DOSSIER DESPIDOS Y EMPLEO
Deep (cortar profundo) motosierra en despidos y empleo
Mario Hernandez
Sturzenegger prometió más reducción de personal estatal, pero que no tocarán a las Fuerzas Armadas ni de Seguridad. Respiran tranquilos los que pasan horas tomando mate en cuarteles y comisarías o reprimiendo en el caso Seguridad.
Suspenderán 970 trabajadores en Acindar
La empresa ArcelorMittal Acindar y la seccional Villa Constitución de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) alcanzaron un acuerdo para la implementación de un esquema de suspensiones que afectará a cerca de 970 trabajadores en la acería ubicada en el sur de Santa Fe. La medida, que busca evitar despidos masivos, se aplicará en tandas a partir de febrero y se extenderá hasta diciembre de 2025.
- Percibirán el 80% del sueldo en febrero
- El 78% en marzo.
- El 75% desde abril hasta diciembre de 2025.
Acindar tiene cinco plantas en Argentina: Villa Constitución, Rosario, San Nicolás, La Tablada y Villa Mercedes
El sector metalúrgico enfrenta una crisis marcada por la baja en la producción, lo que ha llevado a Acindar a buscar estrategias para reducir costos operativos. En este contexto, la empresa también mantiene negociaciones con el ministerio de Trabajo y la UOM para evitar el despido de 200 empleados de contratistas, una situación que suma incertidumbre al panorama laboral.
Desde el gremio reconocen la gravedad del escenario y advierten que, si la producción continúa en declive, podrían surgir nuevas complicaciones. La situación de Acindar refleja una problemática más amplia dentro de la industria metalúrgica, que enfrenta desafíos significativos en un contexto económico adverso.
A toda esta situación se suman las decisiones de Donald Trump y el futuro de las importaciones a Estados Unidos. Empresas argentinas como Aluar, Ternium y Tenaris también podrían verse afectadas por estos aranceles.
Según datos de 2024, Aluar exportó aluminio a Estados Unidos por un valor de u$s515 millones, representando el 40% de su producción. Por su parte, las exportaciones de hierro y acero de Tenaris sumaron u$s112 millones en el mismo período.
Más de 500 despidos y cierres de plantas en los últimos dos meses en las fábricas de zapatillas
Por Graciela Moreno
Topper, Puma, Bicontinentar despidieron personal, mientras que DASS decidió cerrar su planta de Coronel Suárez y dejó sin trabajo a 360 operarios.
Una vez más, la industria del calzado deportivo vuelve a estar en crisis. La historia se repite una y otra vez. La caída en las ventas y la apertura de las importaciones impacta en el sector con una gran cantidad de despidos y el cierre de plantas. En los últimos dos meses, Dass cerró la planta de Coronel Suárez y hubo despidos en Bicontinentar, Puma y Topper, en los últimos días. Un total de 546 trabajadores del sector perdieron su trabajo desde diciembre de 2024, en los últimos 70 días.
Empresas que hace cuatro años batían récords de producción en el país y proyectaban inversiones para expandir su capacidad productiva debieron no sólo suspenderlas, sino despedir personal. Algunas empresas argumentan que “en julio pasado, la Secretaría de Industria y Comercio eliminó el control aduanero del etiquetado del calzado para agilizar las importaciones y esto terminó generando una caída en las ventas que obligó al sector a reducir personal, eliminar turnos y cerrar plantas”.
En las últimas horas se conoció que Topper despidió a 23 trabajadores de su planta de Aguilares en la provincia de Tucumán. Ubicada a 85 kilómetros de la capital tucumana, sobre la ruta 38, pertenece a Topper desde 1972. Los trabajadores volvieron de sus vacaciones y se encontraron con la noticia de los despidos, algo que se está haciendo costumbre en el sector. No es la primera vez que Topper despide trabajadores en los últimos meses. Entre los meses de marzo y abril del 2024, Topper dejó sin trabajo a 120 operarios. No conforme, en el mes de julio paralizó la planta por unas semanas y el personal debió tomarse licencias adeudadas. En ese momento, desde Topper señalaron que se debió al “exceso de stock y falta de ventas”.
La esperanza no alcanza
Desde la empresa Topper explicaron que “en el marco de un mercado cada vez más competitivo y desafiante, Topper Argentina debió readecuar sus esquemas de producción para acompañar la demanda del primer semestre 2025. En este sentido, hemos disminuido el plantel de la fábrica en 23 operarios”.
Lo curioso es que la empresa si bien reconoce que el contexto es difícil, sostiene “tenemos una perspectiva optimista ante los indicadores que prevén, para más adelante en el año, un incremento del consumo”. Pero la esperanza no alcanza, por eso confirmaron que “ha sido necesario adaptar nuestro plan de producción para el 2025 para lograr mayor eficiencia y competitividad en un mercado cada vez más desafiante”.
“Topper emplea a más de 950 personas en su planta de Tucumán siendo la fábrica n° 1 de calzado deportivo en el país”, señalaron a BAE Negocios. El panorama cambió en muy poco tiempo, a fines de 2021 sumaron por primera vez en su historia, la producción de indumentaria deportiva fabricada íntegramente en la planta.
Con 1700 puntos de venta, locales propios en varias provincias y el canal de venta online de la compañía y de sus clientes no alcanza para sostener el nivel de ventas necesario.
La crisis es preocupante
“Estamos con temor. Con el inicio del gobierno de Javier Milei, sabíamos que el plan económico iba a afectar a la industria. La crisis de hoy es preocupante”, expresó Jorge Fugaracho, delegado regional de la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA).
Hace menos de una semana, Puma despidió a 23 operarios en su planta de La Rioja, una de las únicas fábricas propias fuera de Alemania que tiene la compañía donde fabrica su calzado deportivo desde 1981. La caída de ventas y la apertura de las importaciones aceleró el ajuste en la empresa. Para tratar de frenar los nuevos despidos que ya tenían planificados y mantener el plantel de 867 trabajadores, la empresa Puma llegó a un acuerdo con la Unión de Trabajadores de la Industria de Calzado. “Hemos alcanzado un acuerdo que consiste en la reducción de la jornada laboral en una hora diaria, y de esta manera asegurar los puestos de trabajo de nuestros colaboradores”, señalaron desde la empresa Puma.
Preocupados por el impacto en la comunidad riojana señalaron “el contexto macroeconómico del país nos desafía a tener que adaptarnos a nuevas dinámicas y condiciones comerciales, siempre con el objetivo de seguir ganando participación en el mismo y mejorar la competitividad de nuestro sistema de abastecimiento dual. El bienestar de nuestros empleados es una prioridad por lo cual nos enorgullece proporcionar un entorno laboral seguro para ellos”.
