Laboralistas en tiempos de crisis

Pasan los días con papeles que los tapan, las audiencias que se superponen y horas eternas en el Ministerio de Trabajo tratando que los empleadores cumplan con sus obligaciones y acompañando la lucha por nuevos derechos en la negociación colectiva. Las consultas de sus representados no tienen techo y reniegan minuto a minuto con las deficiencias estructurales de la justicia laboral. Este 7 de julio, Día del Abogado Laboralista en el marco del 40° aniversario de la Noche de las Corbatas, encuentra al sector atravesado por una fuerte ofensiva contra el derecho del trabajo.

El pasado miércoles el Hotel Bauen en la ciudad de Buenos Aires sirvió de escenario para un gran acto donde los abogados laboralistas convocaron a un amplio abanico de organizaciones gremiales en defensa de la justicia del trabajo. Es que vienen siendo cotidianos los bombardeos desde el Gobierno Nacional de Mauricio Macri al sector. De la mano de las denuncias públicas efectuadas por el propio Presidente e integrantes de su gabinete que atacaron el corazón de conquistas colectivas como los derechos humanos, las asignaciones sociales, las jubilaciones, las pensiones por discapacidad, entre otras, le llegó también el turno al derecho del trabajo, personificado en los jueces y abogados.

Matías Cremonte

El Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, Matías Cremonte, se esfuerza en subrayar una y otra vez que todos los agravios para deslegitimar a ese segmento se vinculan con el objetivo final, que es “atacar a los trabajadores, debilitar a las organizaciones sindicales y seguramente sea el preludio de alguna reforma laboral”. En esa meta por parte de los sectores de poder ve el dirigente el nexo entre lo sucedido en 1977 con el secuestro de los letrados y el ataque actual.

La línea de análisis es simple. Al atacar los derechos y garantías de la parte más débil, se le socava el sistema de defensa ante el empleador que siempre está en superioridad de condiciones. Los laboralistas se caracterizan por transitar parte de su tarea en los tribunales, pero también en las asambleas y reuniones en sindicatos, litigando en una justicia que no responde a las necesidades en rapidez de resolución y apuntalando desde lo legal las peleas que da la clase obrera.

“Se intenta destruir el derecho social, el sistema de intermediación entre trabajadores y empleadores y volver a aquellas épocas liberales donde no existía la justicia del trabajo y el empleador tenía a su merced a todos los trabajadores de manera individual, donde podía definir el precio de la fuerza de trabajo, el tiempo de trabajo. La razón de ser de la justicia laboral y las organizaciones sindicales es reconocer esa relación desigual entre capital y trabajo”, explica el dirigente, quien además forma parte del equipo jurídico de diversos e importantes sindicatos, como ATE; la Federación Aceitera, Ceramistas, entre otros.

Beneficiarios

El título de CEOcracia para definir el perfil empresario del gabinete macrista explica en buena medida su embestida contra ese sistema de derechos y garantías. Como parte de los sectores económicos hegemónicos buscan generar condiciones para mejorar la tasa de ganancia. “Lo que no gana el trabajador, lo gana el empresario. Y si se discute el derecho al salario digno, la contrapartida es el aumento de la rentabilidad de las empresas, sobre todo en un país donde la productividad no crece hace años. Hay dos maneras de aumentar esa tasa de ganancia: o bajar el salario real o aumentar la jornada de trabajo sin incrementarlo proporcionalmente”, sintetiza Cremonte.

Fue justamente el Vicepresidente de la Unión Industrial Argentina, Daniel Funes de Rioja quien en declaraciones públicas defendió el Salario Mínimo a $10.000 que planteó el Consejo del Salario. Pero fue más allá y puso en discusión el concepto de Mínimo, Vital y Móvil que hoy ampara la Constitución Nacional en su Artículo 14 Bis y la Ley de Contrato de Trabajo en el Artículo 116. “La mayoría de la población está cubierta por convenios colectivos o por políticas compensatorias”, se excusó.

Curioso análisis en un país donde el propio Indec reconoció que en el primer trimestre del año el 33,3% de los trabajadores estaba ‘en negro’ y cobraba en promedio un 55% menos de quienes están ‘en blanco’ (es decir, reconocidos, con aportes, bajo convenio). El periodista Ismael Bermúdez informó en el Diario Clarín que en promedio los informales percibieron $ 6.919, contra los $ 15.518 de sus pares registrados. Además el 27% de los no registrados gana menos de $ 3.600 y casi el 50% menos de $ 6.000 mensuales. Esto es en parte porque no se reconocen los básicos de convenio.

Que el salario mínimo, vital y móvil se haya borrado de la memoria histórica de los trabajadores estando en la Constitución Nacional y la Ley de Contrato de Trabajo explica la magnitud de la avanzada del capital en los últimos 40 años. Todos los días hay que reeditar esa batalla porque del otro lado también salen a jugar con eso, como lo muestran las declaraciones de la UIA”, analiza el Presidente de AAL.

La Corte falla ‘y vos tipo….’

Como parte del panorama trazado a grandes rasgos, hay dos cuestiones que vienen sorprendiendo. Por un lado el férreo alineamiento de la Corte Suprema de la Nación con los nuevos tiempos internacionales. En 2015 forzó la lectura de una causa de empleados de Correo Argentino despedidos para llamar a un amicus curiae y definir la potestad del derecho de huelga. Finalmente lo limitó con su fallo a las organizaciones con inscripción.

