“() ¿Quién cocinó el banquete
de la victoria?
Cada diez años un gran personaje.
¿Quién pagó los gastos?
Tantas historias. Tantas preguntas”.
Bertolt Brecht
Preguntas de un obrero que lee
Acá hay una falla de base. Todos sabemos que hay cosas raras. El empresario grande que dice que no sabe, miente. Acá lo que nadie dice es quién paga por la política. ¿Quién les paga la campaña a los candidatos? ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no cambian la ley?
El banquero se acomodó en su sillón con vista al río y sonrió ante BAE Negocios mientras jugueteaba con el control remoto. El sol de Retiro se colaba por la ventana. Frente a su escritorio, ayer por la mañana, un amplio televisor escupía las imágenes de Comodoro Py que volvieron a proyectarse en cadena nacional luego de que el juez Claudio Bonadío ordenara una seguidilla de detenciones de exfuncionarios y empresarios acusados respectivamente de haber cobrado y pagado coimas durante el gobierno anterior. Uno de los detenidos, Armando Losón, el dueño de Albanesi, es cliente de su banco desde hace años.
Las preguntas brechtianas del banquero son las mismas que se hicieron muchos empresarios durante el último mes, después de que más de mil personas registradas como aportantes a la campaña bonaerense de Cambiemos aseguraran no haber puesto un centavo para los afiches con las caras de Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña y Toty Flores. Aquel caso fue creciendo de a poco, desde que lo descubrió un portal de noticias crítico del Gobierno como ElDestape.com hasta que la gobernadora María Eugenia Vidal debió dar sus primeras explicaciones. Éste, en cambio, se apoderó de la conversación pública y eclipsó a todos los demás temas de la agenda en cuestión de horas. Lo publicó en exclusiva el diario La Nación pero lo reprodujeron todos los medios cuando Bonadío desplegó un ejército de 110 policías para allanar en simultáneo 34 inmuebles y llevarse arrestados a doce sospechosos, entre ellos a varios importantes hombres de negocios.
El sustrato de ambos casos es el mismo: la opacidad del financiamiento de la política, en su acepción más prosaica. La diferencia entre los 10 millones de dólares que declararon haber gastado los tres principales candidatos a la presidencia en 2015, por caso, y los 100 millones que sus asesores admiten por lo bajo haber oblado en realidad. También su respiración cotidiana: las “cadenas de la felicidad” y los “sanguchitos” que aceitan tantas votaciones en tantas legislaturas provinciales y en el Congreso. El backstage de una democracia joven, todavía con mañas y agujeros, pero siempre más respirable que la menos sobornable de las dictaduras.
Aquellos tres candidatos de 2015 fraguaron sus rendiciones de gastos de campaña al punto que ninguna fue aprobada todavía por la Justicia electoral. Uno de ellos es Presidente. Otro, el que le disputó el balotaje, optó por silbar bajito tanto ante las denuncias de aportes truchos para la campaña 2017 de su sucesora como ante la bitácora del militar retirado devenido chofer. ¿Temerá que le pregunten cómo pagaba los gastos que ordenaba en 2015 desde su búnker público-privado en la sede porteña del Banco Provincia?
Albañiles de Babilonia
El tercero de aquellos contendientes, Sergio Massa, sí reclamó ayer de visita en Santiago del Estero “que haya presos por los cuadernos y los bolsos”, pero también “que no tape los tarifazos y que haya un cambio de política económica porque la gente está mal, triste, desanimada y la plata no le alcanza”. Un intento de repavimentar la poceada avenida del medio, ese tercer carril entre el kirchnerismo y el macrismo al que ya no migran los descontentos con ambas opciones. Un espacio de moderación que, como en todas las crisis económicas, pierde fuerza ante el “que se vayan todos”.
La campaña del Frente Renovador, cuya rendición de gastos tampoco fue aprobada, tuvo como recaudador estrella al exbanquero central Martín Redrado, sorprendido varias veces subiendo a los señoriales ascensores del Alvear Palace Hotel con ejecutivos de varias de las compañías allanadas anteayer munidos de maletines y attachés. En el grupo Techint, uno de esos grandes consorcios, un par de directivos instalaron ayer la aplicación de mensajería encriptada Telegram. Hicieron bien. Las acciones de sus empresas, después de los allanamientos, se desplomaron tanto en el Merval como en Wall Street. Y eso que todavía avanza cansina la investigación local del caso Odebrecht.
La inmediata reacción de Massa no fue azarosa. Su espacio político, el peronismo antikirchnerista, necesita sacar de la cancha a la expresidenta si pretende llegar con chances al momento en que se definan las candidaturas, dentro de pocos meses. Que sea encarcelada por un caso de corrupción le convendría incluso más que a Macri, quien aspira a ser reelecto con la misma estrategia de las últimas dos elecciones: el rechazo que genera su némesis. El problema para Macri es que el establishment empieza a asomarse preocupado al abismo de una estanflación dura, a las puertas de la elección y sin recambio “racional” para un proyecto que abrazó su programa de siempre pero lo ejecutó sin pericia. Sus intereses empiezan a coincidir más con los del tigrense que con los suyos.
Bonadio, el juez que dispuso las detenciones por lo escrito en los cuadernos, comparte con un socio político de Massa, Miguel Ángel Pichetto, esa vocación por reencauzar al peronismo. Ambos aspiran a alejarlo de las tendencias “colectivistas” que Pichetto siempre repudió, incluso cuando se avenía a defenderlas porque gobernaban. Ambos son asiduos asistentes a las actividades de la Fundación de Estudios Políticos, Económicos y Sociales para La Nueva Argentina (Fepesna), que dirige una allegada al magistrado, Laura Velásquez.
El cocinero del César
Entre otros temas de actualidad, el escándalo de los cuadernos del exchofer kirchnerista eclipsó una noticia que se conoció esta semana sobre esa relación promiscua entre los negocios y la política. El dato surge del cruce informático de dos gigantescas bases de datos oficiales (el Mapa del Estado y los registros de la Inspección General de Justicia) e indica que 269 funcionarios nacionales figuran (actualmente) como directivos y/o accionistas de 890 empresas privadas.
La revelación consta en un informe del Observatorio de las Élites de la Universidad de San Martín (Unsam) y el sitio Socios.red. En esas bases, la Justicia podría verificar fácilmente cuántos directivos o empleados de esas 890 empresas contribuyeron a la campaña oficialista. También podría chequear todas las veces que figura Javier Sánchez Caballero, el ex mandamás de IECSA apresado en la redada del miércoles. El hombre aparece en siete entidades distintas: en SACDE (el nuevo nombre que Marcelo Mindlin le puso a la vieja constructora de los Macri), en Minera Geometales (donde también figura el mismísimo Presidente), en la Cámara de la Construcción y en otros tres emprendimientos de la familia presidencial.
La cuestión es si la justicia argentina está en condiciones de llevar adelante su propio Lava Jato. Y si las consecuencias serían deseables. Son pocos los empresarios que lo creen. No ayuda la disparidad de tratos que el juez prodigó a sus investigados. Mientras de las oficinas de Techint, de Roggio y de Corporación América los oficiales de justicia no se llevaron un solo papel, computadora ni pendrive, a los exfuncionarios los detuvieron como a narcos peligrosos. De los dos pisos de Roggio en Catalinas Norte, por ejemplo, no consiguieron ni el registro de entradas y salidas para cotejarlos con los cuadernos del chofer. Pero en la casa del exsecretario legal y técnico de De Vido, Rafael Llorens, secuestraron hasta los teléfonos celulares de los hijos.