La crisis del sector se multiplica en todo el país. Cuando en agosto de 2021 el grupo argentino Bicontinentar reabrió la ex planta de Paquetá, cerrada por los brasileños en 2018, todo era una fiesta en Chivilcoy. Como muestra de las reiteradas idas y vueltas que vive el sector basta recordar que en 2015 había una torta de 35 millones de pares y tres años después en 2018 con los cambios de reglas la planta cerró. En 2022, Bicontinentar tenía 500 operarios y le fabricaba a marcas de la talla de Le Coq Sportif, Under Armour y New Balance, Hush Puppies, Diadora, Lacoste, Montagne, entre otras. Otra vez volvieron a cambiar las reglas de juego y el último día de noviembre de 2024 Bicontinentar despidió a 130 operarios, se quedó con 40 para fabricar su marca propia Argie.
Ventas y fabricación en caída
La demanda de producción de productos para terceros cayó en picada y las fábricas que se sostenían con pedidos de otras marcas no alcanzaron a tener reflejos para evitar lo que venía. Todo fue más rápido de lo que imaginaban.
El grupo brasileño Dass fue uno de los que más rápido realizó recortes en sus plantas. Hasta mitad de 2023 sumaron operarios, post PASO en septiembre de ese mismo año comenzaron con 80 despidos. Conocidos por fabricar para Nike, Adidas y sus marcas Fila, Asics, Umbro, entre otras.
Con el cambio de las medidas económicas y la posibilidad de importar hasta 400 dólares sólo pagando el IVA, apenas comenzó enero los brasileños decidieron cerrar su planta de Coronel Suárez y despedir a 360 trabajadores. Sólo dejaron en pie la planta de El Dorado en Misiones. Cerraron una planta emblemática, la misma que perteneció a Eduardo Bakchellian del grupo GATIC, que llegó a tener 5.000 empleados y terminó con un pedido de quiebra.
Horacio Moschetto, presidente de la Cámara de la Industria del Calzado (CIC), evaluó la situación cuando cerró Dass: “La situación es preocupante, la caída de la producción en el sector es del 15%, las ventas disminuyeron 20%y las importaciones de calzado terminado crecieron 50%. Sumado a la diferencia de precios con productos que vienen de Oriente y la presión tributaria que sigue siendo muy alta para la producción nacional”, señaló a Página12.
El listado de empresas fabricantes y ensambladoras de calzado deportivo que ajustaron sus planteles suma a Coopershoes de Las Flores y Atomik, entre otras. Pero tomando sólo los casos de Dass, Bicontinentar, Puma y Topper, un total de 546 trabajadores perdieron sus puestos de trabajo desde diciembre pasado. Todo indica que la crisis del sector se profundizará, por eso las empresas aunque en sus comunicados confían en un repunte en las ventas, en los hechos prefieren despedir, por si el futuro no mejora.
400 empleos en riesgo y preocupación en el sector avícola
El conflicto laboral en Granja Tres Arroyos sigue sin resolverse. El lunes pasado, la reunión entre los dirigentes gremiales y los representantes de la empresa fracasó, postergando la negociación para el próximo lunes 17 a las 14:00, en una audiencia virtual supervisada por la Secretaría de Trabajo de la Nación.
Los temas de la reunión se centraron en una reestructuración de la empresa que incluye unos 400 despidos y pone en alerta al sector.
El Sindicato de Trabajadores Industriales de la Alimentación (STIA) de Concepción del Uruguay y la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) continúan rechazando el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) solicitado por la empresa. Esta medida permitiría despidos masivos y cambios en las condiciones laborales.
El conflicto comenzó en noviembre pasado, cuando la empresa eliminó un pago adicional que representaba el 21% del sueldo de los empleados. Luego, en enero, Granja Tres Arroyos anunció el despido de 80 trabajadores, generando un escenario crítico que podría derivar en la pérdida de otros 400 puestos de trabajo.
Ante la escalada del conflicto, la secretaría de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, suspendiendo el paro que los trabajadores habían anunciado para el 27 de enero. Sin embargo, el secretario general del STIA de Concepción del Uruguay, Miguel Ángel Klenner, exigió una “resolución urgente” del problema, ya que está en riesgo el empleo y el salario de cientos de trabajadores.
Desde la Federación, indicaron que la empresa sigue firme en su intención de aplicar el PPC, mientras que los sindicatos buscan alternativas a los despidos masivos.
En paralelo, la FTIA y el STIA de Buenos Aires reclamaron una respuesta urgente al Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (CEPA) sobre una recomposición salarial para los trabajadores del sector. Según el gremio que lidera Héctor Morcillo, las ofertas actuales son “insuficientes”, y los trabajadores “no pueden llegar a fin de mes”.
Los gremios alertaron que mantendrán la lucha para evitar la pérdida del poder adquisitivo y mejorar las condiciones laborales, destacando que “mientras los pollos vuelan de las góndolas, los empresarios siguen acumulando ganancias”.
El próximo lunes será un día decisivo para la situación de Granja Tres Arroyos. La audiencia virtual determinará si hay avances en la negociación o si se mantiene el estancamiento. Mientras tanto, los trabajadores continúan en estado de alerta, con la incertidumbre de su futuro laboral.
Linde Praxair incumple la conciliación obligatoria
Esta mañana (12/2) en las puertas de la fábrica Linde Praxair, en cercanías de Saavedra y Marcos Sastre, Pacheco, se apersonaron los seis trabajadores que fueron despedidos en diciembre de 2024. Tras una larga lucha que incluyó movilizaciones, cortes y volanteadas fue dictada la conciliación obligatoria por el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires. Pero la empresa no acata la resolución y no permitió el ingreso de los trabajadores.
Maxi Arecco, uno de los trabajadores despedidos, relató que “todavía la empresa no nos dejó entrar, dice que la conciliación le faltan algunos aspectos formales y legales. No está diciendo que no la reconoce, pero que tiene todavía argumentos legales para plantear y no dejarnos entrar. El tema es que el Ministerio de Trabajo de Provincia actuó de oficio, teniendo en cuenta que ya el expediente de Nación se había cerrado y pidió por 15 días hábiles que nos reincorpore para mantener la paz social. Así que ahora, como no nos están dejando entrar, vamos a hacer la denuncia del Ministerio de Trabajo y a ver cómo sigue.”
