La pesadilla es Macri

La pesadilla es Macri
Mario Hernandez

Macri reconoció que llegar a fin de mes se ha transformado en una pesadilla (Diario Popular, 12/10).

Cuatro postales

La noche del jueves y el viernes pasado, hombres y mujeres aguardaron varias horas, para dejar su currículum en la nueva sede de la panadería de Garupá, que abrirá sucursal en los próximos días en Posadas, la capital misionera. Más de 10 cuadras de cola para 15 puestos de trabajo.
Se acerca la temporada de verano y los locales de la costa comienzan la búsqueda de trabajadores eventuales. El miércoles 700 jóvenes hicieron tres cuadras de cola para un puesto en un local gastronómico de Playa Grande.
El jueves 3 se difundieron en redes sociales imágenes de cientos de jóvenes que hicieron fila en Bernal tras darse a conocer que una fábrica de hielo contrataría 12 operarios. Un usuario de Facebook publicó el video donde se ve una cola de más de 3 cuadras para aplicar a la búsqueda.
Con la propuesta de promover el empleo joven se invitó a alumnos de las escuelas de la Ciudad de La Plata a la Feria Futuro para que conozcan las oportunidades que les ofrecerá el mercado laboral.
En el lugar había varios sectores, entre ellos empresas de microcréditos “para tu emprendimiento”, otros stands de la Universidad Católica de La Plata, Universidad Tecnológica Nacional, y también Walmart, Mc Donalds y Starbucks en los cuales ofrecían dejar los datos para un posible empleo.
Lo más sórdido fue evidenciar como oferta laboral para los estudiantes los stands de Policía de la Provincia, Gendarmería y Servicio Penitenciario.
Queda claro que la ideología del sistema solo ve en los alumnos de las escuelas públicas mano de obra precarizada o sujetos con un futuro cercano en las instituciones creadas para reprimir. Todo en concordancia con la Gobernadora Vidal, quien expresa que “los pobres no van a la Universidad”.

