La resolución fue aprobada este miércoles y pide al Superior Tribunal de Justicia y al Ministerio Público Fiscal, que arbitre las medidas necesarias para que se cumpla con la ley 26160, que prohíbe el desalojo de comunidades indígenas en el territorio provincial. Fue luego que tomara trascendencia pública el intento de desalojo en Pampa del Indio.
23/08/2018
A partir de la trascendencia pública que tomó el intento de desalojo a comunidades indígenas de Pampa del Indio, la Legislatura provincial dio ingreso y sancionó este miércoles el proyecto de resolución 3896, de autoría de los diputados Daniel Trabalón (Frente Grande), Aurelio Díaz (Partido Obrero) y Gladis Cristaldo (Concertación Forja).
La normativa solicita al Superior Tribunal de Justicia y al Ministerio Público Fiscal que arbitren todos los mecanismos que aseguren el cumplimiento de la ley 26160 (prorrogada hasta el 23 de noviembre de 2021 por ley 27400) y la sancionada la semana anterior, ley 1812 w, que adhiere a las normas que prohíben los desalojos sobre inmuebles ocupados por comunidades indígenas, evitando así daños a las familias.
Tanto la legisladora Cristaldo como el diputado Trabalón aludieron al hecho puntual que tuvo lugar en Pampa del Indio, donde diversas organizaciones locales como el Consejo Qompi, la Unión Campesina, la Federación Nacional Campesina, la CCC Aborigen y el docente Gabriel Mendoza, de la Asociación Civil Che’eguera, impidieron el desalojo de Antonia Silvestre, de 51 años e hipoacúsica, y su hija, de las tierras que habitan desde hace más de 30 años y que es reclamado por la Confederación Bautista Evangélica de Pampa del Indio.
Por su parte, la diputada justicialista sumó a la cuestión a través del proyecto de resolución 3888/2018 en el que expresó su preocupación por los hechos ocurridos. Explicó que la orden de desalojo afecta una mujer “que padece una discapacidad y vivía con su hija en un predio de Pampa del Indio que reclama la Iglesia Bautista Evangélica”. “Como diputada indígena siento impotencia y dolor, ya que en pleno siglo XXI se siguen vulnerando los derechos de nuestros pueblos indígenas” y solicitó a sus pares el acompañamiento al proyecto.
También Claudia González (Cambiemos), proveniente de comunidades indígenas, habló de una situación que se repite en el interior provincial por sobre todo derecho. Y repudió el accionar policial contra la familia. “Hoy pido que se respeten nuestros derechos, nuestras leyes, porque somos un pueblo originario de esta provincia, de esta Nación argentina. Hoy expreso mi preocupación y me solidarizo con la familia”, señaló.
En medio del debate en la cuestión previa, también adhirieron Roy Nikisch (UCR-Cambiemos) y Hugo Ságer (PJ). También lo hizo el justicialista Juan Manuel Pedrini, quien indicó que “a priori habría una violación de la ley 26.160. que evita este tipo de desalojos”.
Desde el justicialismo, la única voz en contra fue la del legislador Darío Bacileff Ivanoff, quien no coincidió con los fundamentos vertidos. Pidió leer los expedientes para “ser serios” y aseguró: “Atacamos a otro Poder del Estado, al fallo, pero nadie vio el expediente. Mi posición personal es cartera. Informémonos, no sólo se ve esta situación acá sino en otras localidades de la provincia del Chaco. Dejemos de improvisar. Sé que ante las comunidades va a saltar alguno a descalificar, pero lo digo por la Constitución. Ninguno de los 32 legisladores tenemos idea de lo que sucede. Sabemos que hay una familia aborigen desalojada. Sé que es un tema preocupante la demanda habitacional, la demanda de tierras. Uno quiere ayudarlos, pero en el marco del respeto como parte de una comunidad, de un todo”.
Nuevamente tomó la palabra la diputada Charole. “Me parece muy bien lo que ha planteado el diputado Ivanoff. Se necesita un gran debate en la Legislatura sobre la tierra pública y privada. Lo que ha planteado el diputado es preocupante. Siempre hemos dicho que no queremos ser despojados y que nadie sea despojado. En la Reserva Grande viven comunidades criollas e indígenas. Acá no hay color político. Acá hay familias que han estado 60 años en una tierra que quizás no es suya. Sabemos que esta familia ha vivido 20 años en esa Iglesia, pero no estamos de acuerdo con el accionar de la policía”, ratificó.
Desde el Partido Obrero, Aurelio Díaz aseguró: “Hasta muertos necesitamos un pedazo de tierra. Desde el PO repudiamos el accionar policial permanente con gente que ocupa y trabaja la tierra. Partimos de que la tierra es de quien la vive y quien la trabaja y no de los especuladores que llegan a sembrar soja. Acá miles de compañeros que forman estos asentamientos son corridos por políticas económicas. Repudiamos el accionar de la policía que despoja a una familia que está asentada hace 30 años. Tenemos que enfrentar esta situación y dar una salida inmediata”.
También González pidió la palabra y manifestó: “La verdad que es un tema muy delicado cuando hablan de las comunidades indígenas. Todavía no cerramos la herida de muchos hermanos que han sufrido violaciones, desamparo. Pido respeto. Póngase en nuestro lugar. Cuando llegaron los inmigrantes nosotros ya estábamos. Sepa el juez civil y comercial que hoy está de licencia y está a cargo una jueza subrogante de apellido Alonso, que hay una ley vigente que ampara a las comunidades indígenas”.
Finalmente, desde el bloque oficialista, Ricardo Sánchez defendió a la comunidad y aseguró que no solo “tiene el amparo de la ley 26160 sino la de agricultura familiar, la del estado de emergencia habitacional” y, dicho esto, afirmó: “acompaño el proyecto 3890”.