Despidos en Vacunación
Por Rosa D’Alesio
El sistema de salud pública enfrenta nuevos ataques del gobierno de Javier Milei, incluyendo despidos y desmantelamientos en el Ministerio de Salud. Las áreas más afectadas son la Dirección de Vacunación, con un 30% de despidos, y la Dirección de VIH, con un 40%. Trabajadores y profesionales responden en las calles ante los ataques del ministro de Salud, Mario Lugones, y del gobierno nacional.
El desmantelamiento de la Dirección de Vacunación ataca funciones esenciales para la salud pública, como la generación de recomendaciones de vacunas, el control de brotes y el monitoreo de estrategias nacionales de salud pública, y es la primera línea de defensa contra epidemias, enfermedades prevenibles y emergencias sanitarias. Dejar estas áreas sin personal especializado, además de ser un ataque a los derechos laborales, es un ataque a los sectores populares, quienes dependen del sistema público. La salud no puede ser un privilegio, y su mercantilización (implícita en estos recortes) profundiza las desigualdades.
Los despidos de trabajadores y profesionales en estas áreas equivalen a no poder cumplir con las recomendaciones científicas, como la vigilancia de sarampión, rubéola y rubéola congénita. María Victoria Juárez, quien hasta hace una semana coordinaba la compra y distribución de vacunas a nivel nacional desde la Dirección de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles (DiCEI) -uno de los sectores más golpeados por los recortes en el Ministerio de Salud-, advierte que estas decisiones comprometen la capacidad del sistema sanitario para garantizar el acceso a la salud pública. “Hay lugares esenciales que se vieron afectados y no hay un plan B. Hay un discurso de reestructuración que en lo único en que se vio concretado es en despidos, pero no en cambios de formas de hacer las cosas. Entonces, lo más importante es el mensaje que se le da a la sociedad, del achicamiento de lugares que ya no poníamos en discusión”.
La situación empeora aún más con la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis Virales y Tuberculosis (DRVIHVyT), que ha sufrido una reducción de más del 40 % de su personal. Esta dirección es responsable de estrategias nacionales para prevenir y controlar enfermedades como el VIH, las infecciones de transmisión sexual (ITS), la hepatitis viral y la tuberculosis, entre otras. Los despidos de médicos y especialistas con más de 20 años de experiencia, como la única hepatóloga y neumóloga en el equipo, sumado al agotamiento de medicamentos esenciales, ponen en peligro el control de estas epidemias. Durante 2024, la distribución de medicamentos y pruebas de diagnóstico, como las cargas virales y las serologías para detectar VIH e ITS, se redujo, afectando el tratamiento de miles de personas y exponiéndolas a riesgos mayores. Desde el Frente VIH, Hepatitis y Tuberculosis denunciaron que los trabajadores despedidos son “profesionales que desde hace años aportan su experiencia y dedicación para la respuesta sostenida a estas pandemias”. Éstos se suman a 1.400 despidos que implica el desguace del Ministerio de Salud y de la Salud Pública en consecuencia.
La situación se agrava con el desabastecimiento de medicamentos para enfermedades oportunistas, lo que resulta en una crisis de salud pública. La distribución de conservantes y geles lubricantes, fundamentales para prevenir la transmisión de ITS, también ha sido insuficiente, con apenas el 5,3 % de los proyectados para 2024 distribuidos hasta la fecha. Este déficit se correlaciona directamente con un aumento sostenido de casos de sífilis, que ahora afecta también a niños, con más de 1.290 casos reportados de sífilis congénita en 2023, un número que se considera solo la “punta del iceberg”.
Además, el programa Remediar, encargado de proveer botiquines de medicamentos a los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) de todo el país, también enfrenta una crisis. El desmantelamiento de este programa, sumado a los despidos y la falta de una estrategia de compras, pone en riesgo a 17 millones de usuarios y amenaza con dejar sin suministros a más de 7.800 CAPS en todo el territorio nacional. Las consecuencias de esta desorganización afectarán también áreas críticas como el control del VIH y las estrategias de salud sexual y reproductiva.
La preocupación de los especialistas es clara: el desmantelamiento del sistema de salud y la falta de personal capacitado afectarán gravemente a las poblaciones más vulnerables, aumentando la desigualdad en el acceso a la salud y las probabilidades de mortalidad.
Las y los trabajadores de la salud enfrentan un desafío gigantesco: defender sus puestos de trabajo y la integridad del sistema de salud pública para garantizar que toda la población pueda seguir accediendo a una atención médica de calidad.
Un ataque a la salud de las mayorías
Los recientes despidos de profesionales y trabajadores de la salud pública no son solo un ataque a los derechos laborales, sino a toda la población que no tiene otro recurso que el de atenderse en el sistema de salud pública. Denunciamos estas medidas como parte de un ajuste neoliberal que prioriza el ajuste fiscal sobre la vida de las mayorías.
La eliminación de puestos clave en áreas de vacunación, donde se requieren especialistas formados, expone una irresponsabilidad criminal en un contexto donde la prevención de enfermedades y el acceso a la salud pública siguen siendo urgentes.
Estos nuevos despidos son una ofensiva contra la clase trabajadora y los profesionales de la salud, que hace décadas vienen sufriendo la precarización laboral en el sector público.
La salud es un derecho, no un negocio
Desde el gobierno sostienen una política de ajuste en el Estado. Bajo esta premisa, se ha congelado el presupuesto destinado a salud, se han presentado amenazas de cierre o “reestructuración” de hospitales nacionales, como el Hospital Nacional en Red Lic. Laura Bonaparte, donde se eliminaron más de 200 puestos de trabajo. Paralelamente, se han promovido intentos de mercantilizar y vaciar el Hospital Garrahan. A esto se suman los cientos de despidos en el Hospital Posadas, que afectaron a empleados de diversas áreas, y el recorte en la entrega de medicamentos a jubilados a través del PAMI, restringiendo su acceso a tratamientos esenciales.
Estos ataques del gobierno al sistema de salud pública, y a pesar de las direcciones sindicales que no llaman a unificar a todos los sectores en lucha, fueron respondidos con importantes movilizaciones de las y los trabajadores del sector, así como las y los jubilados, que han sido protagonistas de una lucha constante por una atención médica de calidad.
