A pesar de la ofensiva gubernamental la burocracia sindical cegetista banca a Milei en su peor momento político. Mientras, más de 70 organizaciones marcharán contra el gobierno.
Por Mario Hernandez
El Frente de Lucha por la Soberanía, el Trabajo Digno y los Salarios Justos, integrado por más de 70 federaciones y sindicatos del transporte, organizaciones sociales y gremios del ámbito estatal, industrial y de servicios, convocó a una conferencia de prensa el lunes 23 de junio en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), en Avenida Jujuy 1074, Ciudad de Buenos Aires.
En la conferencia se explicaron los detalles y motivos para manifestar sus reclamos al Gobierno Nacional, que tendrán como epicentro el ministerio de Desregulación del Estado con una masiva movilización el miércoles 25 de junio.
Las organizaciones concentrarán ese día desde las 12:00 en Carlos Pellegrini y Sarmiento para dirigirse a la sede del Ministerio, ubicado en Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 788.
Hasta el momento, adhirieron al frente y la movilización los integrantes de la CATT y la Federación Marítima, Portuaria y de la Industria Naval Argentina (FeMPINRA); la CGT Regional La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena y Punta Indio; la CTA Autónoma nacional, de Berisso y de Ensenada; la CTA de los Trabajadores; la CTA Buenos Aires y Capital Federal; el Partido Justicialista de Berisso (PJ Berisso); y las 62 Organizaciones Gremiales Peronistas. Por otro lado, apoyan sindicatos como la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP); la Unión Obrera Metalúrgica (UOM); la Federación Argentina de Trabajadores Cerveceros y Afines (FATCA); la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN); ATE Nación, Buenos Aires, Ensenada, Berisso y Punta Alta; la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC); el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA); la Confederación de Educadores Argentinos (CEA); el Sindicato Único de la Publicidad (SUP); la Asociación de Supervisores de Subterráneos (ASSRA); el Sindicato de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP); la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores de Algodón (FTCIODyARA); el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, Entretenimiento, Esparcimiento, Recreación y Afines (ALEARA); el Sindicato Municipal de Berisso; el Sindicato Argentino de Televisión, Telecomunicaciones, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SATSAID); el Sindicato Único de los Trabajadores de la Educación (SUTEBA) de Buenos Aires y Ensenada; el Sindicato Municipales Ensenada; la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y de Ensenada; el Frente de Gremios Estatales; y la Agrupación del Personal Superior ARS (APSA).
A su vez, también se sumaron instituciones como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA); las Universidades de Quilmes, Avellaneda, la Patria Grande y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires; la Federación Universitaria de La Plata. Finalmente, otras organizaciones como la Agrupación Manuel Belgrano; la Agrupación Caballito; el Movimiento Sanitario Provincial de Capital Federal (MOSAPRO); la Federación Nacional Campesina; el Encuentro Federal por la Soberanía; el Foro por la Recuperación del Paraná; Peronismo por la Soberanía; la Comisión Nacional de Territorios Indígenas (CNTI); y la Corriente Clasista y Combativa (CCC).
La conformación del frente único y multisectorial se realizó a inicios de junio, en el marco del plan de lucha de la CATT y en repudio al plan de desregulación liderado por Federico Sturzenegger, al cual calificaron en aquel entonces como “criminal”. También se trata de una respuesta a los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del gobierno de Javier Milei que “desregulan el sistema productivo y del transporte, fijan límites a las paritarias y recortan en áreas estratégicas como la educación, la ciencia, la salud y la infraestructura”.
El Gobierno reglamentó que los trabajadores se paguen su propio despido
El Gobierno Nacional publicó este lunes el marco regulatorio de los Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral (PICs) que nacen tras las modificaciones en las indemnizaciones laborales dispuestas en la Ley Bases. Con esta modalidad, el trabajador podría aportar dinero de su salario todos los meses para su futura hipotética desvinculación. Según el texto publicado en el Boletín Oficial, cada sector podrá incluirlo o no en su Convenio colectivo de trabajo.
Las partes podrán sustituir la indemnización por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional”.
Estos sistemas podrán reemplazar a la indemnización por antigüedad, que equivale a un mes de sueldo bruto por cada año trabajado. Según se desprende de la mencionada Ley Bases, del Decreto que la reglamentó en septiembre pasado y de la Resolución 1071/2025 de este lunes, el Fondo de Cese Laboral podrá administrarse bajo alguna de las siguientes modalidades:
- Régimen de Cuentas Bancarias de Cese Laboral.
- Régimen de Fondos Comunes de Inversión Abiertos de Cese Laboral.
- Régimen de Fideicomisos Financieros de Cese Laboral.
Los Fondos Comunes de Inversión (FCI) son patrimonios que se forman con los aportes que realizan los inversores suscribiendo cuota partes y convirtiéndose, en consecuencia, en cuota partistas. Intervienen dos tipos de entidades: la sociedad gerente y la sociedad depositaria, que administran y custodian los activos respectivamente.
Traidores
La CGT aceptó la convocatoria del Gobierno y hoy asistirá al Consejo de Mayo para debatir la modernización laboral
La mesa chica cegetista avaló la participación de Gerardo Martínez en la instancia de diálogo multisectorial que comenzará este martes en la Casa Rosada para debatir con funcionarios, gobernadores, legisladores y empresarios una propuesta de “modernización laboral”.
La decisión, que se adoptó el lunes en una reunión realizada en la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), significa un aval a la presencia de Gerardo Martínez (UOCRA), secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, en la instancia de diálogo anunciada hace un año por Javier Milei para consensuar 10 puntos que se convertirán en proyectos para que trate el Congreso.
El Consejo de Mayo, presidido por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, fue citado para este martes, a las 9:30, en la Casa Rosada: además de Martínez, participarán Alfredo Cornejo por las provincias firmantes del Pacto y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Carolina Losada por el Senado de la Nación, Cristian Ritondo por la Cámara de Diputados y Martín Rappallini (UIA) en representación de las entidades empresariales. Además, se sumará el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
Algunos dirigentes de la CGT se oponían a sentarse con el Gobierno mientras sigan “el ajuste, el cepo a las paritarias y la reglamentación del derecho de huelga”, pero finalmente se aprobó la presencia en el Consejo de Mayo y se acordó que Martínez lleve al diálogo los reclamos de la CGT, que exceden la agenda de trabajo que propondrá el Gobierno.
Entre las demandas de la CGT para llevar al Consejo de Mayo figuran “defender la consigna producción, desarrollo y trabajo, las paritarias libres, la situación de los jubilados y la no reglamentación del derecho de huelga”, entre otros puntos.
Según explicó Martínez, la idea es que a partir de la segunda reunión del Consejo de Mayo se incorporen expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para facilitar los acuerdos.
De los 15 participantes a la reunión de FATSA, sólo Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), titular de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), planteó una postura crítica sobre la presencia de la CGT en el diálogo con el Gobierno.
El dirigente es uno de los impulsores de una marcha que se realizará este miércoles hasta el ministerio que encabeza Federico Sturzenegger, en avenida Roque Sáenz Peña 788, para reclamar contra la desregulación del transporte y otras áreas.
