La justicia ecuatoriana resolvió dejar sin efecto la sentencia de primera instancia de un juez que fue detenido in fraganti intentando sobornar a otro magistrado. Los derechos del pueblo kichwa y de la Pacha Mama fueron preservados, como lo establece la Constitución ecuatoriana.
06/09/2019
Ecuador, desde el año 2008, reconoce en su Constitución los derechos de la Madre Tierra en sus artículos 71, 72, 73 y 74. A modo de ejemplo, reproducimos un fragmento del artículo 71.
“La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos. Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en la Constitución”.
El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un ecosistema”.
En cumplimiento de lo establecido en la Constitución y en defensa de su propia preservación, las comunidades originarias kichwa de Santa Clara –en la región amazónica del Ecuador– se opusieron a la construcción de una represa hidroeléctrica sobre el río Piatúa.
#PiatúaResiste
Andrés Tapia, dirigente indígena kicwha de la comunidad Unión Base de Pastaza, describe los hechos: “Hace tres meses se presentó una demanda de acción de protección por parte de las comunidades kichwas del cantón Santa Clara, de la provincia de Pastaza, en conjunto con la Defensoría del Pueblo, la CONFENIAE (Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana) y otras entidades. Pedimos una medida de protección en defensa del río Piatúa ya que se había concesionado la zona a la empresa GENEFRAN (Generación Eléctrica San Francisco) y se habían iniciado los trabajos de construcción preliminares de una represa hidroeléctrica. La misma trasladaría el 90% del cauce del río, afectando a las comunidades locales”. Se trata de una región que los expertos ambientales señalan como “hot-spot”, lugares con una altísima concentración de biodiversidad que los estados deberían proteger.
Pese a que la empresa afirmaba haber cumplido los requisitos de ley para instalar la hidroeléctrica, las comunidades señalan que el Estado no cumplió con la consulta previa. “La audiencia de primera instancia se realizó del 16 al 18 de junio de 2019, pero la medida fue negada por el juez Aurelio Quito aduciendo que no existió vulneración del derecho a la consulta previa, libre e informada ni violación de los derechos de la naturaleza”, explica Tapia. “Tras la apelación de las comunidades, se pasó a segunda instancia. La audiencia se realizó el 20 de agosto y se estaba a la espera de una resolución”.
Sin embargo, un hecho policial terminó definiendo la suerte del conflicto. “El 3 de septiembre se dio la detención del juez Aurelio Quito. Se lo encontró en un restaurante de la ciudad de Pasto con 40 mil dólares, dos botellas de whisky y dos celulares, intentando sobornar al juez Jhon Álava que era parte del tribunal que tenía que tomar la decisión sobre el caso Piatúa para que tomara una decisión en contra de la acción de protección”.
El juez Quito fue arrestado y suspendido, y el hecho se tornó un escándalo nacional. Frente a ello, ayer (jueves 5/9/19) en horas de las tarde y tras varias acciones de incidencia de las comunidades, se conoció la sentencia en segunda instancia que define:
-dejar sin efecto la sentencia de Quito;
-revocar la licencia ambiental entregada por el Ministerio de Medio Ambiente a la empresa;
-revocar el permiso del uso del agua entregado por SENAGUA (Secretaría Nacional del Agua);
-declarar la paralización de las operaciones de la empresa hidroeléctrica;
-exigir que la empresa realice disculpas públicas a la comunidad kichwa de Santa Clara.
La quinta resolución, es incorporar al presidente del pueblo kichwa de Santa Clara, Cristian Aguinda Pilla, dentro de los casos de víctimas de persecución, intimidación y amenazas”, concluyó Tapia.
Como resultado de la presión de las organizaciones, la sentencia establece que se paralicen las obras que estaban en una etapa inicial de trazado de caminos. No obstante lo cual, las comunidades señalaron que permanecerán alertas para que la sentencia se cumpla.