Un ejemplo claro de ello fue la victoria en octubre del 2024, en la lucha por el no cierre del Hospital Bonaparte, una conquista de quienes defienden la salud pública como un derecho. La resistencia de los trabajadores del Hospital Bonaparte trasciende la defensa de sus puestos laborales: se ha convertido en un símbolo de la lucha por la salud pública y los derechos de los sectores más vulnerables. En un contexto marcado por políticas de ajuste y desmantelamiento de servicios esenciales, se destacan por el poder de la organización y la solidaridad con otros sectores. Es así como fueron parte de la movilización del 1° de febrero, donde fueron parte de cabecera de la marcha junto a los colectivos del colectivo LGTBIQ+ que denunció los discursos de odio de Javier Milei en Davos, así como los del conjunto de su gobierno. La marcha mostró que las luchas por los derechos laborales y sociales están profundamente conectadas con las demandas democráticas, como el derecho de las disidencias sexuales.
La lucha por la defensa de un sistema de salud pública gratuito, accesible y de calidad sigue siendo imprescindible para la mayoría de la población.
Convocan a reunión abierta el lunes 10 contra los despidos discriminatorios en Shell
Reproducimos a continuación el comunicado de los trabajadores de Shell:
Despidos en Shell Avellaneda: reunión abierta en Plaza Alsina este lunes
Avellaneda, 7/2/2025
Este lunes 10 de febrero los trabajadores despedidos de Shell realizarán una reunión abierta en Plaza Alsina desde las 17:30. Convocan a vecinos, asambleas barriales, centros de estudiantes, ambientalistas, artistas, intelectuales, jubilados, trabajadores, organizaciones sociales, de derechos humanos y políticas a seguir acompañándolos en esta lucha contra los despidos en la refinería ubicada en la zona de Dock Sud.
La multinacional Shell realizó despidos discriminatorios e ilegales a trabajadores que defendían sus derechos laborales y peleaban por mejorar las condiciones socioambientales de los vecinos de la zona, incluyendo a brigadistas que actuaban en incidentes peligrosos dentro de la planta.
Sectores como ATE, CTA Autónoma y CTA de los Trabajadores -entre otras organizaciones sindicales-, además de personalidades de la cultura, los derechos humanos y otros sectores de trabajadores vienen acompañando a los despedidos en distintas instancias, como parte de un amplio arco de apoyo que los llevó a sumarse también a las convocatorias de los trabajadores del Hospital Bonaparte, a la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista LGTBIQNB+, y a hacer un recorrido difundiendo su lucha y buscando solidaridad por Santa Fe en gremios como la UOM de Villa Constitución, el Sindicato de Jaboneros de Rosario y AMSAFE Rosario.
Digamos NO a los despidos discriminatorios
Por Edgardo Moyano
Envalentonadas por el ajuste del gobierno, las patronales aprovechan las reformas laborales inconstitucionales del gobierno para atacar a quienes defienden los derechos de sus compañeros. Pero también hay resistencias. Apoyemos las luchas e impulsemos una gran campaña por la reincorporación y la anulación de esas leyes.
Las grandes multinacionales arrancan el 2025 encabezando el listado de empresas que despiden discriminatoriamente, amparándose en la nueva “Ley Bases” que es una herramienta que les dio el gobierno para intentar validar los despidos por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología, opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o caracteres físicos con la sola sanción de pagar una indemnización agravada.
Según el nuevo artículo 245 bis de la ley de Contrato de Trabajo, el trabajador discriminado sólo tendrá derecho a que se le pague un aumento de la indemnización del 50% de lo que le corresponde por despido. Pero “el despido dispuesto, en todos los casos, producirá la extinción definitiva del vínculo laboral a todos los efectos”. O sea, el despido discriminatorio tendrá validez.
Este nuevo artículo de la ley de Contrato de Trabajo establece una grave discriminación a los trabajadores despojándolos de uno de los derechos humanos más elementales, el derecho a la igualdad, al quitarles la protección que la ley antidiscriminatoria establece para todas las personas: el derecho de la víctima a que cese la discriminación.
Pensemos un ejemplo: una empresa decide que no quiere ver más personas de una determinada religión en sus locales (o cualquier otro motivo como raza, religión, nacionalidad o caracteres físicos) y coloca un cartel que prohíbe el ingreso a estas personas al local; además despide a los empleados de su empresa por ese motivo. Los clientes tendrán derecho a acudir a un juez para que haga cesar el acto discriminatorio y retrotraiga la situación al momento anterior a esa prohibición ordenando al empresario permitirle el ingreso al local y pagarles una indemnización aplicándose la ley antidiscriminatoria 23.593. Mientras que los trabajadores despedidos no podrán reclamar que se deje sin efecto el despido discriminatorio, retrotrayéndose la situación al momento anterior al despido y que se los reincorpore en su trabajo. Sólo tendrán derecho a que se les pague un 50% más de indemnización.
Una verdadera afrenta al derecho constitucional a la igualdad impuesto con la corrupta Ley Bases y el escándalo del Senador Kueider.
Pero esto recién empieza. No está definido que una legislación que además de corrupta es inconstitucional pueda quedar firme e imponerse en la realidad, sobre todo si luchamos por la defensa de cada despedido y despedida y hacemos una gran campaña para anularla.
Las multinacionales vuelven a discriminar
Desde que se aprobó la ley ya tenemos varios casos. De ataques, pero dónde ya se organiza la respuesta. Unos de los primeros despedidos “sin causa” fueron los de los exdelegados gremiales Javier Aparicio y Alfredo Vera de la transnacional alemana Volkswagen. Los trabajadores despedidos realizaron actos de reclamo en la puerta de la Planta Pacheco en común con organizaciones obreras, estudiantiles, sociales, políticas y culturales. La empresa recibió un primer revés judicial cuando el Juzgado Nº 70 ordenó reinstalar a Javier Aparicio en su puesto de trabajo, aunque hasta el momento no lo ha cumplido.
Luego siguieron diez despidos trabajadores de Linde Praxair Pacheco incluyendo a los referentes de oposición, entre ellos Maximiliano Areco, uno de los trabajadores que fue despedido y reincorporado por la justicia laboral al declarar su despido nulo por discriminatorio. Ante el ataque, todos los obreros se declararon en “asamblea permanente” y paros que lograron la solidaridad de otras plantas logrando diez reinstalaciones, pero la empresa insiste con aplicar despidos.
Durante el mes de enero en receso de la actividad por la feria judicial, la transnacional Pilkington Automotive habría dejado un listado en portería de 12 trabajadores/as impidiendo su ingreso al regreso de sus vacaciones, notificando el despido a algunos de ellos. Uno de los de la “lista negra” es Rubén Farías, que había sido despedido por la empresa y en el año 2018 la justicia declaró nulo el despido por considerarlo discriminatorio y ordenó su reincorporación. La empresa aceptó reinstalarlo, pero le dio tareas en otro puesto fuera de la planta industrial. Con la nueva ley, la empresa querrá despedirlo “sin causa” con la esperanza de que un reclamo judicial de reinstalación no sea favorable al trabajador. Esta avanzada de Pilkington se suma a su negativa a cumplir la sentencia de la Cámara Laboral que la obliga a reincorporar al trabajador Jorge González, también despedido discriminatoriamente y del que se realizan actos en la puerta de la Planta de reclamo por su reincorporación y contra los despidos.
