En lugar de “desaparición forzada”, como está caratulada en la Justicia, responden los oficios con la carátula “NN sobre averiguación de delito”. “Están realizando un cambio unilateral de la carátula con una impunidad absoluta”, asegura Verónica Heredia, la abogada de Sergio Maldonado, Mientras tanto, el juez Lleral no digitaliza la causa y obliga a los Maldonado a trasladarse más de 1.000 kilómetros para anoticiarse sobre las magras novedades del expediente. Patricia Bullrich, encubridora estelar.
El próximo 1 de agosto se cumplirá un año de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado durante un operativo represivo de la Gendarmería en Chubut sin orden judicial. Usted se preguntará qué hizo el juez subrogante Gustavo Lleral desde que asumió la instrucción de la causa, en septiembre de 2017, luego de que la Cámara apartó a Guido Otranto, quien tomaba declaraciones con funcionarios del Ministerio de Seguridad sentados a su derecha y fue apartado por la Cámara por falta de imparcialidad.
Existe una flamante estrategia basada en la posverdad de la Gendarmería y una serie de trabas para que la familia Maldonado no logre ver la causa con la debida frecuencia, más una serie de zancadillas, propias de los tiempos que corren. Cualquier parecido con los métodos de Inquisición (contra las víctimas y los testigos del hecho) forma parte de “la normativa vigente”.
Lo primero que revela el expediente son los sucesivos oficios que responde la Gendarmería en lenguaje marcial. Allí expresan una modalidad inquietante: los comandantes de esa fuerza que depende directamente de Patricia Bullrich, se refieren a la causa Maldonado como “NN sobre averiguación de delito” y no como “desaparición forzada”, tal como está caratulada desde el 7 de agosto de 2017 por la fiscal federal Silvina Ávila.
El 28 de febrero, el jefe del Escuadrón 36 de Esquel, Leandro Juan Cueto, le escribió al juez: “Tengo el agrado de dirigirme a usted en mi carácter de jefe del escuadrón Esquel de Gendarmería Nacional con domicilio en la Avenida Alvear 2005 de la ciudad de Esquel (CP 9200) teléfono fijo número (02945 452100) en relación a la causa FCR 8232 2017, caratulada “NN S/AVERIGUACIÓN DE DELITO”, que se tramita en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Esquel, Secretaría en lo Criminal y Correccional, a los fines de solicitarle quiera tener a bien y en caso de ser factible la restitución de los elementos que fueran secuestrados por la prevención en el oficio judicial número 1179/2017”.
El comandante principal Cueto estaba preocupado por algunas vituallas, que fueron incautadas el 17 de agosto, cuando Santiago estaba desaparecido y el Poder Judicial, particularmente, el fuero federal, hacía poco y nada para hallarlo. ¿Qué pedía el oficial de Gendarmería usando la carátula de facto “NN sobre averiguación de delito”, cuando en verdad es “desaparición forzada”?
“Dos discos rígidos de la sección Núcleo, dos discos rígidos de la Oficina de Inteligencia, dos discos rígidos de la Oficina de Ayudantía, un disco rígido de la Oficina del segundo jefe y jefe de la Plana Mayor, disco rígido de la Oficina de Personal, disco rígido de entradas y salidas, cuatro discos rígidos de la Oficina de Logística, cinco discos rígidos de la Oficina del Grupo de Criminalística y Estudios Forenses”; secuestrándose la cantidad de 23 discos rígidos”.
Las imágenes de los gendarmes en la vera del río Chubut y parte del procedimiento represivo, además de las fotografía de Santiago Maldonado con vida, tomada a las 11:32 del 1 de agosto a un costado de la casilla de vigilancia de los mapuches, fue revelada por medio del estudio de esas mismas computadoras requeridas, incluidas las cámaras y los teléfonos celulares de los gendarmes, que fueron peritados en su totalidad por una División de la Policía Federal. Es decir que lo que pide el comandante Cueto es desandar la historia. Claro que lo reclama con una modalidad un tanto curiosa. Desoyendo la carátula vigente que involucra a su fuerza.
“Están realizando un cambio unilateral de la carátula con una impunidad absoluta”, explica Verónica Heredia, la abogada de Sergio Maldonado, quien viajó a Rawson el viernes 6 y se topó con argumentos pretendidamente jurídicos, que en verdad son chicanas que prolongan la angustia infinita de la familia de Santiago.
Hagamos un punteo del accionar de Lleral:
- El expediente de miles de fojas no está digitalizado. La única vez que el Poder Judicial digitalizó esta causa de gravedad institucional fue cuando estaba a cargo el juez Otranto y el Poder Ejecutivo pedía vista constantemente a través del funcionario del Ministerio de Seguridad, Gonzalo Cané.