Pero en el debate cegetista, que se extendió durante dos horas y media, se analizó la situación generada por la convocatoria oficial al Consejo de Mayo y cada sindicalista presente, aun con sus reparos, acordó que la CGT debía participar.
Los dirigentes gremiales que participaron del encuentro fueron los cotitulares cegetistas Héctor Daer (Sanidad), Octavio Argüello (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), más Gerardo Martínez (UOCRA), Hugo Moyano (Camioneros), José Luis Lingeri, Julio Piumato (judiciales), Jorge Sola (seguro), Sergio Romero (UDA), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Argentino Geneiro (gastronómicos), Oscar Rojas (maestranza), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Omar Plaini (canillitas).
Fuentes sindicales aseguraron que también fue invitado Abel Furlán (UOM), pero no concurrió. El titular del gremio metalúrgico exigió la semana pasada a la CGT que en forma urgente se discuta un plan de lucha “sostenido y escalonado” contra el ajuste y la “proscripción” de Cristina Kirchner.
Entre los presentes tampoco estuvieron otros miembros del sindicalismo kirchnerista como Sergio Palazzo (bancarios) o Laura Lorenzo (SMATA), reemplazante de Mario Manrique, quien renunció en octubre pasado a la CGT por profundas diferencias con la estrategia ante el gobierno de Javier Milei.
Gerardo Martínez fue incluido por el Gobierno entre los integrantes del Consejo de Mayo, pero hasta ahora no tenía el aval orgánico de la CGT. El líder de la UOCRA dijo hace 48 horas: “Nadie del Gobierno habló conmigo. En su momento nos dijeron que el Poder Ejecutivo iba a decidir quiénes iban a representar tanto al sector empresarial como al sindical, pero ahora indudablemente me veo en la obligación de una consulta. No voy a decidir por mi cuenta algo así y se necesita el aval de una parte importante de la CGT”.
El sindicalista admitió que la eventual participación de la CGT en el Consejo de Mayo sería “un desafío para poder llegar a lo que pretendemos, que es la trilogía desarrollo, producción y trabajo, un capítulo aún desconocido por este gobierno”.
“Necesitamos un acople entre el sector productivo y el trabajo dentro de un diálogo sustentable y no discrecional”, agregó, tras lo cual insistió: “Yo no pedí ni busco estar ahí (en el Consejo de Mayo), pero si se aprueba será una oportunidad para ser la voz de la CGT y que todas las propuestas salgan por consenso”.
El gobierno sienta a la CGT en la mesa donde se comienza por discutir una de las exigencias del nuevo acuerdo con el FMI: la reforma laboral, dándole una mano a Milei en su peor momento.
Sin un discurso que logre imponerse en una agenda dominada por el justicialismo, la semana pasada el gobierno se vio obligado a ensayar muestras de independencia mediática para intentar retomar la centralidad. Además de la entrevista que el presidente brindó al periodista oficialista, Esteban Trebucq, luego de su viaje de 10 días por Europa e Israel, el martes pasado el legislador electo y vocero presidencial, Manuel Adorni, retomó sus conferencias de prensa después de más de dos semanas sin presentaciones.
A la misma hora, Karina Milei, encabezó una reunión de la mesa chica: Guillermo Francos, Santiago Caputo, Eduardo “Lule” Menem y Lisandro Catalán, donde expuso los lineamientos políticos de una gestión atravesada por la condena a Cristina Fernández.
Son todos eventos por retomar desesperadamente el control de la agenda política, perdida por primera vez en 18 meses de gobierno.
Este es el marco en el que se reactivó en tiempo récord el Pacto de mayo firmado en Tucumán casi un año atrás con el propósito de conformar un organismo multisectorial para avanzar en la ejecución de una refundación institucional que permita al oficialismo llevar adelante reformas estructurales que de otra forma no podría implementar por su escasa presencia en el Congreso. La propuesta del gobierno se recostará en la modificación de la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, con la que buscarán reducir la participación del Estado en los acuerdos paritarios y volver a la implementación del Decreto que limita el derecho de huelga rechazado por la Justicia entre otras.
¿Por qué la Justicia suspendió el decreto de Milei que limitaba el derecho de huelga?
Ante un planteo de la CGT, la jueza del Trabajo Moira Fullana, suspendió con una medida cautelar la aplicación de dos artículos claves del DNU 340/25 con que el gobierno de Javier Milei volvió a poner en jaque el derecho a huelga. “La norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal”, dice la resolución. También hace hincapié en que no está justificada la excepcionalidad, ni la necesidad ni la urgencia, ya que el Congreso funciona con normalidad y de este modo el Poder Ejecutivo está ejerciendo facultades que son legislativas. A quien le parezca que esto ya lo leyó o escuchó, es así, porque la Cámara del Trabajo declaró inconstitucionalidad de aspectos del DNU 70/23, de los inicios del gobierno libertario, porque coartaba la libertad sindical y el derecho a distintas medidas, negociaciones y huelgas.
El DNU 340 amplía el listado e incluye servicios de telecomunicaciones, todas las actividades de la aeronáutica comercial, los servicios aduaneros y migratorios, el cuidado de menores y todos los niveles de educación, además del transporte marítimo de personas y/o mercaderías y/o cargas. Entre los servicios trascendentales –que según la ley actual se pueden determinar de acuerdo a los criterios de libertad sindical de la Organización Internacional del Trabajo– mezcla todo tipo de transporte terrestre y subterráneo, producción de medicamentos e insumos, actividades industriales, radio y televisión, servicios bancarios, financieros, hoteleros y gastronómicos, entre otros.
Como es ostensible, la decisión del gobierno insiste con un tema que estaba saldado ante un escenario de conflictividad laboral creciente. El argumento es que quieren cuidar la recaudación asociada al equilibrio fiscal, pero a lo que apuntan es a aplicar el ajuste, que es lo que genera la reacción de trabajadores y trabajadoras. La restricción del derecho a huelga va en la misma línea de la represión del derecho a la protesta.
El amparo de la CGT
Estos son algunos de los planteos que planteó la Central sindical en su amparo y a los que la jueza, en principio, tomó como válidos, aunque en un fallo posterior deberá resolver la cuestión de fondo:
*”Con el Congreso Nacional en pleno y normal funcionamiento, se implementa una reforma sustantiva, regresiva y permanente en una de las manifestaciones estructurantes del sistema de relaciones colectivas de trabajo y la acción colectiva de autotutela, mediante un decreto de necesidad y urgencia”.
*”El Poder Ejecutivo vuelve a dictar una norma en otro acto de autoridad, con un contenido material idéntico al del DNU 70/23 con el agregado de una actividad esencial, en un descarado intento de sustraerse de la declaración de invalidez constitucional ya declarada (para otro conjunto normativo) por la Justicia Nacional del Trabajo. Es que, ya de manera reiterada a propósito del DNU 70/23 la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en sus diversas salas y composiciones durante la feria de enero, de manera enérgica no ha avalado la impropia utilización de la Constitución Nacional que parte del orden de saber que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones legislativo’ (art. 99, inc.3, CN), en el intento de modificar el conjunto normativo del derecho individual y colectivo del trabajo de manera regresiva permanente’”.
