no se van a poder recomponer; le hicimos pagar el ajuste a los trabajadores universitarios”, confesó por su parte Víctor Moriñigo, titular del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Nueva provocación del gobierno a lxs docentes universitarixs
Al asumir el gobierno se propuso hacer de las Universidades Públicas un blanco de ataque, centrando en los salarios docentes y no docentes el poder de la motosierra cobarde y miserable mientras garantizaba el pago de la deuda externa y generaba las condiciones para la acumulación sin precedentes en la cúpula del poder económico concentrado de la Argentina.
En vistas a esta perspectiva, desde CONADU decidieron en febrero convocar a la conformación del Frente Sindical de las Universidades, con el objetivo de articular un espacio de unidad para confrontar el ajuste y defender el valor social de la Universidad Pública.
Miles de clases públicas, abrazos, masivas movilizaciones de carácter federal como las del 23 de abril y la del 2 de octubre, mostraron el respaldo mayoritario de la sociedad argentina a la definición que asumimos de construir unidad para dar la pelea.
Frente a esta realidad incontrastable, el gobierno decidió una política de estigmatización y división donde el ataque central estuvo puesto siempre en el sector docente. Lo que comenzó con las acusaciones por “adoctrinamiento” a los y las docentes, sumado al fracaso de la casilla de correo para que estudiantes denuncien a trabajadores/as docentes, terminó con un bono que además de insuficiente excluye explícitamente a 190.000 docentes que sostienen día a día la Universidad Pública en la Argentina.
Frente a esto, exigieron la reapertura de la Paritaria para discutir un Plan de recuperación salarial.
Los docentes e investigadores universitarios no convalidarán ninguna maniobra para dividir a la comunidad universitaria.
Víctor Moriñigo, titular del CIN: “Le hicimos pagar el ajuste a los trabajadores universitarios”
Impactante el sincericidio de Víctor Moriñigo, titular del CIN. El también rector de la Universidad Nacional de San Luis aprovechó para criticar las tomas de facultades que vino desarrollando el movimiento estudiantil (sic).
“La lógica de las tomas no conduce a una solución en el corto plazo”, señaló. Sin embargo, la “solución” que propone el rector es negociar con el Gobierno dentro de los marcos del Presupuesto 2025 (sic).
Esa “solución” es a costa del salario de docentes y no docentes. Implica aceptar no solo las enormes pérdidas salariales que tuvieron lugar en 2024 sino, también, el desfinanciamiento que viene teniendo lugar en el marco de ajuste desde que se inició la gestión de Milei.
Lejos de hacer que la lucha se frene, es necesario profundizarla. Era el debate en el movimiento estudiantil, donde tuvieron lugar distintas medidas de lucha, junto a decenas de asambleas que discutían los pasos a seguir, con un centenar de clases públicas en Plaza de Mayo. Al mismo tiempo, hubo importantes movilizaciones convocadas desde asambleas estudiantiles en Córdoba y la Universidad del Comahue, entre otros lugares.
Para atacar a las universidades Milei usa a Sarmiento
En un acto para rebautizar el Centro Cultural Kirchner como Palacio de la Libertad Domingo Faustino Sarmiento, el presidente Javier Milei usó la figura del llamado padre del aula para atacar (una vez más) a las universidades públicas. “La universidad pública nacional hoy no le sirve a nadie más que a los hijos de la clase alta y los ricos y la clase media alta”, dijo y reiteró la intención del Gobierno de auditar a las casas de altos estudios, a pesar de que el Poder Ejecutivo no es el organismo encargado de esa tarea.
“En un país donde la mayoría de los niños son pobres y no saben leer, escribir ni realizar una operación matemática básica, el mito de la universidad gratuita se convierte en un subsidio de los pobres hacia los ricos”, leyó el Presidente, que intentó criticar a la Universidad Nacional de Rosario por la cantidad de trabajadores en relación a los alumnos, pero le pifió a la regla de tres simple.
Según el mandatario, hoy “la universidad ha dejado de ser una herramienta de movilidad social” y habría pasado a ser “un obstáculo de la misma”. “Si los que defienden las universidades creyeran en la movilidad social, tomarían el ejemplo de Sarmiento y en vez de defender una universidad para ricos defenderían una educación inicial de calidad para todos”, esgrimió.
Y luego retomó la cantinela de las auditorias, que el Gobierno utiliza como excusa desde el inicio del conflicto con las universidades. “No está en juego la universidad pública y gratuita -se defendió-. Queremos terminar con las filtraciones de dinero que entra a la universidad y lo que le llega a los alumnos y los profesores y no lo que se queda en el medio con autos de 90.000 de dólares. Por eso los queremos auditar, no porque queramos cerrar las universidades como le mienten a la gente. Si no quieren ser auditados, es porque están sucios”.
Una medida que promueve el odio a los migrantes
El gobierno eligió una nueva minoría como blanco y objeto de estigmatización: los extranjeros. El vocero Manuel Adorni adelantó en su conferencia de prensa que el gobierno nacional “va a impulsar una serie de modificaciones en el régimen migratorio” para “avanzar hacia un país ordenado que cuide sus fronteras y proteja a los argentinos”. Se trata de un proyecto de Ley que está trabajando la secretaría del Interior, que buscará modificar “qué quiere decir ser residente”, y establecer “un nuevo criterio”, con el objetivo principal de empezar a arancelar la salud y la educación universitaria. “Las ‘medidas’ que anuncia el gobierno nacional carecen de conocimiento del funcionamiento del sistema y solo buscan provocar, generar odio y resentimiento”, dijo el ministro de salud bonaerense Nicolás Kreplak. “Clásica medida populista xenófoba: inconstitucional, discriminatoria, ignorante de la realidad, estrategia para desviar la atención”, evaluó Pablo Ceriani Cernadas, integrante del Comité de Naciones Unidas para la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migrantes.