Ahora también se sumó la transnacional Shell, que acaba de despedir con el artículo 245, “sin causa”, a seis referentes de los trabajadores, tres de ellos ya habían sido echados en el año 2014, a los que la justicia laboral ordenó su reincorporación por haber sido despedidos discriminatoriamente. Está claro: Shell ataca a quienes defienden los derechos laborales, a los usuarios de las grandes empresas de servicios y apoyan a vecinos contra la contaminación ambiental. Entre los despedidos dos integran la gremial Naranja y dos integran la Lista gremial Rosa.
El objetivo está claro: las empresas utilizan este “beneficio” inconstitucional que les otorgó el gobierno de Milei para avanzar con los despidos de los referentes para luego imponer a todo el plantel los planes de mayor productividad y ritmos de trabajo con menor “costo” laboral. Es una forma de disciplinar a quienes quieren organizarse contra “el plan de ajuste más grande de la historia”, como dice Milei. De que no surjan reclamos encabezados por trabajadores de base, honestos, que defiendan los derechos obreros que no defienden las conducciones sindicales. Por eso la CGT dejó pasar el artículo y no está haciendo nada contra estos ataques.
Pero también está claro que ante estos intentos de dejar en la calle a quienes están del lado de sus compañeros y no de los empresarios, se empieza a dar pelea desde los sectores antiburocráticos. Así lo demuestran Volkswagen, Praxair, Pilkington y Shell, así como lo hicieron antes trabajadores y trabajadoras de la alimentación, subtes, neumáticos, comercio, aeronáuticos y de otras empresas. Lejos de engrandecer a nuestros enemigos, es importante ver esos ejemplos y cómo se pueden unir a quienes están siendo parte de la resistencia al plan de guerra de Milei, como vimos en docentes, estatales, los sitios de la memoria, hospitales, aceiteros, Aerolíneas, choferes, azucareros y muchos más.
Durante enero la Sala de Feria de la Cámara del Trabajo le ordenó a la empresa FADEMI S.A reincorporar a los 25 trabajadores despedidos como represalia por haber participado de una huelga convocada por el Sindicato de Industrias Químicas y Petroquímicas de Zárate (SPIQyP), fallo que se suma al dictado por la misma Cámara el 14 de enero cuando, ante la amenaza de más de tres mil despidos en la AFIP y la ADUANA, otorgó una medida cautelar intimando al Gobierno de Javier Milei a que se abstengan de adoptar medidas que violenten la garantía de estabilidad de los trabajadores.
Hay que rodear de solidaridad a cada lucha de estos sectores atacados y cada trabajador y trabajadora discriminados, para que no queden en la calle. Con sus compañeros de trabajo, las organizaciones solidarias y reclamando a los gremios que no permitan estos ataques.
Una campaña contra este brutal avance en la discriminación
La vigencia del artículo 245 bis es un verdadero escándalo legal y democrático.
Destacados juristas, profesores de derecho, organismos de Derechos Humanos como Mario Elffman, Roberto Gargarella, Eduardo Tavani, Adolfo Matarrese, Matías Cremonte, Mariana Amartino, Mariana Katz, Maria Victoria Moyano Artigas, Alejandrina Barri, la Asociación de Abogados Laboralistas, entre otros, han comenzado a alzar su voz contra esta aberrante situación en nuestro país impulsando un petitorio que te invitamos a firmar en este link.
La pelea porque se declare la inconstitucionalidad del artículo 245 bis recién empieza y tiene muchas tareas por delante. Tenemos que difundir en todos los lugares de trabajo, en las universidades, asociaciones de abogados y organizaciones de todo el mundo, que estamos ante una avanzada antisindical, autoritaria y antidemocrática que retrocede 100 años y no se puede permitir.
Y tenemos que poner en pie una gran campaña, nacional e internacional, que le muestre al gobierno y las patronales que vamos a enfrentar esta avanzada discriminatoria hasta derrotarla. Una campaña que sume a todos los que creen en los derechos laborales, la igualdad ante la ley y los derechos humanos. Una campaña de pronunciamientos, de solidaridad, pero también de la más amplia movilización de trabajadores, estudiantes, asambleas populares, jubilados y todos y todas las que se vienen poniendo en pie contra Milei y los empresarios para tirar abajo el nefasto artículo 245 bis de la LCT y en perspectiva toda la ley Bases y los planes de ajuste del Gobierno de Milei.
Un molino despide y amenaza cerrar, pero tras el paro y piquetes dictan conciliación
En enero se abrió un nuevo conflicto en la zona de Bahía Blanca, tras el anuncio del cierre de Dass Coronel Suárez. Se trata del Molino Harinas Bajo Hondo, que fabrica distintos tipos de harinas bajo la marca La Rosaleña, además de abastecer a otras industrias. Comercializa en el mercado local y países limítrofes.
En los últimos días de diciembre había despedido a tres trabajadores, pero el 7 de enero se sumaron otros tres. El sindicato había pedido que sean suspensiones (art. 223) pero la empresa insistió con los despidos y además anunció que en marzo cerraría la planta.
La bronca obrera llevó a una medida de fuerza anunciada por la Unión Molinera: 96 horas de paro. La medida comenzó con piquetes en los portones del molino. Tuvo que intervenir el Ministerio de Trabajo bonaerense que dictó la conciliación, que implicaría el reingreso de los despedidos mientras dure esta.
El conflicto se enmarcó en un enero que comenzó con varios ataques empresarios pero también respuestas obreras. Entre otros, cumplió un mes la toma del frigorífico Las Heras, en la misma región. Pero también hubo medidas de fuerza en otras agroindustrias, como Euro (Gálvez) y Lipo (Lanús). Dánica anunció su cierre definitivo en Lavallol (luego revertido, pero con la mayoría de los trabajadores despedidos). Además, hubo una “retención de tareas” en las líneas de la Ideal San Justo por salarios atrasados.
Ocupación del frigorífico Las Heras
El conflicto comenzó a mediados de año, con atrasos en los pagos y otros ataques de parte de la empresa. Los obreros de la carne hicieron medidas que fuerza que incluyeron piquetes en la puerta. Sin embargo, a principios de diciembre el empresario Martínez anunció el cese de la producción. Ofreció pagarles las deudas con carne.
