Estatales: el 23/4 jornada de protestas por nuevos despidos y salario por el piso
Por Mario Hernandez
La conducción de UPCN aceptó una suba salarial del 1,3% mensual. Ahora reclama reabrir la negociación por “el fuerte incremento del costo de vida” y “la profunda devaluación de la moneda nacional”.
Aunque el gremio recientemente firmó un acuerdo paritario con el Gobierno de un incremento salarial del 1,3% mensual para marzo, abril y mayo, más un bono de $45.000 a liquidar con los sueldos de mayo, cinco días después solicitó la reapertura de las negociaciones.
La razón principal de este cambio de postura es la aceleración de la inflación, que en marzo alcanzó el 3,7%, y la devaluación del peso, factores que han erosionado el poder adquisitivo de los trabajadores del Estado y que también golpea al sector de las y los trabajadores privados y con más dureza sobre los sectores informales que no tienen derechos.
El acuerdo firmado en disidencia por ATE, y aceptado por UPCN, queda por debajo de lo que fueron los registros inflacionarios, pegando un fuerte golpe a los bolsillos de los trabajadoresestatales a los que no les alcanza su salario para vivir.
Rodolfo Aguiar, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), expresó su rechazo al acuerdo, calificándolo como insuficiente y acusando al Gobierno de “destruir los salarios en el sector público”. ATE ha convocado a protestas y medidas de fuerza para esta semana.
Por su parte, desde UPCN expresaron que se requiere una revisión urgente de la política salarial vigente, solicitando formalmente al Gobierno “la inmediata reapertura de las negociaciones paritarias”.
La situación refleja un desajuste entre los acuerdos salariales firmados y la realidad económica del país, por eso otros gremios de peso también evalúan exigir la reapertura de sus paritarias, ya que los aumentos pactados quedaron por detrás del alza de precios registrada en marzo. A esto se suma la preocupación por las proyecciones de inflación que estiman consultoras privadas, que anticipan subas mensuales del 4% al 5% debido a la salida del cepo cambiario y la corrección del dólar oficial.
El impacto se extiende a sindicatos como Camioneros, que acordó una suba del 4,6% para marzo-abril, con apenas un 1,2% en el primer mes; Alimentación, que cerró por el 3,9%, con 1,9% en marzo; Comercio, con un 5,2%, pero sólo 1% para marzo; Construcción, con 7,4% y 1% inicial; UOM, con un 4,4% y 1% en marzo; y Sanidad, con una paritaria del 3,6% que incluye un 1,7% para el mismo mes.
Lo cierto es que, ante la continua pérdida del poder adquisitivo y acuerdos salariales que no alcanzan a cubrir ni siquiera la inflación mensual, se vuelve urgente la necesidad de organizar asambleas en los lugares de trabajo para discutir y decidir las acciones a seguir, así como la coordinación entre sindicatos, organizaciones sociales y políticas. Sólo con la movilización y la organización de los trabajadores será posible revertir esta situación y recuperar el salario real, que viene siendo castigado por políticas de ajuste, devaluación y una creciente precarización de las condiciones laborales. Hay que imponerle a la CGT la continuidad del paro nacional, mediante un plan de lucha que siga hasta derrotar el conjunto del ajuste en curso.
ATE: jornada de lucha y protestas el 23 de abril
“La nueva devaluación anunciada por el Gobierno ya tiene impacto real. Por estas horas se está llevando adelante una remarcación de precios generalizada que sin dudas afectará el poder adquisitivo de los ya deteriorados salarios y jubilaciones”, aseguró el dirigente estatal Rodolfo Aguiar. El viernes 11, cuando se difundió una inflación del 3,7%, el Gobierno ofreció un aumento del 1,3% para los meses de marzo, abril y mayo.
Luego de la paritaria rechazada y ante el anuncio de una nueva devaluación por parte del gobierno de ultraderecha de Javier Milei, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a una reunión de su secretariado ampliado para el martes 15, con el objetivo de evaluar las consecuencias en el sector público y analizar medidas de acción directa.
“La nueva devaluación anunciada por el Gobierno ya tiene impacto real. Por estas horas se está llevando adelante una remarcación de precios generalizada que sin dudas afectará el poder adquisitivo de los ya deteriorados salarios y jubilaciones. Lo que ocurrió en la última paritaria estatal es escandaloso. A la mañana firmaron el 1% y a la tarde la inflación fue del 4%”, apuntó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
“Hemos decidido convocar con urgencia a una reunión de conducción ampliada para definir con qué medida vamos a rechazar las negociaciones fraudulentas que se han venido llevando adelante en la Administración Pública con otro sindicato y la amenaza concreta del presidente por Cadena Nacional de seguir recortando sobre el Estado y acelerar el proceso de privatización de empresas públicas”, explicó el dirigente.
Al respecto de los últimos anuncios del Gobierno nacional, Aguiar señaló: “Ya nadie duda que este acuerdo con el FMI es más ajuste para los jubilados y menos derechos para los trabajadores. En los próximos días se va a acelerar la conflictividad. No podemos permitir que nos sigan empobreciendo”.
Es una vergüenza el ofrecimiento del Gobierno. 1,3% para los meses de marzo, abril y mayo, y un bono por única vez de $45.000.
Ese mismo día, el Gobierno anunció una serie de medidas económicas que implicarán una “flotación” del valor del dólar hasta $1.400, lo que en otras palabras significa una devaluación de la moneda argentina.
Ante esta situación, el sindicato analizó las repercusiones de esta medida que ya se empieza a ver en las remarcaciones de precios en supermercados y la repentina falta de stock de muchos productos en tiendas virtuales ante la incertidumbre generada, y anunció un nuevo plan de lucha que contempla una jornada de protestas el próximo 23 de abril en repudio por el deterioro salarial y el impacto de la devaluación. “No le podemos dar tregua a un Gobierno que está perdiendo el consenso social. El daño que nos causaron a los estatales es irreparable”, afirmó Rodolfo Aguiar.
Plan de despidos y vaciamiento en el Instituto Geográfico Nacional
Por Lucas Celasco y Cami Lali
El gobierno encabezado por Javier Milei y Federico Sturzenegger decide dar un paso más en su plan de ajuste, esta vez apuntando al Instituto Geográfico Nacional (IGN). La medida, que ha generado un fuerte repudio por parte de lxs trabajadorxs y sectores científicos, busca fusionar el IGN con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), una decisión que pone en riesgo múltiples servicios que dan lxs trabajadores del instituto a la sociedad. Como estudiantes del profesorado de Geografía, este conflicto nos interpela directamente. No es una cuestión lejana ni ajena a nuestra formación docente.
El gobierno de Javier Milei volvió a encender la polémica, esta vez con una decisión que pone en jaque a dos instituciones fundamentales para el conocimiento, la planificación territorial y la soberanía científica del país: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Geográfico Nacional (IGN). La propuesta de fusionarlos, impulsada por el ministro de Defensa, Luis Petri, con el respaldo del arquitecto de la desregulación, Federico Sturzenegger, aunque inicial aún, forma parte del plan más amplio de ajuste fiscal y achicamiento del Estado que se viene discutiendo desde que asumió el Gobierno y que tuvo una gran ofensiva desde la aprobación de la Ley Bases. La medida fue presentada como un paso hacia la eficiencia, pero la comunidad científica y los trabajadores de ambos organismos advierten que esta fusión no responde a ninguna necesidad técnica ni operativa, sino que se trata de un nuevo intento de vaciamiento, recorte presupuestario y pérdida de soberanía en áreas claves para el desarrollo del país.