*”Pero, además por su contenido, estigmatiza la huelga y está teñido de notoria antisindicalidad y antijuricidad. Con perplejidad advertimos que se retrocede en términos de debate democrático, al alterar los consensos compartidos por la comunidad respecto del derecho de huelga. La Constitución Nacional como nuestra carta de navegación que supo orientar el pensamiento y la acción de la representación política, parece haber sido sustraída de la práctica institucional”.
*”Es retroceder 150 años, pretender que, porque los derechos no son absolutos, 4.368.764 de trabajadores de nuestro país, el 66% de los trabajadores registrados del sector privado a quienes se les aplica (desde el 21 de mayo de 2025) (…) deberán garantizar el 75% o 50% de las prestaciones habituales. Todo ello en un contexto, en el que integrantes del Poder Ejecutivo reiteran a diario que la pauta salarial que se negocia en forma colectiva no puede superar el 1% mensual y dicha imposición (así funciona en la práctica, puesto que no se homologan los acuerdos que superan la “pauta”) es fuente de una conflictividad que no distingue sectores al ser generalizada”.
* “Tanta desmesura, no puede ser ni avalada ni tolerada, no sólo por los trabajadores y su representación, sino por toda la comunidad, por la sociedad en su conjunto. Está en crisis el derecho a la protesta, está en crisis el derecho a garantizar que quienes trabajan tengan protección, que esta pueda ser mejorada y que, quienes no lo tienen puedan acceder a puestos de trabajo decente. Con las disposiciones que se impugnan se instauran dos principios inversos al orden constitucional y al entramado institucional y de protecciones de la libertad sindical: a) el Poder Ejecutivo puede emitir disposiciones legislativas y, b) todas las huelgas pueden ser limitadas excepto las que se determinen. Para que ello no se convalide, acudimos al último resguardo de la vigencia de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y de los Tratados de Derechos Humanos”.
La cautelar
La jueza Fullana refresca algo harto señalado en fallos laborales previos sobre el DNU 70/23. “Es preciso recordar –dice– que el inciso 3 del artículo 99 de la Constitución Nacional dispone que ‘El Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos, podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia, los que serán decididos en acuerdo general de ministros que deberán refrendarlos, conjuntamente con el jefe de gabinete de ministros’”.
Lo señala para explicar que no habría razones que justifiquen un DNU ya que “a la fecha del dictado de la norma impugnada, por efectos del Decreto 140/25 y desde el 1 de Marzo de 2025 el Congreso de la Nación Argentina tiene abiertas las Sesiones Ordinarias, dicha circunstancia, resulta a mi modo de ver, elemento suficiente para tener por verosimilizado el derecho”. “En el presente caso, reitero, el Congreso de la Nación Argentina se encuentra sesionando en forma ordinaria, extremo que impone al Estado Nacional una sólida y consistente argumentación en relación con la situación de emergencia que habilitaría la vía excepcional previo al tratamiento de la norma ante el Poder Legislativo”, subraya.
Luego advierte, además, que “la norma cuestionada podría conculcar el ejercicio de los derechos derivados de la libertad sindical que gozan de la más amplia garantía legal y supralegal”. Su decisión es suspender los artículos 2° y 3° del DNU en cuestión.
El gobierno ya anunció que apelará el fallo. La estrategia es reproducir, repetir, una discusión que ya estaba judicialmente saldada. Es a lo que apuestan para desgastar las protestas y generar confusión.
Motosierra a las indemnizaciones
Por Bernarda Tinetti
El Gobierno quiere reemplazar con fondos de capitalización el pago por antigüedad que las empresas deben cumplir ante el despido de trabajadores.
La gestión de Javier Milei busca reglamentar cambios en el sistema laboral que quedaron establecidos con la aprobación de la Ley de Bases, donde la indemnización tradicional ante un despido podría ser reemplazada por fondos de capitales acumulados a lo largo de la relación laboral que empezarán a cotizar en la bolsa. Cámaras empresarias y los sindicatos más representativos de cada sector deberán llegar a un acuerdo sobre el funcionamiento de estas herramientas de mercado.
A través de la Comisión Nacional de Valores (CNV) se estableció un proceso de consulta pública para normalizar los nuevos “Productos de Inversión Colectiva de Cese Laboral”: ciudadanos y actores del mercado manifestarán sus opiniones sobre la creación de un marco normativo específico, cuyo objetivo es implementar Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF) que puedan ser utilizados ante un despido, independientemente de la causa.
“Es la máxima flexibilidad laboral posible, porque el empleador puede despedir sin tener que pagar nada más que el aporte obligatorio que hace mensualmente. Y entonces, las relaciones laborales se convertirán en el reino de la arbitrariedad y la prepotencia patronal. No importa cuánto dinero se puede llevar el despedido, importa la situación en la que quedan los demás trabajadores ocupados, con semejante espada de Damocles sobre sus cabezas. ¿Quién se atreverá a reclamar por un derecho o a postularse para delegado, en este escenario?”, afirmó el abogado laboralista Luis Ramírez.
La convocatoria formalizada a través de la Resolución General 1066/2025 es requisito previo para la implementación del Sistema de Cese Laboral previsto en el Decreto N° 847/2024, que pretende dar por tierra las reglas que rigen el sistema de trabajo en el país a partir de los “PICs de Cese Laboral”.
“Están creando un negocio financiero a costa de poner en riesgo un derecho constitucional de los trabajadores, el derecho a la protección contra el despido arbitrario. Con este sistema, los trabajadores no tienen ninguna garantía acerca de la cuantía de su indemnización por despido. Y para los empleadores, una vez internalizado su costo, el despido va a transformarse en un acto libre, sin consecuencias patrimoniales”, aseguró Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA).
Los PICs podrán adoptar la forma de Fondos Comunes de Inversión Abiertos (FCI) o Fideicomisos Financieros (FF), pero deberán incluir obligatoriamente la expresión “Cese Laboral” en su denominación.
Cada instrumento tendrá, a la vez, pautas específicas. Por ejemplo, en el caso de los FCI de Cese Laboral, un reglamento de gestión particular diferente al modelo general, que detalle el mecanismo de notificación del cese laboral y el destino de los fondos en diversos escenarios de desvinculación.
“Por ahora, todo está sujeto a lo que se discuta en la negociación colectiva, pero no habría que descartar que en el gobierno estén pensando en ir armando un sistema para que ya esté instalado frente a una nueva reforma laboral, que podrá venir por ley o DNU luego de las elecciones”, agregó Campos.
La suscripción de cuota partes provendrá exclusivamente de aportes de empleadores y/o trabajadores y se limitará la concentración de inversiones por industria a un máximo del 30 por ciento del patrimonio neto del fondo. Además, no se permitirá invertir en valores emitidos por los propios empleadores aportantes.
Para los Fideicomisos Financieros de Cese Laboral, si bien no estarán obligados a presentar un prospecto para aprobación de la CNV, deberán publicar cierta documentación en la Autopista de la Información Financiera (AIF).
“El gobierno está poniendo la sanción por despido ante la ruptura de la relación laboral en el marco comercial. Según se establece, este sistema también podría utilizarse para otro tipo de prestaciones que se le deban al trabajador”, explicó Alberto Ramírez, abogado laboralista.
