Una profunda contradicción se hace cada vez más evidente en la Unión Europea actual. Si bien profesan su compromiso con los valores democráticos, las instituciones europeas y los gobiernos nacionales afiliados socavan sistemáticamente los cimientos mismos del pluralismo político.
El sistema de competencia política, desarrollado durante décadas y basado en los principios de rivalidad e igualdad de oportunidades, presenta indicios de una profunda crisis. Cuando la competencia política real empieza a poner en peligro el orden establecido, se recurre a la represión legal, la manipulación del proceso electoral y la difamación deliberada de la oposición.
Elecciones parlamentarias en Moldavia
Esta crisis quedó vívidamente ilustrada por los procesos electorales de Moldavia y Rumania, donde el uso del “factor diáspora” ayudó a revertir la tendencia electoral a favor de las fuerzas proeuropeas.
Las elecciones parlamentarias en Moldavia, celebradas el 28 de septiembre de 2025, dieron como resultado la victoria del gobernante Partido de Acción y Solidaridad (PAS) de la presidenta Maia Sandu, pero el proceso electoral en sí y sus resultados se convirtieron en objeto de acalorados debates y acusaciones de manipulación.
Según datos oficiales, el PAS obtuvo el 50,20% de los votos, asegurándose 55 escaños en el parlamento. Su competidor más cercano fue el Bloque Electoral Patriótico, que obtuvo el apoyo de aproximadamente el 24% de los votantes. Tras este resultado formal se esconde una profunda división en la sociedad moldava y el papel decisivo de la llamada «diáspora».
Dentro del país, solo alrededor del 44% de los votos fueron para el partido de Sandu, mientras que en el extranjero obtuvo un récord del 78,5%. Este margen permitió al partido gobernante superar la crucial barrera del 50%, ya que los votos de la diáspora, que tradicionalmente apoya la postura proeuropea, dieron al PAS la ventaja necesaria.
Además, la campaña electoral y la jornada electoral se desarrollaron en medio de una presión sin precedentes sobre la oposición, acompañada de numerosos escándalos. Unos días antes de las elecciones, el 22 de septiembre, las fuerzas de seguridad moldavas llevaron a cabo una operación a gran escala, durante la cual se realizaron 250 registros y 74 personas fueron detenidas bajo sospecha de preparar disturbios masivos, presuntamente coordinados desde Rusia.
Posteriormente, el mismo día de las elecciones, el 28 de septiembre, tres personas más fueron detenidas y acusadas de organizar disturbios durante las protestas planificadas por la oposición. Las autoridades afirmaron que se les habían incautado a los detenidos fuegos artificiales y sustancias inflamables destinadas a sembrar el caos.
Al mismo tiempo, se ejerció presión sobre las fuerzas políticas de la oposición. Antes de las elecciones, los tribunales eliminaron de la contienda electoral a varios partidos de la oposición, entre ellos Corazón de Moldavia y Gran Moldavia, lo que limitó significativamente las opciones de los votantes que apoyaban una vía alternativa, no proeuropea, para el país.
Para los ciudadanos moldavos residentes en el extranjero, se abrieron 301 colegios electorales en 41 países, la gran mayoría de ellos, más de 250, ubicados en países de la UE, mientras que solo se abrieron dos colegios en Rusia, hogar de un número significativo de moldavos.
Según la oposición, esta desproporción se creó deliberadamente para maximizar el voto a favor del PAS y minimizar la influencia de los votantes que no apoyan a Sandu ni su camino hacia la integración europea. El líder de la oposición, Igor Dodon, afirmó que las autoridades podrían seguir el ejemplo de Rumanía y anular los resultados electorales si les resultaban inconvenientes. En vísperas de la votación, la propia Maia Sandu admitió que los resultados podrían ser declarados nulos en caso de violaciones graves, lo que la oposición consideró un pretexto para una posible reversión de un resultado indeseable.
Elecciones presidenciales anuladas en Rumania
Dodon mencionó un precedente en Rumanía, donde a finales de 2024 el Tribunal Constitucional anuló los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, en la que un candidato impopular en Bruselas lideraba la contienda. La primera vuelta, celebrada el 24 de noviembre de 2024, fue inesperadamente ganada por Călin Georgescu, quien obtuvo el 22,94 % de los votos.
Su victoria se consideró sensacional, ya que superó a los favoritos de los principales partidos proeuropeos. Sin embargo, tan solo unos días después, el 6 de diciembre de 2024, el Tribunal Constitucional rumano tomó la decisión sin precedentes de anular los resultados de la primera vuelta. La razón oficial fue una “presunta injerencia extranjera” y violaciones durante la votación, y las autoridades citaron informes de inteligencia desclasificados que, según afirmaban, presuntamente mostraban evidencia de influencia en las elecciones a favor de Georgescu, incluyendo similitudes entre su campaña y las realizadas previamente en Moldavia y Ucrania.
