“Si el sistema capitalista nos ataca es porque somos un peligro para las élites”
Gustavo Borges Revilla, analista político venezolano, director del sitio de investigación Misión Verdad
Tal como hemos venido señalando en anteriores trabajos, una guerra de cuarta generación en su variante financiera nos ha venido siendo aplicada por el imperio desde hace ya muchos años, tantos como los años transcurridos desde que el Comandante Chávez declarase de manera expresa el carácter anti imperialista de nuestra revolución, a mediados del año 2004 (1).
Las principales puntas de lanza del imperio en el desarrollo de la guerra bajo esta variante fueron al inicio las llamadas empresas “calificadoras” de riesgo financiero: Moody’s, Standard & Poor’s y Fitch, entre las más connotadas, las cuales sin ningún vestigio de escrúpulos ni de profesionalismo, establecieron el llamado “riesgo país” de Venezuela en niveles muy superiores a los que ellas mismas establecían para otros países de la región con economías comparables a la nuestra, como Colombia, pero agobiada en aquel entonces por una guerra interna de más de medio siglo y hasta de países con economías mucho más pequeñas, como Jamaica y Panamá, no exportadoras de petróleo ni de ningún otro recurso estratégico, por añadidura. Y todo ello en una época en la cual nuestro país, que se encontraba en absoluta paz, había logrado que le certificaran las mayores reservas de hidrocarburos del planeta y disfrutaba de unos precios mundiales del petróleo superiores a los 100 dólares por barril.
Al atribuir a nuestro país, por razones estrictamente políticas, un nivel de riesgo financiero muy por encima del que realmente debería tener con base en criterios de orden económico y financiero, se le hizo víctima de forma casi inmediata de un fuerte impacto adverso caracterizado por:
- Una casi absoluta falta de participación del “capital productivo internacional” en proyectos de inversión no vinculados a la producción de hidrocarburos, de la cual logramos sobreponernos gracias a la participación de países amigos, que como China, Rusia, Bielorrusia e Irán, han venido invirtiendo en una gama importante de proyectos en diferentes áreas.
- Un continuo y progresivo encarecimiento de la deuda externa en divisas que se ha visto precisado a contraer el país con los agentes del mercado internacional para financiar proyectos de inversión, por tener muy poco o ningún acceso a créditos de los organismos multilaterales controlados por los Estados Unidos (Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo), por negarse a aceptar las condiciones de entrega de la soberanía económica que tales organismos exigen.
Las condiciones para el acceso a los mercados financieros internacionales se fueron haciendo tan “leoninas” bajo la acción de las calificadoras de riesgo, que PDVSA tuvo que dejar de emitir títulos de deuda en divisas en el año 2009 y la República en el 2011, conformándose de esta manera una especie de bloqueo financiero virtual a Venezuela promovido por el imperio; bloqueo que se hizo absolutamente real con la emisión de una orden ejecutiva de Donald Trump, vigente desde el 25 de agosto de 2017, contentiva de las primeras sanciones de carácter económico-financiero aplicadas a la República y a su empresa matriz del sector de los hidrocarburos (PDVSA) (2), aunque ya con anterioridad, desde el mes de mayo del mismo año la misma administración Trump, en cuatro oportunidades, había aplicado sanciones de naturaleza financiera a 25 funcionarios miembros de los distintos poderes públicos del Estado Venezolano, desde el Presidente Maduro hasta el constituyentista Herman Escarrá.
Bajo la redacción general y ambigua característica de las órdenes ejecutivas imperiales, ésta del 25 de agosto establece sanciones destinadas a: bloquear el acceso del estado venezolano y la empresa estatal PDVSA a nuevas fuentes de financiamiento en dólares; bloquear todas las operaciones con dos títulos valores (bonos) emitidos legalmente por PDVSA; e impedir la percepción de los dividendos resultantes de las operaciones de su filial CITGO en territorio estadounidense. Sin embargo dada la supremacía del Sistema Petrodólar a nivel planetario, en la práctica se trata de la exclusión de Venezuela de toda transacción financiera internacional, lo que nos ha venido dificultando de manera extrema la importación de alimentos, medicinas y otros bienes e insumos de primera necesidad, así como de un bloqueo bancario total contra PDVSA, con el propósito de imposibilitar las transacciones directas de hidrocarburos.
