Tres miembros de la Tekoá (comunidad) mbya guaraní “Pai Antonio Martínez” de la localidad de Fracrán, San Vicente, Misiones, se encuentran presos por disposición del juez Gerardo Casco desde el pasado 23 de febrero. Se trata del mburuvichá (cacique) Catalino Martínez, y de los “cabos” Bonifacio Olivera y Alejandro Escobar, detenidos bajo la gravísima carátula de supuestas torturas, vejaciones y malos tratos contra cinco integrantes de su comunidad.
El caso genera tensión tanto en la comunidad afectada como en otras pertenecientes Pueblo Mbya, donde consideran que la situación tiene su origen en el desconocimiento de sus pautas socioculturales y el derecho que tienen a vivir de acuerdo a ellas, así como ven en la prisión de Martínez, Olivera y Escobar un atropello a las autoridades comunitarias.
La Tekoá mbya guaraní “Pai Antonio Martínez” está emplazada en poco más de 500 hectáreas de territorio comunitario en la localidad de Fracrán, Municipio de San Vicente, Misiones. Se trata de una comunidad antigua y populosa, integrada por unas 100 familias y más de 500 habitantes. Como todas las comunidades mbya existentes en el territorio misionero, Pai Antonio Martínez se enfrenta al desmonte, a carencias estructurales, a la pobreza extrema.
A pesar de las dificultades, entre las cuales cuentan de manera cada vez más incisiva diversas formas de intervencionismo estatal y de la cultura juruá (blanca), la comunidad intenta preservar sus pautas culturales, sus formas organizativas y su sistema de autoridad, que incluye sus formas de resolución de conflictos. Estas pautas obedecen a una amplia y antigua cosmovisión sobre las formas de vivir que se resumen en el nombre de Teko Porã, el Buen Vivir.
Un problema interno
Según el relato de miembros de la comunidad Pai Antonio Martínez y otras aldeas mbya, la situación por la cual hasta el día de hoy se encuentran detenidos Catalino Martínez, Bonifacio Olivera y Alejandro Escobar se inició en la aplicación de las formas propias de autoridad y justicia mbya ante un conflicto al que definen como un “problema interno”.
Varios miembros de la aldea fueron acusados de ejercer la brujería para hacer mal a otros integrantes. Lo que empezó como un rumor empezó a tomar cuerpo ante el relato de una adolescente, quien afirmó haber sido reclutada por dos hombres para “hacer mal” contra otras personas. Su testimonio implicó en estas actividades a otras cuatro personas, tres hombres y una mujer.
Ante esas revelaciones, el mburuvichá Catalino Martínez decidió realizar una reunión para decidir qué medidas tomar, a la que fueron convocados tanto las y los integrantes de su comunidad como de otras aldeas, entre ellos un opyguá, autoridad religiosa, de una comunidad del Valle del Cuña Pirú.
“Había personas que hacían mal y nosotros no sabíamos que estaban dentro de la comunidad. Eso al cacique le llegó. Entonces para corregir llamó a varias comunidades para hablar sobre ese tema”– resumió Paulo Duarte, segundo mburuvichá de Tekoá Pai Antonio Martínez.
La reunión convocada por Catalino Martínez comenzó el viernes 19 y finalizó el domingo 21 de febrero. Las deliberaciones duraron varias horas durante esos días, se realizaron con la presencia de las personas acusadas, quienes fueron obligadas a permanecer durante ese tiempo en el lugar de la reunión. “Las familias iban a descansar a sus casas y después volvían para seguir”, dijo Duarte al respecto.
“Para nosotros en nuestra comunidad, en nuestro sistema, en nuestra cultura, fue una corrección nada más. El cacique fue a corregir a la persona para que no haga mal a otra persona, que mal no se hace a otra persona. Yo sé que hasta ahí es el deber que tenemos como cacique de hablar, educar, poner las cosas en su lugar.” – explicó Paulo Duarte, quien puntualizó que “Es una corrección en nuestra cultura, nuestra costumbre. No es tortura. En ningún momento se les maltrató ni nada, porque nosotros somos así. Empezó el viernes y el domingo ya terminó.”
Duarte señaló también que tras la culminación del acto desde la comunidad consideraban que el problema se había resuelto de modo favorable, que las personas acusadas fueron liberadas y regresaron a sus actividades.
“Fue muy importante acá en la comunidad porque se terminó todo bien, porque la última palabra que dio fue nuestro cacique acá y después entregó a un guía espiritual para que determine todo, para que pueda dejar cada cosa en su lugar. Fueron muy buenas las palabras que dio el sacerdote que vino de una aldea del Valle del Cuña Pirú.” – evaluó.
Sin embargo, el día martes 23 de febrero la tekoá sufrió la irrupción de una nutrida comitiva policial que llegó hasta el lugar para detener al mburuvichá Catalino Martínez y a los cabos Bonifacio Olivera y Alejandro Escobar, quienes fueron denunciados por el ex mburuvichá Ricardo Ariel Saya, supuestamente por haber torturado y sometido a vejaciones a las cinco personas a las que se había acusado de brujería.