El contrato de fideicomiso deberá ser exhaustivo, incluyendo detalles sobre el procedimiento de pago al trabajador y el manejo de los fondos ante distintas causales de extinción laboral. Al igual que los FCI, no podrán invertir en instrumentos de los empleadores fideicomitentes.
“Plantea que sean habilitados por el sistema de convenciones colectivas de trabajo, donde se genera una clara desventaja entre el movimiento obrero y las cámaras patronales. Al suspenderse el derecho del trabajo -que equilibraba las inequidades- con estas nuevas normas la relación laboral queda en el marco del libre mercado. A partir de acá dependerá de la relación de fuerza de cada sindicato, habrá algunos que no dejarán pasar este tipo de herramientas y otros que terminarán cediendo”, explicó Alberto Ramírez.
La CNV informó que, en tanto autoridad de control y supervisión, garantizará que las entidades administradoras y fiduciarias mantengan políticas de inversión adecuadas.
Se determinó un plazo de quince días hábiles para que quienes quieran participar de la consulta pública puedan presentar sus opiniones y propuestas a través del sitio web oficial del organismo.
Según el Ejecutivo, la propuesta ofrece “una alternativa para la gestión de los recursos destinados a la protección del trabajador ante la finalización de su relación laboral”.
Fracaso rotundo de la reforma laboral más vendida por Sturzenegger
Por Mariano Martín
Ninguna Cámara empresaria ni sindicato tomó la iniciativa de incorporarse al nuevo régimen que reemplaza a las indemnizaciones vigentes, contemplado en la Ley Bases sancionada en junio. Caro, inseguro y diseñado por burócratas, entre las razones del desinterés.
Pasados diez meses de la sanción de la reforma laboral de Javier Milei, la creación de los fondos de cese laboral para reemplazar las indemnizaciones vigentes, uno de los caballitos de batalla del Gobierno, resultó ser un fracaso. Ninguna actividad, Cámara empresaria o gremio manifestó interés en explorar las aparentes ventajas del mecanismo que el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, promocionó con especial dedicación en cuanta entrevista brindó antes y después de la promulgación de la norma, confirmaron fuentes oficiales. Se trata de un modelo que propone conformar esos fondos con recursos aportados por los empleadores para disponer de ellos en caso de buscar el cese de un contrato sin necesidad de liquidar indemnizaciones puntuales y con la aparente premisa de evitar juicios laborales.
Ni siquiera los sectores en teoría más interesados en avanzar en esa línea lo hicieron pese a que la ley está reglamentada desde hace casi siete meses. En el arranque de la gestión de Javier Milei el gremio de Comercio, el más numeroso por cantidad de trabajadores con cerca de 1.500.000 de amparados en su Convenio colectivo, había dado muestras de propiciar el cambio de mecanismo indemnizatorio en esa actividad. Incluso su secretario general, Armando Cavalieri, desairó a la CGT en la primera marcha que la central realizó en diciembre de 2023 contra Milei para reunirse con la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, con el alegado propósito de exhibir predisposición a abordar el entonces proyecto incipiente del oficialismo.
Tampoco transitó ese camino el gastronómico Luis Barrionuevo (Uthgra), que tuvo una actitud pendular hacia la administración libertaria: en campaña fue fugaz apoyo y hasta ofreció fiscalización, pero nunca lo cristalizó; una vez asumido Milei, osciló entre sabotear los pedidos de los sindicalistas más levantiscos de la CGT por confrontar con el Gobierno y pedir paros por 36 horas cuando la mayoría de sus pares impulsaba el diálogo. Pero incluso en su condición de aliado implícito del Ejecutivo con un acuerdo a la vista con el ministro de Salud, Mario Lugones, su virtual socio en el sector privado, dio pasos para constituir un fondo de cese para los trabajadores de restaurantes y hoteles. La premisa era que una actividad con tanta rotación como la hotelera y gastronómica debía encajar en el sistema.
Las razones para el fracaso de uno de los ejes de la reforma laboral -junto con el fin de las multas por trabajo no registrado y la creación de la figura de “trabajador independiente” para eludir las relaciones de dependencia- son varias y coinciden en enumerarlas tanto en el sector privado como en los gremios y en parte del propio elenco de funcionarios que debió abordar su instrumentación a pesar de no comulgar con la idea. Es que se trató de una iniciativa casi a solas de Sturzenegger que tomó, al igual que Milei, del modelo vigente en el rubro de la construcción. De hecho, en medio de las negociaciones por su reglamentación el ministro se reunió a solas con Gerardo Martínez, secretario general de la Uocra, el mismo dirigente -y único- al que Milei recibió en campaña.
Entre los motivos se destacan la percepción de que es un sistema caro: mientras las indemnizaciones se abonan sólo en caso de un despido sin causa y no cuando la cesantía se adopta con un motivo comprobable, y menos cuando el asalariado es el que renuncia, en el fondo de cese los recursos se supone que deben ir siempre a todos los trabajadores cualquiera sea la razón de la desvinculación. Además, se lo sospecha como fuente de doble imposición porque los montos destinados a cada fondo de cese no necesariamente clausurarían, temen los empresarios, los juicios del personal que alega un despido injustificado.
En reserva, empresarios, gremialistas y funcionarios que critican el mecanismo advierten que fue diseñado por burócratas sin anclaje en las relaciones de trabajo cotidianas ni contacto con el ámbito de la Justicia laboral, a dónde se dirime el grueso de los conflictos derivados de los despidos. Pese a que Sturzenegger, en varias de sus múltiples defensas del sistema, señalaba que había sido pergeñada para mutua conveniencia de empleadores y asalariados: “cuando comenzamos este camino de la reforma, lo que dijo Milei fue que, a lo largo de la historia, las reformas siempre parecían ser para empresarios o para trabajadores. Me dijo que si no podíamos hacer una reforma que beneficiara tanto a empresarios como a trabajadores, era mejor no hacer nada”, declaró en una oportunidad.
El ministro también se ocupó de destacar en esas ocasiones que se trataba de un modelo que respetaba la voluntad de todas las partes involucradas. Es decir, que sólo podía cristalizarse mediante una negociación de Convenio colectivo entre un gremio y una entidad patronal pero aun así seguiría optativo para cada uno de los involucrados individuales en aquel debate. “Pueden seguir manteniendo la indemnización por ley, un fondo individual como la Uocra, un fondo solidario a nivel industria o contratar un seguro”, había explicado Sturzenegger.
Los fondos de cese están contemplados en el texto de la ley 27.742, denominada “Bases”, en un capítulo laboral que incluyó otros tópicos como la supresión de la mayor parte de las sanciones para empleadores que tuvieran personal informal y del registro (Repsal) que los ponía en evidencia y los excluía de prerrogativas como participar en concursos públicos; también, la extensión de tres a seis meses del período de prueba, aunque en empresas de volumen mediano o pequeño ese lapso podría ampliarse a 9 o incluso 12 meses, y la creación de la figura de “trabajador independiente” que libra a la persona que lo convocó de las obligaciones inherentes a la relación de dependencia siempre y cuando sus contrataciones se acotaran a no más de tres pares para desarrollar la misma actividad.
