Panorama sindical actualizado al 6.6.2025
Ola de conflictos contra la motosierra de salarios por el piso y despidos a la orden del día
Mario Hernandez
Javier Milei afirmó que una familia puede vivir con $ 360.000 por mes. El presidente Javier Milei respaldó la justificación que hizo la diputada de La Libertad Avanza Juliana Santillán de los sueldos de $ 797.000 de los residentes del Hospital Garrahan basada en que “la canasta básica de una familia de cuatro miembros en el mes mayo fue de $ 360.000, dato del INDEC“.
“No odiamos lo suficiente a los periodistas” (el sábado se festeja en Día del Periodista), apuntó el jefe de Estado en una cita a la diputada Lilia Lemoine, quien insistió con que “la canasta básica no es de 800k, es de 360k” para apoyar a su compañera de banca.
Santillán había criticado a los residentes del Hospital Garrahan en TN con una interpretación errónea de los datos calculados por el Indec sobre la Canasta Básica Total. No solo la corrigió el equipo periodístico en vivo, sino que la Asamblea de Residentes también le respondió en Twitter.
Santillán confundió la Canasta Básica Total para una persona, calculada en $ 359.244 por el Indec para abril de este año, con la Canasta Básica Total para una familia de cuatro personas, calculada en $ 1.110.063 para el mismo periodo.
La legisladora intentó corregirse: “La residente dijo que no podía pagar un alquiler porque no llegaba a la Canasta Básica y vive sola, $ 360.000 se necesitó, según el Indec”.
La Asamblea de Residentes le respondió desde su cuenta oficial con un retuit a una de sus integrantes que publicó los datos correctos y remarcó: “Piensan que los médicos residentes somos adolescentes que no tenemos familia a cargo, OBVIO que hablamos de la canasta básica FAMILIAR”.
También le recordaron a Santillán la explicación que brindaron en el canal de streaming Olga junto con un gráfico que muestra que el sueldo actual de un residente debería alcanzar $ 1.700.000 si se actualiza por inflación tomando diciembre de 2023 como base.
Miles de manifestantes junto a las y los jubilados y otros conflictos
Los jubilados, el colectivo feminista Ni Una Menos, médicos del Hospital Garrahan, estudiantes, artistas, universitarios, partidos políticos de izquierda, movimientos sociales, las dos CTAs y la CGT concretaron hoy una multitudinaria movilización en las inmediaciones del Congreso contra el “ajuste” del Gobierno de Javier Milei, sin que se registraran incidentes con la Policía.
El ministerio de Seguridad dispuso el corte total del tránsito en las calles aledañas para garantizar el cumplimiento del protocolo antipiquetes, por lo que los peatones y los vehículos de la zona vieron impedido su paso.
Las primeras columnas de manifestantes llegaron después de las 15:00, en una movilización que incluyó además a los sectores que representan a personas con discapacidad, y que reclamaban la sanción de la Ley de Emergencia en esa materia.
Los distintos grupos se plegaron a la marcha que los jubilados realizan todos los miércoles contra el “ajuste” en el sector, pero en este caso bajo la consigna “La resistencia crece” y “Unir las luchas es la tarea”.
Mientras tenía lugar la movilización, la Cámara de Diputados debatía un aumento del 7,2 % de las jubilaciones y la declaración de la Emergencia en Discapacidad hasta diciembre de 2027.
Desde la marcha el padre Francisco ‘Paco’ Olveira apuntó contra los sectores “colaboracionistas” del gobierno de Javier Milei y destacó que en esta oportunidad “no hubo represión”, lo que “significa que, cuando somos muchos, este gobierno, al que no le importa nada, se cuida un poco más”.
A su turno, Lucía Cavallero, integrante del colectivo Ni Una Menos, expresó: “Como feministas no podíamos mirar para otro lado ni dejar de acompañar a las y los jubilados. Por eso decidimos convocar y organizar esta movilización multitudinaria, que no solo reivindica la lucha de las mujeres por nuestros derechos, sino que también representa un llamado a poner un límite al gobierno”.
Las organizaciones de discapacidad, en tanto, reclamaron la sanción de la iniciativa que propone regularizar pagos, actualizar aranceles para los prestadores de servicios, reformar el sistema de pensiones no contributivas y reforzar la Agencia Nacional de Discapacidad, además de cumplir con el cupo laboral para personas con discapacidad.
Los jubilados, por su parte, piden un aumento en los haberes, la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI y contra el veto de Milei a la reforma del año pasado que establecía un incremento para el sector previsional.
También se vio en la marcha a dirigentes del ámbito cultural como Pablo Avelluto, ex ministro de Cultura de Cambiemos, y el escritor Sergio Olguín, entre otros.
No hubo acuerdo en la audiencia por el Garrahan y el miércoles a la noche comenzó el paro
La audiencia convocada para hoy por el Gobierno con el fin de resolver el conflicto salarial en el Hospital Garrahan fracasó. El Gobierno había convocado a los gremios ATE y a la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT Garrahan).
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, calificó de una “vergüenza” la audiencia convocada por el ministerio de Trabajo y denunció que el Gobierno no envió a ningún funcionario con poder de decisión para resolver el reclamo salarial que mantienen los trabajadores del centro de salud.
“Fue un circo. Asistimos los representantes sindicales y cuatro empleados administrativos del Garrahan, pero ningún funcionario del ministerio de Salud, de Economía ni de la Jefatura de Gabinete, como correspondía. Está claro que no tienen interés alguno en resolver el conflicto”, expresó Aguiar a través de su cuenta en la red social X (ex Twitter).
Desde ATE consideran que la audiencia carece de validez por la ausencia de los representantes del Estado empleador, lo que a su juicio implica una violación de la conciliación obligatoria dictada días atrás.
El dirigente también exigió que se ponga fin a lo que describió como “amenazas de despido” contra los trabajadores y reclamó aumentos salariales urgentes. “Si quieren garantizar el funcionamiento del hospital, deben asegurar condiciones laborales y salariales adecuadas”, agregó.
Ante la falta de respuestas, ATE anunció la convocatoria a un paro nacional en el sector salud, medida con la que buscarán federalizar el conflicto y visibilizar la situación en hospitales públicos de todo el país.
El reclamo del Garrahan ya había tomado notoriedad nacional tras varias jornadas de paro, movilizaciones y la exigencia de una mesa de diálogo real con el Gobierno. La escalada del conflicto plantea un nuevo foco de tensión en el ámbito sanitario, con posibles repercusiones en otras provincias.
Personas con discapacidad
Los colectivos de las personas con discapacidad lograron con su movilización poner en la agenda pública sus reclamos y el miércoles pasado se consiguió la media sanción en la Cámara de Diputados a la emergencia en el sector que obligará al gobierno a destinar partidas presupuestarias extraordinarias.
Fue con 148 votos afirmativos de Unión por la Patria, una parte de Encuentro Federal (que tuvo dos abstenciones, de la cordobesa Torres y del entrerriano Morchio), Democracia para Siempre, el Frente de Izquierda, la Coalición Cívica, una parte de la UCR, los tucumanos ex Unión por la Patria, la ex libertaria Lourdes Arrieta, los diputados de Santa Cruz y otros.
Los votos en contra fueron 71 corrieron por cuenta de La Libertad Avanza, el PRO y los radicales con peluca.
El gobierno ya amenaza con el veto porque afectaría “el equilibrio fiscal”. Una preocupación que no tienen para anunciar blanqueos que benefician a los más ricos del país que evaden, ni para pagar la deuda fraudulenta con el FMI.