Según explican desde el gobierno, en la actualidad existen cuatro tipos de residencias para un extranjero: la Precaria, que es por 90 días; la Transitoria, que es por un año; la Temporaria, que es por tres años y la Permanente, que no tiene vencimiento. Lo que están buscando desde La Casa Rosada es que las universidades puedan comenzar a cobrar a los estudiantes que tengan cualquier residencia que no sea la permanente.
El vocero fue el encargado de adelantar este Proyecto de ley que aún no está terminado: “En primer lugar se va a disponer que las universidades nacionales puedan cobrar aranceles a los estudiantes extranjeros no residentes. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio. Hoy uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, dijo Adorni sin citar la fuente de la que sacó esa información y también agregó que, en segundo lugar, “vamos a disponer el fin de la gratuidad de la atención médica para extranjeros tal como la conocemos hasta ahora”.
Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, corrigió a Adorni cuando aseguró que actualmente “no hay alumnos en condición de no residentes. Cualquier estudiante que venga tiene que sacar su residencia”. De hecho, los estudiantes extranjeros representan solo el 4,1 % de todos los estudiantes universitarios del país. Además, el análisis del informe Síntesis de Información Estadísticas Universitarias 2022-2023, hecho por el actual gobierno, muestra que el monto que podría aportar el cobro de estos aranceles es mínimo y no afectaría significativamente el presupuesto universitario.
El anuncio parece más que nada una forma de buscar la estigmatización de los migrantes. La visión xenófoba y discriminadora queda clara cuando el vocero asegura que “el presidente quiere que los delincuentes no entren al país, que los que estén acá se vayan, y queremos cumplir un viejo anhelo que tenemos muchos: que el residente argentino esté por encima del no residente en lo académico, en lo universitario y que tengan mejores condiciones y gratuidad aquellos que son argentinos. Lo mismo en los hospitales”.
El vocero trató de restarle dramatismo al anuncio, que implicará -en caso de que se apruebe la ley- que miles de personas que viven en suelo argentino, trabajan y pagan impuestos, pero aún no tienen la residencia permanente van a dejar de tener acceso a la salud y a la educación pública.
Bullrich hace su aporte
El anuncio de Adorni entusiasmó a la ministra de Seguridad, quien ante una consulta periodística dijo que el anuncio llega después de un tiempo de trabajo. Por supuesto que apoyó la medida. En cuanto al pago en las universidades públicas, Patricia Bullrich señaló que “aquellos que quieran venir a estudiar a la Argentina y formarse podrán hacerlo pagando un arancel que, por supuesto, no será lo mismo que una universidad privada, pero que significará un retorno a los ingresos de la gente. De lo contrario, se forman profesionales que estudian aquí y luego ejercen en otro país”, indicó.
Milei quiere cobrarles la universidad a los extranjeros no residentes, pero no hay alumnos en esa condición
Por Mauricio Caminos
Pese a la idea del Gobierno, actualmente solo los alumnos residentes pueden estudiar, por lo tanto, todos tienen DNI argentino, y estadísticamente son menos del 5%. Además, choca con la ley que establece la gratuidad de la educación pública superior.
Universidades, hospitales y mano dura en delitos: el Gobierno anuncia cambios en el régimen migratorio, sin aclarar cómo lo hará.
El anuncio del Gobierno de querer arancelar la universidad para los extranjeros se desarma apenas se pone la lupa sobre cómo funciona el sistema público en la actualidad. Pese a que el vocero presidencial, Manuel Adorni, comunicó que la Casa Rosada tiene la intención de que se comience a cobrar a estudiantes no residentes, la realidad es que actualmente quienes ingresan a las casas de altos estudios ya cuentan con un DNI –otorgado por Migraciones de manera muy rápida– y no pagan porque la gratuidad educativa está avalada por la Ley de Educación Superior (Ley 24.521).
En su conferencia Adorni no aclaró si la reforma migratoria que impulsa Javier Milei correrá a partir de un decreto presidencial o vía cambios legislativos, pese a que el Congreso ya está virtualmente de vacaciones hasta marzo y no hay certezas aún de que vaya a haber sesiones extraordinarias.
“Sí o sí las universidades argentinas inscribimos con DNI argentino”, fue tajante en la aclaración sobre la situación de los estudiantes extranjeros el titular del Consejo Universitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo. Por lo tanto, cae en un saco roto la idea de cobrarle a los “no residentes”, porque básicamente con ese estatus ninguna persona extranjera está habilitada para estudiar. Además, la intención libertaria es contraria a su supuesta idea de eliminar el rol del Estado de la vida cotidiana, ya que va contra la autonomía de las universidades.
Sí o sí las universidades argentinas inscribimos con DNI argentino
Por Víctor Moriñigo — presidente del Consejo Universitario Nacional (CIN)
La única excepción a esa regla, son los casos de estudiantes extranjeros que llegan al país para hacer un intercambio temporal.
