El espíritu de reconocerle derechos a la Naturaleza

La idea de considerar a la Naturaleza como un sujeto revestido de derechos ha dejado de ser una rareza. Se cumplen en 2018 diez años del primer paso en esa dirección, que ocurrió con el reconocimiento constitucional otorgado en Ecuador. Allí se utilizó una fórmula novedosa no sólo por entenderla como un sujeto, sino por ser intercultural, asociando las ideas de Naturaleza con la de Pachamama.

Río Whanganui, en Nueva Zelandia, fue declarado como “persona jurídica” sujeto de derechos el año 2017.

Aquella formulación generó tanto críticas como escepticismos, y su aplicación padece debilidades, pero sirvió como ejemplo. Y es así que en la última década no han dejado de sumarse otros ensayos, tanto en América Latina (Bolivia, Colombia y Argentina), como en otros continentes (India y Nueva Zelandia, por ejemplo).

Esto no puede sorprender ya que la crisis ambiental se profundiza en todos los países. Las exigencias y controles ambientales se debilitan, las tecnologías no logran impedir otros accidentes, y se acumulan todo tipo de daños ambientales. En América Latina esta deriva se ha agravado en los últimos años, especialmente por los empujes extractivistas volcados a la exportación de recursos naturales. Y esto ha ocurrido bajo muy distintos regímenes políticos, sean conservadores como progresistas. Cada uno, a su manera, trata a la Naturaleza como objeto a ser explotado, y de esa manera queda en evidencia que estamos ante una problemática que tiene raíces muy profundas, más allá de las ideologías políticas.

Para remontar el empequeñecimiento espiritual

La tarea de promover un cambio sustancial en cómo se entienden los derechos no es nada sencillo cuando una y otra vez se insiste en que es necesario conquistar la Naturaleza. Es todavía más difícil hacerlo bajo crisis, tanto en los ámbitos de la política como de la justicia. Perú no escapa a esa condición, y por eso es válido preguntarse si es posible, e incluso si tiene sentido, promover derechos en la Naturaleza, si el propio sostén de la idea de “derechos” está en jaque debido a su severa crisis. ¿Es una fantasía plantear a la vida no-humana como sujetos jurídicos cuando se cruzan las denuncias de manipulaciones, presiones y maniobras sobre los actores judiciales? ¿La primera urgencia debería estar en reconstruir un poder judicial para solamente después, en el futuro, abordar el lugar que ocupará la Naturaleza?

Es oportuno discutir esta cuestión en un diálogo con Jorge Basadre, el “historiado de la república”. En uno de sus textos, “Mendigo en banco de oro”, Basadre parte de la imagen de un país que está sobre una enorme riqueza en recursos que pueden ser aprovechados (1). Es una metáfora que persiste hasta el día de hoy, y uno de sus defensores recientes fue el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa. En su razonamiento, Ecuador se comportaba como un mendigo sobre un enorme saco de oro, y lo que debía hacer era redoblar la explotación petrolera y ampliar los proyectos de megaminería. La profundización de los extractivismos acabaría con la pobreza, decía Correa.

Los dichos de Basadre, que tienen casi un siglo, concuerdan con la idea de una “riqueza inmensa” pero que sólo será aprovechable con mucho esfuerzo. En concordancia con el espíritu de su tiempo, Basadre es optimista, y dice que más allá de convulsiones y violencia, el “mal no está en el Perú en sí” y las perspectivas de desarrollo posible son “vastísimas”. Pero enseguida ofrece una advertencia que es válida para la circunstancia actual: “el mal verdadero, el peligro terrible, se halla en cambio por el otro lado: en el empequeñecimiento espiritual”.

Ese encogimiento del espíritu, su debilitamiento o incluso su pérdida, en sentido otorgado por la alegoría de Basadre, es justamente un componente central en la problemática actual. Sería difícil negar que en el último año, en los extremos de la crisis político partidaria primero, y en los desarreglos del poder judicial ahora, la misma esencia del concepto de derechos está crujiendo.

La salida de esta situación requiere, sin duda, recuperar el marco de los derechos, fortaleciendo y ampliando el sentido de la justicia. Grandeza en el espíritu es lo que se necesita, parafraseando a Basadre. Pero esa recuperación de los derechos en este siglo XXI, y bajo las condiciones de Perú y de los demás países latinoamericanos, será incompleta sino se incorpora la dimensión ambiental. De no hacerlo, se terminará destruyendo el marco natural, padeceremos un planeta recalentado, las economías nacionales tambalearán y se perpetuará la pobreza. La justicia es también una justicia ecológica, y los derechos son también de la Naturaleza.

Dos recorridos y una meta

La idea de derechos para la Naturaleza ataca precisamente esos cimientos culturales que están ensimismados en un utilitarismo antropocéntrico, que conciben el entorno como un simple conjunto de recursos a explotar, y que no dudan en recortar los derechos y la justicia.