Monedas de canje
El Gobierno modificó por decreto la Ley de Asociaciones Sindicales y aplicó cambios en el régimen electoral de los sindicatos, en busca de reducir la intervención estatal en la elección de autoridades internas de los gremios. El secretario general del gremio estatal UPCN, Andrés Rodríguez, se quejó por lo que consideró una decisión “unilateral”.
“Lo lógico es que, si hay una iniciativa que tiene que ver con un sector comunitario como es la representación de los trabajadores, tendría que haber convocado para anunciar su intención”.
“Veremos si en una discusión se puede zanjar los entredichos, pero tomar medidas unilaterales nos parece totalmente perjudicial en una democracia”, remarcó.
En concreto, el Gobierno restringió la intervención de la autoridad de aplicación únicamente a situaciones de acefalía sin resolución estatutaria, escenario en el que podrá designar un funcionario con mandato limitado a 120 días hábiles para convocar a elecciones, que son prorrogables de ser necesario.
El referente gremial también habló sobre la intervención estatal en las paritarias y concluyó: “Por un lado el Poder Ejecutivo determina que no se va a meter más en las elecciones, pero por otro lado genera un condicionamiento absurdo y unilateral en materia de negociación libre de salarios. Se contradice, hay muchos errores de gestión”.
Otra “vuelto” sería mantener el aporte obligatorio a los sindicatos de todos los trabajadores sindicalizados o no cuando se actualiza un acuerdo salarial.
Otro apriete: El Gobierno denunció por “atentado” y “extorsión” a 5 sindicatos
En el marco de la ofensiva del gobierno de ultraderecha de Javier Milei contra los derechos laborales, sindicales, salariales, sanitarios y democráticos de la clase trabajadora argentina, entre el 11 y el 15 de abril el Director Nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto, mano derecha de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, presentó seis denuncias penales en Comodoro Py, altar nacional a la arbitrariedad judicial. Son por supuestos “atentados”, “extorsión” y “coacción”.
En los días posteriores al último Paro General, que fue muy fuerte a pesar del carnereo de la UTA y la propaganda oficialista, el funcionario Soto se encargó de avanzar contra la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) y la Unión Ferroviaria (UF).
El 11 de abril, al día siguiente del paro nacional, Soto -que ejerce de forma privada las defensas de policías y expolicías acusados de gatillo fácil- realizó las primeras dos presentaciones. Una fue por “coacción” y “extorsión” y quedó radicada en el juzgado a cargo de Daniel Rafecas. La segunda denuncia fue contra Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) por “amenazas” y “extorsión” y salió sorteado para tramitarla el juzgado federal Nº 12 que subroga el juez Ariel Lijo, el candidato fallido del gobierno para la Corte Suprema.
Cuatro días más tarde, Soto volvió a denunciar a sindicatos por “amenazas” y “extorsión”. En esta jornada el ataque fue contra la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), el Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS) y la Unión Ferroviaria. Estos casos quedaron radicados en los juzgados Nº 12 (que subroga Lijo), el Nº 4 (en el que Lijo es el juez titular) y los restantes dos en el Nº 2 a cargo del juez Sebastián Ramos.
No se descarta que se sumen al listado sindicatos ligados a las CTA Autónoma y de los Trabajadores. Uno de los dirigentes que está en la mira del gobierno de ultraderecha es el secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar.
Denuncias falopa
El puntapié de esta última avanzada tuvo lugar el mismo día del Paro, en el marco de una campaña de características fascistas, con anuncios y mensajes vía parlantes en las estaciones propios de escenarios distópicos –à la Half-Life-, que hablaban de “ataque a la República” y “casta sindical”.
En esa jornada Bullrich había adelantado su estrategia cuando afirmó que el ministerio recibió “más de mil llamados” para denunciar a sindicatos por supuestos “aprietes” para parar.
“Se saturó, tuvo más de mil llamados, el porcentaje más alto fue por extorsión, amenazas, así tuvimos un porcentaje grande”, señaló. También dijo que hubo “otro porcentaje grande de gente que llamó sin una denuncia concreta, pero acusando a los gremios de impedir que el país funcione”, sostuvo la ministra.
El Gobierno quiere usar la inteligencia artificial para modernizar Convenios colectivos
Por Mariano Martín
La Secretaría de Trabajo ya planifica con la UADE utilizar el algoritmo para reformar los Convenios colectivos que rigen las relaciones laborales en cada actividad. El pronóstico distópico del funcionario.
El Gobierno buscará dejar en manos de la Inteligencia Artificial la modificación de los Convenios colectivos de trabajo. No se trata del postulado central de una película distópica ni de una serie de ciencia ficción sino de un plan en estudio en la Secretaría de Trabajo que contempla cederles a los algoritmos la búsqueda de posibles soluciones a los desafíos del mundo moderno del trabajo por encima de las negociaciones paritarias entre empleadores y sindicatos.
La iniciativa se macera en reserva en el equipo que conduce Julio Cordero, más preocupado en lo inmediato por el recrudecimiento de la tensión con la CGT, la reapertura de las negociaciones salariales por la disparada inflacionaria y la marcha de la Central obrera convocada para el próximo miércoles. Y se enmarca en un año en el que la administración libertaria espera avanzar con una nueva reforma laboral, más abarcativa que la contemplada en la ley Bases y alineada con las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras el nuevo desembolso destinado a la Argentina.
Cordero incluso imagina poner en práctica en el corto plazo la modificación de Convenios por Inteligencia Artificial con la asistencia de la Universidad de la Empresa (UADE), de donde consiguió inspiración para avanzar en esta modalidad. A sus colaboradores les expone algunos casos de modalidades laborales que sindica como inviables en las actuales condiciones de mercado como el de la pesca para utilizarlos como pruebas piloto de planteos reformistas mediante tecnologías de IA.
El funcionario, que cobró fama en 2023 como portavoz de la Unión Industrial en un debate parlamentario por la reducción de la jornada laboral cuando se preguntó en tono ofuscado frente a los legisladores “para qué” un asalariado querría trabajar menos, participó el año pasado en un seminario en el aula magna de la UADE en el que se refirió a los adelantos tecnológicos: “la computación cuántica está al borde de nuestra civilización. Cuando pase va a haber muchos seres conviviendo con los humanos, más inteligentes y más fuertes que nosotros. Está en nosotros encontrar un lugar armónico donde esos seres sean herramientas”.
“Serán tan perfectos y nos van a mirar con los ojitos del gatito de Shrek y nos van a decir ‘yo quiero ser humano’. Va a haber que pelear por una superioridad humana frente a esa herramienta que creamos. Tenemos que prepararnos para ese mundo que no será de guerra sino de paz y maravillosa. Queremos ser humanos” arengó el secretario de Trabajo ante el alumnado de la casa de estudios y como parte de una mesa que también contó con Héctor Masoero, rector honorario de la UADE.
La conferencia versaba sobre “diálogo social y convenios colectivos de tabajo” pero Cordero direccionó su alocución hacia los avances tecnológicos, los algoritmos y las posibles herramientas alternativas para elaborar criterios de “modernización laboral”. “Hay un mundo nuevo que tenemos que construir y donde el ser humano supera todas las probabilidades. Estamos mucho más allá de la Inteligencia Artificial, de la robótica. Pero para eso tenemos que estar”, sostuvo. Habló a continuación de “modalidades distintas de contratación” más ligadas al cuentapropismo y destacó que la Organización Internacional del Trabajo “hace tiempo dijo que el contrato laboral autónomo era un contrato de trabajo”.