“El anuncio me parece una bomba de humo, un absurdo total. La gratuidad de la educación superior está fijada por la Ley de reforma de educación superior de 2015”, sostuvo a su vez Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA. “Plantear estudiantes extranjeros no residentes no existe. No tiene sentido a no ser que modifiquen la ley”, agregó el académico.
Sin detalles oficiales, en la Cámara de Diputados buscaron entender el anuncio y especularon sobre los caminos legales. Aclararon que, si el oficialismo avanza efectivamente en la reforma que anunció Adorni, podría cambiar la Ley de Migración (25.871), además de prohibir que se otorgue la residencia a quienes vinieran a estudiar. Pero hay un choque inevitable con la gratuidad que establece la Ley de Educación Superior. Esta modificación ya se quiso hacer en la primera versión de la Ley de Bases del verano pasado y fracasó por la oposición de las fuerzas aliadas.
Una fuente legislativa aclaró que además el Gobierno podría adoptar el sistema de Estados Unidos, en el que hay distintos tipos de visa, para luego presentar un trámite específico de ciudadanía o residencia. “Hecho esto, entonces serían extranjeros y eventualmente plausibles de cobrárseles un arancel”, apuntó la voz consultada, que criticó el anuncio de Adorni por ser “un jueguito para la tribuna”.
Desde el CIN, Moriñigo también dijo que no hay conocimiento de cuál será el método que adopte el Gobierno para avanzar en ese objetivo, pero apuntó contra el preconcepto de que las universidades se ahorrarían partidas cobrándoles a los extranjeros. “No sabemos cómo van a hacer. Pero si hay que discutir esta situación, habría que fijarse cuando se egresa que no se vayan rápido, porque ahí el Estado argentino sí invirtió en un profesional que sería importante que se quede”, subrayó.
“Actualmente, uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero”, detalló a modo de ejemplo Adorni para sostener la tesis libertaria de que arancelar va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio, justo cuando está en disputa el presupuesto 2025, que el Gobierno no quiere sancionar y en donde la partida específica para universidades está a la mitad de los reclamado por el CIN: $3,8 billones frente a $7,2 billones. “Para las universidades el costo marginal no es importante, porque en promedio el 5% de los estudiantes son extranjeros. Ya sean 5 o 50 en un aula, igualmente tengo que poner un profesor”, dijo Morigiño.
De acuerdo con el último dato estadístico oficial, recolectado por el Ministerio de Capital Humano libertario, el 4,3% de la matrícula de las universidades estatales corresponde a estudiantes extranjeros. En todo el sistema estatal, al 2022, se registraron 91.984 estudiantes extranjeros. Justamente a contramano del anuncio oficial, el informe no desglosa entre “residentes” y “no residentes” porque solo los extranjeros con DNI o en documento en trámite están habilitados a cursar carreras de grado y posgrado.
El deporte universitario también sufre el ajuste de Milei
Por Pedro Lujambio y Tobías Fava
Las políticas del gobierno tienen su impacto en las instalaciones, predios y competencias. Quedaron suspendidos los Juegos Universitarios Argentinos, en los que participaban 25.000 estudiantes.
La crisis presupuestaria de las universidades públicas no solo afecta a la educación -entre tantas áreas-, también perjudica al deporte universitario, un fuerte pilar de estas instituciones. «El deporte es un derecho esencial para la formación de los estudiantes, pero la falta de fondos lo pone en riesgo», expresó Mariano Caprarelli, coordinador general de actividades deportivas de la Universidad de Buenos Aires.
El mega ajuste que ejecutó Milei alcanza tanto a quienes conforman equipos competitivos como a los integrantes de la comunidad académica que tienen la única oportunidad de acceso a la actividad física a través de estas instituciones.
Un bastión universitario en la mira
Un ejemplo claro se ve en la situación de los Juegos Universitarios Argentinos (JUAR). Estos se realizaban desde 2014, con la única interrupción en la pandemia. Sin embargo, por el ajuste presupuestario, este año ya no se harán y parecen haber llegado a su fin.
Los JUAR fueron creados por la Federación Argentina del Deporte Universitario en conjunto con el Ministerio de Educación: “Era la principal política pública del deporte universitario”, sintetizó Juan Loiseau, Director de Deportes de la Universidad de Lanús.
Funcionaban divididos en nueve regiones: Buenos Aires, CABA, Centro, Conurbano Norte, Conurbano Sur, Cuyo, NEA, NOA y Patagonia. Cada año participaban cerca de 25.000 estudiantes y la final nacional era disputada entre 3.000 y 4.000 deportistas divididos en 14 disciplinas: ajedrez, atletismo, básquet, básquet 3×3, e-Sports, fútbol, futsal, handball, hockey, natación, rugby, tenis, tenis de mesa y vóley.
“La organización implicaba ambulancias, médicos, arbitraje, alquiler de piletas, pistas de atletismo y canchas. Todo para hacer una gran olimpíada”, añadió Loiseau.
Además, destacó que su realización o no es enteramente una decisión política. “Más allá de los cambios de gobierno, siguieron desarrollándose. Ahora estamos en un contexto muy complicado. Porque, con la decisión de no actualizar el presupuesto, la crisis le pega de lleno a las universidades”.
Para Loiseau, su fin sería una pérdida enorme. “Tienen un impacto importantísimo en el desarrollo y la vida de nuestros estudiantes. Así que esperamos que esto se pueda revertir”.