En esa tarea, actualmente se están explorando al menos dos perspectivas. Una de ellas consiste en ampliar la cobertura de los derechos jurídicos, y así como son concedidos por ejemplo a una empresa, dar unos pasos más otorgándolos a la Naturaleza. Ese es el camino que se transita en Colombia, donde la Corte Constitucional en 2016 reconoció al río Atrato como sujeto de derechos. Más recientemente, toda la ecoregión amazónica fue entendida como una “entidad” sujeto de derechos.

Estos dos ejemplos son muy relevantes para Perú ya que responden a problemas ambientales de enorme gravedad que se repiten en el país. En efecto, los derechos del río Atrato fueron una respuesta a su severo deterioro, esencialmente por contaminación derivada de la minería. Los derechos para la ecoregión amazónica son la reacción a la deforestación, que ocasiona tanto una pérdida de biodiversidad como una contribución de gases invernadero al cambio climático global.

Como esa problemática se repite en Perú, es válido preguntarse si así como los colombianos apelan a los derechos de la Naturaleza, no sería apropiado iniciar ese recorrido en el país. Además, en Colombia, la Corte Constitucional aprovechó el reconocimiento de esos derechos para exigirle a los gobiernos nacional y departamentales, acciones inmediatas, enérgicas y concretas para revertir el deterioro ambiental, una demanda que también es necesaria en Perú.

Otra perspectiva sobre los derechos de la Naturaleza es la expresada en la Constitución ecuatoriana. En ese país, distintas posturas, tanto de militantes, intelectuales y pueblos indígenas, coinciden en entender que la Naturaleza es un conjunto de sujetos no-humanos, y con ello inmediatamente se deriva la necesidad de reconocerles derechos. Aquí se parte de entenderla como sujeto y la consecuencia es el reconocimiento de los derechos. Esta es una posición intercultural que también debería ser atendida en Perú, debido a que varios de sus pueblos indígenas del mismo modo entienden que los seres no-humanos son sujetos.

Sea por un camino o por otro, se está avanzando en la temática de los derechos de la Naturaleza. Ensayos similares han ocurrido en Bolivia, con dos leyes en esa materia, así como en Nueva Zelandia e India; en Argentina el congreso tiene a consideración un proyecto en esa materia. Estamos ante los umbrales de cambios sustanciales en los modos de entender y construir políticas ambientales.

Un observatorio y una necesidad

Presentación del Observatorio de los Derechos de la Naturaleza, en Lima, el pasado 18 de julio

Es en estas circunstancias que se lanza el “Observatorio de los Derechos de la Naturaleza”, tanto para promover e investigar en esa perspectiva, como para analizar y alertar sobre las violaciones de ese tipo de derechos. Este es un esfuerzo que parte de la sociedad civil y desde América Latina, y que cuenta con un comité asesor que incluye desde Perú, a Rocío Silva Santisteban, una conocida escritora y militante por los derechos, junto a Amparo Carvajal (presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia) y Gustavo Castro (mexicano que lidera la organización Otros Mundos muy activa en México y Centro América). El observatorio se apoya además en un conjunto de instituciones co-participantes que cubren un amplio espectro, incluyendo a CEDIB (Centro de Documentación e Información Bolivia), OFIS (Fundación Oficina de Investigaciones Sociales y del Desarrollo) que promueve el diálogo intercultural y la sustentabilidad en Ecuador, y el Instituto de Bioética de la Universidad Javeriana en Bogotá (Colombia), con la coordinación de CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social) (2).

La tarea es inmensa, pero necesaria. En buena medida esa grandeza de espíritu que reclamaba Basadre es indispensable para fortalecer el marco de los derechos, sean los de los humanos como los de la naturaleza. Empequeñecer el espíritu es perder el horizonte de los derechos. No estamos ante un lujo, sino ante una necesidad imperiosa.

Notas

(1) Basadre, J. 2007. Meditaciones sobre el destino histórico del Perú. Petroperú, Lima.

(2) La información sobre la iniciativa y una biblioteca con documentos y textos ya está disponible en www. naturerightswatch.com. El observatorio se presentó también en Buenos Aires (Argentina), el pasado 12 de julio y lo será en La Paz (Bolivia), el 7 de agosto.

Resumen de la ponencia del autor en la mesa redonda de presentación del Observatorio de los Derechos de la Naturaleza en Perú. Compartieron la mesa Rocío Silva Santisteban, Ana Lyeva y Luis Hallazi, con la moderación de Ana Romero. El evento fue convocado por RedGE, CooperAcción y CLAES, el 18 de julio de 2018.

Eduardo Gudynas es investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social (CLAES). Entre sus libros recientes se destacan “Derechos de la Naturaleza” (publicado por PDTG, CooperAcción, RedGE y CLAES) y “Extractivismos y Corrupción” (publicado por CooperAcción, RedGE y CLAES).

Fuente: http://cooperaccion.org.pe/el-espiritu-de-reconocerle-derechos-a-la-naturaleza/

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