La emergencia en Discapacidad que se aprobó el miércoles en Diputados es hasta el 31 de diciembre de 2026 (prorrogable por 1 año más) e incluye que las pensiones no contributivas sean del 70% de un haber mínimo jubilatorio, y que las auditorías sean accesibles. Es que el gobierno inició un proceso de auditorías que dejó sin la pensión en forma intempestiva a miles de personas que lo necesitan, sumando trámites burocráticos.
Otro de los reclamos más sentidos que contempla la media sanción es la actualización de los aranceles a los prestadores: que se hagan por inflación y de forma retroactiva desde el 1° de diciembre de 2023. El gobierno de Milei decidió que no reciban ninguna actualización ni aumento desde fines del 2024, y la consecuencia es que se interrumpen terapias, tratamientos, o los chicos se quedan sin acompañante terapéutico en las escuelas. Otro ejemplo es el arancel de los transportistas: el nomenclador establece que se les pague $541 el litro de nafta, mientras cuesta $1.500. El resultado de este desfinanciamiento es que en vez de poder transportar a las personas 5 días para ir a médicos o a la escuela, llegan a cubrir apenas 2 días. Los colectivos de la discapacidad reclaman además que se pague en término a los prestadores: a veces tardan 3 meses o más a las y los trabajadores.
También incluye el cumplimiento del régimen de empleo protegido, el derecho a un programa médico y cobertura en salud, financiamiento para la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), y que el Poder Ejecutivo tenga diálogo y consulte con las organizaciones de personas con discapacidad.
Esta media sanción se logró con la confluencia de varias iniciativas de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y Democracia para Siempre, en consulta y debate con las organizaciones de personas con discapacidad. Pudo llegar al recinto porque se obligó desde el recinto a José Luis Espert de La Libertad Avanza a que tenga que tratarlo en la comisión de Presupuesto y Hacienda que preside.
Trabajadores del Posadas anuncian un paro “sin guardia” en reclamo por mejoras salariales
La crisis en el sistema sanitario no para y al reclamo de los trabajadores del Hospital Garrahan se han sumado los profesionales de la salud que se desempeñan en el Hospital Posadas, quienes reclaman mejoras salariales y advierten que si el gobierno no convoca a una mesa de diálogo realizarán un paro sin atención en guardias el 10 de julio.
En un comunicado, los más de 600 residentes del hospital público más grande del país denunciaron que la retribución básica actual es de $797.000 “con una carga horaria de más de 60 o 70 horas semanales, sin ningún bono compensatorio”.
El médico residente del Posadas, Elian Chali, afirmó que, “junto con el Hospital Garrahan, compartimos que nuestro empleador es el Ministerio de Salud de la Nación, por lo que tenemos el mismo sueldo y enfrentamos una crisis respecto a la devaluación en nuestro salario y que venimos reclamando hace un año”.
Trabajadores del Posadas anuncian un paro “sin guardia” en reclamo por mejoras salariales
“Hoy llegó a un límite, porque la situación es crítica, no sólo en el salario de los residentes sino de todos los trabajadores de los dos hospitales”, remarcó.
El profesional advirtió, en este sentido, que llevarán a cabo “un paro sin guardia el martes de la semana que viene si no nos cita el Ministerio de Salud para la discusión salarial”.
“Nosotros somos el hospital más grande del país y somos más de 600 residentes. La situación se agrava porque hay médicos en planta y con los magros salarios que tienen se están yendo, no hay recursos, los turnos para pacientes son cada vez más tarde”, cerró.
Aprobaron proyecto de ley favorable a jubilados
La Cámara de Diputados aprobó durante la noche del miércoles un Proyecto de ley que establece un aumento del 7,2% para todos los niveles jubilatorios y las pensiones gestionadas por la ANSES, a excepción de los regímenes especiales. Además, se eleva el bono previsional de $70.000 a $110.000, con actualizaciones futuras vinculadas a la inflación.
Además, Diputados logró la restitución de la moratoria previsional para los trabajadores que no completaron los 30 años de aportes. Según el Gobierno nacional, el presidente Javier Milei vetará todas las medidas aprobadas.
7 de cada 10 periodistas del AMBA tienen sueldos de pobreza
Entre los datos que arroja el relevamiento del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) también figura que un 86,3% considera que la libertad de expresión empeoró con La Libertad Avanza.
El periodismo se está ejerciendo con salarios de pobreza, pluriempleo creciente, precarización laboral y ataques de parte del Gobierno. Esas son las críticas condiciones que revela la Encuesta Integral #SiPreBA2025 sobre la situación de trabajadores y trabajadoras de prensa del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Entre los datos que arroja el relevamiento, que contó con 1.100 participantes de medios públicos, privados y autogestivos de prensa escrita, oral y televisada -20% del total de la actividad-, dos cuestiones son las más graves: un 70,45% tiene sueldos por debajo de la línea de pobreza y un 86,3% considera que la libertad de expresión empeoró con La Libertad Avanza.
Al igual que en los últimos dos años, el pluriempleo es un dato predominante: el 55,2% tiene dos o más empleos. Esa realidad provoca precarización, jornadas fraccionadas sin descanso, cerebros agotados por la multiplicidad de formatos y una carrera interminable para lograr un ingreso que permita vivir dignamente. Entre quienes respondieron la encuesta, el 43% tampoco supera la línea de la pobreza sumando los sueldos de todos sus empleos. A solo un 4,8% le alcanza el salario de su principal empleo.
Así, aparece una nueva y preocupante tendencia dentro de la actividad: periodistas con formación (45% de las personas que respondieron terminó una carrera universitaria) que tienen que sumar trabajos informales, changas o empleos en otros rubros para llegar a fin de mes. Algunos ejemplos: albañilería, cuidado de personas y casas, venta de comida casera, atención en comercios, reparaciones, fletes y, por supuesto, la búsqueda de ingresos a través de plataformas como Uber, Cabify y otras similares de delivery. Esto aparece en paralelo a profundas transformaciones tecnológicas en el ejercicio del periodismo: en el 66% de las empresas de medios se usa Inteligencia Artificial para tareas periodísticas.
Dentro de este crítico panorama, la encuesta muestra una leve mejora salarial con respecto a 2024, cuando la pobreza alcanzaba al 76% del sector. “Eso tiene dos razones -explica Agustín Lecchi, secretario general del SiPreBA-: la brutal devaluación y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo durante 2024, planificada para mostrar ficticios índices de recuperación; y la presencia de SiPreBA en las paritarias, después de conquistar la personería, que nos permitió lograr recomposiciones por encima de la inflación”.
Los ataques a la prensa son otro gran eje problemático del relevamiento. Un 27% manifestó haber recibido agresiones por ser periodista en el último año, entre los cuales 33% fue víctima de represión y un 20% fue atacado por funcionarios del gobierno. La violencia digital sigue siendo alarmante: un 78,05% de los ataques padecidos fueron de forma virtual. El combo precarización y agresiones podría explicar que el 27% tiene problemas de salud con síntomas como ansiedad, estrés o depresión.
“El motivo de este amplio abanico de ataques a la prensa parece evidente: se quiere una sociedad desinformada y manipulable. Porque estas condiciones atentan contra la posibilidad de ejercer un periodismo vivo que informe e investigue, que denuncia estafas como la de $Libra y muestra represiones sistemáticas como la que hirió Pablo Grillo”, analiza Lecchi. “Cumplimos una década con el SiPreBA y sabemos mejor que nadie que la situación es completamente adversa. Tener estos datos fehacientes nos permite denunciar y saber desde dónde pararnos para pensar políticas de transformación”.