Sin obras
Otro punto en la mira es el mantenimiento de las instalaciones. “Tenemos un playón polideportivo de 3.000 metros cuadrados que debemos refaccionar porque está deteriorado, pero es imposible hacerlo ahora. El presupuesto es muy acotado”, explicó Loiseau. También “nos bajamos de participaciones de eventos debido a los costos, y no pudimos renovar indumentaria y material deportivo”, completó el director de deportes de la Universidad de Lanús.
En el país hay 115 universidades, de las cuales 63 son públicas y concentran el 80% de los 2,5 millones de estudiantes universitarios. Este año, por la falta de actualización del presupuesto, este tipo de instituciones estuvieron obligadas a implementar medidas de austeridad drásticas, como la reducción del uso de la calefacción o la electricidad y la limitación de proyectos de investigación y extensión.
La Ley de Financiamiento Universitario intentaba frenar esta crisis con varios puntos importantes. Pero el 3 de octubre, después de una masiva marcha federal, fue vetada por el presidente Javier Milei. El argumento: que “atentaba contra el equilibrio fiscal”. Seis días más tarde, diputados respaldó el veto con 85 votos en contra de la ley, 159 a favor y 5 abstenciones.
“Por supuesto que esto también afecta al deporte universitario, ya que es un complemento a la actividad académica y se sostiene del presupuesto universitario. La práctica deportiva es parte fundamental en la formación de los futuros profesionales”, explicó Caprarelli.
Por otro lado, Caprarelli destacó: “El presupuesto está atrasadísimo. Tenemos salarios por debajo de la línea de pobreza que han perdido hasta un 40% de su poder adquisitivo. Esto afecta, entonces, al deporte, ya que se traduce en estudiantes y trabajadores sin recursos tanto para estudiar y viajar como para hacer deporte”.
“Estamos en una situación difícil como hace tiempo no veíamos”, finalizó.
¿Qué hay detrás de la intervención a la Universidad de las Madres?
Por Enrique García Medina
Las autoridades de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo denunciaron el ingreso de docentes desconocidos enviados por el diputado nacional de La Libertad Avanza “Bertie” Benegas Lynch, un mes después de que la casa de altos de estudios fuera intervenida y en medio del feroz ajuste del que ha sido víctima de parte del Gobierno de Javier Milei, que no transfirió ni un peso en todo el 2024.
Pero, además, dijo que detrás de esta intervención y el robo de información hay un negocio para los amigos del presidente: “Nos han clonado el campus, porque damos en sistema híbrido; esto va más allá de los discursos de odio”.
“Todo el año estuvimos en presupuesto cero. Nos cortaron Internet por falta de pago. Cada uno que puede trae una resma de papel, las Madres nos compran tóner para las impresoras”, describió sobre la situación actual del establecimiento.
Y añadió: “El dinero nuestro está en el Presupuesto, por lo tanto, la no asignación es el no cumplimiento de una ley. Y el Gobierno le entregó a un interventor presupuesto y no sabemos en qué lo gastó, porque los docentes siguen sin cobrar”.
Pero ¿quién podría estar interesado en este movimiento? “No sabemos a dónde fue esa plata, porque esa persona no ingresa a la universidad”, dijo Caamaño, a la par que denunció sobre el grupo de interventores: “Están armando algo virtual y nombrando a los profesores que le manda “Bertie” Benegas Lynch. Son los docentes que dan clases virtuales. Es gente totalmente desconocida”.
Congreso de una FUBA con peluca
En un congreso a espaldas del movimiento estudiantil que se organizó durante todo el año para defender la educación pública, se reeligió a la conducción de la FUBA con un pacto entre Radicales, Peronistas y ¡Liberales! La casta está de fiesta.
Nuevo Espacio y la UES convocaron a un congreso ¡secreto! que no publicaron ni siquiera en las redes sociales. Todo esto después de no haber llamado a una sola asamblea durante todo el conflicto universitario.
Además, se dio con muchísimas irregularidades: cambiaron de manera arbitraria el sistema de distribución de los delegados y acreditaron a militantes de Milei en facultades donde NO se habían presentado a elecciones, como es el caso de la Facultad de Derecho ¡Un escándalo antidemocrático, que juega a favor del gobierno de Milei!
El Congreso contó con auto reivindicaciones de la propia conducción, donde destacaron el cambio del Estatuto que implementa la eliminación de las elecciones de los Centros de estudiantes cada año, uniéndolas con las obligatorias cada dos años.
Se presentaron cuatro listas:
· La “Lista 1- En defensa de la educación pública”. Con una gran caradurez para elegir su nombre, la Franja Morada, la UES y la agrupación libertaria Somos Libres presentaron lista juntos. La lista que obtuvo más votos (de todos los colores, naranja, azul y amarillos) llevó como candidata a presidenta a Priscila Vitale de la facultad de Psicología.
· La “Lista 2 – Por la universidad nacional y popular de Buenos Aires” fue la lista de otro sector de agrupaciones peronistas que durante todo este año actuaron en común con el resto de las conducciones radicales queriendo llevar el conflicto educativo tras la política de las autoridades universitarias y la adaptación del Frente Sindical, mientras que a nivel nacional quedan claras las negociaciones con el gobierno de Milei. Como demostración de esto, cuando las autoridades definieron cerrar el conflicto educativo no tuvieron una política independiente de desarrollar una tercera marcha universitaria masiva, desde los Centros de estudiantes y sindicatos que conducen, llegando a levantar hasta su propio festival que estaba pautado para noviembre.