Desde ese momento decidieron ocupar la planta, en la localidad de General Las Heras, para cuidar las fuentes de trabajo y evitar el desmantelamiento. Hacen guardias en base a sus turnos laborales.
Martínez no apareció nunca más. Los trabajadores le pidieron a uno de los sindicatos de la carne que encabece el reclamo. El secretario general de la “Federación” contó que “hicimos los reclamos en el ministerio de Trabajo, golpeamos todas las puertas, pero desgraciadamente nadie nos escuchó”.
En efecto, los funcionarios de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires no han acercado ninguna solución.
Se han realizado reuniones de solidaridad, donde participaron vecinos y otros gremios de la zona, como SUTEBA.
Despidos por wasap en un frigorífico de General Gálvez
A unos 60 empleados de la tripería Euro SA de Villa Gobernador Gálvez les impidieron el ingreso a sus puestos de trabajo porque habían sido despedidos.
Al enterarse de la situación, se manifestaron con quema de tarimas en la puerta de la empresa, ubicada en San Diego al 1900, esquina con Buenos Aires.
Los reclamos son para exigir una respuesta de la firma, la cual no les informó con anticipación y a algunos de los empleados, según contaron, los convocaron por mensaje de wasap para acordar su retiro durante las vacaciones o licencia.
También denunciaron que trabajan en condiciones insalubres.
Puerto Rawson: “Nos quedamos acá hasta que sean reincorporados nuestros compañeros de trabajo”
La Navidad y el Año Nuevo llegaron con despidos para las y los trabajadores de la planta procesadora de pescado Puerto Rawson. El 24 de diciembre llegaron los 3 primeros despidos y el 31 de diciembre los 8 restantes, todos con un elemento en común, causas inventadas por la patronal para despedir sin indemnización a las y los trabajadores efectivos que tienen entre 10 y 25 años en la planta.
El accionista mayoritario de Puerto Rawson, Héctor Motrico, utilizó el mismo argumento que utiliza toda la patronal de la industria de la pesca contra los trabajadores y sus sindicatos “que por culpa de los trabajadores se echó a perder el pescado”. El verdadero objetivo de la patronal es cambiar la modalidad de los trabajadores, echando a los efectivos y contratar trabajadores en negro o de cooperativas, sin derechos laborales, más precarizados y con bajos salarios.
Este ataque patronal se da en medio de la zafra 2024/2025 de langostinos en Chubut que marca un hito con capturas excepcionales, con las casi 50.000 toneladas capturadas desde el 1° de noviembre.
Valeria, trabajadora de la planta desde hace más de 20 años y delegada nos cuenta que “Somos 62 personas de hace más de 20 años que trabajamos la pesca. Estamos acá en modo de protesta porque fueron despedidos 11 compañeros sin causa, causas inventadas por la patronal. Por ejemplo, ponen como causal de despido en el telegrama por decomisar una mercadería que nunca, nunca se echó a perder por los compañeros”.
Y agrega: “Todo el año tuvimos conflictos con la empresa por falta de pago. Ellos no nos pagaban con la nueva escala salarial. Fue todo el año de audiencias, todo el año estuvimos en la subsecretaría de Audiencias hasta que llegamos a un acuerdo, nos debían casi 2 millones de pesos, llegamos a un acuerdo con ellos en el mes de noviembre, por un millón les aceptamos eso y en dos cuotas que nos pagaran para volver a trabajar porque estamos en plena temporada. Así que arrancamos a trabajar y ellos se atrasan con el pago de las quincenas, se atrasaron con el aguinaldo, se atrasaron con el bono y entre los compañeros dijimos que no le vamos a permitir más nada así que tomamos una medida y nos quedamos en el comedor para que aparezca la plata y nos depositen”.
Sobre los despidos, Valeria, nos cuenta que: “ahora nos culpan de 400 kilos que se le echaron a perder, cosa que no fue así. Los compañeros fueron despedidos el día 23, el día 24 les llegaron los telegramas de despido y la mercadería se tiró recién el día 28. Ellos no tienen certificado de SENASA, no tienen nada qué constante que vino SENASA acá para decomisar esa mercadería, nada. Todo lo que le pusieron en los telegramas a mis compañeros son todas mentiras, todas causas inventadas por ellos”.
“Así que, nada, ahora nos vamos a quedar acá hasta el día lunes, que tenemos audiencia a las 10 de la mañana en la subsecretaría de trabajo. Nos quedamos acá hasta que sean reincorporados nuestros compañeros de trabajo. Nos dijeron que van a seguir llegando más telegramas así que, bueno, estamos esperando. Pero bueno, siempre con la idea de que sean reintegrados nuestros compañeros Y en la lucha, en la lucha que todo este año tuvimos lucha con ellos”.
El Gobierno eliminó 3.666 empleos de Ciencia y Tecnología en 2024
En 2024, el gobierno nacional eliminó 3.666 empleos del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCTI). Se trata de investigadores, becarios y docentes pertenecientes a organismos, universidades nacionales, instituciones y empresas del estado, que son las que motorizan la mayor parte de la actividad del sector en la Argentina. La información surge del último Informe de Evolución de Empleo y Recursos Humanos del SNCTI, elaborado por el Grupo EPC-CIICTI.
Del total de empleos perdidos, el CONICET disminuyó en 1.314 puestos de trabajo, lo que representa algo más de un tercio del total. De ese número, 649 son becas y 665 son cargos de personal bajo convenio, administrativos e investigadores de carrera.
A su vez, si bien los demás organismos no perdieron tantos trabajadores como el CONICET, en el informe del Grupo EPC-CIICTI se destacó la destrucción de 705 puestos en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la acelerada reducción en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en el último bimestre de 2024, con 360 bajas.
El informe del Grupo Economía, Política y Ciencia del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación: https://ciicti.org/gobierno-destruyo-3666-empleos-ciencia-tecnologia-2024/
La secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología también sufrió una importante reorganización, que incluyó más de 219 bajas en relación a su planta funcional equivalente del ex MINCyT Central de 2023. En paralelo, la Agencia I+D+i redujo un tercio de su planta de personal.
Este proceso en el sector de Ciencia y Tecnología se da en un contexto de fuerte reducción del empleo público nacional. En 13 meses, el gobierno de Milei destruyó 41.038 puestos de trabajo de la Administración Pública Nacional, lo que equivale a un 12% del total.