Mientras desde el discurso oficial se habla de optimizar recursos, lo cierto es que el SMN y el IGN cumplen funciones distintas pero complementarias: uno produce información meteorológica y climática vital para alertas tempranas, agricultura, aviación y prevención de desastres; el otro, genera cartografía oficial, trabaja con geodesia y apoya la planificación urbana y rural. Una institución mira el cielo y la otra mira la tierra. Ambas instituciones ya cooperan de forma coordinada y son reconocidas internacionalmente por su labor. Desde adentro, especialistas aseguran que no hay superposición de funciones y que la única razón detrás de esta fusión es la búsqueda de recortes que inevitablemente traerán despidos y degradación en la calidad de los servicios. Lejos de ser una mejora, esta fusión amenaza con desmantelar dos pilares estratégicos para el país. Como estudiantes de Geografía y futuros docentes, utilizamos constantemente información proporcionada por estos organismos, por ello queremos abordar esta problemática en las aulas del profesorado.
Ataque a trabajadorxs y al futuro de la planificación territorial
Esta medida por parte del Gobierno Nacional pone en riesgo la fuente de trabajo e ingresos de cientos de trabajadores, algo gravísimo en un contexto donde cada vez cuesta más llegar a fin de mes. Lo que está en juego con esta fusión forzada es también la posibilidad de que no se siga produciendo conocimiento estratégico, público y soberano para cuidar a la población y planificar el territorio con seriedad. Porque tanto el Servicio Meteorológico Nacional como el Instituto Geográfico Nacional cumplen roles que no se ven todos los días en la tele, pero que están presentes cada vez que hay una tormenta, una evacuación por lluvias, un alerta temprana, una obra pública bien planificada, un mapa confiable, o una política para enfrentar los efectos del cambio climático.
El SMN produce pronósticos, alertas, imágenes de radar y de satélite que usan desde productores rurales hasta escuelas y gobiernos municipales. El IGN es el que nos dice cómo está formado nuestro país: desde los mapas escolares hasta los sistemas de información geográfica que usan los organismos de gestión ambiental, defensa civil o planificación urbana. ¿De verdad creen que juntar todo esto en un solo edificio va a “ahorrar plata”? ¿O será que están usando esa excusa para achicar, recortar y despedir sin importar las consecuencias?
Cada técnico que echan, cada radar que dejan sin mantenimiento, cada mapa que no se actualiza es una pérdida para todos. Lo vimos hace poco en carne propia: las inundaciones en Bahía Blanca, que dejaron 16 muertos, expusieron cómo la desinversión y la falta de planificación pueden tener consecuencias trágicas. O los incendios forestales en el sur, donde miles de hectáreas fueron arrasadas mientras el Estado llegaba tarde, sin recursos y sin un plan serio, y donde los dueños de las tierras, muchas veces empresarios extranjeros con vínculos con el poder siguen haciendo negocios sobre el desastre como Lewis o Benetton.
Porque no se trata solo de “eliminar estructuras”, se trata de vaciar y dejar sin trabajo a cientos de científicos y técnicos que pueden aportar a la mejor planificación territorial, de poner en peligro la vida de comunidades enteras ante fenómenos climáticos extremos, y de empujar aún más la lógica del mercado sobre lo que debería ser una política pública planificada y sostenida. Defender al SMN y al IGN es defender herramientas claves para una sociedad que quiera pensarse a futuro, desde abajo y por eso no podemos mirar para otro lado.
Una resistencia que crece
Frente a esta amenaza, la reacción no se hizo esperar. Los trabajadores del IGN, organizadxs en asambleas y respaldadxs por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), iniciaron un proceso de lucha que incluye difusión en medios, notas públicas y pronunciamientos institucionales. Incluso el propio presidente del IGN, Jorge Machuca, expresó su rechazo a la fusión, advirtiendo sobre los riesgos técnicos y políticos que implica esta medida. Pero más allá de las declaraciones oficiales, lo que destaca en esta coyuntura es la organización desde abajo: asambleas autoconvocadas, solidaridad entre trabajadores y una convicción firme de que esta pelea es por mucho más que una estructura administrativa.
Lxs trabajadores han señalado que, si bien ATE ha acompañado las denuncias, la magnitud del ataque exige una respuesta mucho más contundente. Por eso, desde los espacios autogestionados emerge una resistencia. Porque quienes están detrás de los informes meteorológicos, de los mapas topográficos y de los sistemas de información geográfica son científicos, técnicos y trabajadores del conocimiento que entienden que su tarea es vital para el bienestar colectivo.
Y a nosotros, como futuros profes de geografía ¿En qué nos afecta?
El IGN y el SMN son parte del corazón del conocimiento que estudiamos todos los días. Son quienes nos proveen de datos, mapas, modelos, información satelital, pronósticos y herramientas fundamentales para enseñar, investigar y entender el territorio. Si hoy están en peligro, también está en peligro nuestra posibilidad de tener una formación y de ejercer una docencia crítica, actualizada y comprometida con la realidad.
Más allá de las aulas, este es un llamado a involucrarnos, a cuestionar el modelo de país que se quiere imponer, donde el mercado se impone sobre la ciencia, el recorte sobre el desarrollo y la desregulación sobre la planificación. Este es el momento para levantar la voz, para debatir en nuestras cursadas, para llevar el tema a las prácticas, a las asambleas estudiantiles, a los centros de estudiantes y espacios de organización que haya. Porque defender al SMN y al IGN también es defender nuestro rol como educadores: educadores que entienden que el conocimiento no es neutral, que tiene un lugar en la disputa por el sentido común y que puede (y debe) ponerse al servicio de las necesidades de la clase trabajadora.
Lo que está pasando con el SMN y el IGN es parte del mismo ajuste que ya golpeó al CONICET, al INTI, a los sitios de Memoria, a la salud pública como el Hospital Garrahan o el Hospital Bonaparte y a miles de laburantes en el Estado. No es solo una fusión administrativa: es un intento más del gobierno de Milei de desmantelar lo público y entregar todo a los negocios privados. Pero este plan no avanza solo: también cuenta con el silencio o la tibieza de las conducciones sindicales, como la CGT, que frente a los despidos masivos apenas llaman a medidas aisladas, cuando lo que hace falta es un paro nacional y un plan de lucha serio y sostenido. Por eso, frente a los recortes y la entrega, la salida no va a venir de arriba. La clave está en la fuerza que podamos construir desde abajo, en cada asamblea, en cada lugar de estudio y de trabajo. Sebastián Zignego, presidente del Centro de estudiantes del Joaquín V. González por la 9 de Abril, nos dio su opinión: “Como presidencia del Centro de Estudiantes del Joaquín V. González, abrimos las puertas del Profesorado, nos ponemos a disposición de apoyar y solidarizarnos con la respuesta que decidan los trabajadores y la comunidad científica. Esperamos que sea el puntapié de posibles medidas coordinadas para defender los puestos de trabajo, resistir al intento de vaciamiento y organizarnos estudiantes y trabajadores.”
