Al igual que en el caso de Rafael Nahuel, la Justicia -ahora la de Río Negro- ordenó el desalojo de una comunidad mapuche, desconociendo la propiedad ancestral del territorio y las leyes nacionales que amparan a los pueblos originarios. La historia de los Buenuleo.
22/10/2019
El apellido Buenuleo, en mapudungun, es una variante de Wenu Leufü, que en castellano podría traducirse “arriba” y “río”.
“Algo así como río de arriba. El abuelo nos decía que era la estela que dejaban las estrellas… también puede ser la vía láctea”, explica Deolinda Buenuleo, werken (vocera) de la comunidad, sentada al pie del fuego que calienta la soleada y fría tarde de octubre.
Y tiene razón. Desde la ladera del cerro Ventana donde vive la comunidad, trepando el barrio Pilar II la cuesta cruzada por vados que con el deshielo se hacen casi imposible de atravesar, la constelación se ve plena y luminosa.
Pero la noche no es poesía para la comunidad. Es cotidianidad de supervivencia para sostener la presencia en el territorio.
Desde el 10 de septiembre pasado, algunas de las familias que integran la comunidad Buenuleo recuperaron las 90 hectáreas que en 2014 ocupó un privado, esgrimiendo un boleto de compra-venta de dudosa procedencia.
Desde entonces, se ven acosados por la Justicia y la Policía, y pesa sobre ellos una imputación por “usurpación” y una orden de desalojo que, aseguran, están dispuestos a resistir.
El último antecedente del accionar de las fuerzas de seguridad durante un desalojo contra los mapuches fue el 25 de noviembre de 2017, cuando en la comunidad Lafken Winkul Mapu el grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina asesinó por la espalda a Rafael Nahuel.
El recuerdo está presente, pero los Buenuleo lo plantean claro: “Si nos vamos, no recuperamos más este territorio”.
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No habían pasado 24 horas desde el fallecimiento de Antonio Buenuleo, cuando Emilio Fiedrich ocupó las 90 hectáreas que, supuestamente, compró a un intermediario.
Fue el 25 de agosto de 2014, mientras la familia Buenuleo aún organizaba el velatorio de Antonio, “Abuelo” y longko de la comunidad.
Friedrich no tenía -ni tiene- el título de propiedad, sino apenas un boleto de compra-venta de origen dudoso y conseguido a precio vil.
Se lo cedió en 2009 por 120 mil pesos -pagados en cuotas-, Claudio Thieck, quien obtuvo su boleto de compra-venta en 2001 y a 35 mil pesos. Noventa hectáreas en un bosque paradisíaco, con fuente de agua propia, por 120 mil pesos.
La familia Buenuleo reclamó que un perito calígrafo verifique si la firma de Antonio en el boleto original era real. Mientras estaba en proceso esa dirigencia judicial, el longko falleció y la pericia nunca se concretó.
Entonces Friedrich avanzó: ocupó sin título de propiedad las 90 hectáreas, mientras los Buenuleo estaban en el velorio. A pesar de los reclamos, la Justicia rionegrina no dispuso el desalojo del ocupante hasta tanto la propiedad legal de la tierra fuera resuelta.
No habían pasado 24 horas desde que la comunidad Buenuleo recuperó las mismas 90 hectáreas -el último 10 de septiembre-, cuando la Justicia rionegrina accionó rápidamente para disponer el desalojo de los mapuches.
Un simulacro de mediación sin abogados y todo el aparato del Ministerio Público y la Justicia se dispuso presto a ordenar a la Policía provincial que retire del lugar a los herederos naturales de las tierras.
Esa orden está a punto de concretarse.
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La vieja camioneta modelo ‘82 con la que Ramiro Buenuleo hace fletes y reparto de madera en el Alto de Bariloche pasa a recoger unos colchones, un poco de yerba buena y unos huevos para el almuerzo.
Vadea arroyos y uno de los tramos del brazo del río Ñireco que baja por la ladera del cerro Ventana.
Ramiro llega a la comunidad y se integra a la ronda de mate en torno al fuego. Se prepara para pasar otra noche junto a Sandra, su compañera, y su hija, en la precaria casilla bajo cuyo techo instaló dos carpas.
Sobre el fuego, una pava y una sartén con chicharrones en permanente fritado; a pocos metros de la fogata y del rewe -lugar para ceremonias-, baja caudaloso el brazo del río Ñireco.
Ya están junto al fuego Rosa Buenuleo -desde 2015 longko de la comunidad-; Deolinda, la werken; Viviana; y tres chicos que corretean, tocan la trutruca y el kultrún, y cazan lagartijas, fillkuñ en mapudungun.
Durante toda la mañana discuten cómo seguir adelante con la recuperación. Son pocos y se sienten solos. Pero invocan al newen -fuerza- para seguir, resuelven permanecer en el lugar y convocan a organizaciones sociales y otras comunidades para que los acompañen.
Es 17 de octubre. Hace un mes y siete días que iniciaron la recuperación; que aguantan casi a la intemperie las noches con temperaturas bajo cero. Después del ritual del mate, piden una foto, levantan el puño y gritan marichiweu, diez veces venceremos.
El Alto de Bariloche alberga los barrios más postergados de la ciudad. El Frutillar, Malvinas Argentinas, Nahuel Hue, Unión, Dos de Abril, Omega, El Maitén, Cooperativa 258, Pilar I y Pilar II, Quimey Hue, 645 Viviendas, entre otros.
La zona es conocida como Pampa de Huenuleo. Un error de la burocracia municipal en la cartografía convirtió el apellido.
La Pampa de Huenuleo es en realidad la “pampita de don Antonio Buenuleo. La gente llamaba así a la zona para ubicarse”, cuando los límites del ejido municipal recién empezaban a escribirse.
