Por orden del juez federal Ricardo Bustos Fierro se realizaron 15 allanamientos simultáneos en sedes gremiales, viviendas particulares y entidades bancarias. Es por una causa de presuntos lavado de activos, asociación ilícita y defraudación. La denuncia fue realizada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y la Unidad de Información Financiera (UFI), y lleva ocho años. En la instrucción de la causa, que realiza el fiscal Gustavo Vidal Lascano, se investiga a 12 dirigentes de Luz y Fuerza Córdoba, Sección Regional Capital, entre los que se encuentran su Secretario General, Gabriel Suárez, quien el 6 de septiembre sufriera una herida de bala de goma en la cabeza por la represión de la policía cordobesa en una manifestación que realizaban los trabajadores.
Por Juan Alberto Pérez.
En la sede gremial de la calle Deán Funes al 600, en Córdoba Capital, se realizó un allanamiento que los trabajadores caracterizaron como “desmedido” e “inusual”, ya que manifiestan que siempre estuvieron a disposición de la justicia. Con una fuerte cantidad de efectivos de Gendarmería Nacional y de la policía, se valló toda una cuadra y se desplegó un operativo que militarizó la zona. El jefe del operativo, Comisario Federico Allende, expresó en Cadena 3 que “se busca papelería, documentación, dinero, joyas y cheques” aunque no especifica qué certezas se tienen para realizar dicha medida. Esta situación había sido advertida por los dirigentes de Luz y Fuerza Córdoba el 10 de septiembre mediante un comunicado en el que expresaban que tanto las puertas de la institución como los domicilios particulares de cada uno de los apuntados estaban a disposición del juez y el fiscal, “no hace falta orden de allanamiento, cuando quieran pueden acceder a nuestros balances, papeles libros contables, bases de datos acceso a nuestros sistemas digitales y computadoras sin necesidad de escándalos mediáticos”, aclararon desde la entidad gremial.
Esta situación toma relevancia a la luz de la coyuntura que vive el sindicato y el conflicto con el gobierno de la provincia de Córdoba. Llevan más de un año y medio de lucha para evitar la privatización de la empresa de distribución eléctrica EPEC. El gobierno de Juan Schiaretti es el principal apuntado por ese intento privatista. El viernes 6 de septiembre la situación llegó a un punto crítico cuando los trabajadores de Luz y Fuerza Córdoba movilizaron para intentar presentar un petitorio ante la empresa en el cual se denuncia persecución laboral, intento de avanzar contra los derechos de los trabajadores y se exige la reapertura de paritarias. La respuesta por parte del gobierno fue dar carta blanca a la policía que desarrolló una feroz represión en la que terminaron ocho detenidos, entre ellos Héctor Tosco, hijo del histórico líder sindical Agustín Tosco. Además hubo varios heridos de bala de goma, entre los que estaban el Secretario General, Gabriel Suárez, quien ahora es investigado por la justicia.