Esta nota es parte de comenzar a dar difusión en general y en particular a nuestra comunidad educativa de la situación. Solo con la organización vamos a frenar el ajuste de todos los gobiernos. Queremos pelear por una ciencia pública, al servicio del pueblo trabajador y no del mercado. Por eso, tanto los estudiantes del profesorado Joaquín V. González, y desde el centro de estudiantes, se ponen a disposición de la lucha de lxs trabajadores, ofreciendo sus espacios o tiempo para la intervención de lxs trabajadores dentro del profesorado.
Reestructuración del INTA: desmantelamiento, despidos y negocios para amigos
El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) votó el martes 15 la reestructuración del organismo con un plan de ajuste y vaciamiento. El plan prevé la venta de tierras pertenecientes que el INTA tiene en diversos puntos del país y el despido del 30% de una planta de 6.100 trabajadores. Los gremios del sector denuncian que es un paso clave en el desmantelamiento y en orientar al organismo hacia su privatización y beneficio de los sectores más concentrados del agro.
El INTA es un organismo público dedicado a la investigación, innovación y extensión del sector agropecuario, agroindustrial y forestal, lo que incluye un apoyo a las economía regionales y pequeños productores. Fue creado en el año 1956, dependiendo actualmente del ministerio de Economía de la Nación.
Mario Romero, secretario General de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (AINTA), afirmó sobre los recientes cambios: “Está pasando lo que estamos viviendo la mayoría de los trabajadores del Estado con el avance del gobierno de Milei para destruir los diferentes organismos del Estado. Atacan específicamente a la Ciencia y la Tecnología como ya se vio con el INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Ahora están avanzando sobre el INTA”.
Con la aprobación se modificó la estructura creando una Secretaría de Coordinación que suplanta las facultades del Director Nacional.
“Esto mismo que votaron lo veníamos resistiendo desde el año pasado. En febrero tuvimos un embate que pudimos frenar. Hoy el Gobierno nacional lo pudo hacer con la complicidad de los integrantes de la Mesa de Enlace que están sentados en el Consejo Directivo del INTA”, agregó.
“Virtualmente, han decidido intervenir el organismo para cambiar estructuras que lo que hacen es quitarle poder al Director Nacional que es un funcionario de línea del INTA y que concursa a su cargo, que debe presentar una propuesta y equipo de gestión. Concursos que son aprobados por el Consejo Directivo, pero que hoy directamente han decidido quedarse con la Dirección Nacional”, sumó.
“Se quedan con la Administración de Recursos Humanos para seguir ajustando sobre la planta de trabajadores y lo patrimonial. Ya vendieron un edificio (ubicado en Cerviño y Ortiz de Campo, Palermo) y quieren seguir vendiendo tierras”.
“Ese Consejo Directivo tiene tres integrantes del Poder Ejecutivo Nacional; el presidente, Nicolás Bronzovich; la vicepresidenta, María Beatriz Giraudo y un vocal por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, Carlos Vera. Tiene, además, representantes de la Sociedad Rural, de la Confederación Rurales Argentinas (CRA), de Coninagro y de Federación Agraria, y otros dos de las Facultades de Agronomía y Veterinaria”, detalló Romero.
Vale recordar que tanto Bronzovich como Giraudo son ex directivos de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (AAPRESID), como para tener en cuenta los intereses que representan. No hubo comunicación oficial por parte del INTA sobre la reestructuración ni de sus principales funcionarios.
“En esta votación por la reestructuración y en contra de los trabajadores votaron positivamente los representantes del Gobierno, toda la Mesa de Enlace, excepto Federación Agraria. Votó en contra el representante de la Facultad de Veterinaria y sospechosamente se ausentó el director por Agronomía (Jorge Dutto)”, narró.
“En ExpoAgro se reunieron las autoridades del INTA con la Mesa de Enlace y ahora se produce esta votación. Además, hablan de que no hay plata, por ejemplo, para extensión, pero el INTA acaba de gastar 129 millones de pesos en un stand para ExpoAgro que es un evento privado, 90 millones en el stand en la exposición de la Sociedad Rural el año pasado”, puntualizó Romero.
“Hablan del Estado, pero cuando se trata de beneficiar a amigos la plata sale fácil de la billetera. Contratan asesores con sueldos millonarios de los que a veces no se conocen las funciones. Vinieron a rapiñar el INTA, vinieron a llevarse cosas del Estado y orientarlo para su beneficio”, denunció el titular de APINTA.
“Con las actuales políticas abandonaron a los pequeños productores de las economías regionales. Están pensando un INTA solo para la Pampa Húmeda. Hoy cuenta con 6.100 trabajadores, lo quieren reducir a 4.500. Vienen por el cierre de 300 unidades de atención”, enfatizó Romero.
Ante esta situación, APINTA y ATE movilizarán el próximo jueves 24 de abril a las puertas de la sede central del INTA, ubicada en la Rivadavia 1439, CABA.
“Vamos a movilizar y presentar pedidos de informe en el Congreso Nacional y repudiando el achique que se está llevando a cabo. Defendemos a un organismo de ciencia y tecnología que es muy importante para nuestro país y que tiene reconocimiento internacional”.
ARCA (ExAFIP): nuevo paro de trabajadores aduaneros por recomposición salarial y contra los ataques del gobierno
Este mes se cumplen seis meses desde que Adorni anunciara intempestivamente la “eliminación” de AFIP y el despido de más de 3.000 trabajadores del organismo. Esto ocurría luego de casi un año de amenazas veladas por parte de funcionarios y comunicadores afines al gobierno de Milei, tanto en los medios como en las redes sociales, que fueron desestimadas por los representantes de los trabajadores. Un breve racconto sobre lo ocurrido desde 2024 en el organismo puede resumirse así:
*se desmanteló el área de Seguridad Social, que contribuía a controlar el trabajo en condiciones de esclavitud y no registrado.
*se dio por finalizado el contrato de decenas de trabajadores que cumplían funciones permanentes en el organismo y no circunstanciales, y que deberían haber pasado a planta permanente, como es habitual.
*las amenazas de Adorni motivaron la jubilación de miles de personas antes de lo planificado.
*más de 800 personas se acogieron a los retiros voluntarios “ofrecidos” por la patronal en medio de este clima de ataque, que sin embargo no bastó para que se cumpliera el plan proyectado de 1500 retiros. Esto sumó más vaciamiento aún a las dependencias.
*se mantuvieron planchados los salarios durante más de un año, realizándose asimismo una rebaja del “fondo de jerarquización” que en los hechos representa la mitad o más del salario de los trabajadores del organismo, y que se cobra en base a lo recaudado por la propia ARCA.
*se anunció una importantísima reestructuración que comenzó como mencionamos en Seguridad Social, siguió en algunas áreas centrales y hoy hace peligrar la posibilidad de dar una atención muy necesaria a los contribuyentes en decenas de localidades, con el cierre de distritos, agencias y receptorías de DGI, sin que la mayor parte de los trabajadores sepan aún cuál será su destino con estos cambios. Es un secreto a voces que la reestructuración del otro componente fuerte del organismo, la Aduana, tiene también pronta fecha de ejecución.