“La gente venía a Bariloche y como el abuelo los albergaba, la gente decía ‘¿dónde vamos? Allá, a la pampa de don Buenuleo’, y se fue corriendo la voz, y todos decían lo mismo, y fue quedando”, dice Deolinda.
En 1908, Don Antonio Buenuleo -abuelo de Antonio, el longko que falleció en 2014- recibió en reconocimiento a su permanencia en el lugar el lote pastoril 127 de la Colonia del Nahuel Huapi, de 625 hectáreas. Por esas tierras paseaba sus animales, “vacunos y caballos”, principalmente.
Hoy Ramiro tiene solo una yegua medio mañosa, que lleva a la comunidad para que los acompañe en el control territorial.
El crecimiento demográfico de Bariloche consolidó -sobre todo en las décadas de los ‘70 y los ‘80- varios de los barrios de la Pampa de Huenuleo, o el Alto de Bariloche.
De las 625 hectáreas, 125 fueron cedidas por la familia para la consolidación de los barrios del Pilar I y Pilar II.
El nombre de esas barriadas también se explica en la posesión original: Pilar Curinao era la madre de Antonio, el longko. Cuando se institucionalizó la existencia del primero de los barrios, Antonio pidió que se lo nombre Pilar en homenaje a su mamá, y también a la Virgen del Pilar.
“Ninguno de los vecinos se opuso, porque todos tenían buena relación con el abuelo”, recuerda Deolinda.
“La abuela Pilar cuando hacía sus ceremonias venía a la piedra que está entre Pilar I y Pilar II, una piedra grande donde antes bajaba una cascada”, dice, y dibuja con un palo en la tierra un mapa de los dos barrios y el lugar donde su antepasado rendía homenajes.
Ahora, dentro de la comunidad, la Justicia y los efectivos de la Comisaría 42 -denunciada por decenas de apremios ilegales a jóvenes del Alto- les prohibieron a los Buenuelo realizar una ceremonia mapuche, en función de la amañada lectura de la resolución judicial que ordenó el desalojo.
“Íbamos a empezar la ceremonia y llegó la Policía”, cuenta Sandra, mientras busca papeles y fotos del celular para explicar lo sucedido.
La Carta Orgánica Municipal de Bariloche reconoce la posesión ancestral mapuche de las tierras y promueve el respeto sobre la espiritualidad de ese pueblo originario.
El Estado nacional reconoce la existencia de la comunidad, y está en proceso el relevamiento territorial en el marco de la vigente Ley nacional 26.160.
A pesar del marco institucional de cada paso dado por la comunidad, la Policía impidió la ceremonia.
El rewe espera, pequeño altarcito, con las banderas mapuche y tehuelche, algunas ramas de una planta ceremonial, y un puñado de hombres, mujeres y niños alrededor.
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El Fiscal Jefe Martín Lozada -ex Juez de Instrucción afecto a las causas mapuches-, el Fiscal Inti Isla y el Fiscal Adjunto Gerardo Miranda, conforman la avanzada del Ministerio Público de la Provincia de Río Negro contra los intereses de la comunidad.
Lograron que el Juez Sergio Pichetto, en primera instancia, y luego el Juez Marcos Burgos, imputen a los integrantes de la comunidad por “usurpación” y ordenen el desalojo del lugar, más allá que no esté resuelta la disputa de fondo sobre la propiedad de la tierra.
La celeridad con la que actuaron los fiscales no guarda relación con la demora en promover una investigación en relación a las amenazas con armas de fuego y cuchillos que recibieron los Buenuleo el pasado 10 de septiembre, día de la recuperación.
Varios videos muestran a Friedrich, supuesto propietario, y uno de sus empleados, conocido como el “Loro” Vera, portando una pistola y un cuchillo, y advirtiendo a la comunidad que “a la noche no va a quedar ninguno vivo”.
Los propios integrantes de la comunidad llamaron a la Policía, advirtieron de la situación, y aportaron al Ministerio Público Fiscal fotos y videos que dan cuenta de las agresiones y amenazas.
Pero las prioridades de los fiscales fueron otras. A los pocos días lograron la orden de desalojo, pero no promovieron la investigación sobre las amenazas. El valor de la propiedad privada por sobre el valor de la vida.
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La violencia -muchas veces institucional- es moneda corriente en la zona del Alto, postergada, invisibilizada, cercenada de la Bariloche turística y opulenta.
La poeta Graciela Cross, escribió en su libro Pampa de Huenuleo, de 2017:
“¿Hay sol ahí en Pampa de Huenuleo? ¿Hay sol ahí en Pampa de Huenuleo o sólo hay frío, hielo y muerte?
¿Hay sol ahí
o hay mujeres arrojadas al descampado, asesinadas, violadas, comidas por los perros?
Desaparecen mujeres cerca de uno”.
“A la noche no va a quedar ninguno”. La amenaza de Friedrich y Vera resuena en la comunidad.
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Los chicos corren detrás de una lagartija, esa fresca y soleada tarde de octubre, a pocos metros del fuego y del brazo del río Ñireco que baja caudaloso.
Ramiro, Sandra, Deolinda y Viviana escuchan a los policías rionegrinos del cuerpo especial COER que les advierten sobre la inconveniencia de la decisión de permanecer en el lugar. Les dicen que no tienen nada contra ellos, que cumplen órdenes, que cuiden a los chicos, que el desalojo es inminente.
La comunidad se reúne en un improvisado trawün -asamblea o parlamento- para debatir qué hacer. Desde hace casi 40 días sostienen la recuperación. Están cansados, discuten, se agranda la ronda de mate, algunos picotean los chicharrones refritos, vamos a resistir, dicen, no nos queda otra, repiten, marichiweu, gritan.