· La “Lista 3 – La Izquierda en la UBA” conformada por candidatos del PTS y otros compañeros de la izquierda, desde donde denunciaron todas las maniobras de este congreso antidemocrático. Una lista que se propone ser una voz independiente de las autoridades y los partidos que pactan con Milei en la FUBA. Como hicieron durante todo el año en el conflicto universitario apostando a desarrollar la participación estudiantil y la organización desde abajo para defender la educación pública, una organización que llevó, por ejemplo, a conquistar el boleto educativo en CABA.
· La “Lista 4 – Frente Universitario 22 de noviembre”, una lista creada por la JUP y Sur, agrupaciones políticas que se demostraron a lo largo de este año funcionales a la Franja Morada.
Se reelige entonces a la vieja conducción de la FUBA que, a pesar de haberse mostrado como oposición al gobierno durante todo el año, no hace más que pactar con este en todos los ámbitos. Una verdadera casta universitaria que solo quiere defender los intereses de las autoridades.
Necesitamos seguir desarrollando una fuerza política en toda la Universidad que se proponga organizar la resistencia frente al gobierno de Milei y los que pactan, desarrollando la organización desde abajo y revolucionando los centros para que seamos los estudiantes en unidad con nuestros docentes y no docentes quienes tomemos todas las decisiones sobre nuestra lucha, pero también sobre nuestra universidad.
Elecciones en la UBA
Luego de casi dos años y medio, las 13 facultades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) volvieron a elegir a la conducción de sus Centros de estudiantes. El peronismo dio batacazos en Ciencias Sociales y FADU, mientras que el reformismo junto con sus aliados logró retener la mayoría de los centros y la izquierda profundizó su retroceso. Los libertarios se presentaron a elecciones en cuatro facultades por primera vez desde que Javier Milei es presidente, pero no obtuvieron un caudal significativo de votos.
Una de las principales sorpresas fue el triunfo en Sociales de la coalición opositora Lista 15 + Acción por Sociales, compuesta por diversas agrupaciones del campo nacional y popular como La Mella, La Cámpora, Emergente, Urbana y el Movimiento Evita, entre otras. Se trató de un batacazo, con el cual logró quedarse con la mayoría en el Consejo Directivo y destronar de la conducción del Centro de estudiantes a la Unión Estudiantil de Sociales (UES), agrupación peronista que mantiene una alianza con el vicerrector radical Emiliano Yacobitti.
La disputa por el centro fue palmo a palmo, y se inclinó para la oposición con un 43,2%, frente al 41,4% de la actual conducción. Con estos resultados, Agostina Olivera, de la agrupación La Mella, será la nueva presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales (CECSo).
En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) se produjo otro cimbronazo electoral. La coalición de El Módulo, compuesta por La Cámpora, La Mella, AUGE, y la Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista (CEPA), obtuvo un 53,4% de los votos para Centro de estudiantes y aplastó a Somos FADU, de la Franja Morada (UCR), que desde 2019 conduce el centro y apenas obtuvo el 33,6%, en un resultado inesperado para propios y extraños.
La actual oposición también contará con mayoría en el Consejo Directivo. Florencia Boveri, presidenta electa del centro de estudiantes de FADU, afirmó: “Este triunfo viene a demostrar que no es cierto que los estudiantes y la juventud están con las políticas de Milei”, afirmó Boveri y sostuvo que la conducción saliente pagó cara su falta de voluntad para defender la educación pública. “Evidentemente, tiene un costo subestimar a los estudiantes y dejar un centro sin participación estudiantil, en todo momento, pero sobre todo en este contexto”.
Otra de las buenas noticias para las agrupaciones peronistas fue la reelección en Filosofía y Letras de El Colectivo, la coalición compuesta por La Mella, La Cámpora, el Movimiento Evita, AUGE, Megafón y CEPA, que conduce desde 2019 el Centro de estudiantes. Logró revalidar con un 39,4%, frente al 31,3 de La Izquierda al Frente (FITU), además de asegurarse la mayoría en el Consejo Directivo. La nueva presidenta será Isabel González Puente, de La Mella, quien reemplazará en el cargo a Christopher Loyola, de su misma agrupación. Loyola hizo un balance de los años de gestión y destacó las conquistas estudiantiles alcanzadas por el Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras (CEFyL) desde la llegada de El Colectivo a la conducción. “La cantidad de espacios que ganamos los estudiantes en los últimos años es notorio, le cambia la vida a los compañeros y compañeras cada día que vienen a cursar”, señaló.
En la Facultad de Exactas también hubo revalidación electoral. La agrupación Identidad, de La Cámpora, alcanzó la reelección del Centro de estudiantes con un 46,6%, resultado que convirtió a Julia Benito en su nueva presidenta. Además, sostuvo la mayoría del Consejo Directivo. En segundo lugar, se ubicó Espacio Exactas (UCR), con un 18,6%, seguido de la Fuerza de Estudiantes en Movimiento (FEM), de La Mella, con un 17%, agrupación que, sin embargo, logró el segundo puesto en la elección de Consejo Directivo, lo que le permitió retener la minoría estudiantil.
Los espacios reformistas lograron retener sin problemas los Centros de estudiantes en sus bastiones inexpugnables. En Derecho, el Frente Reformista (compuesto por Franja Morada y Nuevo Derecho-Partido Socialista) obtuvo un 60,3% de los votos, contra el 31,8% de Acción Colectiva, coalición peronista compuesta por La Cámpora, La Mella, Emergente y La Centeno, entre otras agrupaciones, que logró un consejero directivo por la minoría estudiantil.