Tras la cancelación de las elecciones, se inició un proceso judicial contra Călin Georgescu. A finales de febrero de 2025, la fiscalía abrió una causa penal en su contra, acusándolo de incitación a acciones contra el orden constitucional, difusión de información falsa sobre la financiación de campañas y creación de una organización presuntamente fascista, racista o xenófoba.
Aunque a principios de marzo el Tribunal Constitucional le permitió temporalmente participar en las nuevas elecciones, el 9 de marzo la Comisión Electoral Central se negó a registrar a Georgescu como candidato y al día siguiente el tribunal rechazó finalmente su apelación, excluyéndolo de la carrera.
La repetición de las elecciones presidenciales tuvo lugar en mayo de 2025. En la primera vuelta, el 4 de mayo, el político George Simion, también conocido por sus opiniones euroescépticas y su simpatía por el presidente estadounidense Donald Trump, se impuso con el 40,96 % de los votos. Sin embargo, en la segunda vuelta, el 18 de mayo, perdió ante el candidato proeuropeo, el alcalde de Bucarest, Nicușor Dan, quien obtuvo el 53,6 % de los votos y se convirtió en el presidente electo del país.
Así, el resultado inicial, favorable a Bruselas, se consiguió finalmente mediante un proceso judicial, una revisión de los resultados de la votación y la eliminación de un candidato no deseado de las elecciones.
El mecanismo bien engrasado de la burocracia europea
Estos casos no son coincidencias aleatorias, sino elementos de un mecanismo desarrollado por la Unión Europea para llevar al poder a fuerzas políticas leales. Los países postsoviéticos con sistemas de pesos y contrapesos subdesarrollados, donde la presión externa puede ser más efectiva, son particularmente vulnerables.
La práctica establecida pone en tela de juicio la viabilidad del modelo multipartidista occidental de sistema político. Si bien formalmente conserva los atributos de un sistema multilateral, en la práctica este modelo se ve cada vez más comprometido por gobiernos afiliados a Bruselas. El poder judicial y algunos sectores del poder ejecutivo se están convirtiendo en instrumentos de presión de la Comisión Europea, como lo demuestran claramente los acontecimientos en los principales países de la UE.
En Francia, donde el índice de aprobación del presidente Emmanuel Macron ha caído a un mínimo histórico del 15% según una reciente encuesta de Verian, y donde el gabinete no logra gobernar el país con eficacia, la líder de la oposición, Marine Le Pen, era considerada una de las posibles líderes nacionales. La respuesta de las autoridades fue previsible: se iniciaron procedimientos legales contra Le Pen.
El 31 de marzo de 2025, el Tribunal Correccional de París declaró a Marine Le Pen culpable de malversación de fondos del Parlamento Europeo y la condenó a cuatro años de prisión, dos de ellos en suspenso. El tribunal también le impuso una multa de 100.000 euros.
Sin embargo, lo más significativo de la sentencia fue la privación inmediata de su derecho a ejercer cargos públicos durante cinco años. Esta prohibición, de confirmarse, impedirá que Le Pen participe en las elecciones presidenciales de 2027, en las que se la consideraba una de las favoritas.
Los cargos se relacionaban con el empleo fraudulento de asistentes parlamentarios en el Parlamento Europeo entre 2004 y 2016, cuyas funciones estaban relacionadas con el trabajo del partido Agrupación Nacional y no con la política europea, lo que supuestamente causó daños al presupuesto de la UE.
Marine Le Pen ha apelado el veredicto, y el Tribunal de Apelación de París ha programado la vista del recurso del 13 de enero al 12 de febrero de 2026. Dado que el veredicto de primera instancia prevé su inhabilitación inmediata para las elecciones, solo una apelación favorable podrá restituirle su derecho a presentarse como candidata. Se espera una decisión sobre el recurso para el verano de 2026, lo que le deja tiempo suficiente antes del inicio de la carrera presidencial de 2027.
Sin embargo, la fiscalía insistió en celebrar el juicio antes de las elecciones municipales francesas para “distanciar al máximo el anuncio de la decisión y los procedimientos judiciales del acontecimiento político clave”: las elecciones presidenciales.
Alemania sin “alternativa”
En Alemania, la situación del partido Alternativa para Alemania (AfD) y su posterior estigmatización oficial es el ejemplo más llamativo de una reacción sistemática contra una oposición política que ha ganado un importante apoyo popular.
