Con la salida de Luis Almagro de este organismo panamericanista, Estados Unidos pierde un fiel aliado y defensor de sus intereses geopolíticos en la región. Un dilema para Washington en un escenario particularmente complejo, pues a los crecientes desafíos a la democracia y seguridad en el continente, se adiciona las polémicas medidas del presidente Donald Trump como son: la deportación masiva de inmigrantes y la imposición de aranceles a países latinoamericanos.
Ello explicaría la nominación por el Secretario de Estado Marco Rubio de la candidatura de su compatriota y protegida – también muy asociada a Almagro- Rosa María Payá Acevedo para integrar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Con ella pretende asegurar la utilización de este órgano autónomo de la OEA como plataforma para continuar las presiones dirigidas a deslegitimar en temas de Derechos Humanos no solo a los gobiernos de Cuba, Venezuela, Nicaragua y Bolivia, sino también intervenir en los asuntos internos de otros que no acaten sus posiciones.
Contrariamente a lo que se afirma en el comunicado del Departamento de Estado avalando su nominación, la Sra. Payá Acevedo no cuenta con esa “destacada” trayectoria en favor de los derechos humanos, la democracia y, mucho menos, es experta en políticas latinoamericanas. Ella ha centrado su trayectoria profesional únicamente en promover – sin éxito- un “cambio de régimen” en Cuba. Tampoco posee aval académico ni un destacado currículo en defensa de los derechos humanos que sí tienen los otros nominados.
Pese al respaldo del Departamento de Estado norteamericano, su candidatura ha despertado preocupaciones entre los países latinoamericanos y caribeños que integran el organismo interamericano, debido a su marcada dependencia a la Administración estadounidense y al temor a que centre su accionar con un enfoque selectivo y politizado en la situación de los derechos humanos en Cuba, Venezuela y Nicaragua –países que no son miembros de la OEA-, en detrimento de otras situaciones reales que enfrentan países miembros en los que existe persecución política, estados de inestabilidad provocados por la violencia y la criminalidad, falta de libertad de expresión, entre otros.
Pero aún hay más. Su nominación también ha provocado posiciones encontradas dentro del propio exilio cubano. Algunos grupos opositores elogian su nominación y consideran que su presencia en la CIDH contribuirá a aportar mayor visibilidad al tema de los derechos humanos en la Isla e incrementar la presión internacional sobre las autoridades cubanas. Otros, en cambio, la han cuestionado y expresado sus reservas, incluido el Movimiento Cristiano de Liberación (MCL) que fuera fundado y liderado por su padre.
Usuarios influyentes en la red social X han señalado que la propuesta responde más a una estrategia política de la Administración Trump que a una elección genuina basada en el consenso entre los activistas cubanos dentro y fuera de la Isla. “Rosa María Payá no representa a toda la diáspora cubana; su proyecto, Cuba Decide, ha tenido un escaso impacto tangible. Esto parece ser más una maniobra política que una verdadera contribución a nuestra causa”, publicó el usuario identificado como @CubanoLibre305.
En la misma línea crítica, otro usuario bajo el pseudónimo de @ExilioUnido, cuestionó la independencia de la activista: “No necesitamos que se impongan desde el exterior candidatos alineados a agendas políticas particulares. La CIDH requiere voces auténticamente independientes y comprometidas únicamente con los derechos humanos, no instrumentos al servicio de intereses partidistas”.
Alineada al sector ultraconservador de la comunidad cubanoamericana y seguidora del presidente Trump, la Sra. Payá Acevedo apoya su estrategia de máxima presión y las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, Venezuela y Nicaragua. Además de guardar un silencio cómplice respecto a las deportaciones masivas de migrantes a países latinoamericanos y caribeños. Tales posiciones evidencian su respaldo a políticas contrarias a los Derechos Humanos y al Derecho Internacional.
Al igual que su mentor el Sr. Marco Rubio, la también Directora Ejecutiva de la ONG Fundación para la Democracia Panamericana mantiene una permanente hostilidad hacia el gobierno cubano y se opone de manera radical a la normalización de las relaciones entre ambos países. Son numerosas sus declaraciones en apoyo al bloqueo norteamericano, en contra de las Brigadas Médicas Cubanas y a favor de la inclusión de la Mayor de las Antillas en la lista de países supuestamente patrocinadores del terrorismo; una calificación sin fundamento que implica la imposición de severas sanciones económicas.
Pero también ha exhibido un patrón de hostilidad pública hacia diversos gobiernos de estados miembros de la OEA. Entre esas declaraciones se incluyen: calificar al ex presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador de ser un “déspota”; acusar al gobierno de Colombia, y en particular a la vicepresidenta Francia Márquez, de apoyar al terrorismo; afirmar que los presidentes Luis Ignacio Lula da Silva y Gustavo Petro son “tentáculos” de un pulpo cuya cabeza está en Cuba; y acusar al presidente chileno Gabriel Boric de difundir “propaganda” por expresar su preocupación por el sufrimiento del pueblo cubano provocado por el bloqueo norteamericano.
A ello se adiciona el respaldo público que brindó al Gobierno interino de Jeanine Añez en Bolivia (2019 – 2020), durante el cual se cometieron las masacres en Sacaba y Senkata que fueron documentadas y condenadas por la CIDH.
Todo ello pone de manifiesto su falta de imparcialidad y compromiso con los estándares de los derechos humanos universalmente reconocidos, además de su evidente dependencia al gobierno norteamericano de quien ha recibido, a través de sus agencias federales, abundante financiamiento que ha administrado sin someterse a escrutinio público. Muestra de ello es que la información financiera tanto de su proyecto Cuba Decide como el de la Fundación para la Democracia Panamericana carece de transparencia al no conocerse públicamente.
Se supone que los miembros de la CIDH deben representar los más altos estándares de integralidad, neutralidad y actuar con discreción y respecto hacia los estados miembros, contrariamente al patrón de hostilidad pública que ella ha exhibido respecto a varios gobiernos de nuestra región. Cualquier conducta que socave estos principios constituye una seria amenaza para la credibilidad, neutralidad y eficacia de esta institución dentro del sistema interamericano.
“La nominación de la señora Rosa María Payá es motivo de seria preocupación, dado su constante menosprecio –e incluso abierta oposición- a los marcos e instituciones internacionales de los derechos humanos. Su nombramiento comprometería gravemente la misión, legitimidad y carácter imparcial de la CIDH”, según se afirma en un reciente memorando del prestigioso Center for Economic and Policy Research (CEPR).