También en Económicas pudo festejar Yacobitti, con un aplastante 71,3% en favor de Nuevo Espacio. Otra facultad en la que el reformismo tuvo un triunfo holgado fue Medicina, en donde Nuevo Espacio obtuvo el 61,4% de los votos. En Psicología la agrupación radical EDI logró la reelección, con un 51%, frente al 32% de El Impulso, coalición kirchnerista integrada por La Mella, AUGE y Brote, que obtuvo un consejero. Por su parte, en Ingeniería el Movimiento Linealmente Independiente (MLI), aliado al reformismo, aseguró su reelección con el 35% de los votos, mientras que, en Odontología, probablemente la facultad menos competitiva, logró revalidar la conducción del centro la agrupación Alumnos de la Facultad de Odontología (AFO), también alineada con el espacio reformista, con un 94,5%.
La izquierda viene en retroceso desde hace años en las elecciones de centros de estudiantes de la UBA. Este proceso fue ratificado particularmente en la elección de Farmacia y Bioquímica, donde la actual conducción de El Antídoto (Partido Obrero y aliados) perdió de forma aplastante contra una coalición de radicales y peronistas. 71,5% de los votos obtuvo la oposición, contra apenas un 25,8% del trotskismo. Sí logró retener el Centro de estudiantes de Veterinaria, donde la conducción del EVET obtuvo un 37,9%.
“¡Votá libertad en Económicas!”, rezaba un volante de fondo amarillo y letras negras, con la imagen de fondo de la facultad ubicada en avenida Córdoba. Se trata de la agrupación Somos Libres, referenciada en el gobierno de Javier Milei, que por primera vez se presentó a elecciones en esta y otras tres facultades de la UBA (Arquitectura, Diseño y Urbanismo -FADU-, Medicina e Ingeniería). En la única en la que superó los 10 puntos porcentuales fue en la de Ingeniería, donde se ubicó en el segundo lugar, con un 18,4% de los votos, aunque ese resultado no le permitió obtener una banca en el Consejo Directivo.
Uno de los referentes de Somos Libres, Juan Martín Agosti, candidato a presidente del centro de estudiantes de la Facultad de Medicina se mostró “totalmente en contra” de los paros docentes. “Queremos terminar con los paros. Nos parece una vergüenza que dejen a los chicos sin cursar”, afirmó.
Universidad de Avellaneda: triunfo kirchnerista
En la Universidad Nacional de Avellaneda (Undav) se llevaron adelante elecciones de representantes de los claustros estudiantil y graduado para el Consejo Superior, y los representantes de los claustros docente, estudiantil y graduado para los Consejos Departamentales.
La lista 1 Azul y Blanca obtuvo un contundente triunfo en estas elecciones de cogobierno en todos los Consejos Departamentales, tanto de estudiantes como de docentes y graduados, y en el Consejo Superior, por el 70 % de los votos. Se impuso así por sobre la lista 17 “Eva Perón”, impulsada por el intendente Jorge Ferraresi, que llevaba como candidatos a consejeros a algunos funcionarios del municipio.
La Universidad Nacional de Avellaneda nació en el año 2010, en el contexto de creación de las Universidades del Bicentenario. Su sede principal está en una fábrica que cerró a principios de los 90, la lanera Alonso, emplazada en un barrio popular como el Piñeyro.
Con estas características, la universidad tiene un fuerte perfil social y humanista. De hecho, una materia transversal a todas las carreras, teórica y práctica es “Trabajo Social y Comunitario”. “El conocimiento no se construye solo puertas adentro, también se construye en el barrio, con los vecinos, las instituciones y organismos. No se trata de ‘bajar al territorio’, creemos que la universidad es un territorio en sí”, marca el consejero electo.
Otras sedes de la Universidad Nacional de Avellaneda son la sede España, la Arenales y la 12 de octubre.
La Educación Pública y el arte se defienden
Por Agustín Reynoso, Bruno Cappello y Pamela Gianola
A más de nueve meses de la asunción de Javier Milei, los estudiantes de la Universidad Nacional de las Artes expresan la voluntad de organizarse y hacer frente a un gobierno que profundiza con la desfinanciación de las universidades con el fin de privatizarlas. El mandatario ya le puso fecha al veto a la Ley de Financiamiento Universitario: va a ser el día siguiente a la Segunda Marcha Educativa. Pero el ataque a la educación no es un hecho aislado: se da en un marco en el que los pobres ya somos el 52,9% de la población argentina y donde el presidente embiste de manera especial contra la Cultura. En este contexto, desde Contraimagen le preguntamos a nuestres compañeres del departamento de Crítica de las Artes por sus condiciones de vida, sus opiniones y pusimos especial énfasis en cómo impacta la realidad en su acceso al arte y en sus producciones artísticas.
Impacto económico y laboral en la vida estudiantil
La situación económica repercute en nuestras vidas como estudiantes y artistas condicionando no sólo nuestras posibilidades materiales de formación y creación, sino también el acceso al derecho al ocio, un espacio fundamental para el desarrollo personal. “El último libro que me compré lo pagué en seis cuotas”, cuenta una estudiante de Artes de la Escritura. Por su parte, otro compañero nos cuenta: “La última vez que fui al teatro fue hace tres meses. Me invitaron porque no tenía para pagar la entrada”. Estos ejemplos demuestran que el acceso a la Cultura y al esparcimiento se limita solo para quienes pueden pagarlo y tienen tiempo libre.