El relevamiento, que alcanzó a medios como Infobae, América TV, Clarín, Olé, La Nación, El Trece, TN, C5N, Radio con Vos, Radio del Plata, Telefé, Ámbito Financiero, Crónica, Canal 9, Radio Nacional, Página 12, Perfil, El Cronista, elDiarioAR y la Televisión Pública, entre otros, se presenta, tal como en los últimos años, en la previa del 7 de junio, Día del Periodista, y acompaña el décimo aniversario del SiPreBA.
La Salada reabrirá sus puertas la próxima semana
Luego de la clausura dispuesta por la Justicia a mediados de mayo debido a la infracción sistemática a la ley de marcas, evasión fiscal y contrabando, la feria más grande de Sudamérica, La Salada, emplazada en Lomas de Zamora, volverá a funcionar.
Se alcanzó un acuerdo entre el Gobierno de la provincia de Buenos Aires y el municipio de Lomas de Zamora, del que también participaron directivos de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)”. La injerencia del organismo tuvo un fin concreto: discutir medidas impositivas y de blanqueo general de las actividades que allí se desarrollan, además de regularizar los alquileres de los puestos.
Para explicar con voz propia lo sucedido, Luis Gauna, feriante de uno de los tres espacios que conforman La Salada: Punta Mogote. Su actividad principal es la producción y comercialización de calzado para damas.
“La Salada involucra a un montón de personas. Cuando se habla de la feria suele pensarse únicamente en los puesteros, pero también están los carreros, transportistas, personal de limpieza, de seguridad, administración y diferentes grupos de trabajadores que se vieron afectados por la clausura”, relató Gauna. Muchos de ellos, por ejemplo, los carreros, responsables del movimiento de mercadería entre talleres y puestos, trabajan a destajo: reciben su remuneración en función de la cantidad de trabajo que realicen, sin consideración del tiempo utilizado.
Conformada por tres ferias principales denominadas Ocean, Urkupiña y Punta Mogote, La Salada cuenta con más de 8.000 puestos y en el espacio trabajan más de 30.000 personas, muchas de las cuales vieron peligrar su fuente de trabajo y único sustento económico durante los últimos días.
“Reclamar y luchar tiene sentido”, resumió el periodista, Pablo Caruso, quien subrayó que la existencia de La Salada tiene lugar dentro de un ecosistema productivo y de consumo que la excede.
“Hay 150.000 puestos de trabajo en riesgo por la apertura de importaciones”
Por Melen Vergniaud*
La apertura de importaciones anunciada por el Gobierno Nacional pone en jaque a toda la cadena productiva textil y, en particular, al sector de la confección, que sostiene aproximadamente 150.000 puestos de trabajo en todo el país. Esta medida amenaza directamente la fuente de trabajo de miles de familias. A la situación marcada por la explotación y la informalidad, se le suma una crisis agravada por la caída del consumo interno, la pérdida de poder adquisitivo y la eliminación de programas de apoyo a la economía social (Salario Social Complementario, Monotributo social, microcréditos).
Esta medida viene a complicar más una realidad que ya está siendo extrema. Las cooperativas son de las organizaciones más resilientes, porque buscamos siempre una vuelta a la salida, pero esta vez la situación es más compleja.
Como federación, venimos de una asamblea con las cooperativas de todas las provincias y la realidad es que las compañeras y compañeros se están turnando las jornadas de trabajo por semana con acuerdos entre ellas y ellos y cuando no están produciendo, se ponen a buscar otras changas. Hay compañeros que tienen oficio de 15 o 20 años y están trabajando en cualquier otro rubro o changa que enganchen.
Desde que asumió este gobierno con la devaluación que hubo desde el principio, lo que afectó en primera medida fue el consumo interno. Cuando las y los trabajadores no tienen para comprar comida o le cuesta cada vez más comprarla, lo primero que dejan de hacer es comprar ropa. Nosotros sabemos que cada una de las medidas tomadas por este gobierno son en contra de la industria nacional y no es ningún eufemismo, es una realidad, es lo que nos sucede.
La industria textil produce sobre todo para el consumo interno en el país y abastece, sobre todo, al mercado interno. Cuando hay un ajuste lo primero que se pone en riesgo es este sector, baja el consumo y somos los primeros afectados.
En las acciones que toma el Gobierno Nacional hay un desinterés absoluto por quienes conformamos la clase trabajadora y tampoco tiene consideración por el empresariado nacional. Las medidas que toma solo favorecen a quienes están en la timba financiera, los grupos económicos que no producen, que se dedican a vender y especular, gobierna para ese grupo.
Al país se lo construye desde el trabajo, que además organiza la vida de las personas. La industria nacional es un sector muy grande, no solo el de la industria textil, toda la industria en general construye identidad diariamente como lo hace la cultura nacional. Cuando se destruye todo ese proceso, se destruye algo que va más allá de cuatro años, por eso nos resulta tan preocupante esta situación, porque sabemos que las consecuencias de estas medidas no se van a ver a corto plazo o mediano plazo, la destrucción de la industria tiene que ver con destruir la identidad del país a largo plazo y nosotros somos parte de eso.
En otros momentos las cooperativas representamos una gran parte del PBI del país, producimos ganancias. Las cooperativas somos parte de la industria, y además lo hacemos a partir de otros lazos, otros conceptos, otros principios que hablan de una construcción mucho más solidaria de las y los trabajadores. Todo eso es lo que se va perdiendo de a poco con políticas como las que toma el Gobierno Nacional.
*Presidenta de la Red Textil Cooperativa.
En Georgalos los trabajadores responden con paro frente a despidos antisindicales
La planta de Georgalos en San Fernando permanece totalmente paralizada por decisión de sus trabajadores, que se encuentran en lucha contra despidos que consideran antisindicales.
Desde la asamblea denuncian que la empresa aprovechó el clima de ajuste y las reformas laborales impulsadas por el gobierno de Milei para avanzar contra quienes defienden los derechos de sus compañeros.
En respuesta, resolvieron un paro total de actividades y una concentración en la entrada de la planta. Además, convocaron a una acción de apoyo el jueves a las 14:00 sobre calle Uruguay, reclamando la más amplia solidaridad.
Carrier no quiere pagar los días de huelga y sus trabajadores analizan un paro
El 23 de mayo el gobierno, las empresas y la UOM de Tierra del Fuego firmaron un acuerdo. No resolvía el conflicto de fondo, los decretos de Milei, pero proponía 7 meses sin despidos y con “paz social”. Es un acuerdo precario que dejó un sabor amargo en miles de trabajadores y trabajadoras. Esta semana tuvimos una nueva confirmación.
La empresa Midea-Carrier abonó los sueldos, pero descontó los días de huelga. Atacó así uno de los puntos del acuerdo, el pago de los días que duraron las medidas de fuerza. El hecho puso en estado de alerta a los obreros y el gremio.
Los delegados aseguraron que esperarán hasta las 21:00 del jueves y sino comenzarán una serie de medidas, probablemente un paro escalonado. Es que estamos no solo ante un ataque al salario y la huelga, sino al propio acuerdo que las cámaras patronales firmaron. Pero además está detrás el intento de la empresa de avanzar sobre la organización de base de los trabajadores.