Los despidos y suspensiones no se detienen

Debido al fuerte deterioro en el poder de compra, el consumo en los hipermercados y sus variantes «express» se derrumbó en 2019. La consecuencia más salvaje de la caída en las ventas es el despido de más de 1.500 empleados en las cadenas nacionales y provinciales desde el 1º de enero.
Los obreros continúan con la ocupación de la papelera Kimberly Clark en la localidad de Bernal. El martes que viene tendrán la cuarta audiencia en el Ministerio de Producción. El cierre no tiene retorno pero las indemnizaciones estarían garantizadas. Los trabajadores ya piensan en la post desvinculación para evitar la pérdida de los puestos laborales.
Rápidamente comprendieron que desde la multinacional no iban a dar marcha atrás en la decisión porque ésta responde a un plan de repliegue global anunciado en 2018 de cerrar 10 plantas en todo el mundo y despedir 5.500 trabajadores con lo que estiman un ahorro de 2.000 millones de dólares a nivel internacional.
Como respuesta, los trabajadores pidieron en la última audiencia que declaren a Kimberly Clark en “reactivación productiva” porque según afirmó el delegado, Walter Relañez, la planta aún en este contexto de crisis local es rentable. Por esto elaboraron y aprobaron en asamblea un plan para ponerla en funcionamiento, partiendo de la defensa de todos los puestos de trabajo y del Convenio colectivo, que incluye la posibilidad de proveer al Estado.
En las últimas horas se produjeron despidos masivos en la productora de golosinas panificadas y galletitas Nevares. El conflicto se desató en la planta que la firma posee en Carlos Keen, Partido de Luján. Con un listado en manos de gente de seguridad informó el despido a unos 50 operarios de diferentes turnos. El mecanismo ya es habitual en la firma que posee tres plantas en la Provincia y que emplea unos 500 trabajadores.
Desde que comenzó el año, la empresa Zanella dejó en la calle a la mayoría de su personal, además de adeudar salarios, aguinaldos y otros montos.
Primero cerró su planta en Mar del Plata, luego comenzó con los despidos en San Luis y ahora en Caseros. La amenaza de despidos en Caseros se concretó con los telegramas recibidos la semana pasada por sus trabajadores. Cuando llegaron a su turno, había un fuerte operativo policial y una nueva empresa de seguridad les dio los telegramas de despido a más de 70 operarios, la mayoría del personal.
La UOM se ha limitado a comentar la situación, pero no ha dispuesto ninguna medida de fuerza en defensa de los puestos de trabajo.
El lunes por la mañana las y los trabajadores de la fábrica La Nirva, de Lomas del Mirador, se encontraron con los portones cerrados. Los directivos de la firma, perteneciente al grupo Blende, bloquearon la entrada con candados y abandonaron la producción.
La Nirva, productora de los alfajores Recoleta y Grandote, supo ser la segunda en ventas en todo el país. Sin embargo, desde hace un año, sus directivos iniciaron un vaciamiento.
En La Nirva trabajan 83 operarios, de los cuales el 80 % son mujeres. Las trabajadoras denuncian que, en promedio, se les adeudan entre 85.000 y 100.000 pesos. Por esta razón, y en defensa de sus puestos laborales, mantienen un acampe en la puerta de la fábrica.
Loma Negra anunció el cierre de su planta de Sierras Bayas, de la localidad de Olavarría, en la que trabajan 45 personas entre empleados propios y contratados. La vocera de la compañía, Belén Marty, informó que «todo el personal propio será reubicado». Al mismo tiempo, desde la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) de Olavarría, afirmaron que no peligran los puestos de trabajo.
Los empleados de la textil Indiastyle se manifestaron el martes en la puerta del depósito principal emplazado en San Isidro para exigir que dé una respuesta ante los más de 60 despidos, y que pague lo que les corresponde a sus empleados. Los trabajadores denunciaron que los estafaron entregándoles maliciosamente cheques sin fondos.
La patronal de Cidal, radicada en San Luis, fabricante de Bombucha y de los preservativos Cameléon y Exotic, luego de deber salarios, aguinaldos, aportes jubilatorios y el pago de la ART, les comunicó a sus 65 trabajadores que había decidido cerrar y dejarlos en la calle.