Entre otras definiciones que causaron la reacción popular, como el aval al 2 x 1 para los genocidas, esta semana el máximo tribunal lanzó un mensaje. Se posicionó en esta disputa de cara al fuero laboral y los trabajadores denunciantes. Sin necesidad, porque así la ley lo estipula, difundió que un trabajador que perdió un juicio debería cargar con las costas. “El fallo no cambia nada. La noticia es que la Corte quiso decir y dar a conocer algo. Ni siquiera es su competencia, porque no es del derecho de fondo ni constitucional, ni arbitrariedad manifiesta, es un tema procesal. Creo que se enmarca en este clima generado por el gobierno de ataque y estigmatización a los laboralistas y la justicia laboral. En todo caso muestra que no existe tal industria del juicio, ya que si un trabajador se larga a hacer un reclamo y no tiene cómo probarlo lo más probable es que lo pierda. Por eso uno como abogado es más que cauteloso a la hora de aconsejar el inicio de un juicio”, explica el letrado.

Por otro lado, aparece la justicia penal respondiendo a demandas de tipo laboral mediante la criminalización y judicialización de referentes sindicales. Las denuncias por ‘coacción agravada’, no son un simple cambio de carátula. Es una figura legal que no contempla la excarcelación y por eso es utilizada en casos como el de los dirigentes estatales Rodolfo Aguiar y Aldo Capretti en Río Negro.

Por si fuera poco el rol del Ministerio de Trabajo de la Nación se complementa con esta oleada intervencionista y punitiva. Si bien esta semana el Secretario General de los canillitas, Omar Plaini, ocupó las pantallas por el despliegue de Gendarmería en la sede sindical y la intervención de su organización, esta política ya se viene manifestando en varios sectores. Entre ellos el de azucareros de Jujuy, donde las autoridades ministeriales tienen todas las fichas puestas en intervenir y desconocer a sus autoridades. Detrás de este último ejemplo, volviendo al tema de los potenciales ganadores, hay un apellido que le ha salido caro a la historia argentina: Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma.

La intromisión en la vida de los sindicatos es inédita en tiempos contemporáneos y absolutamente ilegal. La primera defensa de los trabajadores es colectiva, en el lugar de trabajo mediante las organizaciones gremiales. El control que ejerce, no como parte del derecho establecido en la Ley de Asociaciones Sindicales, sino el político ideológico a través de la intervención de los sindicatos que no le son afines, carece de todo argumento legal. Se da un modus operandi vinculado a intervenir de manera arbitraria en procesos electorales internos mediante el Ministerio de Trabajo, una vez ya convalidadas. Son métodos ilegales e intervencionistas”, caracteriza Cremonte.

El cuadro simboliza el secuestro de laboralistas en la dictadura

Puente histórico y nuevos desafíos

Los secuestros de 13 personas, entre ellas 8 abogados laboralistas, entre junio y julio de 1977 conocidos como “La Noche de las Corbatas”, tuvieron que ver con la intención de los genocidas de eliminar a ‘la banda’ de letrados que incomodaba sus planes. La mayor cantidad de detenciones se dieron en sólo 48 horas, del 6 al 8 de julio. Según detalló el periodista Pablo Waisberg, los primeros secuestrados en ese lapso fueron los abogados Norberto Centeno, Salvador Arestín, Hugo Alaiz, Camilo Ricci, Carlos Bozzi y Tomás Fresneda y Mercedes Argañaraz de Fresneda -embarazada de 4 meses-. A ellos les siguieron otras detenciones en la siguiente semana: José Verde y su esposa, y María Esther Vázquez de García y su esposo Néstor Enrique García Mantica. De todos ellos, solo sobrevivieron Verde y su esposa, Ricci y Bozzi.

Pero el megaoperativo había comenzado un mes antes en Neuquén con el secuestro de Jorge Candeloro –desaparecido- y Marta García –sobreviviente-, que fueron detenidos por pedido del Ejército y enviados a Mar del Plata en junio de 1977. La Federación Argentina de Colegios de Abogados, instituyó el día 6 de julio como el día del abogado víctima del terrorismo de Estado y en sintonía, la Asociación de Abogados Laboralistas estableció el día 7 de julio como el Día del Abogado Laboralista.

María Terragno

El recuerdo y homenaje de los abogados y abogadas laboralistas detenidos y desaparecidos que defendieron los derechos conquistados frente a una dictadura cuyo claro objetivo fue destruir el movimiento obrero y a su representación más directa como son los delegados, nos da el horizonte en nuestra tarea cotidiana que es acompañar a los trabajadores y trabajadoras en sus demandas, en las asambleas, en los sindicatos, en el Ministerio de Trabajo como parte de una engranaje que aspira a que todos podamos vivir con dignidad”, afirma María Terragno, abogada laboralista y asesora de gremios como ATE, Aceiteros, Docentes Universitarios de Córdoba y la Intersindical de Mujeres de esa provincia.

Pensando en las mujeres abocadas a dicha profesión, la Doctora señala que pese al sustantivo que le da nombre al operativo del Ejército otorga preponderancia a los hombres secuestrados (en referencia a las corbatas) hubo compañeras que también sufrieron el ataque de la dictadura militar. Una presencia fáctica y simbólica que, como en todos los ámbitos de la vida social, está aun hoy en disputa.

Actualmente somos muchas las mujeres abogadas que defendemos trabajadores y trabajadoras, aunque somos menos las que asesoramos a sindicatos, que son ámbitos mayormente masculinos. En mi caso siempre me sentí muy cómoda, valorada y respetadas por los compañeros”, expresa. No obstante en las mesas de negociación con las patronales siempre aparece algún comentario que intenta menospreciar su labor por ser mujeres. “Nos llama la atención cuando discutimos con los empleadores la siempre mención a nuestro género, que por lo general se agota cuando discutimos y desplegamos nuestro trabajo en defensa de los trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones sindicales”, concluye Terragno.

 


Nota: Indymedia Rosario – Entrevistas y fotos: Sofía Alberti.

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