Desde la UOM regional plantearon: “repudiamos totalmente la postura de la empresa Midea-Carrier de no abonar los días acordado con la cámara AFARTE a la cual pertenece y demás Cámaras, de esta manera y a través de nuestro medio queremos llevar nuestro apoyo a los compañeros de dicha empresa y también hacerle saber que cuentan con todo el apoyo del nuestro conjunto gremial y trabajadores”.
Las empresas empiezan a romper la paz social que ellas mismas pidieron para sacar su producción. Midea-Carrier no es una empresa cualquiera. Se trata de una de las multinacionales más poderosas del mundo: Midea es un gigante chino y Carrier estadounidense. Dos potencias unidas contra la clase trabajadora, no solo fueguina sino de 150.000 obreros en todo el mundo.
Tras la masiva y unitaria huelga de mayo, el camino quedó marcado: la fuerza de las y los metalúrgicos es muy poderosa. Si se une y pone en movimiento no tiene freno. La bandera queda más clara: “si tocan a uno, tocan a todos”. Es la única forma de que la negociación no sea una trampa para desmovilizar al pueblo fueguino y que estos meses sean de resistencia y preparación para las próximas batallas.
Las Cámaras empresarias paralizaron la pesca para imponer la rebaja salarial
El lock out patronal, que lleva meses de arrastre, y que retrasa el inicio de la etapa más productiva de la temporada de pesca del langostino, tiene un motivo: el ataque a los Convenios colectivos de los trabajadores y el intento de una rebaja salarial. Este es el motivo por el cual, por primera vez en la historia, para esta fecha no se inició la campaña principal de pesca de langostinos, la especie pesquera que más dólares aporta a Argentina.
Este ataque tiene un objetivo: una rebaja del 30% en el ítem salarial por producción de los marineros, modificando en los hechos el Convenio colectivo. Una patronal que exporta la mayoría de la producción, que tiene ganancias en dólares y salarios en pesos. Esta es la ecuación que buscan ampliar y profundizar los empresarios del sector, con la anuencia del gobierno provincial y nacional.
Los gremios rechazan este ataque a los Convenios colectivos, que es una rebaja salarial lisa y llana, e impulsan una actualización salarial acorde al IPC, mientras que desde la Capeca (Cámara de Armadores de Pesqueros y Congeladores de la Argentina), Capip (Cámara Argentina Patagónica de Industrias Pesqueras) y Cepa (Consejo de Empresas Pesqueras de Argentina) ofrecen los valores de referencias impulsados por el gobierno nacional y con guarismos del 1.2% para marzo, 1.2% para abril, mientras mayo y junio sería del 1%, pero dejando por fuera el marco de la negociación del sector; algo no aceptado por el sector gremial, hasta este momento.
El ataque al poder adquisitivo de los salarios y un avance en la flexibilización laboral son los principales desafíos de Milei que desde que asumió decretó una reforma laboral que ataca convenios, el derecho de huelga y conquistas históricas de la clase obrera. La patronal de la industria de la pesca quiere llevar adelante el programa de Milei que quiere meterle motosierra a muchos derechos laborales, pero también a su organización gremial y hasta el derecho de reclamar.
Las patronales pretenden recortar beneficios colectivos, como lo han denunciado diversos sindicatos como el SUPA, el SOMU, SICONARA, entre otros. Un ataque a los derechos colectivos es un golpe a los trabajadores y sus familias, como ya se siente, por ejemplo, en Puerto Madryn y Rawson, dos ciudades de Chubut que agrupan a miles de trabajadores y pone en riego a más de 25.000 familias que viven directamente de la industria pesquera en la provincia.
“El lock-out no solo afecta al personal embarcado representado por SOMU, Centro de patrones y SICONARA, sino también a miles de trabajadores en las plantas pesqueras, que hoy se ven impedidos de cumplir sus tareas debido a amenazas empresariales”. señaló el SOMU en un comunicado.
El Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA) de Chubut señaló que “La crisis en la pesca no nació en el muelle, ni en los barcos. Nació en las oficinas donde se toman decisiones sin consultar a quienes sostienen la actividad con su cuerpo”, y agregan que: “No es una crisis, es la consecuencia lógica de un modelo voraz y cortoplacista. Y lo más grave, ahora quieren que esa factura la paguen los trabajadores”.
Ante este ataque es necesario en primer lugar derrotar este ataque patronal, haciendo de la lucha contra la flexibilización laboral y la baja de los salarios una lucha de toda la clase trabajadora y sus familias. A su vez, para mostrar las mentiras de las patronales es necesario exigir de apertura de los libros de contabilidad de todas las empresas que quieran bajar los salarios. También control de los stocks porque las firmas se han stockeado en la zafra anterior, llenando las cámaras congeladoras para imponer mediante el lock out su objetivo de flexibilizar las condiciones de trabajo y a su vez depredar la fauna ictícola del mar.
Este 4 de junio, confluyeron en una jornada de lucha distintos sectores que vienen siendo atacados por el gobierno. Las y los trabajadores de la pesca tienen una oportunidad para confluir en las calles con las organizaciones feministas, con las jubiladas y jubilados y otros sectores en lucha. Es necesario unir en las calles las luchas contra los femicidios, en defensa del salario y los Convenios colectivos de trabajo, los puestos de trabajo, la salud y todos nuestros derechos, hasta imponerle a la CGT y la CTA un plan de lucha que derrote el plan de Milei y el FMI.
Trabajadores de Secco realizaron un corte contra los despidos en el camino del Buen Ayre
Desde hace varios días, más de 30 trabajadores esenciales de la empresa Juan F. Secco —multinacional argentina especializada en generación de energía— mantienen medidas de fuerza y diversas acciones.
Durante los últimos días más de 30 trabajadores esenciales de la empresa Juan F. Secco —multinacional argentina especializada en generación de energía— mantienen medidas de fuerza y diversas acciones junto a sus compañeros frente a los despidos arbitrarios e injustificados. Pero no se quedan de brazos cruzados, sino que se organizan, resisten, llevando medidas de acción junto con sectores solidarios. El martes realizaron un corte en la autopista Camino del Buen Ayre, en las puertas del predio del Ceamse de José León Suarez, mientras adentro se mantuvo la planta parada.
Fueron parte del corte sectores solidarios de trabajadores en lucha como Shell, de Pilkington, del Hospital Posadas, entre otros. Estuvo presente una delegación del Movimiento de Agrupaciones Clasistas (MAC), junto a estudiantes universitarios.
A pesar del reclamo, la empresa sigue sin dar ninguna respuesta. Durante la jornada de lucha una delegación de trabajadores salió para cortar parcialmente el camino del Buen Ayre y difundir su justa pelea, mientras que otra delegación se mantuvo adentro, parando la planta, ante las amenazas y amedrentamientos por parte de la empresa con personal de seguridad privada.
Durante el día lunes se acercaron estudiantes universitarios de UNSaM (con quienes recorrieron la universidad), UNO, UNLaN, UNaHur y diferentes terciarios, junto a ferroviarios, delegados docentes de Suteba, del ministerio de Trabajo, CNEA y Conicet, también de CICOP Hospital Posadas y trabajadores de otras industrias y servicios.
Convocaron para la acción del martes a sindicatos, organizaciones sociales y políticas, porque como lo expresan ellos: “nadie se salva solo”.