Según informó Diego Acordeón, vocero de los trabajadores, los empleados definieron permanecer en la planta en resguardo de sus puestos trabajos hasta una nueva reunión con la patronal.
Las autoridades de la empresa brasileña DASS informaron que en diciembre cerrarán la planta industrial de fabricación de calzados en Eldorado, Misiones. Terminan así un proceso de desguace que comenzó con la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada.
Los afectados directamente son 640 trabajadores los que aún cuentan con ingresos, de los cuales 350 serán despedidos de inmediato.
En 2015 DASS ocupaba unas 1.500 personas. Desde ahí la planta de calzado deportivo comenzó con un proceso de achique, al compás de la caída de la actividad industrial y del consumo en el país que terminó ahora con el golpe de knock out para la zona.
La compañía de capitales brasileños MWM anunció el cierre de su planta de construcción de motores diésel en Jesús María, Córdoba, desde el 1º de octubre y dejó en la calle a casi 100 trabajadores.
Las vacaciones adelantadas que decretó la empresa Arcor con el aval del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) afecta a las más de 20 plantas que tiene en el país. Estas vacaciones forzadas comenzarán el 4 de noviembre en la mayoría de las provincias salvo Tucumán que serán en octubre y por 15 días.
Sebastián Núñez, titular del STIA, fundamentó la firma del acuerdo para “evitar despidos” aunque admitió que en los últimos cinco años hubo más de 15.000 trabajadores despedidos en el sector Alimentación. Arcor es parte del mismo grupo empresario que La Campagnola que tiempo atrás despidió a 125 empleados anunciando el cierre de la planta en Mendoza.
Aunque Arcor y el gremio hablan de una importante baja de las ventas por la situación que atraviesa al país y la acumulación de stock, sin embargo, Arcor no está en crisis, según datos publicados por la firma en el primer semestre del año tuvieron una ganancia de 655 millones de pesos.
También la fábrica de conservas La Campagnola, perteneciente al Grupo Arcor, decidió suspender hasta el 9 de diciembre la producción en la planta que tiene en Mar del Plata y resultarán afectados unos 76 trabajadores. Los obreros permanecerán «en garantía horaria» y cobrarán un monto «garantizado», y la última cuota de 5.000 pesos que otorga un programa oficial del Gobierno provincial.
Trabajadoras de gastronomía denunciaron el despido sin causa ni aviso de “La cocina del Vasco”, empresa de comidas propiedad del conocido Chef local Alvaro “el Vasco” Aristizabal.
Se trata de 8 cocineras y cadetes que se encontraron el lunes 16 de setiembre con un candado en el acceso a las instalaciones. La totalidad de lxs trabajadores estaban empleados sin ningún tipo de derecho laboral, en negro, sin aportes, ni reconocimiento de categorías según el convenio gastronómico.
El “Vasco” Aristizabal, es un mediático Chef local, acostumbrado a aparecer en los medios de comunicación, mostrándose como un laburante que se hizo de “abajo” producto de su sacrificio personal.
A partir de la denuncia pública de sus empleadxs, comenzaron a aparecer ex trabajadorxs denunciando despidos injustificados y arbitrarios en emprendimientos anteriores de Aristizabal, incluyendo malos tratos.
La empresa Sidal SA, ubicada en Pacheco, partido de Tigre, despidió a 27 trabajadores que reclamaban por salarios y aguinaldo adeudados.
El laboratorio B. Braun que funciona dentro del Parque Industrial «General Savio» de Mar del Plata notificó a 50 empleados que a partir de octubre se quedarán sin trabajo como consecuencia de la incorporación de tecnología de última generación que reemplazará sus tareas.
Desde la Asociación de Trabajadores de la Sanidad advirtieron que en otras empresas del rubro «también se vienen produciendo despidos por goteo», como en el laboratorio Pharmamerican, donde mermó la cantidad de trabajadores.
Además en el laboratorio Nordgreen el gremio confirmó rebajas salariales y problemas en la recategorización que podrían ir extendiéndose a otras firmas.