54.000 despidos en 2024 en la provincia de Buenos Aires
La situación laboral en la Provincia de Buenos Aires es cada vez más crítica. El ministro de economía bonaerense, Pablo López, señaló que en el último año se perdieron en la Provincia 54.000 empleos registrados en el sector privado, de los 130.000 puestos de trabajo destruidos a nivel nacional.
Este dato se suma a las conclusiones del informe que a fin de año presentó el ministerio de Producción bonaerense, sobre la situación económica de 75 municipios y basado en datos de 885 empresas encuestadas. Allí se da cuenta de las estrategias implementadas por estas empresas para descargar la recesión económica sobre las y los empleados. Según el relevamiento, las medidas más comunes adoptadas por las empresas durante el último año incluyen despidos, reducción de turnos laborales y suspensiones de personal.
Entre los sectores más golpeados en la Provincia por la caída de la actividad económica se encuentran el metalúrgico, automotriz, químico y alimenticio. El informe revela que en 2024 el 40,5% de las empresas encuestadas realizaron despidos como una medida para afrontar las dificultades económicas, mientras que un 27,8% cerró sus puertas de manera definitiva.
Entre los casos significativos se encuentran la planta de Natura (Avon) en San Fernando que cerró sus puertas, dejando a 293 empleados sin trabajo; en Zárate, la empresa CAREM, vinculada al sector de electricidad, gas y agua, que despidió a 260 trabajadores. Asimismo, la planta avícola ex Cresta Roja en Esteban Echeverría cesó sus actividades, afectando a 200 familias que dependían de esos empleos. Y recientemente los 360 despidos en la fábrica de calzados del grupo Dass en Coronel Suárez y el cierre de la alimenticia Dánica en Lavallol, dejando a 150 trabajadores y sus familias en la calle.
Estos despidos y cierres de plantas no solo representan un golpe para las familias trabajadoras afectadas, sino que evidencian también un modelo económico donde los dueños de las empresas priorizan el ajuste y profundizan la precarización laboral ya existente, siendo las y los trabajadores quienes pagan el mayor costo de la crisis.
El gobierno de Kicillof reconoce la crisis de empleo que atraviesa la Provincia y denuncia como responsable de la misma al presidente Milei y sus medidas económicas, pero no ha tomado hasta ahora ninguna medida para frenar los despidos que ya dejaron a miles de familias bonaerenses sin sustento.
Importaciones Siderúrgicas: seccionales de la UOM en alerta
Directivos de la seccional San Nicolás de la UOM expresaron públicamente su preocupación ante el anuncio de la empresa de avanzar con despidos en el primer trimestre de 2025. También, la seccional metalúrgica de Villa Constitución realizó una medida de visibilización en las cercanías de la planta de Acindar. Distribuyeron volantes denunciando el estancamiento en las negociaciones salariales y los peligros que entraña “la apertura indiscriminada de importaciones”.
Paralelamente, trabajadores de la planta de tubos con costura Tenaris SIAT Valentín Alsina difundieron el comunicado que reproducimos a continuación:
“Compañeros y compañeras
Así como los trabajadores siderúrgicos están denunciando el ingreso de chapa importada, algo que afecta directamente el trabajo de cada familia metalúrgica en Argentina y que somos solidarios con ese reclamo.
También existe la posibilidad del ingreso de tubería importada. Y realmente sería un gran riesgo para la fuente de trabajo de nuestras familias Y lo tenemos que alertar, debemos estar atentos y ya se lo planteamos a la empresa que si tenemos que salir a defender nuestra fuente de trabajo lo vamos a hacer. No es la primera vez que los trabajadores y trabajadoras salimos a la calle a defender nuestros derechos
El derecho al trabajo es el derecho a la vida. Preparémonos compañeros y compañeras porque lamentablemente nada está asegurado en este tiempo que nos toca vivir, confiemos en nuestras fuerzas para dar la lucha en unidad por cada familia.
Luchamos por nuestra fuente de trabajo
¡¡¡¡¡Unidad para Luchar!!!!!
COMISIÓN INTERNA Y CUERPO DE DELEGADOS UOM En la fábrica Tenaris Siat de Valentín Alsina UOM seccional Avellaneda”
La motosierra ya tala al empleo privado
Por Luciano Couso
Desde que Javier Milei asumió la presidencia de la Nación hasta julio pasado se destruyeron 146.465 empleos en el sector privado y 41.260 puestos de trabajo en el público, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (Cepa), lo que revela que la recesión anudada a la política de déficit cero produjo peores efectos de la “motosierra” sobre el Estado. Santa Fe es una de las provincias que se encuentra en el medio de la pirámide, con aquellas que sufrieron caídas de hasta el 5%. “Siempre nosotros contábamos con unos 40 o 42.000 trabajadores en actividad. Hoy tenemos 34.000, perdimos unos 8.000 desde que asumió Milei”, dijo el secretario general de la Uocra Rosario, Sixto Irrazabal.
Antonio Donello, titular de la UOM local, consignó que perdió “cerca de mil” trabajadores en Rosario y la zona, entre retiros voluntarios, despidos y contratos no renovados. El metalúrgico advirtió que lo peor está por venir, a partir de la reducción de aranceles a productos importados que se fabrican en el país y que afectará a la producción de lo que se conoce como línea blanca: lavarropas, heladeras, cocinas. “Es muy preocupante”, dijo.
Diez de cuatro
“Si analizamos la evolución del empleo en relación con los sectores de actividad, en el mes de julio de 2024, diez de los catorce sectores redujeron la cantidad de personas trabajadoras”, sostiene el informe del Cepa, elaborado en base a datos de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.
Como contracara, aunque sin revertir la tendencia, cuatro sectores sumaron más empleos que los que destruyeron. “Los únicos sectores que crecieron son: Pesca (+79), Comercio (+198), Electricidad, Gas y Agua (+278) y Enseñanza (+662), pero que no llegaron a compensar la pérdida en los otros rubros”, detalla.
La motosierra ya tala al empleo privado
Para agosto, “la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), que releva el nivel de empleo en unas 3.500 empresas en 12 aglomerados urbanos, estima que habrá una caída adicional de 0,1% (equivalente a 6.225 puestos de trabajo)”, señala el Cepa.
“El desastre”
En Rosario, la construcción sufrió la parálisis de la obra pública nacional, y se esperanza con las tareas que encara el gobierno provincial, en algunos casos de trabajos que debería realizar la administración federal.
“Antes de la llegada de Milei había unos 40.000 trabajadores, veníamos en bajada con el gobierno provincial de acá”, dijo Irrazabal sobre el panorama en la construcción a fines de 2023.
La decisión oficial de paralizar la obra pública golpeó al sector. “El desastre lo hace Nación, porque la provincia necesita terminar algunas obras”, dijo el titular de la Uocra rosarina.