Desde el comienzo, trabajadoras y trabajadores del organismo expresaron su voluntad de resistir estos ataques, manifestándose entre algunos sectores la disconformidad por medidas que consideraban insuficientes por parte de los dos gremios que los representan, los ya mencionados Aefip y Supara. La contundencia de la adhesión al paro general del 10/4 respecto a otros similares, decidió al Supara a llamar al alrededor de 4.000 trabajadores de la Aduana de todo el país a parar con presencia en los lugares de trabajo el martes 15 y el miércoles 16 de 7:00 a 19:00, reiterando la medida a fin de mes. Se viene de paros escalonados y asambleas, donde ambos sindicatos llamaron a medidas por separado, que en general no coinciden en día u horario, algo que viene suscitando quejas en sectores de sus representados.
Por ahora es una incógnita si Aefip llamará a medidas de manera inmediata, a pesar del sostenido reclamo de que la Mesa Nacional dé verdadera jerarquía al reclamo contra el cierre de decenas de dependencias en todo el país, consigna ausente de los afiches que viene pegando en todo el AMBA y los edificios centrales, que concentran a miles de trabajadores. Estos cierres son materia de preocupación en localidades que se verán desprovistas de un servicio muy necesario, lo cual motivó la intervención incluso de muchos intendentes y los concejos deliberantes locales, que se manifestaron contra ellos.
“Nuestra democracia debe recuperar Télam”
El 14 de abril se cumplieron 80 años desde la fundación de la Agencia Télam y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) reclamó: “nuestro país necesita su Agencia de noticias y publicidad funcionando plenamente”.
En marzo de 2024, el gobierno de ultraderecha de Javier Milei anunció el cierre de la Agencia Télam y avanzó en una de las medidas de manual de todo régimen fascista: limitar y censurar la circulación de información veraz y chequeada, para poder imponer campañas de desinformación con mayor facilidad.
Luego de meses de lucha de las trabajadoras y los trabajadores de prensa, el 1° de julio de 2024 el Poder Ejecutivo emitió un decreto en el que dispuso la transformación del tipo societario de Télam a Sociedad Anónima Unipersonal. A partir de ese momento fue dividida en dos pedazos, Agencia de Publicidad del Estado y RTA Noticias, y continuó funcionando en sus dos sedes con la mayor parte del personal, básicamente todas las personas que no aceptaron entrar en el plan de retiro ofrecido por las autoridades.
El trabajo periodístico continúa, aunque reducido a su mínima expresión: alimenta a los medios públicos -que también sufren férrea censura y vaciamiento- y hace “clipping” para funcionarios, como si fuera una consultora más, pero con los fondos del Estado. Lo que ya no hace es emitir un solo cable al público.
El silenciamiento informativo concretado por el gobierno tiene, entonces, varios aspectos: se desvaneció de la percepción del público la cobertura informativa federal más importante que tenía el país. Ya no se conocen prácticamente, o llegan a cuentagotas, noticias del norte o del sur profundo.
También se debilitó de esta manera a una gran cantidad de medios regionales y portales de noticias medianos y pequeños, que tenían en Télam una de sus principales fuentes de contenidos. Este debilitamiento fue acompañado por la caída de la pauta oficial. Esos fondos ya no se distribuyen de forma pública y transparente y ahora Manuel Adorni, Santiago Caputo y otros funcionarios los redirigen de manera discrecional y corrupta a sus voceros favoritos: Luis Majul, Esteban Trebucq y otros operadores similares.
Pero además el ocultamiento tiene otro sentido: toda la historia de 79 años de cobertura de la Agencia, la más grande de Latinoamérica, fue censurada. Ya no hay acceso al archivo fotográfico, que incluye entre otros hechos destacados la cobertura del Juicio a las Juntas y el Archivo Histórico de Malvinas, por poner dos ejemplos.
“Por el derecho a la información, sostenemos el reclamo por la Agencia pública de noticias y publicidad”, señalaron desde el SiPreBA”, y agregaron: “La falta de Télam es menos información en los medios, menos pluralidad de voces, menos diversidad y menos soberanía. A 80 años de su creación nuestra democracia debe recuperar Télam”.
Contra los despidos persecutorios de más de 200 trabajadores/as en Cultura y Radio Nacional
En la previa del fin de semana largo de Pascuas, la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, y bajo la órbita del ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello, comunicó el despido de 208 trabajadores/as.
La medida ya había sido anticipada por el presidente Javier Milei el martes 25 de marzo por la tarde en el Foro de las Américas, donde había asegurado que desde su Gobierno iban a despedir a 70.000 trabajadores del Estado Nacional, aplicando políticas de ajuste, vaciamiento y desguace de organismos en todo el país.
La circular les llegó a los trabajadores y trabajadoras despedidas en la secretaría de Cultura.
«Una semana después de comunicar que no habría nuevos recortes de personal, la gestión del secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli, sorprendió al despedir a 10 trabajadores el pasado 31 de marzo, sin argumentos. La situación es más alarmante aún, ya que todos los afectados habían aprobado la evaluación pública correspondiente. Entre los casos más polémicos está el del fotógrafo Kaloian Santos Cabrera, quien trabajaba en la Secretaría desde hace 13 años. Reconocido por su calidad profesional y felicitado en diversas oportunidades por sus superiores, Kaloian fue despedido pese a no tener conflictos con la dirección de su área. Es importante destacar que, en su rol de fotoperiodista, proporcionó imágenes clave para identificar ante la Justicia al gendarme Guerrero, acusado de disparar gravemente contra Pablo Grillo durante una movilización en apoyo a los jubilados», denuncian.
En esa línea, recuerdan que «no son los primeros despidos persecutorios en la gestión de Cifelli en Cultura»: «en diciembre pasado, el funcionario también despidió al subcoordinador de sonido del ex CCK, por participar en una medida gremial, y a la coordinadora de redes sociales de la Secretaría, quien había rechazado confeccionar la lista de despidos de su área».
Asimismo, señalan que los despidos no sólo se dan en Cultura: «en la misma semana, Radio Nacional despidió a Natalia Maderna después de 17 años de trabajo en la emisora y siendo planta permanente. La echaron sin ningún motivo y le prohibieron el ingreso a la emisora».
Tras la intervención y radio abierta frente a Radio Nacional, en el marco de la previa del paro general convocado por la CGT para el jueves 10, concentraron a las 14:30 en Alsina 1169 para luego movilizar al Congreso Nacional y sumarse a una nueva marcha en apoyo a la lucha de las y los jubilados.
ATE denuncia despidos ideológicos
ATE denunció que «el Gobierno comenzó una segunda etapa de despidos», que «el recorte en el Estado pasó a otro nivel», y que «ahora son ideológicos», luego de que los despidos en Radio Nacional y Diputados TV, entre otros medios públicos.