Actividad industrial por el piso

El Indec publicó que el uso de la capacidad instalada bajó a 60,5 % en agosto con una disminución de 6,4 % con respecto al mismo mes del año pasado.
En agosto los sectores que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada menores al nivel general son Productos Textiles (58,8 %), Edición e impresión (57,9 %), Sustancias y productos químicos (51,6 %), Productos de caucho y plástico (50,2 %), Metalmecánica excepto automotores (47,5 %), e Industria automotriz (43,5 %).
Solo refinación del petróleo y alimentos y bebidas mostraron mejores números que en agosto de 2018, por el mayor procesamiento de crudo y la suba registrada en la molienda de oleaginosas.
La producción de vehículos alcanzó en septiembre las 27.687 unidades, lo que significó una caída de 25,7 % con relación con el mismo mes de 2018, según informó la Asociación de Fábricas de Automotores (Adefa).
Con septiembre van trece meses de contracción consecutiva para la industria automotriz, ya que la última mejora interanual se registró en agosto de 2018.
En el acumulado enero-septiembre, el sector produjo 241.330 unidades, lo que marcó una caída de 34,9% respecto de las 370.707 unidades que se produjeron en el mismo período del año anterior.
La semana pasada, Renault decidió dejar de producir por la tarde y sólo concentrará sus tareas en el turno mañana. La decisión, aplicada en la planta de Córdoba, implica desactivar por completo uno de los turnos de trabajo. La consecuencia es que 270 trabajadores ya no tienen garantías de que se sostengan sus puestos de trabajo. La patronal, intentando llevar calma, afirma que podrían hacer “diferentes actividades, incluso capacitaciones”. Sin embargo, no ha confirmado que vaya a garantizar los puestos de trabajo.
En el mes de septiembre hubo 37 despidos, a pesar que el gremio Smata había firmado con la empresa un acuerdo por el que se aseguraban los puestos de trabajo hasta el 31 de marzo de 2020. Actualmente, Renault produce 160 vehículos por día y ocupa a 2.300 trabajadores.
El convenio homologado en el Ministerio de Trabajo provincial también prevé suspensiones temporales (se mantendrá el pago de 70 % del sueldo de bolsillo), la posibilidad de que el personal adelante vacaciones y la prórroga de 480 contratos a plazo fijo.
Los ajustes no tienen lugar solo en la multinacional francesa. En el caso de Fiat, en septiembre, sólo se trabajó un día por semana y en octubre la actividad será muy similar.
En la fábrica de camiones Scania, ubicada en Colombres, Tucumán, se negocia con el Smata para organizar mejor las suspensiones. Esto ocurre a pesar de que las ganancias de la firma aumentaron de un 6% en el primer semestre del 2018 a un 9,3% en el mismo período de 2019. Las patronales del sector automotriz que ganaron millones durante las últimas décadas, cuando los números “no cierran”, descargan la crisis contra los trabajadores y trabajadoras del sector.