A su vez, el impacto laboral no es menor. Cada vez tenemos que trabajar más horas para sostener nuestros estudios y vidas cotidianas: “Tengo que trabajar más horas de lo que trabajaba cuando empecé la carrera, lo que reduce mis horas de estudio. Esto empeora mi calidad de vida en todos los aspectos”, comenta otra estudiante, quien también destaca el efecto emocional de esta situación: “El estado de angustia es permanente, y sufro bloqueos para escribir. La concentración se me va porque no puedo estar exenta de lo que ocurre”. Otro compañero remarca lo siguiente: “Estoy más pensando en cómo encontrar otro laburo complementario al que tengo en vez de sentarme a escribir, a producir cosas”. En un sistema que privilegia la acumulación de riqueza de la minoría, sobre las necesidades humanas de la mayoría, el tiempo libre y el disfrute se ven reducidos a privilegios, cuando deberían ser derechos universales, obligándonos a priorizar lo urgente sobre lo creativo.
¿Por qué llegamos a esta situación?
La precarización que vivimos no es accidental, ni aislada sino el resultado directo de las políticas económicas que priorizan el pago de una deuda con el FMI y otros acreedores. Esto implica que mientras los gobiernos recortan los fondos en la Cultura, la Educación y las jubilaciones, entre otros, mientras tanto, el Estado destina millones de dólares a pagar una deuda ilegítima e ilegal. La deuda externa con el FMI se percibe como una amenaza para el futuro del país. “Macri tomó una deuda y es la que estamos pagando ahora”, recuerda la entrevistada más joven. “La deuda está mal desde el comienzo. Haberla tomado fue un error, legitimarla me parece pésimo. Deberíamos desconocerla porque no tenemos salida si seguimos ajustando al pueblo para pagarla”, comenta otra estudiante que está al tanto del próximo vencimiento de la deuda. Estos acuerdos repercuten en las políticas internas del país y afecta directamente la calidad de vida de las personas. Una entrevistada lo expresa de forma contundente: “Pagar es lo que se estuvo haciendo y le sacó cosas a la gente”. Por eso, otro menciona que no considera que estas deudas sean legítimas ni justas, convencido de que no deberíamos seguir pagando acuerdos que solo profundizan la crisis. “Es un círculo vicioso. Si no se paga va a seguir aumentando, y si se paga también es un empobrecimiento para la gente”.
Cada vez que el gobierno destina estos recursos al FMI no van a la Educación o a la Salud, sino que perpetúan un sistema que nos empuja a la pobreza y a la precarización de la mano de jornadas laborales extenuantes. Es una forma más de mantenernos atados y dependientes económicamente, negándonos así el derecho a una vida plena y al acceso a la cultura.
Situación laboral y artística
Este escenario laboral afecta incluso a aquellos que cuentan con horarios flexibles. “Trabajo como profesora de yoga y pilates, alrededor de 7 horas diarias y, a pesar de eso, me cuesta bastante llegar a fin de mes”, dice otra entrevistada de Curaduría. Otra compañera ya jubilada expresa que trabaja 9 o 10 horas al día y apenas llega a fin de mes “y después tengo que venir a la facultad”.
Otro entrevistado comenta que, en lugar de concentrarse en sus proyectos artísticos, dedica tiempo a buscar trabajos complementarios. “Es frustrante”, admite y reconoce que esta situación se repite entre los estudiantes. A pesar de trabajar sigue sin poder llegar a fin de mes, pero al igual que muchos intenta no perder contacto con la producción artística a través de actividades como talleres literarios o narración de partidas de Rol, un espacio donde aún pueden desplegar su creatividad.
Para varios de los entrevistados la situación de ajuste significó una “pausa” en su vida como artistas. La incertidumbre sobre el acceso a recursos básicos, como medicamentos para familiares mayores, complica aún más el panorama.
Oferta horaria y transporte
La falta de oferta horaria es otra constante que da cuenta de la sistemática desfinanciación en la educación: “Tuve que modificar mi trabajo para poder cursar. Las materias de los primeros años son las más difíciles de conseguir por la demanda que tienen, lo que aumenta la deserción”, explican nuestrxs compañerxs. Este fenómeno tampoco es casual; es el resultado de años de recortes presupuestarios y políticas que priorizan el ajuste en lugar de invertir en la educación, lo que se suma a la falta de tiempo que varixs mencionan. “Siempre se me complica anotarme. Estamos con el mismo presupuesto del 2023 y no alcanza. Empecé a estudiar en 2017 y sigo sin poder recibirme”, agrega una de las entrevistadas. Talleres y materias troncales se colman rápidamente, lo que retrasa el progreso de muchxs: “Las materias que más necesitamos, como Semiótica, tienen cupos muy reducidos”, comenta un entrevistado, quien se enfrenta cada semestre a la misma dificultad para inscribirse.