«Se trata de cesantías por discriminación y las mismas se encuentran expresamente prohibidas por ley. Los despidos en Radio Nacional son claramente ideológicos. Se tratan de cesantías por discriminación y las mismas se encuentran expresamente prohibidas por ley. El Gobierno quiere convertir a los medios públicos en prensa de La Libertad Avanza», remarcó Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
En este marco, el sindicato comprobó «el despido de Kaloian Santos Cabrera, fotógrafo de la Secretaría de Cultura quien capturó en imagen al autor del disparo que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo durante la represión frente al Congreso».
Ante esta situación, Aguiar indicó: «está claro que en este caso se pretende atacar la fuente de empleo de quién obtuvo un testimonio importante para que se esclarezca el intento de asesinato a Pablo Grillo. El nivel de persecución es inédito. Resulta que pretenden echar a quien sacó la foto que permitió identificar al cabo primero que cometió delitos durante la represión, mientras que el gendarme está festejando».
El sindicato también denunció el despido de una periodista con años de trayectoria: «el Gobierno nacional despidió sin causa justa a la periodista de Radio Nacional Natalia Maderna, con 17 años de trayectoria en el medio, casualmente cuando la misma había comenzado un trabajo en un canal de televisión de la Provincia de Buenos Aires». Hecho que ATE considera una «clara persecución ideológica y discriminatoria». En este marco, Aguiar concluye: «arrasan con todos los derechos laborales, pero también con las garantías constitucionales. Y agregó: «En este momento, la convivencia pacífica está en riesgo en la Argentina».
La misma Natalia Maderna había anunciado el despido injustificado en sus redes sociales: «me despidieron de Radio Nacional Buenos Aires sin causa. Después de 17 años de trabajo en la emisora y siendo planta permanente, hoy cuando me dispongo a fichar en Maipú 555, la seguridad me informa que tengo prohibido el ingreso a la emisora. Rota al medio y sin explicación».
Por su parte, Carla Gaudensi, Secretaria General de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), repudió el despido y remarcó: «este hecho se enmarca en la censura y el vaciamiento de los medios públicos».
En tanto, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) informó que la asamblea de trabajadores/as de Radio Nacional exigió la «inmediata reincorporación» de Maderna y anunció que adhiere al paro general convocado para el jueves 10 de abril por la «recomposición salarial y en defensa de los medios públicos para la democracia».
Paró el Correo Argentino
La Federación de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECYT) comunicó que el Correo Argentino realizó un paro total de actividades durante la jornada del miércoles 9, ante las actuales condiciones laborales y a la falta de paritarias justas.
La medida se hizo extensiva al jueves 10, en adhesión al paro promovido por la Confederación General del Trabajo (CGT).
“Conforme la decisión unilateral de la Empresa de fijar un porcentaje de incremento arbitrario, el cual es absolutamente insuficiente dada la abrupta caída del poder adquisitivo real en los haberes, nuestra organización gremial ha dispuesto no suscribir el mismo. Consideramos inaceptable el método de reemplazo de paritarias libres por una disposición caprichosa y mezquina”, indicaron en un comunicado.
“La realidad marca que cerramos e 2024 con un 80% de devaluación de nuestro salario producto de la inflación acumulada, mientras que se nos ofrece un 2,7% siendo que se estima en 7% por la inflación del primer trimestre del presente año”, agregaron.
Protesta en el ministerio de Salud
En el marco del Día Mundial de la Salud, el Frente en Defensa de la Salud Pública y la Vida convocó para el lunes 7 de abril, desde las 13:00, a una concentración y radio abierta en las afueras del Ministerio de Salud, ubicado en Avenida 9 de Julio 1925 de la Ciudad de Buenos Aires, en repudio a los despidos masivos en las distintas dependencias estatales y al desguace de la salud pública de Argentina.
La medida también se da en rechazo a la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud.
La acción contó con el apoyo de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina (FESPROSA). Su Consejo Ejecutivo Nacional decidió además acompañar el paro de las centrales sindicales que se hizo el 10 de abril, en rechazo a las políticas económicas contra el salario y la libertad sindical, impulsadas por el gobierno nacional.
A trasvés de un comunicado, las entidades que integran el Frente expresaron: “Transformemos este 7 de abril ‘Día Mundial de la Salud’ en una nueva jornada de lucha, en defensa de la Salud Pública y la Vida. (…): Organizaciones de usuaries, científicxs, hospitales, sindicatos independientes y la comunidad”.
El Frente acusa al Gobierno de Javier Milei y al ministro de Salud, Mario Lugones, de impulsar políticas que, según denuncian, “destruyen el Sistema Público de Salud liquidando salarios y puestos de trabajo, desmantelan direcciones del Ministerio de Salud que articulaban programas de prevención y tratamiento de enfermedades” y “abandonan a usuaries que pelean por su vida, jubiladxs con medicamentos recortados, obligándolos a elegir entre comer o comprar remedios”.
Reclaman mejores condiciones laborales y salariales pediatras del hospital Castro Rendón
Julieta Katcoff
Profesionales del hospital de mayor complejidad de la provincia de Neuquén denunciaron la crítica situación que atraviesan por la falta de personal y salarios que no cubren la canasta familiar. Es urgente realizar unificar todas las demandas de los trabajadores y trabajadoras de salud, exigir partidas presupuestarias de emergencia y mesa salarial con todos los sindicatos.
Profesionales de los equipos de internación de pediatría, emergencias pediátricas, terapia intensiva pediátrica, cardiología infantil, cirugía cardiovascular infantil, cirugía infantil y neonatología expresaron su preocupación por la fuga de personal especializado hacia el sector privado. Denunciaron salarios que no cubren la canasta básica, aumento del trabajo extraordinario, agotamiento y dificultades para sostener equipos estables que garanticen la atención de niños, niñas y adolescentes.
“El principal reclamo es sobre el salario básico y el aumento del cobro de las guardias”, explicó Belén Ehlers, pediatra y jefa del Servicio de Urgencias y Emergencias Pediátricas. Y aseguró que los bajos salarios “generan poca atracción y la salida de los profesionales a otros centros, sobre todo del ámbito privado”.
Son trabajadoras de alto nivel profesional y especializaciones que ponen su trabajo y saber al servicio de sostener la salud pública, pero están agotadas de hacer trabajo extraordinario para cubrir la falta de personal y cobrar un poco más. “Ya no es suficiente solo quedarse en el sistema público por convicción, amor al hospital y deseo de complejidad si no se alcanza un sueldo que coincida con ese esfuerzo”, lamentó la pediatra.
“Hoy nos encontramos frustrados y desbordados”
Solo quienes realizan trabajo extraordinario logran una mejora salarial, aunque esa modalidad no resulta sostenible en el tiempo. Ehlers, contó que en su servicio cuentan con un equipo de once profesionales de diferentes especialidades y que para que su salario pueda cubrir los gastos propios y de su familia, realiza siete guardias al mes.
Así, los equipos se van desgranando. “Este déficit afecta directamente a la población infantojuvenil. Los profesionales se van del hospital en búsqueda de mejoras laborales y así una mejor calidad de vida. Un equipo con menos gente, y mismo o aún más trabajo, genera agotamiento, agobio y una nueva fuga”, expresó la profesional.
