Nuevamente la policía de Chubut irrumpió, con un operativo, en un territorio en disputa entre la comunidad mapuche y terratenientes de la zona. En esta ocasión se trata de dos cascos de estancia en un predio de unas 80 mil hectáreas de la Chacra Los Mallines, ubicado en Costa de Lepá, dentro del mismo departamento chubutense donde desapareció Santiago Maldonado.
24/07/2019
“Muy temprano tuvimos un operativo policial escandaloso, con armas de fuego. Vinieron a hacer un allanamiento y el operativo estuvo dirigido por Rodolfo Hess”, dijo Eusebio Antieco, referente de la comunidad. Antieco agregó que “la persona a la que se le fue recuperada la tierra, Mario Javier Pintos, armó un grupo de choque junto a otros terratenientes y el señor Hess fue a avisarles cuántos y quiénes éramos y nos dejó la zona liberada”.
La tierra, que era utilizada para pastoreo comunitario por la familia Antieco y otros miembros de la comunidad mapuche antes de 1940, fue ocupada en ese entonces por el terrateniente Meljen Bestene y hace tres años fue vendida a Pintos. Desde el momento en que las tierras fueron apropiadas, los miembros de la comunidad llevaron adelante reclamos y presentaciones legales, y a partir del martes pasado decidieron volver a instalarse en el territorio e intentar recuperar una de las chacras ubicadas en las costas del río.
Esta semana la policía recibió una denuncia en la cual se acusaba a la comunidad mapuche de “tener a Pintos y a un peón de la estancia secuestrados” y, con esa excusa, decidieron realizar un allanamiento. El operativo se llevó adelante y la policía verificó que esos datos eran falsos. Luego llegó una orden judicial ordenando un nuevo allanamiento. “A las 8.30 llegaron al territorio patrulleros de la policía de Chubut acompañados con seis camionetas particulares pertenecientes a un grupo de terratenientes, entres los que se encontraba Pinto. Lo que hicieron fue bloquear el camino para que los demás miembros de la comunidad y vecinos no pudieran acercarse”, indicó, en diálogo con PáginaI12, Juana Antieco, hermana de Eusebio Antieco, quien más tarde subrayó que “llegó un momento en el que nuestros compañeros estaban completamente secuestrados por la policía y por los terratenientes. Cortaron los caminos y nadie podía entrar ni salir”.
Juana Antieco agregó que “entre los terratenientes había policías infiltrados” y que su mayor miedo “era que estábamos seguros que los terratenientes estaban armados, que tenían armas de fuego”. Con respecto al accionar de la policía y del grupo de terratenientes, la hermana del líder mapuche señaló que “una señora que estaba con su hijita de siete años se refugió dentro de un auto para que los policías no la ataquen, porque había logrado pasar más allá del bloqueo que estaban realizando y quisieron darle vuelta el auto” -por este hecho ya se encuentra radicada una denuncia en la ciudad de Gualjaina-. También denunció que sus hermanos, Eusebio y Lucas, fueron “violentados y hostigados” por la policía. Juana detalló que “ellos mantuvieron una conducta pacífica y admirable. No les dieron motivo ni respondieron a las agresiones porque la policía y los terratenientes querían llegar a un enfrentamiento”.
Con respecto a la solución momentánea del conflicto, la referente de los mapuches, contó que cerca de las siete de la tarde se comunicó con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (Inai) y que “ellos se encargaron de llamar al comisario de Gualjaina (de apellido Andrade) porque había liberado la zona”, y explicó que también se comunicó con los organismos de derechos humanos que exigieron el abandono de la zona por parte del grupo de terratenientes.
Por último, Antieco llamó “al Defensor del Pueblo de la provincia, le detallé la situación y él se comprometió a solucionar el tema. Le dijimos que, si amanecíamos con un muerto, él, el gobierno de (Mariano) Arcioni y el ministro Federico Mazonni iban a ser responsables”. Fue así que, según las palabras de la referente, la policía “levantó el corte y ahora nuestros compañeros siguen en el territorio recuperado”. Más tarde “los terratenientes se fueron con la condición de que tengamos una mesa de diálogo en 72 horas” manifestó la hermana del líder de la comunidad. Más allá de eso, Antieco explicó que “no creemos que ese sea el tiempo prudente para organizar una mesa de diálogo porque tenemos que asegurarnos que van a poder asistir los organismos de derechos humanos, que vamos a poder nombrar un abogado que nos defienda, conseguir veedores y un montón de cosas que llevan tiempo”. Por último, dijo que “si bien el conflicto es con Pintos, como son todos usurpadores de Costa del Lepá, entre ellos se defienden. Nuestro mayor temor es que vuelvan a aparecer por asalto como ya lo hicieron”.
Fuente: https://www.pagina12.com.ar/208030-operativo-contra-los-mapuches