Molinos anuncia despidos tras repartir $81.000 millones entre accionistas
La alimenticia que cuenta con 11 fábricas en el país y alrededor de 2.500 empleados, amenaza con despedir trabajadores en su planta de Esteban Echeverría (PBA). “La motosierra entró a Molinos Río de la Plata”, sostiene un comunicado de la Comisión Interna de esta planta en el que también se denuncia que “la empresa empezó a implementar unilateralmente la reducción de dotaciones”, modificando tareas y trabajando en peores condiciones con una menor cantidad de trabajadores de lo necesario. Molinos es un peso pesado de la alimentación, rama en la que reinan los oligopolios. Con sus más de 31 marcas de productos masivos, Molinos inunda las góndolas de los supermercados y almacenes de barrios, está “presente en el 98% de los hogares argentinos”.
Productora de alimentos cotidianos como fideos (Luchetti, Matarazzo y Don Vicente), harinas (Favorita y Blancaflor), aceite (Cocinero, Lira e Ideal), yerba (Cruz de malta, Nobleza Gaucha, Chamigo), congelados (Patitas de pollo y pizza Sibarita) y vinos (Nieto Senetiner), son apenas una muestra de sus productos.
Un informe del centro CEPA señala que apenas 20 empresas explican aproximadamente el 74% de la facturación de productos alimenticios en góndolas. Estas son Unilever, Mastellone, Coca-Cola, Arcor, Danone y Molinos Río de la Plata, son algunas de ellas. Según este relevamiento Molinos Río de la Plata tiene una posición dominante en el rubro de fideos en el que concentra el 79 % de la producción, arroz con el 45 % y aceites con el 36%. Además, la empresa de los Pérez Compac participa en 8 de las 12 categorías de alimentos que analiza el informe.
Esta posición dominante le permite a la empresa influir tanto en los precios de los alimentos como en la disponibilidad de productos básicos. En diciembre de 2024, los aumentos interanuales en los precios de los fideos, el arroz y los aceites fueron del 40,4 %, 40,6 % y 74,15 %, respectivamente, según datos del Indec. Justamente, estos son los tres rubros en los que Molinos concentra su mayor poder de mercado.
No debe pasarse por alto que estos aumentos se producen incluso en un contexto de menor inflación, resultado del plan de ajuste que profundizó la recesión y pulverizó los salarios. En ningún caso se revirtieron las remarcaciones abruptas aplicadas por las empresas alimenticias en 2023 y luego de la devaluación de diciembre de ese año, cuando los precios de los alimentos se dispararon un 29,7 % en sólo un mes. Fue un golpe directo a las mesas de las familias trabajadoras: comer se volvió un lujo. Estas remarcaciones, lejos de ser excepcionales, son prácticas habituales utilizadas para preservar los márgenes de ganancia.
Durante el año 2024 -y a pesar del desplome del consumo masivo por la crisis económica- Molinos amasó una ganancia neta de $32.687 millones. Si se descuentan otros resultados en moneda extranjera relacionados a las subsidiarias, la ganancia sigue siendo positiva con un resultado integral total de $ 24.508 millones, como se ve en el balance presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV).
Los accionistas de Molinos Río de la Plata SA recibieron el pago de dividendos por la suma de $81.800 millones en diciembre pasado, es decir, un monto mayor a la ganancia reportada en el ejercicio 2024. Esta cifra se explica porque los fondos no provienen exclusivamente del resultado del último ejercicio, sino de la reserva para futura distribución de utilidades, constituida con ganancias acumuladas de ejercicios anteriores.
Mientras esta práctica que permite a la compañía repartir dividendos aun cuando estos excedan la ganancia neta del período más reciente, el trato hacia sus trabajadores ante una caída en las ventas es muy distrito. Los trabajadores de la planta de Molinos en Esteban Echeverría denuncian que la empresa les dijo que había menos ventas y que por este motivo iban a hacer reducción de personal. También “que los salarios estaban muy altos.”
El grupo de esta gigante de la alimentación está controlado por la familia Pérez Compac, que con una fortuna valuada en USD 4.200 millones ocupan el cuarto lugar del ranking Forbes de millonarios del país. La riqueza de los Pérez Compac escaló un 55,5% respecto a los USD 2.700 millones que acumulaban apenas 4 años atrás. Además de Molinos Río de la Plata, el grupo posee una cartera muy diversificada de inversiones. Otra de sus empresas, Molinos Agro registró “ un aumento del 925% en su rentabilidad operativa y del 266% en la rentabilidad neta, reflejando una mejora en la actividad principal más que en resultados financieros extraordinarios”, sostiene un reciente informe del centro IPyPP.
Plata hay, pero buscan que la variable de ajuste sean los trabajadores. “Quieren producir lo mismo con menos gente… No lo vamos a permitir”, señaló Luciano Greco de la Comisión Interna.
“La empresa, basándose en un relato falso de crisis, avanza más allá de lo que incluso las reformas de Milei permiten… Molinos quiere imponer de hecho una reducción de personal y salarial, sin discutirlo en el Comité Mixto de Salud y Seguridad, como exige la ley. Porque además esos adicionales están por convenio, no los puede sacar unilateralmente”, sostiene Grecco, delegado de la CI de Esteban Echeverría.
En la fábrica “hay preocupación en la planta y mucha bronca, porque en la pandemia vinimos a trabajar poniendo en riesgo nuestra salud y la de nuestras familias mientras la empresa la levantaba en pala.” Tienen razón en tener bronca, como fuimos reflejando la empresa cuenta con un fondo reservado de ganancias de años previos para garantizar el reparto de dividendos a sus accionistas. La crisis no es tal, y esta empresa tiene espalda suficiente para mantener los puestos laborales.
No sólo eso, también como denuncian desde la CI la motosierra entró a Molinos: “Están jugando con los alimentos de nuestras familias y con la salud de los trabajadores…En una línea de producción donde trabajaban cuatro compañeros te ponen a tres. Eso genera una sobrecarga del ritmo de producción y con eso vienen los problemas de salud y de seguridad”.
El miércoles los trabajadores de la alimentación se movilizaron nuevamente para defender sus puestos laborales. ¡Abajo los despidos! Por salarios que sean lo suficientemente altos para garantizar lo necesario para vivir cada mes, y que de mínimo sean iguales a la canasta familiar que miden los trabajadores de Ate-Indec.
Cerró Una Mila de Córdoba
“Es un atropello”, dijo Carlos Ferreyra, integrante y vocero del STIA. La empresa Una Mila, de la firma Vaca SA, llegó a su fin a inicios de mes en Colonia Tirolesa, a 33 kilómetros al noreste de la Capital cordobesa.
Este lunes 3 de junio, los uniformados que cumplían funciones dentro de la institución empezaron una protesta en el ingreso de las instalaciones porque nunca hubo diálogo, aviso u notificación de la situación.
“Venía con unos incumplimientos”, describió Ferreyra sobre Una Mila. El gremio intentó intervenir para tener detalles del escenario económico, pero el viernes 30 de mayo, todos los obreros fueron citados a la planta y, con un escribano, se les confirmó el despido.
De este modo, quedaron desvinculados sin previo aviso y sin ninguna causa aparente. “Es un abuso más de los que se vienen cometiendo en este país con respecto a cómo actúan con los trabajadores”, ponderó Ferreyra, quien calificó la acción como “un atropello” de Una Mila.
Como si fuera poco, los dueños de la firma no tendrían el dinero para abonar las indemnizaciones correspondientes. En este contexto, el ministerio de Trabajo convocó a una mesa, donde surgió la realidad de la falta de dinero.
