Jorge Nahuel, titular de la Confederación Mapuche de Neuquén, habló del juicio contra integrantes de la comunidad, acusados de usurpación de tierras en la zona de Vaca Muerta. Afirmó que los denunciantes “se apropiaron del territorio en plena dictadura y consiguieron títulos de propiedad por métodos fraudulentos”.
11/04/2019
Con motivo del juicio que comienza hoy contra miembros de la comunidad Campo Maripe por la usurpación de tierras cerca de Añelo, próximo a los yacimientos de Vaca Muerta, el werken (vocero) de la Confederación Mapuche de Neuquén, Jorge Nahuel, aseguró que “ojalá la justicia entienda que está siendo utilizada como garrote en esta historia”, porque si dictan el desalojo del Lof (organización comunitaria) “va a traer un conflicto de consecuencias impredecible”.
La causa se inició por la denuncia de la familia Vela, propietaria de las tierras desde 1978, quienes según el dirigente mapuche, “en plena dictadura militar se apropiaron de parte del territorio de los Campo Maripe, y a través de métodos fraudulentos lograron tener títulos de propiedad”.
Agregó que los denunciantes consiguieron legalizar todo “con la complicidad de organismos públicos como la dirección de Tierras, Catastro, con escribanos”, y señaló que incluso el actual secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia, Jorge Lara, irá al juicio “a testimoniar a favor de esta familia privada, negando los derechos históricos que tiene la comunidad”.
En esta entrevista, Nahuel que antes de que se descubriera la riqueza de Vaca Muerta “no había conflicto porque no había interés, son tierras áridas en las que solo sobrevivían pequeños ganaderos y campesinos”. Sostuvo que el mejor método para resolver estos conflictos es el relevamiento que establece la ley nacional 26.160, pero aseguró que ese trabajo “está muerto desde hace cuatro años”.
-¿Por qué se lleva a juicio a integrantes de la comunidad Campos Maripe?
-El juicio arranca mañana (por hoy) y finaliza el miércoles que viene, que es cuando se va a fijar la sentencia. Se los convoca a los Campo Maripe bajo la figura de usurpación. Una cuestión para nosotros absurda porque los Campo Maripe han nacido, se han criado en el territorio, los siete hermanos que van a estar expuestos ahí en el tribunal, todos son nacidos en el lugar. Son denunciados por la familia Vela, una familia de empresarios de Añelo, que hace 40 años, más precisamente en 1978, en plena dictadura militar, se apropiaron de parte del territorio de los Campo Maripe, y lograron a través de métodos fraudulentos tener títulos de propiedad. Y hoy los jueces pretenden tratar de extraños en su propia tierra a los Campo Maripe y pedir su desalojo. Ojalá ese desatino no se cometa porque sería un acto de absoluta injusticia, de absoluto abuso de poder, porque nadie con un poco de sentido común puede negar el derecho que tiene esa familia y que quedó probado de manera documental a través de un estudio socio-antropológico hace seis años. Allí se demostró que todos los testimonios, todas las huellas del lugar, son de uso y posesión de la comunidad Campo Maripe.
-¿La familia que los acusa cuenta con apoyo del poder político y judicial?
-Sí, no hay ninguna duda. No hay ninguna duda que cuando ellos obtuvieron los títulos de propiedad de la tierra lo lograron con la complicidad de organismos públicos como la dirección de Tierras, Catastro, etcétera., y con escribanos, todo eso lo tienen en orden. Lo que no tienen es la legitimidad de permanecer en el lugar en el cual han nacido y se han criado el conjunto de la familia que conforma el Lof Campo Maripe. Incluso dentro de lo que va a ser el procesamiento, ellos van a contar con la complicidad de funcionarios públicos actuales porque el propio (secretario de Desarrollo Territorial y Ambiente de la provincia) Jorge Lara va a ir a testimoniar a favor de esta familia privada, negando los derechos históricos que tiene la comunidad.