Además de detener a las autoridades de la comunidad, la policía secuestró gran cantidad de elementos rituales a los que consideró como elementos probatorios y catalogó como “instrumentos de tortura”.
Respecto a los hechos denunciados, varios testigos señalaron que el denunciante Ricardo Ariel Saya no estuvo presente durante los días que se realizó la reunión y desmienten los malos tratos hacia las personas a las que se acusaba de ejercer la brujería, solamente admiten que se las detuvo y se les obligó a estar presentes durante las deliberaciones. Además, afirmaron que Bonifacio Olivera, uno de los detenidos, no estuvo presente durante esa semana en la aldea, por lo que no asistió a la reunión.
Dos formas de justicia:
El día 9 de marzo, al cumplirse dos semanas de la aprehensión de las autoridades de Paí Antonio Martínez, una veintena de mburuvichas y líderes religiosos de distintas comunidades mbya presentaron una nota al juez Gerardo Casco para solicitar una audiencia en la cual se escuchara su versión de los hechos, para aclarar lo que consideran una denuncia falsa. La nota fue presentada por los referentes luego de intentar infructuosamente ser recibidos por el juez, a quien deseaban explicar que el acto denunciado se trata de la aplicación de sus propias formas de justicia y regulación de la vida comunitaria.
Paulo Duarte expresó la preocupación que atraviesa a su comunidad y el deseo de que la situación tenga una pronta resolución, tal como desde ellos dieron una salida al problema que se planteó ante las acusaciones de brujería.
En base a las concepciones de sus propias formas de justicia, Duarte apeló a una resolución pronta de la situación , algo que no se condice con los procedimientos y tiempos de la justicia estatal.
No es lo único que las diferencia: la intención de castigar que prima en la justicia estatal sorprende e incomoda a las y los miembros del pueblo mbya, que señalan que su justicia tiene otras formas y busca vías de resolución de conflictos.
“La justicia nuestra no es solamente castigar sino también buscar una solución, porque muchas veces castigar también no es bueno, sino buscar una mirada, una vía que pueda servir a la persona. Eso es lo que se busca en la justicia mbya.”– explicó Mario Borjas, ex mburuvichá de la Tekoá Ka´a Kupe de Ruiz de Montoya, quien reivindica la aplicación de formas propias y tradicionales de justicia en las comunidades.
“La justicia mbya tiene otra forma de conversación, otra forma de tiempo para poder solucionar y sabemos solucionar los problemas. Es que se metieron mucho los blancos, los juruá y por ahí se venían cayendo las organizaciones propias.” – afirmó Borjas, quien ve en el encarcelamiento de las autoridades de Pai Antonio Martínez una forma de discriminación y de desconocimiento por parte de las autoridades blancas.
No reconocimiento y discriminación:
“Nosotros como Pueblos Indígenas tenemos nuestras maneras de pensar, de tiempo, nuestras maneras de institución y hay muchas cosas que todavía las autoridades blancas no están conociendo, que no saben cuál es la realidad de nuestra cultura. Esto es una discriminación total de parte de la autoridad de San Vicente, del juez que actúa sin consultar bien a la comunidad, sin escuchar a la comunidad.” – caracterizó Borjas, quien recordó que la preexistencia étnica y cultural de los Pueblos Indígenas está reconocida por la Constitución Nacional y que el convenio 169 de la OIT, suscripto por Argentina, protege a sus instituciones, su cultura y su derecho a la autodeterminación.
A pesar de la vigencia de tal legislación, el juez Casco omitió hasta ahora considerar el rol de autoridades que ejercían Catalino Martínez como mburuvichá y los “cabos” o “guardias” Alejandro Escobar y Narciso Benítez, quien permanece en libertad pero en calidad de imputado , mientras mantiene en prisión a Olivera, quien ni siquiera estuvo en el lugar y momento de los hechos.
A raíz de esa omisión, sus conductas aparecen enmarcadas en la causa judicial como simples conductas delictivas cometidas en forma concertada y no se inscriben en el marco sociocultural de los imputados.
La falta de aplicación de la perspectiva indígena en la causa judicial se revela no solamente en apresamiento de las autoridades de Paí Antonio Martínez y la renuencia expresa del juez a recibir a los mburuvichás y guías espirituales, sino en el curso mismo que se dio a la denuncia sin haber recurrido a intérpretes interculturales que oficien tanto en la traducción idiomática como fundamentalmente en la interpretación de las pautas socioculturales que rigen las conductas denunciadas. Hoy, Martínez y Escobar están en prisión por haber ejercido formas propias de su autoridad de acuerdo a normas tradicionales y ancestrales, en tanto que la prisión de Olivera es más arbitraria aún.
Tanto la autoridades comunitarias de gran cantidad de tekoás, guías espirituales y otros referentes mbya esperan junto a la defensa de los imputados la posibilidad de ser escuchados y que el juez Gerardo Casco adopte en la instrucción judicial una perspectiva acorde a los derechos proclamados constitucionalmente de respeto a las normas e instituciones que son parte de la reconocida preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios de Argentina.