- O sea: la celeridad para ver las actuaciones era para satisfacer la demanda del Poder Ejecutivo. Ahora que la causa recayó en la ciudad de Rawson por decisión de Lleral (a 922 kilómetros del domicilio de Sergio Maldonado, en Bariloche, representante de la principal querella) cada trámite multiplica el escarnio de las víctimas.
- Los abogados de las querellas tienen que ver la causa en un escritorio diminuto con pedidos de fotocopias como a mediados del siglo XX, de 7:30 a 13 horas. A las 12:45, el Juzgado cierra sus puertas y el empleado no recibe más reclamos de nadie. La burocracia judicial es hábil para prolongar el padecimiento de los denunciantes.
- Así las cosas, Heredia exigió la digitalización completa del expediente y le respondieron que pronto volverán a hacerlo, porque el juez federal Daniel Rafecas y el fiscal Guillermo Marijuán, pidieron copia completa de todas las actuaciones por la denuncia de espionaje que tiene a la familia Maldonado como víctima y al Ministerio de Seguridad a como acusado.
- Al cierre de esta nota el juez Rafecas no había recibido las copias por parte de Lleral y la causa por espionaje contra la familia Maldonado y representantes de organismos de derechos Humanos, Julio Saquero y Mabel Sánchez de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), entre otros, también continúa estancada.
- Los Maldonado reclaman que la causa por la desaparición forzada de Santiago vuelva a tramitarse en Esquel. Además pusieron reparos sobre la metodología y la seguridad de la pericia del DNI de Santiago, que debe completar el INTI, ya que afirman que “se perdió la cadena de custodia de ese documento”.
- El 17 de octubre los buzos de Prefectura hallaron el cuerpo de Santiago en la Pu Lof en Resistencia de Cushamen luego de 78 días. Se realizó la autopsia y Sergio Maldonado retiró los restos de su hermano para velarlo en 25 de Mayo. ¿Qué pudo haber sucedido? El 24 de noviembre, la Morgue le entregó a Sergio el DNI de Santiago, pese a que el juez Lleral se había comprometido a “preservar la cadena de custodia” ante los forenses que realizaron la autopsia, la familia de la víctima, su abogada y el perito de parte.
- Es decir que la pericia que realizará el INTI (se desconoce en base a qué datos la completará porque nada se dice sobre el PH, el estado del agua, el clima, y las condiciones del río Chubut entre agosto y octubre) no podrá ser sobre el DNI real de Santiago, porque no se preservó la cadena de custodia y el documento de Santiago está en el Juzgado de Rawson. ¿Cómo llegó allí? No lo llevó el juez, fue el propio Sergio Maldonado quien tuvo que viajar para llevarlo, luego de despedir a su hermano. Cuentan que en ese momento enfrentó a Lleral y le recriminó sus declaraciones sobre el hallazgo del cuerpo antes de las elecciones nacionales, las versiones sobre la causal de muerte, y el desastroso manejo del DNI. ¿Conclusión? Lleral rechazó todos los argumentos de la familia Maldonado y está obstinado en realizar la pericia del DNI en el INTI vaciado por la gestión macrista. ¿Por qué tanto interés en esta pericia?
- Fuentes cercanas a las querellas sostienen que el Ministerio de Seguridad busca consolidar otro ejemplo de posverdad. Las querellas afirman que el Ejecutivo Intenta demostrar que el documento de Santiago estuvo en perfectas condiciones 78 días en el río Chubut con el objetivo de sostener que Santiago estuvo siempre allí y no hubo ninguna participación de los gendarmes en su muerte. Todavía el juez Lleral no reconstruyó qué hizo el grupo de gendarmes al llegar al río donde estaba Santiago. Tampoco tomó las declaraciones a los mapuches que estuvieron con Santiago desde el 31 de julio de 2017 en la ruta 40 ni al cantor chileno Nicasio Luna, que dijo haber sido testigo del hecho el 1 de agosto.
La maliciosa frase “se ahogó solo” se está instalando desde las redes antisociales y los medios paraoficiales, promovida por sectores decisivos del Ministerio de Seguridad y el Poder Judicial.
Mientras tanto, persiste la persecución judicial del Estado contra el testigo Ariel Garzi y miembros de la comunidad mapuche de Cushamen.
Para mal de males, esta semana se cumplieron cinco años de la desaparición de los hermanos mapuches, Cristian y Genaro Calfullanca. La última vez que fueron vistos con vida estaban alambrando un campo en las afueras de Cholila, cerca de Chile. Los Calfullanca iban a denunciar el meganegocio de la venta de tierras fiscales. Sus familiares y amigos volvieron a reclamar justicia sin suerte. La causa está paralizada. ¿De quién depende? Del juez Otranto, el mismo que es respaldado por el consejero Leónidas Moldes, muy cercano a los pasillos serviciales de Comodoro Py 2002.
Otranto es promovido a camarista.
¿Casualidad?