La accesibilidad del transporte es otro gran problema que se agrava con los tarifazos, complicando así la economía diaria: “Aunque vengo caminando a la facultad, el aumento del transporte afecta mis otros desplazamientos, como ir a trabajar”, dice una entrevistada. La realidad de tener que usar seis transportes por día para asistir a clases es cada vez más difícil de sostener. Como señala otra estudiante de la carrera, “¿Por qué un policía no paga boleto y un docente sí?”, lo que pone de relieve que mientras estudiantes y trabajadorxs deben afrontar el costo de múltiples transportes diarios para llegar a sus lugares de estudio y trabajo, la policía, que cuida las espaldas de los diputados y senadores que votan en contra de los derechos laborales, disfruta de beneficios que no solo son económicos, sino también de reconocimiento y apoyo institucional.
Lucha docente
En cuanto a la situación docente, hay una preocupación generalizada por su precarización: “mi madre es docente de Literatura e Inglés y mi padre enseñaba en una escuela técnica así que veo de cerca lo que viven. Me parece gravísimo que no tengan una remuneración digna”, comenta una estudiante. Otros entrevistados están preocupados de que docentes y no-docentes cobren por debajo de la línea de pobreza y que no puedan sostenerse.
También destacan la importancia de la lucha estudiantil y la organización como herramientas para enfrentar estos desafíos. “La solidaridad entre estudiantes y docentes debería ser más fuerte”, señala un entrevistado, haciendo referencia a cómo en 2018, durante una gran movilización docente, el estudiantado acompañó la lucha por mejoras salariales y laborales.
Ya Martín Kohan en entrevista remarcaba cuán importante es y cómo está ligado la cantidad de tiempo libre con el que cuentan quienes acompañan nuestra formación y la calidad de nuestra educación. Es que un docente que tiene que aumentar la cantidad de horas y espacios de laburo que tiene, posiblemente se desgaste y difícilmente pueda dedicar un tiempo sustancial a continuar estudiando, escribiendo, investigando. Esto es algo que, de vetarse la Ley de Financiamiento seguiría profundizándose ya que nuestros docentes y no docentes vienen perdiendo por lo menos un 33.3% solo desde noviembre del año pasado.
Participación estudiantil y lucha colectiva
Este contexto de ajuste y precarización ha motivado a algunos estudiantes a movilizarse. “Me gusta el ímpetu de ir y luchar por lo que de verdad importa, pero siento que no se está haciendo mucho. Debería haber más marchas y más acción”, reflexiona una de ellas. Ella recuerda el ejemplo del 23 de abril, donde cerca de un millón de personas se movilizaron en defensa de la Educación Pública. Otra agrega que “si no nos movilizamos, vamos a perder la Universidad Pública”, subrayando la necesidad de organizarse en asambleas y participar activamente en los Centros de Estudiantes. “Tenemos que cuidarla para que dure”.
Las asambleas, los espacios de debate y los Centros de Estudiantes son mencionados como herramientas clave para fortalecer estas luchas. Uno de los entrevistados insiste en la importancia de tener una representación activa que esté en contacto constante con los problemas de los estudiantes: “Los Centros de Estudiantes deben ser espacios combativos que promuevan la organización y defiendan nuestros derechos”, subraya. Otra compañera complementa respecto a la actual conducción: “Tenemos que ver cómo convocamos a la gente para que se interese, que se empiecen a involucrar. Tendría que haber un estado de asamblea permanente cada determinado tiempo. Si sos el Centro de estudiantes y sos el que ganaste, tenés que ir curso por curso para convocar. Va a haber gente que no le interese, y gente que sí, ellos tienen que visualizar más”.
La falta de participación en las asambleas y las instancias de debate en la Universidad es una preocupación recurrente. “Hay poca asistencia a las reuniones”, afirma una estudiante, señalando que muchas veces las formas tradicionales de convocatoria no son suficientes. Otra entrevistada destaca la necesidad de movilizar a todos, sin distinción de afiliación política: “Deberíamos convocar a todos los estudiantes de forma práctica, para que vean lo importante que es la lucha”.
Las voces desde el aula continúan escribiendo
Las voces desde el aula son claras: en ellas se refleja un panorama donde la lucha cotidiana por sobrevivir en medio de la crisis económica y política se combina con el sentimiento de urgencia por defender la Educación Pública y los Derechos laborales, aunque no de forma disociada de lo que pasa en el conjunto de la sociedad. Varies compañeres, por ejemplo, traían motu proprio la situación de les jubilades. Esto no solo muestra cómo Mitre no es una burbuja, cómo el corporativismo no es lo único que se expresa, sino por un lado cómo las facultades son una caja de resonancia de lo que pasa afuera y cómo les artistas seguimos siendo una parte privilegiada de la capa sensible de la sociedad. Ya lo decía el Flaco Spinetta: “Nadie puede sentirse bien mientras a tu lado se pudren las cosas (…) si la gente está empobrecida”.
Así como nosotres como estudiantes sentimos preocupación y queremos trazar lazos de solidaridad con otros sectores, desde luchas como la de Aerolíneas Argentinas, les jubilades, también existe la voluntad de construir unidad. Esto se expresa, por ejemplo, en su próxima adhesión a la marcha. Ella, la unidad, será de vital importancia, junto con la organización independiente, para enfrentar los desafíos que se avecinan.
Desde Contraimagen, en la Secretaría de Bienestar Estudiantil y Vinculación, seguiremos haciendo entrevistas y notas que sirvan para difundir la situación y los pensamientos de estudiantes, docentes y no-docentes para poder desarrollar la organización desde abajo y pelear por una alternativa que tire abajo los planes de Milei y del FMI. ¡Sumate!
Fuentes: https://conadu.org.ar, Perfil, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Página/12