El impacto de estas sanciones es de tal magnitud, que de ellas ha dicho Peter Koening (3), economista y analista geopolítico de origen estadounidense, ex funcionario del Banco Mundial, que se trata de las más amplias sanciones económicas de la historia, siendo representativas de una guerra financiera directa que prácticamente paralizaría a Venezuela y que constituyen además un crimen de guerra, ya que ponen en peligro y amenazan las vidas del pueblo venezolano.
Para endurecer este real bloqueo financiero Trump suscribió, a comienzos de 2018, dos nuevas órdenes ejecutivas contentivas de amplias sanciones económico-financieras:
- La del 19 de marzo, que prohíbe “todas las transacciones vinculadas, provisiones de financiamiento y otros negocios por parte de una persona de Estados Unidos o dentro de Estados Unidos, con cualquier moneda, divisa o ficha digital”, emitida por el gobierno de Venezuela desde el 9 de enero de 2018 (4), con el propósito expreso de bloquear a “El Petro”, nuestro criptoactivo respaldado actualmente por nuestras reservas petroleras.
- La emitida el 21 de mayo (5), al día siguiente de las elecciones presidenciales en las que resultase electo Nicolás Maduro, para ejercer la máxima magistratura del país durante el próximo período 2019-2025, en la cual entre otras cosas se prohíben: todas las transacciones relacionadas con financiamiento para el gobierno de Venezuela por parte de empresas y ciudadanos estadounidenses, o que guarden relación con Estados Unidos; la compra de cualquier deuda expedida por el gobierno de Venezuela, incluso aquellas facturas que aún no se hayan pagado; la venta, transferencia, asignación o garantía otorgada a colaterales por el gobierno de Venezuela; así como el poseer acciones en cualquier entidad en la que el gobierno sea accionista mayoritario con un porcentaje del 50% o mayor.
Tengo plena confianza en que esta larga introducción sirva para demostrar que el imperio, inicialmente por medio de instituciones privadas interpuestas, las calificadoras de riesgo, y luego de manera directa por medio de sanciones impuestas por la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros) de su Departamento del Tesoro, nos ha venido aplicando un cerco financiero que llevando ya casi 3 lustros, es la principal causa de las extremas dificultades materiales por las que estamos atravesando, siendo él mismo quien se empeña en gritar a los cuatro vientos junto a sus corifeos nacionales e internacionales, que se trata de una crisis humanitaria causada por la incapacidad del Gobierno Revolucionario; considero que habrá de servir también para demostrar que las sanciones asociadas a la orden ejecutiva vigente desde el pasado 1° de noviembre, relativas a ciertas restricciones a la venta de oro por parte de Venezuela, objeto central de estas notas, distando mucho de ser las primeras, sólo son las más recientes sanciones que nos pretende aplicar el imperio en medio de la lucha que debe continuar librando para tratar de sobreponerse a su propia e irreversible decadencia.
De entrada es necesario comenzar por decir que dichas sanciones con las cuales se estaría pretendiendo trastocar las exportaciones de oro desde Venezuela, al prohibir a los ciudadanos y empresas estadounidenses negociar con empresas e individuos que trabajen en la “corrupta y engañosa” venta de oro venezolano (6), tienen una justificación mucho más falaz que todas las anteriores, ya que una presunta venta de alrededor de 20 toneladas de oro a Turquía a comienzos del 2018, en la cual parecen haberlas fundamentado, que por lo demás el país estaría en su pleno derecho de hacer, no fue tal venta sino una exportación acordada del mineral con el propósito de refinarlo y certificarlo como oro monetario susceptible de ser incorporado a las reservas del Banco Central de Venezuela, una operación perfectamente normal y legal que antes se hacía con países como Suiza e Inglaterra, pero que se ha vuelto extremadamente riesgosa de hacer con ellos debido a su dependencia del poder imperial. Así lo señaló a mediados de año (julio de 2018) el ministro de minería, Víctor Cano, al declarar textualmente: “No es ningún contrabando a Turquía. Son convenios que están firmados entre BCV y Turquía. Es un oro que se está produciendo en Venezuela y certificado por nuestro registro de origen, con todos nuestros controles internacionales para hacer la exportación y luego la importación de ese oro ya refinado” (7) y adicionalmente, “(La certificación la) Hacíamos en Suiza y ya no se hace en Suiza. Se hace en países aliados porque imaginen que se envía el oro a Suiza y por sanciones nos dicen que allí se queda”.