Junto a otros expositores como el camarista laboral Mario Fera, el director nacional de Asociaciones Sindicales, Claudio Aquino y el plurisindicalista Guillermo Marconi, el titular de la cartera laboral defendió la ley Bases por entender que consagra “el derecho al trabajo antes que el derecho del trabajo”. Rescató la eliminación de las multas por trabajo informal al indicar que “la litigiosidad impide contratar” y retomó el sendero tecnológico de su alocución: “nos enfrentamos a un presente donde la inteligencia artificial generativa ya está entre nosotros. Todavía es virtual y necesita de un humano para bajar a la realidad”.
Pánico en CGT y pases de factura por sangría sin precedentes de las obras sociales: denunciarán a Lugones
Mariano Martín
Una resolución de Salud apuntada, en teoría, contra los “sellos de goma” sindicales que prestaron sus nombres para aliarse con las prepagas, terminó en una sangría de afiliados para buena parte del sistema, como quedó confirmado en febrero pasado. Reuniones de apuro y una estrategia judicial que incluye una oleada de amparos y demandas contra funcionarios.
La CGT entró en estado de convulsión interna esta semana por los primeros efectos concretos del traspaso compulsivo de afiliados de obras sociales a prepagas contemplado en la resolución 1/2025 de la Superintendencia de Salud (SSS). En reuniones internas a las apuradas y tras contactos aislados con el Gobierno la estrategia de consenso prevé una oleada de recursos administrativos, otra de amparos judiciales y hasta denuncias penales contra el ministro de Salud, Mario Lugones, y el superintendente, Gabriel Oriolo. Fueron las primeras reacciones en cadena desatadas tras la constatación de que la ARCA (ex AFIP) retiró de la nómina de afiliados de las prestadoras sindicales de un plumazo a cientos de miles de afiliados que se atendían parcialmente o por completo en empresas de salud privadas.
El estupor trepó hasta lo más alto de la conducción de la Central obrera que reunió el martes de la semana pasada a su plana mayor de urgencia en la sede de los estatales de UPCN: allí acudieron el triunviro Héctor Daer (Sanidad), los “independientes” Gerardo Martínez (albañiles, Uocra), Andrés Rodríguez (el anfitrión y adjunto de CGT), José Luis Lingeri (AySA y principal referente de la organización en la temática de obras sociales); Guillermo Mangone (personal del gas), y Jorge Sola (seguros) junto a unos pocos más. Para entonces era claro que Lugones y el ala “dialoguista” del Ejecutivo los habían “traicionado” al avanzar no sólo sobre sellos de goma sindicales que desde hace décadas triangulan servicios de manera integral con prepagas, sino también contra organizaciones que mantuvieron una red prestacional propia y sólo establecieron acuerdos complementarios de cobertura de salud con privados.
Entre los presentes, tal como había adelantado El Destape la semana pasada, se encontraban algunos de los principales afectados. En particular el propio Lingeri, que de un día para el otro pasó de ser el dirigente de CGT responsable del vínculo con todos los gobiernos para tramitar reclamos del “sistema solidario de salud” a titular de una prestadora vaciada de afiliados por haber establecido convenios con prepagas. También acusó recibo del golpe Mangone, de la obra social del gas (Ostig) al igual que referentes de gremios de otros rubros de la energía como los petroleros, ausentes en la reunión.
Otras Obras sociales afectadas, en grados diferentes, fueron las de la Asociación Bancaria, la del gremio de del personal de los organismos de control estatal (Ospoce) y de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), entre muchas más. En rigor, según los primeros sondeos internos la medida había afectado en mucho o poco a la inmensa mayoría de las obras sociales sindicales y sólo habían quedado a salvo algunas de las más relevantes en número de afiliados como las de Comercio (Osecac), Sanidad, Gastronómicos (Osuthgra), Camioneros (Oschoca), albañiles de Uocra (Construir Salud) o UPCN (UP) que mantuvieron bajo su paraguas prestacional a todos sus afiliados sin derivación de aportes a prepagas.
El plan para responder a la norma de la SSS prevé acciones individuales de las obras sociales afectadas, pero con el direccionamiento del equipo de abogados de la CGT. En algunas organizaciones mencionaron como posible que incluso este mismo miércoles se presenten las primeras medidas cautelares ante la Justicia. El impacto financiero fue de grado mayúsculo y se agravó por su efecto retroactivo al 1 de enero. También hubo coincidencias en demandar penalmente a Lugones y al superintendente de Salud, Gabriel Oriolo. Ambos tomaron la precaución de no firmar la resolución con el argumento de haber pertenecido a entidades del sector antes de asumir sus cargos (presidente de la Fundación Sanatorio Güemes y directivo de OSDE, respectivamente).
Pero fuera de la estrategia judicial la resolución tiene el efecto de una bomba de racimo: por un lado impidió hasta ahora a la CGT pronunciarse abiertamente en contra porque eso obligaría a los “gordos” de los grandes gremios de servicios a defender a los sindicatos con pocos afiliados (los denominados en este caso “sellos de goma”) que se pusieron al servicio de prepagas con la primera desregulación de los ’90s y que fueron responsables del mayor “descreme” en perjuicio del sistema (el pase de trabajadores jóvenes, sanos y con mejores salarios de sus obras sociales de origen a otras asociadas a privados); es decir, del robo masivo de sus afiliados. Por otro, en varios sectores subsiste la teoría de que una negociación de baja visibilidad logrará dar marcha atrás con la medida incluso si eso requiere allanarse a las exigencias de Javier Milei en cuanto a salarios a la baja y nula conflictividad.
Además, una confrontación abierta podría operar como un búmeran. Si la CGT resolviera una medida de fuerza le regalaría al Gobierno un argumento de peso en su batalla cultural de cara a la sociedad al dejar expuesto que la central evitó hasta ahora un tercer paro general frente al ajuste libertario y sólo amenaza con acciones para defender sus obras sociales. De paso, pondría en evidencia en la interna de la central obrera que los “gordos” dejaron pasar la eliminación el año pasado del Subsidio por Mitigación de Asimetrías (SUMA) que se direccionaba a las obras sociales más chicas para transferir esos recursos a las más grandes.
Y si faltaba un elemento para sumar a la confusión general, los directivos de las prepagas en teoría beneficiadas por la medida dieron a entender en encuentros reservados que hubiesen preferido no modificar un esquema de asociación con obras sociales que les resultó virtuoso por décadas. En una reunión que mantuvo Lingeri con Claudio Belocopitt, de Swiss Medical, Julio Fraomeni, de Galeno, y directivos de OSDE, los empresarios admitieron que asumir por completo la cobertura de afiliados que hasta ahora ingresaban por las ventanillas de las prestadoras sindicales los privará de los beneficios de esa alianza: desde la amortiguación de conflictividad que representa tener a un gremio por delante hasta la gestión de reintegros por tratamientos complejos y de discapacidad que le es propia al sistema de obras sociales.