A través de un comunicado, las profesionales del hospital de mayor complejidad de la provincia expresaron: “Formarnos, capacitarnos y actualizarnos son condiciones esenciales en un hospital de referencia, pero se vuelven cada vez más difíciles. Muchos compañeros y compañeras han decidido emigrar en busca de mejores condiciones de trabajo y tememos que esta situación se profundice si no se toman medidas urgentes”.
Ehlers alertó sobre la realidad que se vive en los hospitales públicos en esta época del año: “En el invierno, naturalmente, la pediatría se prepara con planes de contingencia, refuerzos y adaptación de sus equipos para sostener lo que históricamente sucede: aumento de las consultas de demanda, aumento de internaciones y el déficit de pediatras generará demoras en la atención, acumulación de pacientes, falta de respuesta inmediata a solicitudes de referencia de otros colegas de otros centros”.
A esto se suman las condiciones sociales, económicas y políticas que afectan a los niños y niñas. “Las decisiones que tomamos como adultos y responsables de sus infancias impactarán de una u otra forma en su situación”, explicó Ehlers.
Siete de cada diez niños se encuentran en situación de pobreza
En Neuquén, siete de cada diez niños se encuentran en situación de pobreza, muchos de ellos sin acceso a una vivienda, a servicios básicos y sin ningún tipo de asistencia, que repercute directamente, entre otras cosas, en su salud.
La pediatra del hospital Castro Rendón dijo que no tuvieron respuesta por parte del Ministerio de Salud, pese a que presentaron por vías administrativas sus reclamos. “Hay algún reconocimiento de no estar ajenos a la situación, pero más allá de eso, no hay ninguna propuesta o plan de acción serio”. En medios locales, el ministro de Salud, Martín Regueiro, expresó que “hay limitaciones presupuestarias” para dar una respuesta a esta crisis que afecta la garantía del derecho a la salud para niños, niñas y adolescentes.
Aumento salarial de emergencia para todos los trabajadores y trabajadoras de salud
La denuncia que viene realizando el sector profesional de la salud pública deja a la luz que el acuerdo salarial que firmaron las conducciones sindicales el año pasado quedó desfasado de las necesidades de los y las trabajadoras. El desfinanciamiento de la salud pública es una política de Estado. Los bajos salarios, la precarización laboral y la falta de recursos humanos, insumos y aparatología son problemas estructurales que afectan tanto a los trabajadores y trabajadoras de salud como a la población que se atiende en los hospitales y centros de salud de la provincia.
No alcanza con parches o medidas parciales para resolver la crisis de un determinado sector de profesionales. La crisis es profunda. Hoy los pediatras denuncian su situación, como ya lo hicieron los y las residentes, los trabajadores de farmacia, los de las áreas de salud mental.
Es indispensable unificar todas las demandas y luchar por partidas presupuestarias de emergencia, exigir una mesa salarial para el conjunto de las y los trabajadores del sistema público de salud y una planificación integral que priorice las condiciones laborales y salariales y la atención de la población.
Hospital Garrahan: crónica de un paro arrancado con las fuerzas desde abajo
Por Florencia Vargas
El 10 de abril de 2025 pasará a la historia como el día de un paro general avisado tímidamente por las centrales sindicales que no mostraron esfuerzo alguno en construirlo. En este marco, los trabajadores del Garrahan que desde 2024 vienen dando su propia lucha contra el ajuste y vaciamiento de la salud pública del gobierno de Milei, también dijeron basta.
Salarios por debajo de la línea de pobreza, poliempleo que se suma a la lista de otras malas condiciones laborales, inflación que se vive en carne propia, aunque nos quieran hacer creer lo contrario y un pueblo trabajador cada día más agotado. Esa bronca acumulada se expresó en una contundente adhesión a nivel nacional que da cuenta del despertar de la clase trabajadora y de su potencial cuando decide decir basta.
¿Por qué parar? O mejor dicho ¿por qué no?
El Hospital Garrahan se caracteriza por brindar una atención a sus pacientes con los más elevados estándares de calidad profesional, con un equipo médico híper especializado que cumple horario extendido, lo cual se configura como una de varias causas de insalubridad en el marco de la precarización laboral, y en gran cantidad de casos dedicación exclusiva para poder sostener dicha demanda. Este modelo hospitalario público, gratuito y de calidad, único en el país y Latinoamérica hoy se ve en peligro por las múltiples renuncias de profesionales que ven en otros sitios, principalmente en el sector privado, mejores condiciones laborales y salariales con las cuales mantener a sus familias y tratar de llevar adelante una mejor calidad de vida.
Esta fuga de cerebros aún no tiene reemplazo dada la política limitante a la creación de nuevos cargos. Esto también corre para las jubilaciones que en su gran mayoría aún no fueron reemplazadas por nuevo personal. Por otra parte, resulta sumamente complejo encontrar profesionales con la capacitación apropiada para reemplazar a los formados en este centro que entre otras cosas destaca por su rol activo en docencia e investigación. Esto no es ajeno al vaciamiento y ataque a las universidades públicas o a la precarización laboral que impide a la juventud estudiar sin trabajar largas jornadas.
Sobran motivos y esto se notó en los pasillos del Hospital de niños de alta complejidad más grande del país se veían despoblados de la comunidad hospitalaria tanto en turno mañana, como en turno tarde y noche. Este acatamiento a la medida de fuerza gremial llamada desde arriba, pero impulsada por el descontento desde las bases tiene total sentido en el contexto de una alarmante situación salarial y laboral del equipo de salud.
Los sueldos continúan estancados
Se otorgó un incremento miserable del 10% al valor hora de guardia para el sector profesional y adicional por Alta complejidad del 15% en el sueldo básico. Aunque insuficiente dichos aumentos no son percibidos por profesionales residentes ni becarios. Y claramente a pesar de los mismos, en un intento de acallar la lucha de los trabajadores, los salarios continúan en su mayoría por debajo de la canasta básica familiar.
El personal contratado no pasa a planta permanente. Sus contratos se renuevan cada 3 meses en una constante inestabilidad y precarización laboral. Esto da cuenta de la pérdida de una conquista histórica del pase a planta posterior al año.
El mismo día del paro desayunamos con la noticia del cierre de las RISAM del Hospital Bonaparte (Residencias Interdisciplinarias de Salud Mental) y el cierre de la residencia de Trabajo Social del Hospital Garrahan, profundizando el conflicto eterno del colectivo de residentes que respondió con la rápida conformación de asambleas, creación de documentos y distintos tipos de contenido en repudio a dichas medidas con el objetivo de romper el cerco mediático.
Un capítulo aparte para Enfermería
El sector subsiste entre salarios de pobreza y cada año peores condiciones laborales expresadas en los recortes de horas extra, planteles reducidos, aprietes generalizados y el no reconocimiento de su carrera profesional.
Aproximadamente 200 trabajadores continúan en el tramo técnico en vez de pasar al tramo profesional acorde a su formación como licenciados lo cual se traduce en un incremento del salario.
En este contexto, los trabajadores, utilizando la medida de fuerza impulsada por UPCN, impusieron una fuerte participación y adhesión al paro tanto en distintas salas de internación como en los distintos sectores ambulatorios, con una gran aceptación, mostrando que esto no va más.