Salarios

La Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Unión Argentina de Líneas Aéreas (UALA) alcanzaron un acuerdo con Aerolíneas Argentinas y Austral en la Secretaría de Trabajo. Los gremios se comprometieron a no realizar medidas de fuerza hasta el 31 de diciembre inclusive.
El acuerdo garantiza un aumento salarial del 10 % en octubre y noviembre, más un 5 % en diciembre. Además, el compromiso de la empresa a retomar las negociaciones una vez comenzado el 2020.
La Federación de Aceiteros completó la revisión de su paritaria y totalizó un aumento salarial del 54,1% por este año. El gremio llevó el salario básico para la categoría inicial, la de peón, a $ 54.902,23 a partir del 1° de diciembre de 2019, más $ 1.000 de presentismo, más una suma extraordinaria no remunerativa de $ 10.000 por única vez.
Ante la intransigencia del gobierno provincial de María Eugenia Vidal, los gremios estatales bonaerenses intentan que se reabra la discusión paritaria para el segundo semestre de este año y que se aplique una cláusula gatillo automática por inflación, tomando como ejemplo el caso de los docentes.
Frente al silencio oficial ante estos reclamos, los sindicatos enrolados en la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA) se declararon en estado de alerta, con algunos que fueron más allá, planteando una retención de tareas que comenzaron a ejecutar desde el miércoles.
Uno de los gremios que comenzó con estas medidas de fuerza fue la Asociación del Personal de los Organismos de Control (APOC), en ese marco los trabajadores de la Contaduría, Tesorería y el Tribunal de Cuentas llevaron adelante un quite de colaboración entre las 12:00 y las 14:00.
Según el secretario general del Sindicato de Salud Pública, Miguel Zubieta, la medida podría extenderse a otros organismos en caso de que no se concrete una reunión con funcionarios de la administración provincial.
La cláusula gatillo estuvo en vigencia para el primer semestre del año, pero para la segunda parte del año sólo se preveía una recomposición de 2% en septiembre y otra por la misma cifra en noviembre. Ante este panorama, los gremios estatales denuncian una importante pérdida del poder adquisitivo de los salarios, con efectos “devastadores”.
UPCN ya se sumó al reclamo de reapertura de paritarias de FEGEPPBA, mientras que los profesionales de la salud organizados en la Cicop podrían retomar su plan de lucha esta semana.

Reclamos docentes

En todo el país se desarrolló el 9 de octubre la Jornada Nacional de Lucha lanzada por CONADU Histórica en su último plenario de secretarías generales “para exigirle al gobierno nacional una respuesta inmediata” a los reclamos del sector, frente a los cuales “vienen haciendo oídos sordos”.
La Jornada se realizó en todo el territorio nacional con iniciativas como clases públicas, actos, movilizaciones, radios abiertas y volanteadas en Cuyo, Comahue, Litoral, Salta, Misiones, San Luis, Jujuy, entre otras.
En Ciudad de Buenos Aires, el gremio de base AGD UBA llevó a Plaza de Mayo la visibilización del reclamo con una performance titulada “La mesa está servida y a los docentes ni las migas”.
Además, representantes de la Mesa Ejecutiva de CONADU Histórica -Claudia Baigorria, Antonio Rosselló, Francisca Staiti y Sergio Zaninelli- se hicieron presentes en la ciudad de Comodoro Rivadavia para solidarizarse con las y los trabajadores de la provincia de Chubut que estaban en su 12º semana de paro.
Federico Massoni, ministro coordinador del gobierno de Chubut, firmó una circular que plantea “a partir del próximo martes 15 de octubre deberán ocupar sus puestos laborales quienes hasta hoy gozaban del beneficio de las licencias gremiales”.
Este ataque a los derechos sindicales es la respuesta del gobierno a los sindicatos docentes, centralmente a ATECh, el más importante de la provincia, que se mantienen en la lucha contra el ajuste provincial y siguen reclamando el cumplimiento de la paritaria 2019, con la cláusula gatillo, el pago en tiempo y forma, el pleno funcionamiento de la Obra social, del Transporte Educativo Gratuito y un plan de financiamiento para solucionar los graves problemas de infraestructura escolar.
Con esta medida, que se aplicaría a más de 600 trabajadores en funciones sindicales, el Gobierno intenta quebrar y derrotar a los docentes. Los otros sindicatos que integraban la Mesa de Unidad Sindical ya levantaron la medida. Solo ATECH y los sindicatos docentes, por la presión de las bases, se niegan volver a las aulas mientras continúe el ajuste en la provincia que empezó el gobierno contra los estatales y docentes y hoy continúan las petroleras y las pesqueras, entre otras, amenazando con despidos, cierre de pozos o negándose al reclamo de aumento salarial según la inflación.
Además amenaza con la conciliación obligatoria, siendo que el Gobierno no puede ser juez y parte, en un nuevo intento de quebrar la huelga.

