Algunos grupos del exilio cubano celebran que el Secretario de Estado Marco Rubio consiguiera nominar la candidatura de Rosa María Payá Acevedo para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pues ven en ella una excelente oportunidad para presionar aún más al Gobierno cubano y aislarlo internacionalmente.
Sin embargo, otros, en cambio, consideran que su nominación responde más a una estrategia política de la Administración Trump que a una verdadera contribución a la causa cubana, y miran con recelos el continuo interés del Gobierno norteamericano para posicionarla internacionalmente como la líder universal de toda la oposición cubana de dentro y fuera de la Isla.
Lo cierto es que desde su llegada a los Estados Unidos en el 2013, la Sra. Payá Acevedo ha recibido el apoyo de políticos ultraconservadores de origen cubano conocidos por sus posiciones de línea dura contra la Isla, entre otros, del entonces senador Marco Rubio, quien en enero 2015 la llevó como su invitada oficial al discurso del estado de la Unión presentado al Congreso por el Presidente Obama.
Desde esa fecha se convirtió en su mentor y ha venido promocionándola en los escenarios internacionales como la representante de toda la diáspora cubana, brindándole no solo su apoyo político sino también acceso a fuentes de financiamiento de agencias federales norteamericanas como la USAID de las que recibe más de 2 millones de dólares anuales del contribuyente norteamericano vía Grants.
También le facilitó contactos con varios presidentes, ex presidentes y otras importantes figuras de la derecha conservadora latinoamericana, además del ahora ex Secretario General de la OEA, Luis Almagro, con quien la promotora del proyecto Cuba Decide logró una estrecha relación recibiendo también apoyo político, financiero y logístico de este organismo regional para sus giras internacionales.
Pero su nominación ha disparado las alarmas en la sociedad civil regional y también en varias cancillerías de países latinoamericanos y caribeños que integran el organismo panamericanista. Existen serias preocupaciones que avalan el criterio de que no sea considerada como la candidata idónea para desempeñarse en ese importante cargo como Comisionada de la CIDH, debido a las siguientes razones:
- Su marcada dependencia y compromiso con la Administración estadounidense permite avizorar con total claridad que actuará en sintonía con la agenda e intereses geopolíticos de Washington en la región.
- No posee esa “destacada” trayectoria en favor de los derechos humanos, la democracia y, mucho menos, es experta en políticas latinoamericanas. Su trayectoria profesional ha estado enfocada únicamente en promover – sin éxito- un “cambio de régimen” en Cuba y en atacar a los Gobiernos de Venezuela, Nicaragua y Bolivia siguiendo indicaciones de Estados Unidos.
- No es abogada ni posee formación académica ni siquiera un currículo que avale su trayectoria y compromiso en defensa de los derechos humanos para ocupar tan importante cargo que sí tienen los otros nominados.
- No consta registro publico de que se haya pronunciado en defensa de lo derechos humanos de los pueblos indígenas ni de los sectores poblacionales más vulnerables de la región.
- El temor a que centre su accionar con un enfoque selectivo y politizado en la situación de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua –países que no son miembros de la OEA-, en detrimento de otras situaciones reales que enfrentan países miembros en los que existe persecución política, estados de inestabilidad provocados por la violencia y la criminalidad, falta de libertad de expresión, entre otros.
- Como integrante del sector ultraconservador de la comunidad cubanoamericana y seguidora del presidente Trump, apoya su estrategia de máxima presión y las medidas coercitivas unilaterales contra varios países de la región. Guarda un silencio vergonzoso respecto a las deportaciones masivas de migrantes a países latinoamericanos y caribeños, y ni siquiera se ha pronunciado contra la violencia en las redadas antiinmigrantes realizadas en Los Ángeles y en otras ciudades estadounidenses. Tales posiciones evidencian su respaldo a políticas contrarias a la dignidad humana, a los Derechos Humanos, al Derecho Internacional y a los principios recogidos en la Carta de la OEA.
- Su permanente hostilidad hacia el Gobierno cubano y su oposición radical a la normalización de las relaciones entre ambos países. Son numerosas sus declaraciones en apoyo al bloqueo norteamericano y a favor de la inclusión de la Mayor de las Antillas en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo; una calificación sin fundamento que implica la imposición de severas sanciones económicas adicionales que incrementan el sufrimiento del pueblo cubano.
- Al igual que su mentor el Sr. Marco Rubio, empleando su habitual discurso de odio ataca constantemente a las Brigadas Médicas Cubanas desplegadas en múltiples países para atender a las poblaciones más vulnerables o que hayan sufrido una catástrofe natural. Tal postura niega uno de los Derechos Humanos fundamentales: el Derecho a la Vida.
- Ha exhibido un cuestionable e irrespetuoso patrón de hostilidad pública hacia diversos gobiernos de estados miembros de la OEA. Entre esas declaraciones se incluyen: calificar al ex presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de ser un “déspota”; acusar al gobierno de Colombia, y en particular a la vicepresidenta Francia Márquez, de apoyar al terrorismo; afirmar que los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro son “tentáculos” de un pulpo cuya cabeza está en Cuba; y acusar al presidente chileno Gabriel Boric de difundir “propaganda” por expresar su preocupación por el sufrimiento del pueblo cubano provocado por el bloqueo norteamericano.
- Sus elogios a gobiernos responsables de graves violaciones a los Derechos Humanos, incluido el respaldo público que brindó al Gobierno interino de Jeanine Añez en Bolivia (2019 – 2020), durante el cual se cometieron las masacres en Sacaba y Senkata que fueron documentadas y condenadas posteriormente por la CIDH.
Estas 10 razones, extraídas de su historial público, corroboran su menosprecio por los Derechos Humanos, el Derecho Internacional, y los principios recogidos en el Capitulo II de la Carta de la OEA, además de evidenciar su falta de imparcialidad, neutralidad y compromiso con los estándares de los derechos humanos universalmente reconocidos.
Tales razones serían suficientes para no votar por ella y evitar así comprometer gravemente la misión, legitimidad y carácter imparcial de la CIDH.