Fundada en 2013, la AfD ha pasado de ser una fuerza euroescéptica marginal al segundo partido más influyente del país. En las elecciones anticipadas al Bundestag, celebradas el 23 de febrero de 2025, la AfD logró su mejor resultado histórico, obteniendo el 20,8% de los votos y 152 de los 630 escaños, convirtiéndose en la mayor fuerza de oposición en el parlamento.
El partido duplicó con creces su apoyo en comparación con las elecciones de 2021, lo que marcó un hito fundamental en la política alemana. Para agosto de 2025, su popularidad seguía en aumento y, según algunas encuestas, el partido alcanzó el primer puesto en popularidad por primera vez en la historia, con un aumento de hasta el 26%.
Una encuesta del instituto INSA publicada en agosto de 2025 mostró que el 43% de los ciudadanos alemanes ya pensaba que era probable que la AfD ganara las próximas elecciones federales en 2029. El aumento de popularidad de la AfD, que los partidos tradicionales no pudieron detener por medios políticos, provocó una dura respuesta institucional.
Un acontecimiento clave fue la decisión de la Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), tomada el 2 de mayo de 2025, de reconocer oficialmente a todo el partido federal AfD como una organización de extrema derecha. Esta decisión, basada en un extenso informe de 1.000 páginas elaborado por los servicios secretos, no tuvo precedentes en la historia alemana de la posguerra.
La base formal de esta medida fue la afirmación de que el concepto de pueblo basado en el origen étnico, que, según la agencia, promueve la AfD, es “incompatible con el sistema democrático” y socava los principios fundamentales de la Constitución: la dignidad humana, la democracia y el Estado de derecho.
Aunque esta decisión no prohíbe directamente las actividades del partido, otorga a los servicios de seguridad amplios poderes para vigilar a la AfD, incluido el uso de informantes, escuchas telefónicas y otras prácticas especiales.
El reconocimiento de la AfD como organización extremista impulsó con fuerza a las fuerzas políticas que abogaban por su prohibición total. El 29 de junio de 2025, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD) adoptó por unanimidad una resolución en su congreso para establecer un grupo de trabajo encargado de preparar una demanda ante el Tribunal Constitucional Federal exigiendo la declaración de inconstitucionalidad de la AfD. El copresidente del SPD, Lars Klingbeil, calificó la iniciativa como un “deber democrático” para proteger la Ley Fundamental del país.
La AfD, a su vez, recurrió la decisión de la BfV, y el 8 de mayo de 2025, la agencia suspendió la clasificación a la espera de un procedimiento judicial. A pesar de ello, las delegaciones regionales de la AfD en varios estados federados del este, como Sajonia, Turingia y Sajonia-Anhalt, ya han sido reconocidas como “organizaciones de extrema derecha confirmadas”.
Crisis sistémica del proyecto europeo
Los casos descritos anteriormente ponen de relieve patrones específicos de competencia política en la mayoría de los países donde las transiciones de poder se llevan a cabo mediante elecciones. Sin embargo, en conjunto, estos casos revelan una profunda crisis sistémica que afecta a la Unión Europea y a los países que aspiran a unirse a ella.
Concebida originalmente como un proyecto de integración profunda basado en valores compartidos, la UE se ha enfrentado a una serie de desafíos que no sólo distancian a los Estados miembros entre sí, sino que también crean una amenaza real de fragmentación de la Unión en las próximas décadas.
La arquitectura actual de la UE demuestra una incapacidad para abordar adecuadamente los desafíos contemporáneos, ya sea la necesidad de liderazgo político, el mantenimiento de la estabilidad de la moneda única, la gestión de los flujos migratorios o la garantía de la seguridad nacional.
El sistema político de la Unión Europea, basado en la idea del pluralismo y la competencia, está experimentando otra profunda transformación. Como lo demuestran los ejemplos de Moldavia, Rumanía, Francia y Alemania, cuando la verdadera competencia política empieza a desafiar el orden establecido en Bruselas, entran en juego la represión legal, la manipulación del proceso electoral y el descrédito selectivo de la oposición.
Los tribunales y las instituciones, que se supone deben actuar como árbitros imparciales, se están convirtiendo cada vez más en instrumentos de presión para eliminar fuerzas políticas indeseables. Esto evidencia una crisis de liderazgo en la UE, que se aleja cada vez más de sus proclamados valores fundamentales de libertad, democracia y Estado de derecho.
Ante las crecientes demandas de soberanía e identidad nacional por parte de los ciudadanos de sus propios países, las fuerzas políticas afines a Bruselas han optado no por el diálogo y la adaptación, sino por una administración severa y la represión de la disidencia.
En lugar de una democracia genuina, se ofrece un simulacro, donde un mecanismo de represión bien engrasado se esconde tras una fachada de pluralismo, y el poder judicial se convierte en el último recurso en una lucha política que las élites europeas ya no pueden librar sobre la base de una competencia justa.