Organizaciones sociales

Organizaciones sociales volvieron marchar el jueves al Ministerio de Desarrollo Social para denunciar un «incumplimiento de la ley de Emergencia Alimentaria» por parte del Gobierno.
Los manifestantes se concentraron, desde las 10:00, en la intersección de Independencia y 9 de Julio para luego dirigirse a la sede de la cartera que dirige Carolina Stanley. La protesta fue encabezada por el Polo Obrero y la facción de Barrios de Pie que lidera Silvia Saravia.
Estas agrupaciones aseguran que el Gobierno «ni siquiera está cumpliendo con la Ley votada en el Congreso porque no están llegando los alimentos a los comedores».
«Ellos (por las autoridades nacionales) dicen que recién el 20% de la comida va a llegar en octubre y pasaría el otro 30% en noviembre o diciembre, lo cual nos parece una barbaridad que se estire tanto algo que se puede solucionar con logística», explicó Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero. También anunció que esta semana las organizaciones sociales van a mantener una asamblea nacional para votar un plan de lucha que incluya nuevas protestas.
Los trabajadores y trabajadoras de las cooperativas municipales junto a organizaciones sociales de la ciudad de La Plata protestaron frente a la Casa de gobierno municipal en rechazo al miserable bono de 1.500 pesos ofrecido, por única vez, por la gestión del intendente Julio Garro, en lo que consideran una provocación luego de darse a conocer las cifras de pobreza e indigencia días atrás.
Las organizaciones reclaman un bono de 6.000 pesos y aumento de salarios al igual que el resto de las y los trabajadores municipales.
Asimismo denunciaron el incumplimiento de la entrega de alimentos para los comedores comunitarios.
En el Gran La Plata el 31,9% de la población está bajo la línea de pobreza y la indigencia llegó al 6,5%, según los datos del primer semestre de 2019.
Participaron de esta convocatoria Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Frente Popular Darío Santillán CN (FPDSCN), Agrupación María Claudia Falcone, Coordinadora de Trabajadores Desocupados Aníbal Verón (CTD), Izquierda Latinoamericana Socialista, Igualdad Social, Autoconvocados en Defensa de los DD.HH de los enfermos de Sida (ADDHES), Coordinadora John William Cooke-SURGE, Movimiento Justicia y Libertad, Frente Territorial CTA Autónoma y Movimiento de Acción Popular (MAP).

«No queremos más femicidio, ni trata ni explotación» y «aborto legal, en el hospital»

Fueron los cantitos más oídos en una marcha de más de tres kilómetros de largo en la que participaron agrupaciones feministas, ramas de mujeres políticas, sindicales y universitarias, «mujeres encuentreras» de distintas provincias, centros estudiantiles secundarios, trans, travestis y mujeres autoconvocadas.
La tradicional marcha, que simboliza el cierre del Encuentro de Mujeres, partió pasadas las 18:00 del domingo de 1 y 60 de La Plata, cerca de la estación de servicio donde fue vista por última vez Johana Ramallo, víctima de trata y femicidio.
La marcha de mujeres y disidencias pasó frente a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, cantando consignas que repudiaban el recorte de partidas destinadas a erradicar la violencia de género.
El recorrido oficial, diseñado por la comisión organizadora, no fue acatado por la mayor parte de la marcha. Antes de llegar a plaza Italia, se fueron desprendiendo columnas muy numerosas en dirección a la Catedral. Algunas ingresaron en la plaza Moreno y realizaron un escrache al templo.
Por su parte la marcha oficial finalizó en el playón del Estadio Único, donde se realizó la tradicional Peña del Encuentro, en tanto el lunes a las 9:00 será el acto de cierre, donde se leerán las conclusiones de los talleres y se designará por aplausómetro cuál será la próxima sede del Encuentro.