Trabajadores y autoridades del Congreso alcanzaron un acuerdo salarial
Las autoridades del Congreso alcanzaron un acuerdo salarial con los gremios del Parlamento que consiste en un aumento del 1,3 % por mes para el trimestre marzo-mayo y el otorgamiento de un bono de 100.000 pesos, informaron fuentes oficiales.
El convenio salarial fue firmado por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la titular del Senado, Victoria Villarruel, y los secretarios generales de los gremios de la Asociación del Personal Legislativo, Norberto Di Próspero; Claudio Britos, de ATE Congreso y, Martin Roig de UPCN.
La recomposición para las catorce categorías será de 1,3 % para el mes de marzo; 1,3% para el mes de abril; 1,3% para mayo y un bono compensatorio de 100.000 pesos para todo el personal de planta permanente y transitoria.
Con este aumento, un trabajador del menor rango tendrá un sueldo bruto de 653.000 pesos, mientras que el grueso de los trabajadores que reviste en la categoría séptima cobrará un sueldo de aproximadamente 1.100.000 de pesos, mientras que un director de comisión percibirá en bruto unos 2.300.000 de pesos.
Crecen los preparativos para un paro nacional en la UOM
Las negociaciones salariales que encaró la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) que conduce Abel Furlán están estancadas y crece la posibilidad de que se convoque a un paro nacional de actividades. El histórico sindicato metalúrgico se encontraba en un período de conciliación obligatoria que había decretado la Secretaría de Trabajo que está a punto de vencer sin que se haya encontrado un acuerdo salarial que deje conforme al gremio. En ese sentido, la UOM ya prepara un plan de lucha que, según trascendió, podría llegar a contar con seis días de huelga.
La conciliación obligatoria había sido dictada el pasado 6 de mayo. Se cumplió el plazo y se habilitó una prórroga que venció el miércoles 4 de junio. Es poco probable que haya acuerdo y por eso en la sede del gremio ya se preparan para las medidas de acción directa.
El conflicto salarial tiene como telón de fondo el estancamiento de las paritarias del sector metalúrgico y siderúrgico, este último especialmente trabado por la intransigencia de grandes empresas como Ternium, Tenaris y Acindar. El gremio reclama una recuperación salarial que compense los aumentos de precios no contemplados en el acuerdo anterior, firmado en noviembre de 2024, que preveía un magro 1 % de incremento mensual para los primeros meses de este año, muy por debajo de la inflación real.
Durante la última audiencia, la representación sindical advirtió formalmente a las Cámaras empresarias que cuenta con mandato expreso para adoptar medidas de acción directa. El esquema votado prevé un paro de 24 horas en forma inmediata, seguido por uno de 48 horas la semana siguiente y otro de 72 horas en la siguiente, si no hay avances significativos en las negociaciones.
De concretarse, este plan de lucha reconfiguraría el panorama del movimiento obrero, especialmente dentro de la CGT, en un contexto donde otros sectores —como la UTA, Alimentación y Salud— también enfrentan crecientes presiones salariales. La UOM, uno de los gremios industriales más relevantes del país, podría convertirse así en el epicentro de una nueva ola de conflictos laborales a nivel nacional.
Acindar: Más de 100 familias en riesgo de quedar en la calle
En el ministerio de Trabajo de Santa Fe se realizó el lunes pasado una audiencia clave para el futuro de Cooperar 7 de Mayo, una de las tercerizadas de Acindar en Villa Constitución. La cooperativa nació como una empresa recuperada en 1995, durante la crisis del final del menemismo. Lleva 29 años de existencia dando servicios logísticos a Acindar; pero hoy, producto del abandono de la obra pública del gobierno de Milei y de su política de apertura de las importaciones, está en peligro de perder la mitad de sus puestos de trabajo. Debido a la caída en la producción, Acindar sacó de servicio un tren laminador -clave para el trabajo de la cooperativa- y le exigió que despida a 60 de sus 138 trabajadores. Cooperar 7 de Mayo, con el respaldo de la Unión Obrera Metalúrgica, se negó a hacerlo e inició un paro. En represalia, la empresa le comunicó que prescindirá de sus servicios. En esta crítica situación se llega a la audiencia del lunes entre el ministerio de Trabajo y la UOM locales. Lo que suceda en el conflicto va a prefigurar el camino de otras contratistas de Acindar, que en Villa Constitución reúnen a la mitad de los trabajadores de la empresa.
“Acindar es una gran proveedora de la obra pública y ya el año pasado, con el parate de las obras del Estado Nacional, pasó a producir la mitad. Este año, además, comenzó a importar materia prima. En ese marco de caída de su producción, la semana pasada la empresa nos comunicó una serie de medidas: nos anunció que el Tren laminador número 2, con el que trabajamos, iba a parar a fines de mayo. Nosotros somos más de 100 familias en riesgo de quedar en la calle por el ajuste en la logística de los productos que salen de allí, los disponemos en depósitos y luego los despachamos a los clientes”, explicó Cristian Horton, referente de la cooperativa.
No fue la única mala noticia que les comunicaron: “Además nos dijo que no va a darnos el bono que el gremio acordó para todo el sector (un bono para paliar, precisamente, la caída en la producción); nos adelantó que va a tener dificultades para pagarnos al día y exigió que despidiéramos a 60 trabajadores. Tampoco nos incluyó en su plan de suspensiones, lo que evitaría los despidos; finalmente, nos pidió que dejáramos libres puestos de trabajo que tenemos en otros sectores, porque alega que los necesita para sus empleados de planta. Es decir, nos quiere llevar a que seamos Pedidos Ya”.
A raíz de estos anuncios, una asamblea de trabajadores aprobó un plan de lucha propuesto por el sindicato. La respuesta de Acindar fue inmediata: al día siguiente, anunciaron el corte total de los servicios de Cooperar. “Es una represalia por reclamar”, afirma Horton.
La cooperativa mantuvo el paro con el respaldo de la UOM, que advirtió que de no llegar a una solución la huelga se ampliará a otros sectores de Acindar e incluso a la provincia de Santa Fe. Así fue convocada la reunión del lunes en el ministerio de Trabajo.
El punto más duro del conflicto es que la empresa no se muestra dispuesta a revisar su pedido de 60 despidos sin pagar indemnizaciones. “En la cooperativa preferimos ganar menos pero que nadie quede en la calle. Hasta ahora nos repartimos el trabajo, que cayó a la mitad, es decir, que pasamos a ganar la mitad, pero sin echar a nadie. Estamos dispuestos incluso a abrir un retiro voluntario, pero Acindar no quiere revisar su postura, plantea que todo lo hagamos a nuestro costo. Es muy dura con nosotros porque somos el eslabón más precario, los monotributistas”.
“En Villa Constitución ganó Milei (las presidenciales) y estamos padeciendo el peor escenario desde 2001“, dijo en abril el titular de la UOM local, Pablo González sobre el clima que se vive en la ciudad.
En la cooperativa esa lectura es más fácil porque nacieron en el menemismo. En aquellos años en que un dólar valía un peso, Menem llevó a Acindar “un modelo de tercerización del empleo traído de Europa, de Inglaterra. En el 95 hicimos una toma y recuperamos la empresa, nos hicimos cargo con el apoyo del sindicato. Llegamos a tener 265 trabajadores en el mejor momento, el 2014”, recuerda Horton.