Es que, a partir de la desregulación de Carlos Menem, las prepagas pasaron de ser un bien de lujo destinado a empresarios o ejecutivos de altos ingresos a un elemento habitual de la canasta de la clase media gracias a la asociación -total o parcial- que establecieron con obras sociales sindicales. En la actualidad se calcula de que, de los más de 5 millones de afiliados del sistema privado, cerca de 4 millones lo son por derivación de aportes de 1,3 millón de trabajadores en relación de dependencia que se integraron a prepagas junto a su grupo familiar. Sobre los traspasados en los últimos días el Gobierno no dio precisión alguna de los eventuales beneficios: de hecho, en el sector advierten que eliminar la intermediación de las obras sociales dejará a los afiliados sujetos a los valores de mercado de las prepagas, en general superiores para los suscriptores directos que para los desregulados.
A tal punto el entendimiento obras sociales-prepagas funcionaba sin fisuras que el Gobierno debió presionar sobre los privados para que se incorporaran como “agentes del seguro de salud”, es decir posibles receptores directos de trabajadores provenientes de obras sociales, con una equiparación fiscal con las prestadoras sindicales. Lo reconoció el propio ministro de Desregulación Federico Sturzenegger al defender la resolución de la SSS en sus redes sociales: “las reformas, lamentablemente, no son un proceso automático e instantáneo. Uno hace una parte, ve luego que había otra norma que complicaba, se demoran las reglamentaciones, por momentos el sector privado no acompaña (espera a ver qué onda), se producen extorsiones varias, hay detalles para corregir, etc. etc. Lo importante es perseverar”, admitió.
El traspaso compulsivo que apunta a un universo máximo de 4 millones de personas es el último eslabón de una cadena que la gestión libertaria arrancó con el DNU 70/23 con la equiparación administrativa entre obras sociales y prepagas. El año pasado continuó con otras normas en igual sentido y con una oleada de inspecciones de la SSS a prestadoras sindicales que repetían una mecánica: una combi ploteada con las siglas del organismo estacionaba en la puerta de una obra social y de ella descendía un grupo de entre 14 y 15 inspectores que reclamaban la puesta a disposición de documentación que habitualmente las autoridades de esas entidades presentan de forma digital. En algunos casos, como coincide el relato de un puñado de dirigentes, a la visita masiva le sucedía otra más íntima donde se enumeraban alternativas menos drásticas de administrar la relación.
Se movilizarán trabajadores estatales porteños para exigir la recomposición salarial “urgente”
“En un contexto de pérdida sostenida del poder adquisitivo, tanto los trabajadores de planta como los monotributistas del Gobierno de la Ciudad no llegamos a fin de mes. El salario queda cada vez más lejos de cubrir las necesidades básicas”, manifestaron desde ATE Capital, que organizó una marcha para el martes 24 desde las 11:00.
En la misma línea, indicaron que los monotributistas de dependencias porteñas “recibieron aumentos del 8% en febrero y 9% en mayo” (17,7% acumulado), pero al descontar el importe que pagan para el monotributo e Ingresos Brutos, “los ingresos reales son muy bajos”, mientras que los salarios iniciales de las personas de planta “se acercan peligrosamente a la línea de indigencia”.
“La suma fija no remunerativa de $60.000, congelada desde agosto de 2024, perdió drásticamente su valor. Actualizada por inflación, debería alcanzar al menos los $140.000. Con salarios que no alcanzan y condiciones laborales precarias, las y los trabajadores del Gobierno de la Ciudad seguimos en lucha. Exigimos respuestas urgentes. Queremos vivir y trabajar con dignidad”, concluyeron.
Plenario de secretarios/as generales, gremiales y delegados/as de FATPREN
Los sindicatos adheridos a la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) resolvió declarar el Estado de Alerta y Movilización en el gremio ante la falta de respuestas por parte de la Cámara empresarial ADIRA al reclamo de una urgente recomposición salarial.
En este marco, la FATPREN y los sindicatos adheridos convocan a todos los trabajadores y trabajadoras de prensa a participar activamente del reclamo, desarrollando asambleas en las redacciones para definir los pasos a seguir en caso no obtener respuestas favorables en los próximos días.
El salario básico de redactor apenas supera los $ 600.000 frente a una canasta básica familiar que ya se ubica según el INDEC por encima de $ 1.100.000.
¡Recomposición salarial YA!
120 días de ocupación por 250 puestos de trabajo
El jueves pasado los trabajadores de la gráfica Morvillo realizaron una manifestación en el Puente Pueyrredón. El miércoles se cumplieron cuatro meses de la ocupación de la planta que sostienen desde que la empresa líder del sector gráfico anunciara su cierre y diera comienzo a un curioso e inédito pedido de “auto quiebra” que para los trabajadores implica un “cierre fraudulento” para eludir el pago de sus indemnizaciones.
Se trata de más de 250 trabajadores que, según denuncia la Comisión interna la empresa “dejó en la calle y sin un peso”. El reclamo de los trabajadores que, con aval de la justicia, custodian los bienes de la firma, va dirigido al gobierno provincial que, dicen, tiene la llave para garantizar la continuidad productiva. Sebastián Rodríguez, delegado general, señaló que “estamos haciendo un planteo a la provincia para que intervenga y active un plan de salvataje”. Los obreros aseguran estar “en condiciones de producir manuales escolares, boletas electorales, revistas y folletería para los municipios”.
Trabajadores de Georgalos se movilizaron contra despidos
Trabajadores de la planta que la empresa posee en San Fernando realizaron el jueves pasado una jornada de protesta por el despido de cinco operarios.
La medida incluyó una concentración en Panamericana y Thames en la sede corporativa de la compañía, ubicada en Villa Adelina.
Los manifestantes exigen la reincorporación de sus compañeros y denuncian que las cesantías fueron “arbitrarias y persecutorias”, en el marco de reclamos por condiciones laborales y salariales. Además, acusan a la empresa de desconocer una conciliación obligatoria dictada por el ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, así como de violar el derecho constitucional a huelga.
“La empresa despidió a cinco trabajadores sin causa, justo después de que participaran de un paro llamado por el sindicato. Entendemos que es un mensaje disciplinador para frenar la organización”, expresó una de las trabajadoras durante la protesta.
Tras la manifestación en Panamericana, los trabajadores se trasladaron al edificio corporativo de Georgalos en el complejo Lumina Thames Office Park, donde realizaron una concentración en la entrada principal para exigir respuestas por parte de la conducción empresarial.
Los trabajadores reclaman la restitución del bono por productividad, recientemente disminuido en el sector de chocolates, como el bono de fin de año y la plata mal liquidada por vacaciones. Al mismo tiempo que cese la empresa con el hostigamiento a los compañeros de planta en medio de la conciliación obligatoria. También se pronunciaron contra los despidos en la alimenticia Molinos y se solidarizaron con los trabajadores que resisten respondiendo con un paro para frenar el atropello de la patronal.
La situación fue elevada al ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que citó a una audiencia en los próximos días. Desde STIA a pesar de que no participaron de la movilización (sic), advirtieron que van a defender a los despedidos y que, de no haber una solución, podrían continuar con medidas de fuerza.
Paro por tiempo indeterminado en Molinos por despidos masivos
Los trabajadores de Molinos Río de la Plata, junto a la Comisión Interna y la dirección del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación filial Buenos Aires, iniciaron el sábado 21 por la noche un paro por tiempo indeterminado ante el despido de cinco trabajadores y una trabajadora. El domingo, la empresa despidió a otros cuatro trabajadores.