Los jefes encargados de supervisiones, coordinaciones y demás puestos de conducción recorrieron los sectores amenazando a los trabajadores que ejercieron su derecho a huelga, con la clásica y conocida excusa de la necesidad de mantener guardias mínimas, que las propias jefaturas deberían sostener si su real interés fuera la salud de las infancias y la salud pública.
Al día siguiente al paro UPCN firmó una paritaria de 1.3% para marzo, abril y mayo. El mismo día del anuncio, se dio a conocer una inflación del 3.7% y el gobierno anunció una nueva devaluación concretada este lunes con un plan poco claro que ni el propio gobierno aún puede explicar.
Lo que en 2024 inició como una lucha por aumento salarial concretando 10 paros en menos de 6 meses y logrando arrancar al Consejo Administrativo un parche momentáneo e insuficiente con un bono de 500 mil pesos, hoy en 2025 se vivencia una profundización de la crisis hospitalaria con un vaciamiento encubierto que pone en peligro la salud pública y la atención de miles de niños, niñas y adolescentes.
Este paro confirmó una vez más que la fuerza para frenar los distintos ataques a los derechos básicos de los trabajadores está en nosotros mismos. La respuesta es la lucha en unidad de enfermer@s, medic@s, tecnic@s, administrativ@s y en general de toda la comunidad hospitalaria.
El paro demuestra una vez más quienes hacemos funcionar las salas y sectores. Sin nosotros y la comunidad el Consejo de Administración, los funcionarios del gobierno y las burocracias sindicales no son nada, la enorme cantidad de procesos que sostienen la alta complejidad se paralizan. Ellos lo saben muy bien, por eso no desaprovechan ninguna oportunidad para intentar dividir nuestra fuerza. Esto nos convoca a mantener la unidad.
El contexto actual nos convoca a permanecer en la acción con un plan de lucha contundente que frene el vaciamiento criminal del hospital y el ataque directo a la salud de nuestros pacientes y sus familias.
Nos quisieron asustar con amenazas, pero más nos “asusta” ver caer la salud pública y las condiciones de vida de millones de familias. Por eso nos van a encontrar con ganas renovadas para seguir luchando para enfrentar el ajuste.
El ministerio de Justicia impidió el pago de salarios de marzo de los trabajadores de los Espacios de Memoria
“Hemos decidido intimar al Ministerio de Justicia para que cumpla con su obligación de cancelar los salarios a todos los trabajadores. Si en las próximas horas no se destraban los fondos, evaluaremos el inicio de medidas de acción directas (…). Es lamentable la actuación de un ministro de Justicia que desconoce que el salario tiene carácter alimentario y fundamentalmente para garantizar la asistencia familiar, que es la vivienda digna, alimentación adecuada y vestimenta, entre otras prestaciones a cumplir”, afirmó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional.
“Persisten en su intento de cerrar los Espacios de la Memoria para legitimar la actuación de la Dictadura Cívico Militar. Ellos saben que, si logran legitimar el pasado, disciplinan en el presente. No lo podemos permitir”, agregó.
En la carta documento dirigida al Ente Público para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, el sindicato expresa: “Al tratarse de un derecho alimentario esencial, para el caso de no pago de los mismos en tiempo legal, recurriremos a todas las medidas legítimas de acción sindical y acciones legales que estimemos corresponder”.
La nota que anuncia la auditoría a partir del 1 de abril, y que ordena suspender por 60 días las transferencias al ente de Derechos Humanos fue firmada por el subsecretario de Gestión Administrativa del Ministerio de Justicia, Juan Cruz Montero.
Despidieron a más de 300 trabajadores de Acumar
Más de 350 trabajadores de la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) han sido despedidos sin causa a fines de febrero, en medio de las políticas de ajuste y vaciamiento del Estado en las que insiste el Gobierno del ultraderechista Javier Milei, que ha llevado al organismo a una situación de parálisis por la falta de recursos humanos y económicos, lo que pone en riesgo el plan de saneamiento de uno de los ríos más contaminados del país.
“Vemos una parálisis respecto de las soluciones habitacionales, obras, monitoreo de la gestión de residuos y un desmantelamiento del avance que se logró sostener a partir del plan de saneamiento”, dijo Florencia Fierro, una de las empleadas despedidas de Acumar.
Se trata, además, de un reclamo que sostienen los vecinos desde hace varias décadas, al exigir a las autoridades las obras para erradicar la contaminación.
“La cuenca está altamente afectada, también están afectando a equipos de fiscalización de los agentes contaminantes de la cuenca, distintos establecimientos que se encuentran en la cuenca y también se ven afectados los planes de seguimiento y adecuación ambiental que debe haber para controlar a las empresas”, indicó Fierro.
En este sentido, resaltó que por el tipo de contratación no los pueden despedir sin causa, sino que el Estado debe dar la opción de una reubicación en otras áreas del Estado. “Están pasando por encima del convenio colectivo”, se indignó Fierro.
Posible cierre de los hoteles estatales de Embalse
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció que la administración de Javier Milei podría cerrar el complejo hotelero estatal de Embalse, en el valle de Calamuchita.
Esa unidad turística dejará la órbita de Turismo de la Nación y pasará a depender de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
“El (eventual) remate, venta, privatización y cierre” de esa unidad turística dejaría “a decenas de familias sin su fuente de trabajo”.
Se aguarda un encuentro entre el intendente de Embalse, Mario Rivarola, y los funcionarios de turismo “a fin de proponer una alternativa para evitar el cierre y preservar las fuentes laborales”.
Brigadistas precarizados, en la primera línea contra el fuego
La mayoría de quienes combatieron los incendios en la Patagonia tuvieron que buscarse otro trabajo porque el sueldo no les alcanza. La administración libertaria de Parques Nacionales, además, despidió a 30 bomberos a principios de año. Según denuncia ATE, hacen falta por lo menos un 40 % más de trabajadores para cubrir las hectáreas protegidas en todo el país durante las emergencias.
Los brigadistas tienen condiciones de trabajo muy malas: contratos temporales y salarios bajos. Esa también es la situación de técnicos administrativos y profesionales que trabajan en los incendios.
Virginia Gallardo, delegada ATE del Parque Nacional Lanín en la provincia de Neuquén y parte de la Coordinación Nacional de Parques, calculó: “si tomamos en cuenta que la Administración de Parques Nacionales protege 18 millones de hectáreas y que en todo el país hay un poco más de 400 brigadistas, a cualquiera le da el número de que faltan brigadistas”. Con este vaciamiento, hay muy poca capacidad de respuesta a los incendios.
Alhue Gavuzzo, candidata a diputada nacional del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) por Río Negro, argumentó que los gobiernos provinciales en los incendios recientes “ponían el foco en la intencionalidad de los incendios para evadir su propia responsabilidad en haber vaciado todos los organismos encargados de la lucha y la prevención de los incendios y haber precarizado brigadistas. Hay compañeros que son brigadistas de ATE, otros del SPLIF, un organismo provincial. Todos están precarizados con salarios de miseria, pero además no sabiendo si en dos meses se quedan sin laburo. En estas condiciones y con muy pocas herramientas, están ahí en la primera línea contra el fuego”.