Sostengo responsablemente que se trata de unas sanciones absurdas por ser prácticamente inaplicables, porque ¿qué razones podría tener Venezuela para vender oro a los Estados Unidos, a pesar de ser éste el país que mayor cantidad de este mineral está adquiriendo en la actualidad, o en todo caso de negociarlo a través de ciudadanos o empresas estadounidenses, cuando países comprobadamente amigos como Rusia, China e India, con los cuales tiene actualmente muy activas relaciones comerciales, se encuentran también entre los primeros diez países compradores de oro en el mundo? (8).
Igualmente sostengo que sólo se trata de una burda maniobra política destinada a mejorar el posicionamiento de los candidatos republicanos en el estado de Florida en víspera de las elecciones del 06 de noviembre, así como de seguir apuntalando la matriz mediática de país forajido que llevan tiempo intentando atribuir a Venezuela y a otros países amigos; sostengo esto, basándome en los siguientes hechos:
- Las sanciones, que fueron anunciadas por el asesor de seguridad de la Casa Blanca, el “impresentable” John Bolton, en lugar de por algún alto funcionario de los departamentos de estado o del tesoro, como ha venido siendo lo habitual, fueron presentadas ante una audiencia de venezolanos y cubanos “gusanos” en la “Freedom Tower” (Torre de la Libertad) de Miami, una edificación tristemente célebre por ser la que alojó a los primeros refugiados cubanos de la década de 1960; un anuncio que curiosamente fue hecho un día después de que Trump hiciese campaña en Florida para los candidatos republicanos al senado y a la gobernación (9).
- Una muy reciente encuesta divulgada por el asqueroso pasquín que lleva por nombre “El Nuevo Herald” (10), al señalar que los “hispanos” de la Florida votarán mayoritariamente por candidatos demócratas, prácticamente atribuye el triunfo a Bill Nelson (senado) y a Andrew Gillum (gobernación), lo que constituiría un duro golpe para el actual senador federal por ese estado y firme aliado de Trump con quién comparte la misma neurosis contra Venezuela, “Narco”
- Unas falaces acusaciones proferidas al día siguiente del anuncio por Marshall Billibgslea, subsecretario para el financiamiento al terrorismo del Departamento del Tesoro, quien señaló textualmente en una conferencia en el “Brookings Institution”: “Hemos visto 21 toneladas métricas o más que han ido a Turquía, y hemos vistos empresas turcas reemplazar muchas de las empresas alimentarias que incursionan en la corrupción relacionada al programa e cajas de comida CLAP”, así como también: “este oro sale del país sin ninguna de las precauciones habituales para garantizar que los fondos sean auditivos (¿!) y catalogados debidamente como pertenecientes a las arcas del Estado y para ser utilizados en pro de los ciudadanos” (11).
- Un más que necio planteamiento de Bolton en la ocasión de hacer el anuncio, relativo a que el anunciado decreto contra Venezuela, pide a los secretarios de estado, Mike Pompeo, y del tesoro, Steven Mnuchin, que “identifiquen sectores de la economía venezolana” que podrían estar sujetos a nuevas sanciones de EE. UU (12).
Para terminar sólo me resta señalar que la escasa o nula trascendencia que nuestro gobierno ha dado a tales sanciones, a juzgar por el hecho de que no he logrado conseguir en la Red ningunas declaraciones al respecto, sirve para confirmar mi planteamiento de que se trata de unas sanciones absolutamente absurdas; sin embargo, no podemos por ello bajar la guardia pues ellas pudiesen ser el preanuncio de nuevas sanciones del mismo tipo pero orientadas a otros sectores, como el petrolero, que si pudiesen generar un nuevo impacto adverso sobre nuestra muy golpeada economía.
¡Hasta la Victoria, Siempre!
¡Patria o Muerte!
¡Venceremos!
(1) http://www.rebelion.org/noticia.php?id=208217
(2) http://albaciudad.org/2017/08/trump-impone-nuevas-sanciones-contra-venezuela/
(4) https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-43464908
(6) https://actualidad.rt.com/actualidad/294195-eeuu-nuevas-sanciones-venezuela
(7) https://lta.reuters.com/article/domesticNews/idLTAKBN1K82KE-OUSLD
(9) https://venepress.com/article/Trump-firmo-decreto-contra-exportaciones-oro-deVenezuela1541093706112
(10) https://www.elnuevoherald.com/noticias/sur-de-la-florida/article220942705.html
(11) https://venepress.com/article/Por-que-EEUU-sanciono-el-comercio-de-oro-venezolano1541277541775
(12) https://www.aporrea.org/economia/n333715.html
Caracas, noviembre 04 de 2018.