El fallo señaló cómo el sistema prohibicionista demostró su fracaso. Consideró que la “guerra contra las drogas” y las políticas basadas en la criminalización y represión no lograron disminuir el consumo de sustancias, perseguir eficazmente al crimen organizado, asegurar el derecho a la salud, ni garantizar el acceso a las sustancias de quienes las precisen con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor. Por eso, a diez años de Arriola, un grupo de organizaciones proponemos diez políticas públicas basadas en el respeto de los derechos humanos.
En 2009, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina resolvió por unanimidad declarar la inconstitucionalidad de la criminalización de las personas que consumen drogas. Para ello, sentenció que el delito de tenencia para consumo personal es una conducta privada que está protegida por la Constitución Nacional. Su persecución es ilegal, pero aún se encuentra vigente en nuestro país.
El fallo hizo una crítica al sistema prohibicionista, considerando que la “guerra contra las drogas” y las políticas basadas en la criminalización y represión, han demostrado ser un rotundo fracaso en nuestro país y en el mundo entero. Esas políticas no han logrado disminuir el consumo de sustancias, perseguir eficazmente al crimen organizado, asegurar el derecho a la salud de las personas que usan drogas, ni garantizar el acceso a las sustancias de quienes las precisen con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor.
En cambio, han generado violencia social, violencia institucional, criminalización, encarcelamiento masivo, penas desproporcionadas, corrupción política, judicial y policial, desplazamiento de poblaciones, y un lucrativo mercado ilegal de drogas, regulado y monopolizado por bandas criminales.
A 10 años de ese fallo conocido como “Arriola”, ¿Cuál es la situación en nuestro país?
-Alrededor de 25.000 personas por año son criminalizadas por las fuerzas federales motivo de tener escasa cantidad de sustancias para su propio consumo, principalmente cannabis. La mayoría son jóvenes, entre 16 y 30 años, de nacionalidad argentina, de bajos ingresos, sin antecedentes penales y sin estar cometiendo delito alguno al momento de su detención.
Para el Estado, significa un cuantioso dispendio de los recursos públicos. Estos recursos podrían destinarse a la persecución de delitos de verdadera gravedad y entidad social, como ser los derivados de la gestión y administración del narcotráfico, el lavado de activos y la corrupción, entre otros.
Para las personas afectadas, esto implica un daño difícil de reparar producto de una intromisión inconstitucional en su privacidad, mediante requisas, allanamientos, detenciones, encarcelamientos, extorsiones policiales, estigmatización social, familiar y laboral.
-Alrededor de 25 proyectos de ley, de las más diversas bancadas políticas, se han presentado desde “Arriola” a la actualidad con el objetivo de despenalizar conductas asociadas al consumo, como lo son la tenencia de drogas y el autocultivo de cannabis. Ninguno prosperó. Durante estos 10 años, ni siquiera se trató el tema en las Cámaras del Congreso Nacional.
-El presupuesto destinado a criminalizar a las personas sigue siendo absolutamente desproporcionado en comparación con los recursos destinados a la prevención y el tratamiento de las adicciones. Un abordaje sensato, demanda tratar el tema de las adicciones desde la óptica de salud y no de la criminalización. La prisión no cura a nadie.
-Sin prevención, educación y tratamientos, el consumo de drogas continúa en aumento. Del 3,6% de la población consumidora en el año 2010, pasó a un 8,3% en la actualidad. El Poder Ejecutivo sigue sin reglamentar la ley de Abordaje de los Consumos Problemáticos, luego de cinco años de vigencia. No hay políticas de reducción de riesgos y daños, por más que ello sea exigido por la Ley de Salud Mental y la Ley IACOP. Las personas que mantienen una relación de consumo problemático, principalmente jóvenes, siguen muriendo o deteriorando su calidad de vida sin intervención del Estado para evitarlo.
-No existen campañas públicas masivamente difundidas que brinden información clara, completa, científicamente fundada y actualizada sobre los efectos físicos y psíquicos, riesgos, contraindicaciones e interacción de sustancias psicoactivas legales o ilegales. Las sustancias y las personas que las consumen son demonizadas e infantilizadas, con discursos alarmistas que suelen ser cómicos y ridículos.