En octubre de 2024, se acordó un salario básico de poco más de 600.000 pesos para los brigadistas, a pesar de que el costo de vida es más alto en el sur.
Gallardo aclaró: “No solamente los brigadistas cobran eso, sino algunos técnicos profesionales y administrativos también. Nuestro organismo tiene más de 120 años de historia, que hemos sido modelo en Latinoamérica. Protegemos 18 millones de hectáreas y para ese total somos poco más de 2.000 trabajadores —porque se despidieron 156 trabajadores aproximadamente durante el año 2024— y, de esos, el 55% estamos contratados y contratadas con una precarización que lleva muchos años y que se profundiza con contratos cada 3 meses con sueldos muy malos”.
Del Fondo Nacional de Manejo del Fuego se ejecutó un 73% en 2024 en relación con el año anterior. Este vaciamiento silencioso tiene que ver con la negación del cambio climático por parte del Gobierno Nacional. “El cambio climático existe, el incendio de Bariloche (Parque Nacional Nahuel Huapi) se supone que fue a raíz de una tormenta eléctrica. Antes las tormentas eléctricas se desarrollaban solamente en estepa, hoy ya es en el bosque también. Todo es producto del cambio climático, de las altas temperaturas”, indicó Gallardo. Las altas temperaturas continuadas por días, que antes eran imposibles en la Patagonia, ahora son la moneda corriente que impide apagar los fuegos a tiempo.
Los presupuestos mínimos “repercuten en los organismos nacionales de Parques nacionales. Normalmente acá es difícil verlo, pero ahora tuvimos una emergencia grande y no se pueden contratar más brigadistas”. El Parque Nacional Lanín sufrió un incendio de 7 hectáreas a principios de enero que se pudo controlar en dos días. Pero ahora, todavía en la temporada de incendios, se está prendiendo fuego la zona del Valle Magdalena. Hasta el momento, afectó a más de 5.000 hectáreas de bosque y fauna.
“Hoy en el incendio tenemos compañeros brigadistas, por supuesto, pero también hay técnicos administrativos y profesionales. Los brigadistas son a los que vemos, pero detrás de los brigadistas hay un montón de gente trabajando para poder brindarle lo que hace falta”, remarcó Gallardo. Entre los técnicos están los encargados de cartografiar el terreno para que el equipo que trabaja directamente con las llamas sepa cómo es el territorio y cómo está afectado. También hay técnicos de prensa que se encargan de distribuir información para prevenir y evitar accidentes.
En el lugar trabajan una parte de los brigadistas del Parque -que al tener alrededor de 412.000 hectáreas tienen que mantener guardias en distintos puntos-, brigadistas del Sistema Nacional de Fuego y brigadistas de la provincia.
La delegada resaltó “la importancia que tienen los brigadistas, no solamente cuando apagan incendios en verano. Trabajan todo el año rescatando gente, abriendo sendas, asistiendo a accidentes y a temporales, como cuando la erupción de un volcán del lado chileno, estuvieron ahí los brigadistas, los guardaparques, los técnicos, los administrativos, los profesionales”.
Además, alertó que: “Tenemos que estar atentos a lo que pasa post-incendio con todos los trabajos que nos va a tocar hacer para la evaluación del territorio. No solamente en cuanto a las especies nativas que se han perdido, sino a los lugares que tenían las comunidades mapuches para hacer veranadas. Sin científicos, técnicos y profesionales, sin instituciones como el INTA, Parques Nacionales y el CONICET, peligra esa post evaluación”.
Por eso, defendió que “lo fundamental es tener un Estado presente con políticas públicas que tengan trabajadores que las puedan llevar adelante, porque políticas públicas solamente en leyes tampoco sirve. Nosotros creemos que el Estado debe mejorar, pero también que debe ser presente y eficiente. Para eso nos hemos formado y capacitado durante años”.
El Gobierno eliminó programas sociales y culturales
El gobierno nacional dio de baja 11 programas sociales y culturales dependientes de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia, creados principalmente durante las gestiones de Alberto Fernández y Mauricio Macri. Lo hizo mediante 11 resoluciones publicadas por el Ministerio de Capital Humano en el Boletín Oficial el jueves 13 de marzo.
El motivo esgrimido por la cartera a cargo de Sandra Pettovello fue que los programas “no tienen aplicación efectiva o se superponen con otros” y que su eliminación permitirá “lograr una buena gestión y administrar de manera eficiente los recursos”
La decisión, que incluye el pase a disponibilidad de los empleados afectados, se basa en lo dispuesto por el artículo 11 del Anexo a la Ley Marco de Regulación de Empleo Público Nacional N° 25.164, que fija que los trabajadores afectados por este tipo de medidas quedarán en una situación de “disponibilidad” por un máximo de 12 meses.
¿Cuáles son los programas dados de baja por el gobierno?
Participar en Comunidad: creado en 2020 para “responder a las demandas y necesidades locales, principalmente de los sectores más vulnerables”.
Programa Nacional de Promoción y Protección de Derechos: creado en 2017 con el objetivo de “el fortalecer al niño como sujeto de derechos y ciudadano a través de la promoción y divulgación de sus derechos”.
Los programas Espacio Unzué, Espacio Sarmiento, Espacio Crescencia Boado de Garrigós y Colonia Gutiérrez e Inchausti: tenían el fin de promocionar la “convivencia familiar”.
Programa Jugando Construimos Ciudadanía y Programa Nacional de Derecho al Juego (JUGAR): promovido en 2020 para “propiciar la producción de conocimiento en la temática del juego en la franja etaria comprendida entre los 0 a 17 años, garantizando el derecho al juego de niños, niñas y adolescentes en todo el país”.
Programa de Promoción de Actividades Recreativas y Socio Comunitarias: impulsado en 2002, bregaba por “el derecho al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas de cada niño”.
Unidad Técnica para el Abordaje Integral de Derechos: el motivo esgrimido por Capital Humano fue que “se detectaron una pluralidad de entidades, áreas, programas y unidades técnicas cuyas funciones han sido repetidas y superpuestas.
Departamento de Salud Integral: brindaba “una asistencia directa a aquellos niños y adolescentes que se encontraban en institutos que estaban a cargo de la Secretaría de Niñez”.
Programa de Protección Integral de Derechos de Niñas y Niños con Madres Privadas de la Libertad: fue creado para proteger a los menores, cuyas madres se encontraban privadas de su libertad, ya sea en establecimientos penitenciarios o bajo arresto domiciliario, “garantizando el ejercicio y disfrute pleno, efectivo y permanente de estos derechos desde una perspectiva de género y diversidad”.
Línea Activar: fue pensada para promover “el establecimiento de diversas acciones de trabajo con adolescencias, abordadas desde una multiplicidad de acciones tendientes a fortalecer espacios de encuentro y participación, que reforzaren los lazos comunitarios y la autonomía progresiva de los adolescentes”.
Consejo Consultivo de Adolescentes y Programa nacional de Derechos a la Participación Ciudadana de Niñas, Niños y Adolescentes.
Fuentes: Indymedia Trabajadoras/es, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Tiempo Argentino, Página/12, Anred, Red Eco Alternativo, ATE, Radio Gráfica