“Se trata, como lo denunciamos ante el ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, de un plan de cesantías y precarización laboral de la empresa que ahora se termina concretando con estos ilegales despidos”, explicaron.
Y añadieron: “Todo comenzó anoche cuando cuatro trabajadores estaban entrando a cumplir el turno noche y dos se preparaban para volver a su casa luego de terminar su jornada en el turno de la tarde. Los seis fueron citados a la oficina de Recursos Humanos y allí, frente a una escribana, les notificaron que estaban despedidos”.
La Comisión Interna, junto a la dirección del STIA filial Buenos Aires, realizó una asamblea en la que se aprobó el paro convocado por el gremio a partir del turno noche. El paro se ratificó en la asamblea del turno mañana. La medida de fuerza es reclamando la inmediata reincorporación de los despedidos, cese de más despidos, y por condiciones dignas y seguras de trabajo ante la ilegal reducción de dotación de personal ejecutada por la empresa.
“Los despidos se dan pocas horas antes de la cuarta audiencia convocada por el ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires ante la denuncia que realizamos junto a la dirección del STIA filial Buenos Aires de que había en marcha un proceso de despidos planificado. Ese proceso, que comenzó el 26 de mayo, fue dejando a la planta con dotaciones de trabajadores y trabajadoras que están por debajo de la cantidad mínima en cada una de las máquinas, lo que genera situaciones de riesgo para la salud de las y los operarios”, remarcaron.
Y añadieron: “No sólo están despidiendo ilegalmente, están ejecutando un proceso de desindicalizacion, imponiendo la precarización laboral para producir, afectando la salud y la seguridad del resto de las y los trabajadores, ignorando deliberadamente las intimaciones de los representantes de los trabajadores en el Comité Mixto de Seguridad e Higiene que está constituido en la planta”.
Vale recordar que el 23 de mayo pasado, la Comisión interna ya había denunciado públicamente que la empresa de los Pérez Companc -una de las cuatro familias más ricas del país, según la revista Forbes– estaba realizando reuniones de forma irregular con los y las trabajadoras en la que les planteaba que, si no aceptaban rebajas salariales y trabajar con dotaciones por debajo de las recomendadas por el Comité Mixto de Seguridad e Higiene, iba a haber despidos.
Los obreros marítimos cortaron el acceso al Puerto Storni y la Ruta 3 en Pto. Madryn
El viernes 20 de junio, ante el salvaje lock out patronal que quiere imponer, sí o sí, la rebaja salarial y liquidar el Convenio colectivo de trabajo, volvieron a ganar las rutas cortando el acceso al Pto. Storni y la salida norte de Pto. Madryn sobre la ruta nacional N° 3.
Hace 9 meses que los barcos tangoneros están anclados en el Pto. Storni y no salen a realizar la zafra de langostino. Desde el 19 de septiembre, las Cámaras empresarias decidieron lanzar una guerra contra los obreros marítimos y sus familias para imponer por la fuerza la rebaja salarial del 30% del salario y atacar el convenio colectivo de trabajo.
Para este fin, con el apoyo del gobierno nacional de Javier Milei, que quiere avanzar en liquidar los derechos de los trabajadores, las mujeres y la juventud, las patronales pesqueras lanzaron un lock out patronal. Se habían preparado para este conflicto, aprovechando una temporada con altos rendimiento en la pesca, y habían llenado al límite las congeladoras de las plantas pesqueras con el langostino capturado por esos mismos trabajadores a los que hoy atacan para imponer sus políticas reaccionarias.
El viernes, un obrero marítimo en lucha desde el piquete decía: “después de dos días de reuniones en Buenos Aires donde se juntaron nuestros representantes con la gente del gobierno no hubo acuerdo, a pesar de que el gobierno nacional hizo una oferta a las cámaras empresarias para bajarle las retenciones y así las patronales iban a tener más margen de ganancias y así no rebajar nuestros salarios”.
“La respuesta de los empresarios de la pesca fue que aceptaban la baja de las retenciones que les ofrecía el gobierno, pero que igual ellos querían bajar el sueldo el 30%. Así que es una burla todo esto, estamos peor que antes estamos en las negociaciones”. Y agregaba: “Sí o sí quieren tocar el convenio y bueno, nosotros no nos queda otra que salir a la calle y a la ruta y no nos queda otra que manifestarlo. Y tomamos esta medida de cortar el muelle y la medida de subir a la ruta a cortar también”.
Para finalizar nos decía que: “Que esto ya es demasiado, es como decir, que se están burlando de los trabajadores. Por eso el lunes nos vamos a volver a juntar y decidir como seguimos la lucha”.
Cortan Buen Ayre por la reincorporación en Secco
En la mañana del martes 17, desde las 7:00 los trabajadores de la empresa de la energía Juan F. Secco cortaron la autopista Camino del Buen Ayre a la altura del Ceamse, San Martín (GBA). Luego se movilizaron al ministerio de Trabajo de PBA por la reincorporación de más de 30 despedidos.
“Somos más de 30 trabajadores despedidos de la empresa Industrias J. F. SECCO de generación de energía eléctrica, que funciona en el predio del Ceamse de San Martín. Trabajadores esenciales que cumplimos tareas de reconexión del servicio ante cortes masivos, catástrofes, inundaciones, entre otras tareas”, contaron los trabajadores desde el corte que realizaron el martes, sobre Camino del Buen Ayre (km 6.5).
“La empresa sigue sin atender nuestros reclamos. Por eso profundizamos con las medidas de fuerza en la planta y hoy martes nos estaremos manifestando, junto a nuestras familias y organizaciones solidarias. A las 10:00 iremos a la nueva audiencia que está prevista en el ministerio de Trabajo (PBA) de San Martin”, denunciaron en su comunicado.
“Lamentablemente tenemos que recurrir a estas acciones porque dejan en la callea 30 familias y la empresa no tiene ninguna crisis, sino que tiene superávit”, denunció Marcelo desde el Buen Ayre. “Axel Kicillof y el gobierno de PBA, Ministerio de Trabajo nos tienen que dar una definición hoy”, agregaron.
En los diferentes testimonios llamaron a la unidad de los trabajadores para enfrentar el plan de ataque del gobierno: “nos quieren echar a todos, para contratar a precarizados”, pero los trabajadores de Juan F. Secco siguen firmes y prometen nuevas acciones.
Tal como había sido anunciado a las 10:00 se realizó la audiencia en el ministerio de Trabajo de Provincia entre los trabajadores, el sindicato Fetera-CTA A y la empresa. Desde la empresa subsidiaria de Edenor y Edesur solo realizaron una propuesta mínima desoyendo los reclamos de los trabajadores. Se realizará una nueva audiencia el próximo miércoles 25/6 a las 10:00 en la misma sede del ministerio de Trabajo bonaerense. Los trabajadores en asamblea debatirán nuevas medidas de lucha.
Fuentes: Página 12, Resumen Latinoamericano, La Izquierda Diario, Tiempo Argentino, Perfil, Infobae, El Destape, Indymedia Trabajadoras/es, Infogremiales