-¿En esas tierras no se hizo el relevamiento territorial que establece la ley 26160?
-Hace cuatro años que está muerto el relevamiento. Es una obligación jurídica que tiene la provincia pero sin embargo lo tiene detenido. Esa es una de las tantas injusticias que se cometen, porque el relevamiento es la mejor herramienta para definir este tipo de litigio. Pero es una herramienta inútil en la manera en la que se está tratando, es letra muerta porque no se implementa, no se pone en marcha. A pesar, como lo hemos dicho muchas veces, de que a la provincia no le cuesta ni siquiera presupuesto, porque la ley ya viene con un presupuesto establecido para conformar un equipo técnico-jurídico. Sin embargo no hay voluntad político de resolverlo, como no lo ha habido en 60 años de gobierno provincial, de resolver la cuestión de la posesión y la propiedad de la tierra. Nosotros nos encontramos con estas situaciones donde se derivan a la justicia una cuestión que es netamente política. Ojalá la justicia entienda que está siendo utilizada como garrote en esta historia, y no cometa el desatino de dictar el desalojo contra la comunidad porque va a traer un conflicto consecuencias impredecibles.
-¿El conflicto se debe a que los territorios están en la zona de Vaca Muerta?
-Es el centro de la explotación de Vaca Muerta. Esto arrancó cuando se le concedió a Chevron esa área, que era de uso y de posesión de la comunidad, pero que habían logrado la autorización de la familia Vela. Eso es lo que puso todo patas para arriba y se generó el conflicto que hoy estamos protagonizando.
-¿Antes de Vaca Muerta no había interés en esas tierras?
-Antes no había conflicto porque no había interés. Es una tierra árida en la que solamente sobreviven pequeños ganaderos campesinos, criollos, mapuches. Que tienen escasos animales y tienen que recorrer enormes distancias para poder sacarle provecho a la superficie de esa tierra. El conflicto comenzó cuando se anunció el fracking, se firmó el acuerdo con Chevron, y de pronto esa tierra que solamente servía para el mundo campesino mapuche, se convirtió en una tierra de interés y de valor incalculable.
-¿Cómo está el lugar hoy? Porque en algún momento habían militarizado el territorio.
-Cuando ocurrió eso nosotros denunciamos, y producto de un habeas corpus que presentamos en la justicia federal, se le llamó la atención a Gendarmería que no podía ingresar sin orden del juez. Incluso esa causa nosotros la tenemos en carpeta porque queremos promover una querella contra quienes dieron la orden en aquel momento, que fueron (el funcionario del ministerio de Seguridad de la Nación, Pablo) Noceti y (la ministra, Patricia) Bullrich, quienes actuaron al margen de una orden judicial. Así que eso lo tenemos en carpeta porque queremos realmente querellar a la ministra y a Noceti porque cometieron una ilegalidad amparándose en su autoridad política, y es algo que marcó claramente la justicia federal cuando le prohibió que volviera a ingresar a territorio comunitario sin orden de un juez.
-¿La comunidad se va a tener que defender?
-Nosotros tenemos sobradas razones para poder defendernos y esperamos que la jueza tenga buen tino de reconocer, de entender, que ahí no se puede ocultar a una comunidad del propio lugar donde está viviendo, donde tiene el ingreso a su campo de pastoreo, donde tiene el salón comunitario, su cementerio. Sería un verdadero desatino y un abuso de poder enorme si se llega a condenar a los Campo Maripe cuando se dicte la sentencia.
-La confederación que usted preside están convocando a otras organizaciones a solidarizarse con la familia acusada.
-Sí, claro. Hemos hecho un comunicado llamando a los compañeros de los organismos de Derechos Humanos, sindicales, de estudiantes, que siempre están atentos, que son solidarios con la causa, para que nos acompañen y puedan ser parte de esta audiencia. Para que también ellos puedan escuchar personalmente las razones que se exponen de un lado y otro.
Fuente: Va con firma