En mayo de 2022 la cooperativa inauguró una nave industrial de $50 millones, con una grúa puente de última generación, producto de una inversión con apoyo del Estado. Bastó un año y medio de gobierno libertario para que esa apuesta al crecimiento quedara en riesgo de naufragar.
“Villa Constitución es parte del cordón industrial más rico del país, pero sin inversión en infraestructura, no hay futuro. Una ciudad industrial como la nuestra depende del desarrollo de la infraestructura de un país; pero no porque viva -como dicen comúnmente- de “la teta del Estado”, sino porque un país tiene que desarrollarse, un país tiene que invertir en infraestructura y para eso tiene que haber empresas proveedoras de acero”.
Lácteos Verónica debe salarios y retiene aportes
Trabajadores de la planta Clason/Totoras de Lácteos Verónica de Santa Fe, denuncian que la empresa adeuda salarios desde abril y aseguran que retuvo aportes a obras sociales y prepagas.
“Entramos en el día 19 de la retención de crédito laboral por los salarios adeudados. La empresa está adeudando casi el 50 % del mes de abril, adeuda obras sociales, prepagas, cuotas alimentarias y ya empezaría a correr el mes de mayo”, contó el delegado de planta y trabajador Rodolfo Rodríguez.
Según los trabajadores, la crisis empezó con la conformación del directorio, tras el fallecimiento de uno de los tres hermanos que adueñan la compañía. Fue en 2017 que la empresa, históricamente una compañía familiar, pasó a manos de Espiñeira, un empresario de 82 años que ese mismo año se sumó al blanqueo estatal por millones de dólares, y perdió contacto con sus trabajadores.
No sólo la cúpula empresarial abandonó a los trabajadores, también la política los dejó sin protección. En la reunión que mantuvieron en conjunto con el ministerio de Trabajo, la representación de la compañía ofreció cancelar parte lo adeudado de abril entre el 2 y el 11 de junio, un porcentaje que no fue aclarado por la empresa y tampoco se habló del pago de mayo. Por su parte, las autoridades de la provincia de Santa Fe no se comunicaron con ninguno de los casi 700 empleados que tiene la empresa en total.
“Estamos muy enojados. Ni el gobernador, nadie de la provincia se acercó. Son 700 familias de Santa Fe entre las tres plantas instaladas, más toda la gente que trabaja en los depósitos de distribución en el país. Nadie al día de hoy apareció y eso es lo que desespera, estamos desamparados“, cuestionó Rodríguez. “No hay nadie en el Estado que controle o que le ponga un límite a esta gente que hace lo que quiere”.
Los trabajadores del cine, parados y en alerta: “La mayoría está haciendo laburos de otra cosa por dos pesos con cincuenta”
Por Arlen Buchara
La industria audiovisual argentina, que creció hasta emplear a miles entre 2007 y 2022, hoy atraviesa una parálisis. Con la gestión de Javier Milei y el vaciamiento del Incaa, cientos de rodajes fueron frenados, se eliminaron políticas de fomento y miles perdieron su trabajo. Técnicos, directores y productores buscan sobrevivir entre changas y proyectos sin financiamiento.
La industria audiovisual argentina creció un 45% entre 2007 y 2022, cuando llegó a ocupar a 31.000 trabajadores y trabajadoras en puestos formales y generar otros 600.000 de manera indirecta. Ese crecimiento se frenó en 2024. La motosierra llegó al Incaa en los primeros meses de gobierno y gran parte de la producción nacional quedó paralizada. La gestión de Carlos Pirovano fue la primera en tener cero películas aprobadas en 2024 y 2025 y frenó el financiamiento de alrededor de 200 proyectos que estaban en proceso de realización en todo el país.
También fueron eliminadas medidas clave de fomento, como el certificado de exhibición –un tributo que las distribuidoras de películas extranjeras pagaban al cine nacional–, la cuota de pantalla que garantizaba la exhibición de filmes argentinos y la media de continuidad que aseguraba la permanencia de una película en cartelera según su audiencia. También eliminó la preclasificación que adelantaba fondos y hubo más de 400 despidos en el Incaa.
Carlos Pirovano, economista. Es presidente del Incaa desde febrero de 2024.
Federico se dio cuenta que no había lugar para el cine nacional cuando a comienzos del 2024 se encontró con colegas en las puertas de Congreso para pedir que no se desfinancie el Incaa. No solo estaban los técnicos como él. Los productores que siempre lo llamaban cuando tenían la plata para hacer las películas llegaron en la misma, pidiendo que les habiliten los proyectos. Desde hacía meses nadie los atendía ni firmaba los contratos.
—Ahí me di cuenta de que si ellos no tenían certezas faltaba muchísimo para que empezáramos a filmar algo.
Su salida fue parecida a la de muchos de sus amigos y amigas. Hace “changas audiovisuales”: producciones institucionales baratas con equipos reducidos. Lo que antes eran varios roles ahora lo cumple uno solo. A eso le suma alguna que otra publicidad.
—Y así desaparecen fuentes de laburo. Mis amigos están en la misma, haciendo changas o buscando otra cosa.
Federico trabajó en su primera película Incaa a los 24 años. Estaba en el equipo de dirección y a punto de recibirse en la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (Enerc). Había llegado a Buenos Aires desde Corrientes en un momento en el que crecía la industria de la mano de la Televisión Digital Abierta (TDA). Canal Encuentro, la Televisión Pública y otros canales públicos se convirtieron en una usina de producción para una generación de jóvenes egresados de escuelas de cine y distintas universidades. Había trabajo en Buenos Aires, pero también en las provincias.
Entrar a la industria era salir de trabajos precarizados y filmar una serie con presupuestos reales, donde se cumplían los roles y los pagos según lo que estipulaba el sindicato. Federico pasó por distintos trabajos, primero de eléctrico, después de producción hasta especializarse en asistente de dirección. Cuando estaba terminando de estudiar en Enerc un profesor le dijo algo que le quedó resonando: la inversión en la TDA era algo bueno porque había generado una industria, pero también una trampa.
—No había publicidad y nuestro rubro siempre se paga. Se tiene que poder sostener por sí mismo como pasaba con Incaa que era autosustentable y tenía fondos de varios impuestos.
El primer cambio en la industria lo vio con el macrismo. Se terminaron las producciones para la televisión y tuvo que arrancar de cero. Ahí se metió en las de autor. Hizo más de 20 películas y series, por lo menos 15 con apoyo del Incaa, y filmó en provincias como Corrientes, Formosa, Misiones, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires. En esos años vio cómo los presupuestos alcanzaban cada vez menos y siempre eran necesarios otros fondos, ya sea de las provincias, coproducciones con otros países o entidades privadas.
—Cada vez se desplaza más a las películas de cine de autor y a las óperas primas que son la contracultura de la industria. Todo lo que vemos es de plataformas o grandes productoras. Me lleva a pensar en cuándo voy a volver a laburar en una película porque mi búsqueda laboral es en un cine que está desapareciendo. Los pocos que tienen trabajo están en plataformas. Y casi todo se filma en Buenos Aires.
La gestión de Carlos Pirovano fue la primera en tener cero películas aprobadas en 2024 y 2025.
Abril Alassio entró en la producción de plataformas. Es tucumana, pero vive en la ciudad de Buenos Aires. Tiene 32 años, es microfonista y empezó en 2022 en una película con apoyo del Incaa. Desde entonces no paró: la llaman para distintos proyectos y casi no tiene baches. Al principio eran trabajos en cine, pero en los últimos dos años la mayoría son series y películas para plataformas, como División Palermo y Atrapados.