El representante sindical explicó que “la provincia también está largando alguna obra importante, lo que no se está haciendo nada es a nivel nacional”.
“Quedaron parados los Procrear y otras obras importantes que hacía Nación”, recordó Irrazabal, que de todos modos es optimista con la reactivación que pueda haber en el sector a partir de tareas encargadas por el gobierno de Maximiliano Pullaro.
“Hay proyecciones de hacer algunas cosas, en rutas, bacheos y la tercera mano de la autopista Rosario-Santa Fe”, enumeró, para agregar las licitaciones anunciadas para el sistema sanitario a través de Aguas Santafesinas SA (Assa).
El secretario general de la seccional local de la Uocra precisó: “Siempre nosotros contábamos con unos 40 o 42.000 trabajadores, y hoy tenemos 34.000. Perdimos unos 8.000 desde que asumió Milei”.
Aclaró que “no sólo se perdieron los registrados, sino que se perdieron puestos en changas, arreglos particulares en viviendas, que generaba un 20% del total” del empleo que mueve la construcción.
En el sector privado, dijo, el trabajo “viene lento, porque se está construyendo, pero ellos necesitan vender para seguir” en obras. “Donde tendría que haber diez trabajadores, hay cinco”, dijo Irrazabal.
Sin protección
La industria, en general, es una de las actividades que más sufre la recesión auto inducida por el gobierno libertario como remedio para bajar la inflación, uno de sus principales contratos con el electorado.
“En Rosario habremos perdido cerca de mil compañeros”, dijo el secretario general de la UOM local, Antonio Donello.
El dirigente explicó: “De 17.000 que teníamos, habremos perdido 400 o 500 de contratos que no se renovaron, que son puestos de trabajo, porque venían de hace mucho tiempo”. También contabilizó en el sector metalúrgico del Gran Rosario unos “300 retiros voluntarios” que, dijo, “son despidos encubiertos”.
Donello señaló que las grandes empresas no han producido, todavía, despidos masivos. “Algunos achican de a dos o de tres”, sostuvo en relación a firmas pequeñas o medianas, que se desprenden de personal por goteo.
Además, el jefe de la UOM Rosario manifestó su preocupación por la reciente decisión oficial de quitarle aranceles a productos importados que también se fabrican en el país. “Estamos preocupados por la razón de que no estamos viendo del gobierno nacional protección a la industria nacional, nos hemos enterado que la Aduana sacó por resolución que quita aranceles a productos que hacemos en Argentina, de línea blanca”, dijo Donello. “Es muy preocupante -insistió-, no solo en Rosario sino a nivel nacional”.
El dirigente precisó que “no sólo en la UOM, también corren peligro los puestos de trabajo de muchos otros gremios: se liberan las cubiertas para auto, hay noventa y pico de productos a los que se les quitan los aranceles, y son productos que fabrican acá en Argentina”.
El titular de la UOM recordó que esas políticas aperturistas, sin protección de la producción local, ya se aplicaron durante el gobierno de Carlos Menem, con el costo social conocido. “En el último gobierno de Menem el dólar valía un peso, y llenar un changuito en el súper salía 200 pesos. Pero ¿quién tenía los 200 pesos para eso? Los que siempre tienen plata. Esta política para a servir para una minoría que es la que siempre gana”, cerró.
En el primer año de gestión de Javier Milei se perdieron 185.000 empleos formales
Durante el primer año de gestión del gobierno de Javier Milei, se perdieron 185.000 empleos formales y en once de los doce meses el segmento experimentó retrocesos o no creció. El mayor número de bajas se produjo en el empleo privado asalariado registrado con 119.000 puestos de trabajo menos, pasando de 3.685.000 a 3.266.000.
Según la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL), el empleo privado cayó 0,2% en diciembre con relación al mes anterior. El informe consigna que el sector solo creció levemente en la Industria manufacturera (0,1%), mientras que se estancó en Comercio, restaurantes y hoteles (0,0%), Transporte, Servicios financieros y Sociales que mostraron valores negativos (entre 0,0% y -0,5%8) y la Construcción cayó (1,9%).
Los subsidios por desempleo subieron un 60% en 2024
De acuerdo a los datos de la Seguridad Social publicados por ANSES, en 2024, 174.335 mil empleados registrados despedidos sin causa comenzaron a cobrar el seguro o la Prestación por Desempleo. Es un 60% más que las 108.942 de 2023, el doble de las 86.268 de 2022 y el más alto de la serie 2014/2024, de acuerdo a los datos de la Seguridad Social.
De las 174.335 altas, las más numerosas correspondieron a la construcción (54.046 trabajadores), la industria manufacturera (36.233), el comercio (28.790), las actividades administrativas (14.150), el servicio de transporte (7.158), los servicios de comida y alojamiento (6.493) y la salud y los servicios sociales (5.522).
Computando las bajas porque encontraron trabajo o porque este seguro es temporal, en diciembre último percibieron esta prestación 102.549 personas con un pago promedio de 214.822 pesos. De ese total, 75.066 eran varones y 27.483 mujeres.
Tienen derecho a esta prestación los despedidos sin justa causa, por finalización de contrato o por causas externas al trabajador que estuvo en relación de dependencia comprendido en la Ley 24.013 de Contrato de Trabajo.
Mientras cobran este seguro -de hasta 12 meses-, estas personas perciben también las asignaciones familiares y continúan con la cobertura de la obra social a la que están afiliados. Y los meses del cobro de la prestación se computa como antigüedad para la jubilación o pensión.
Un requisito importante es haber tenido al menos seis meses de trabajo con aportes en los últimos tres años anteriores al despido o finalización del contrato. En el caso del trabajador eventual y de temporada, el requisito es haber trabajado menos de 12 meses en los últimos tres años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.
El monto y la cantidad de cuotas (entre dos y 12) se calculan según los ingresos y meses trabajados (con aportes) durante los últimos 3 años. Las trabajadoras y trabajadores mayores de 45 años cobran durante seis meses más.
En 2023, el Consejo del Salario Mínimo dispuso que la prestación por desempleo debe ser equivalente al 75% de la mejor remuneración mensual, normal y habitual del trabajador en los seis meses anteriores al cese laboral que provocó el desempleo.
Pero la Resolución del Consejo aclaró que “en ningún caso la prestación mensual podrá ser inferior al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil vigente ni superior al 100%”.
Fuentes: La Izquierda Diario, Red Eco Alternativo, El Ciudadano, Página/12, ANRed, El Megáfono, InfoGremiales.