-Los delitos no violentos relacionados con drogas –como el microtráfico- son la primera causa de detención de mujeres en Argentina. 60% de ellas se encuentran en prisión preventiva, sin comprobarse aún su culpabilidad. El estigma generalizado y amenaza de sanción penal que padecen las personas que consumen drogas se agrava respecto de las mujeres. Muchas de ellas se ven amenazadas con la quita de sus hijos e hijas ante la eventualidad de consumir sustancias ilícitas.
Respecto de la población de mujeres trans y travestis detenidas en cárceles federales, el 70% está por venta minorista en un contexto de violencia policial, discriminación y falta de oportunidades laborales que las aparten de los mercados ilegales y economías de subsistencia.
-La ley de usos medicinal del cannabis, desatendió el principal reclamo de madres, familiares y pacientes: El acceso democrático a la sustancia, incluyendo al autocultivo. La criminalización se mantuvo y las personas que cultivan cannabis siguen amenazadas por el sistema penal con penas de cuatro a quince años de prisión. Misma pena que podría corresponder, por ejemplo, al delito de violación.
Diariamente vemos personas allanadas en sus domicilios, violentadas por las fuerzas de seguridad, detenidas y procesadas penalmente, por el sólo hecho de necesitar o elegir acceder a la sustancia vegetal de propia mano, sin afectar derechos de nadie, y evitando relacionarse con mercados ilegales.
-En el tratamiento discursivo periodístico que realizan algunos de los diarios y noticieros de mayor alcance, el tema “DROGAS” aparece vinculado a un conjunto de nociones como: inseguridad, violencia, marginalidad, pobreza y delito. Alimentan el prejuicio sobre la niñez y adolescencia en riesgo, estigmatizan la juventud, los migrantes y trabajadoras sexuales, incitando campañas criminalizantes y xenófobas sobre ellxs.
A 10 años del “Fallo Arriola”, la reforma de las políticas de drogas es una deuda de la democracia. Necesitamos políticas eficaces, sensatas, humanitarias y respetuosas de los derechos humanos. Ya aguardamos suficiente. Es hora de que la política argentina aborde el tema con responsabilidad, coherencia y madurez.
Para ello, exigimos:
Despenalizar las conductas asociadas al consumo, como la tenencia, el consumo ostentoso y el autocultivo.
Regular las sustancias actualmente prohibidas, comenzando estratégicamente por el cannabis.
Establecer políticas educativas, preventivas y campañas de difusión con basamento científico.
Reglamentar y ejecutar políticas de reducción de daños conforme lo demanda nuestra legislación nacional.
Derogar las medidas compulsivas de tratamiento contenidas en la ley penal y poner en plena vigencia el cumplimiento de la Ley de Salud Mental y Adicciones.
Reglamentar la Ley de Abordaje de Consumos Problemáticos, desarrollando una política pública sanitaria que atienda los mismos.
Balancear el presupuesto asignado a la represión, en favor de aquellos abordajes que tiendan a la educación, prevención y tratamiento de las adicciones.
Ejercer un control institucional de los establecimientos públicos y privados que se abocan a la asistencia y tratamiento de consumos problemáticos de sustancias, velando a que se atengan al respeto de los derechos humanos y la normativa vigente.
Establecer alternativas al encarcelamiento y disminución de mínimos legales para delitos no violentos relacionados a las drogas, desde un enfoque con perspectiva de género.
Garantizar el acceso a las sustancias actualmente fiscalizadas para las personas que las precisen con fines médicos, terapéuticos o paliativos del dolor.
Diez políticas públicas, a los diez años de Arriola, que precisa nuestra democracia para afianzar el respeto de los derechos humanos.
Organizaciones Firmantes:
RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos
CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales
SPPDP – Servicio Público Provincial de Defensa Penal de Santa Fe
INECIP – Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales
INTERCAMBIOS Asociación Civil
WOLA – Washington Office on Latin America
IDPC – Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas
ILSED – Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia
MIRADAS Asociación Civil
ENCLAVES – Salud Mental y Derechos Humanos
AASM – Asociación Argentina de Salud Mental
CELIV – Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia
FAT – Fondo de Ayuda Toxicológica
ACVI – Asociación Contra La Violencia institucional
ARDA – Asociación de Reducción de Daños de Argentina
Revista THC
FOCA – Frente de Organizaciones Cannábicas Argentinas
Mamá Cultiva Argentina
Fuente: https://www.cels.org.ar/web/2019/08/declaracion-a-10-anos-de-arriola/