—Mi caso es excepcional, me considero bastante afortunada. Mi hermana trabaja hace 15 años en esto y estuvo un año y medio parada. Ahora está cosiendo y dando clases de costura. La mayoría está haciendo laburos de otra cosa por dos pesos con cincuenta.
La hora de las provincias
—La industria audiovisual hoy depende de lo que hagan las provincias—, dice Luciana Lacorazza, quien integra la Cámara de Productoras Audiovisuales de Santa Fe. Según estimaron, en la provincia quedaron 50 proyectos truncos por el desfinanciamiento del Incaa. En Santa Fe en 2022 se filmaron al menos cuatro películas y siete series, que emplearon a gran parte de la industria provincial. En 2025 ninguna.
Luciana tiene 41 años y es productora creativa de proyectos. Trabaja con directores y directoras desde la etapa de desarrollo hasta la distribución. Antes del desfinanciamiento, trabajaba en una serie y una película que tenían premios y la declaración de interés para empezar y los frenaron. Ella también se considera afortunada: puede sobrevivir con empleo en el sector público. Dirige Señal Santa Fe, un canal del Ministerio de Cultura donde se proyectan producciones provinciales.
Entre sus colegas la situación es distinta. Los que dan clases en las escuelas de cine de Santa Fe y Rosario tienen una parte de la subsistencia garantizada ahí. Pero no alcanza. Los salarios docentes quedaron atrasados.
—Muchos se volcaron a otros trabajos o incluso se fueron de la provincia.
Luciana es parte de la comunidad que pelea por una Ley de Cine provincial. Esta semana presentaron nuevamente el proyecto a la Legislatura. La propuesta tiene varios aspectos y uno de los más importantes es la creación de un fondo para la industria audiovisual. La idea es que dependa, entre otras partidas, del cobro de ingresos brutos a los servicios digitales audiovisuales online y del total de los ingresos brutos de la actividad audiovisual, de cines y cualquier otro medio de exhibición.
Santa Fe fue pionera en 2008 cuando creó el plan de Fomento Espacio Santafesino, del Ministerio de Cultura, pero con los años los montos se volvieron bajísimos para una industria como la audiovisual.
—Fuimos precursores y ahora quedamos relegados. Con un gobierno provincial que tiene uno de sus ejes en la producción, la audiovisual es una industria que genera trabajo directo e indirecto y construye identidad santafesina.
Romina Tamburello habla apenas baja del avión en Misiones. Llegó a Posadas para estrenar Vera y el placer de los otros, la ópera prima que codirigió con Federico Actis, hecha por la productora Pez. Vera fue filmada en Rosario y trata de una adolescente de 17 años que subalquila por un par de horas un departamento vacío para que otros adolescentes tengan relaciones porque le gusta escuchar detrás de la puerta. La película se estrenó en 2023 en un festival en Estonia y cosechó premios en todo el mundo, desde Tailandia hasta Mar del Plata.
El camino para hacer una película o una serie es largo. Vera lo empezó en 2016 cuando ganaron el concurso Raimundo Blazer del Incaa y quedó frenada dos veces: primero por la intervención del macrismo y en marzo de 2020 por la pandemia. El rodaje fue a fines de 2021 y empleó a muchas de las personas que trabajan en la industria en Rosario. Tuvo apoyo del Incaa y de la provincia de Santa Fe, entre otros fondos. Unos meses antes del rodaje, Romina dirigió Maternidark, una serie financiada por el programa Renacer Audiovisual del ex Ministerio de Cultura nacional con apoyo municipal y provincial. La serie estaba en Contar, pero la bajaron junto con la plataforma.
Con Pez trabajan en una segunda película, pero no consiguen los fondos. Estaba en evaluación del Incaa para ser declarada de interés y se las mandaron de vuelta con el cambio de gestión. Romina ahora da talleres de guion y escritura. También escribe la adaptación a película de su último libro, Los amigos de papá.
—Estamos buscando financiamientos internacionales para las dos películas porque el Incaa está destruido. Y también atentos a que salga la ley de cine de Santa Fe y viendo cómo coproducir con otras provincias.
Con ley también es difícil
Por primera vez en más de 20 años en la industria, Rodrigo Guerrero piensa en irse de Córdoba o en ponerse un negocio de otra cosa, tal vez una panadería. Es director, productor y guionista y tiene la productora La Buena Hora. Hizo su primera película de terror en 2009, El invierno de los raros, estrenada en 2011.
Trabaja en cine desde 2002 y vivió en cambio de la industria audiovisual cordobesa. Primero de la mano de las producciones de la TDA y después con una masa profesionalizada que empezó a hacer películas con el apoyo del Incaa. Hasta 2023 se rodaban entre diez y quince películas al año. En 2024 se hicieron dos y este año ni una. Rodrigo vive de los coletazos de una película que estrenó esta semana y todavía tiene un resto del Incaa y del Polo Audiovisual de Córdoba. También de otra película filmada en 2023 que le vendió a Amazon.
—El año pasado solo rodé un cortometraje independiente y este año nada. Tenía tres películas con declaración de interés de 2023 y se cayeron.
Córdoba tiene una ley propia de Fomento y Promoción para la Industria Audiovisual desde 2016. Fue implementada a través del Polo Audiovisual Córdoba, que depende del Ministerio de Industria, Comercio y Minería. Hay un Fondo para el Fomento de la Actividad Audiovisual pero la ley no especifica un monto fijo ni de donde sale, depende de la voluntad política de cada gobierno.
Rodrigo explica que el Fondo siempre fue un complemento al Incaa. El tema es que es cada vez más chico. La otra política anunciada este año fue un cash rebate (o devolución de dinero) de $5.000 millones por año, con el que la provincia busca convertirse en un destino atractivo para filmar. Rodrigo celebra la medida, pero dice que hay una disparidad con el Fondo, de apenas $350 millones. Para él, el cash rebate dificulta la producción de películas cordobesas y favorece que lleguen productoras de afuera con sus equipos armados.
—Se valora el instrumento, pero son reintegros y tenés que tener el dinero para gastarlo. Se complica sin el apoyo inicial del Incaa, que antes permitía rodar y luego reintegrar. El tema es en qué lugar quedamos los directores, guionistas y productores con las historias cordobesas contadas por cordobeses.
Desde que está la nueva gestión en el Incaa, Rodrigo presentó proyectos en las pocas convocatorias que hubo. No quedó. Los proyectos seleccionados eran la mayoría porteños. Para él, el Incaa debería tener un cupo federal. Sobre todo, en tiempos en que lo único que se filma es de plataformas.
—Los rodajes de plataforma son casi todos allá. Para las productoras de las provincias es doblemente difícil continuar produciendo y resolviendo la financiación de nuestras películas porque no tenemos la trayectoria ni la espalda económica de las productoras de Buenos Aires.
Rodrigo hace ficción y documental. Más de 20 años logró vivir de su trabajo. No se metió en la docencia porque, mal que mal, siempre salían proyectos e hizo una carrera ahí. Ahora duda.
—Si no produzco algo este año tengo que ir a otro lado o dedicarme a otra cosa. Es una decisión que me cuesta porque hace más de 20 años que vengo haciendo películas. Fuimos la primera generación que no nos fuimos de Córdoba y que empezamos a producir acá. Nos convertimos en la segunda plaza de producción a nivel nacional. Y ahora todo eso se está cayendo.
Fuentes: Página/12, Perfil, La Izquierda Diario