Será justicia

El decreto del Poder Ejecutivo que modificó la manera de calcular las indemnizaciones otorgadas por ART recibió un doble revés judicial con una declaración de inconstitucionalidad, por un lado, y una medida cautelar, por otro, que suspendió su aplicación, en resoluciones adoptadas por la Justicia Nacional del Trabajo.
La declaración de inconstitucionalidad fue dictada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo Nº 41, subrogado por el juez Alejandro Segura, en el marco de un expediente que tramita en ese fuero el periodista deportivo Miguel Angel «Tití» Fernández a raíz de una demanda en curso contra Experta ART y Galeno ART, tras la muerte de su hija durante el Copa Mundial de fútbol 2014, en Brasil.
El magistrado afirmó en su resolución que el DNU que impone cambios en el cálculo de las indemnizaciones por ART «viola la exégesis literal del artículo 14 bis de la Constitución Nacional».
Además, cuestiona el carácter retroactivo de la medida al señalar que «los derechos laborales se dirigen hacia el futuro y, cuando surge una regla regresiva, como este insólito DNU, se rompe la lógica de redacción».
En tanto, la medida cautelar que frenó el miércoles la implementación de los cambios dispuestos a través de un DNU para establecer indemnizaciones en casos de muerte de un trabajador, incapacidad definitiva o enfermedad profesional fue resuelta en una acción de amparo promovida por el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, con el patrocinio del abogado Jorge Rizzo.
En este caso, fue a través de una resolución dictada por el juez de primera instancia, Fernando Vilarullo, en la que el magistrado toma como propios los argumentos esgrimidos en su dictamen por el fiscal de la Seguridad Social, Gabriel de Vedia, que consideró que, al dictar esa norma, el Poder Ejecutivo se había arrogado «facultades legislativas vedadas por el artículo 99 inciso 3° de la Constitución».
Por otra parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal condenó al Estado Nacional a indemnizar a una mujer que había trabajado durante más de 10 años para una de sus dependencias por ocultar una relación de dependencia bajo la figura del monotributo.
Esta sentencia se da a conocer poco tiempo después de la muerte de la agente controladora de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, Cinthia Choque, quien fue embestida por un automóvil mientras cumplía con sus tareas. La mujer le había facturado al gobierno local durante más de seis años, y no tenía ningún tipo de cobertura médica ni de accidentes de trabajo.
El Procurador fiscal postuló la inconstitucionalidad del artículo 38 de la ley 23.551 que establece que los empleadores sólo están obligados a retener las cuotas sindicales de los trabajadores afiliados a sindicatos con personería gremial.
Víctor Abramovich confirmó la sentencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. En consecuencia, hizo lugar al amparo solicitado por el sindicato Asociación del Personal Superior de Autopistas e Infraestructura (APSAl) contra Autopistas del Sol S.A, por la retención de las cuotas sociales por planilla salarial respecto de los afiliados de APSAl y el cese de toda obstaculización al accionar gremial.
El procurador fiscal postuló en su dictamen que el artículo 38 de la ley 23.551 al contemplar que los empleadores sólo actuarán como agentes de retención de las cuotas sindicales respecto de trabajadores afiliados a sindicatos con personería gremial, vulnera la libertad sindical de las entidades simplemente inscriptas. Dicho derecho se encuentra amparado por el artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional y en diversos tratados con jerarquía constitucional.
También, sostuvo la violación al Convenio 87 de la OIT -de jerarquía constitucional- y el respaldo de distintos precedentes jurisprudenciales que protegen la libertad sindical de las entidades simplemente inscriptas.
La Justicia rechazó todas las imputaciones promovidas por Hernán Lombardi y el Directorio de la Agencia Télam y sobreseyó a lxs 25 trabajadores sometidos injustamente a proceso judicial por el libre ejercicio de sus derechos sindicales.
El fallo señala: “Se pudo reconstruir que el conflicto gremial tuvo su inicio el 26 de junio de 2018 cuando se produjeron los primeros despidos y a partir de allí los trabajadores decidieron un paro y una permanencia pacífica. Durante el desarrollo del conflicto se realizaron asambleas permanentes en los edificios junto con los trabajadores despedidos en el marco del cual se debatían las medidas de fuerza (…). Se desprende de que el ingreso de los denunciados tuvo la finalidad de participar de asambleas diarias que se celebraban en los lugares de trabajo con el propósito de ejercer sus derechos gremiales pudiéndose creer amparados en el legítimo ejercicio de sus derechos, circunstancia que lleva a descartar el dolo que requiere la figura penal”.
La sentencia concluye: “Fue evidente que los encausados no obraron con el ánimo de violentar el domicilio sino, lejos de eso, simplemente recurrían a su derecho gremial a reunirse (…). No existe constancia alguna que se hayan excedido (en su ejercicio)”.
La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo desestimó la presentación efectuada por el laboratorio Elea Phoenix en contra de la medida cautelar en la que la Justicia había dispuesto la inmediata reinstalación de seis visitadores médicos despedidos.
Según explica la Asociación Agentes de Propaganda Médica (AAPM-CTA), a través de un comunicado, “el Poder Judicial vuelve a fallar contra los ilegítimos despidos y a favor de los visitadores médicos, sentando un precedente favorable para los trabajadores. La sentencia destaca que el laboratorio estaba en conocimiento de las candidaturas de los compañeros al momento de disponer sus despidos, por lo que quedó demostrado que estos ‘cuentan con la protección que consagran los artículos 48 a 52 de la ley 23.551’ y, por lo tanto, corresponde su inmediata reinstalación en sus puestos de trabajo”.
El Tribunal de Trabajo Nº 6 de San Isidro dictó sentencia rechazando el pedido de desafuero a Ariel Godoy (Secretario de Seguridad e Higiene del SUTNA). Este fallo echa por tierra el reclamo de la patronal de FATE de querer quitarle los fueros gremiales, juicio que impulsó tras el conflicto gremial que se desarrollara a raíz del terrible “accidente” que casi le cuesta la vida a un trabajador.
El martes pasado, la Sala I de la Cámara Federal de Casación anuló el fallo que denegó la excarcelación de Daniel Ruiz y ordenó al Tribunal Oral Federal 3 que dicte un nuevo fallo en forma urgente teniendo en consideración los planteos efectuados por la defensa. Finalmente el TOC Nº 3 ordenó su excarcelación.
Daniel Ruiz, militante del PSTU, estaba detenido en el Penal de Marcos Paz, como preso político, tras manifestarse contra la reforma previsional en diciembre de 2017. El 18 de este mes iba a comenzar su juicio.
El lunes 7 el colectivo de abogades La Ciega de La Plata informó que la jueza de Garantías Marcela Garmendia resolvió que “no se encuentra acreditada la comisión de ningún delito” por parte de los jóvenes senegaleses Diaw Ibrahima y Dieng Thierno, por lo que dispuso sobreseer a ambos trabajadores ambulantes. También al joven Luciano, un argentino que salió en defensa de ambos cuando la Policía decidió detenerlos ilegalmente.
El 24 de julio efectivos de la Policía metieron en un patrullero a Ibrahima y a Thierno, los condujeron a la Comisaría Novena y les armaron una causa penal por “resistencia a la autoridad”. Lo mismo hicieron con Luciano, que terminó encausado por “hurto en grado de tentativa”.
Al día de hoy los operativos contra los manteros y la violencia policial continúan, pese a estar en trámite amparos y demás instancias legales que consideran que se están vulnerando derechos elementales. De resolverse favorablemente un amparo colectivo presentado por la comunidad senegalesa y les abogades que la representan, debería cesar la confiscación de mercadería y el hostigamiento que sufren en la calle cotidianamente. Aunque muy probablemente la violencia y el racismo policial hacia los migrantes senegaleses continúe por otros medios.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con la firma de los jueces Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, y de Carlos Rosenkrantz en un voto concurrente, declaró arbitraria una sentencia de la Corte de Justicia de Salta que desconoció el derecho a ser indemnizado a un trabajador que perdió su puesto de trabajo por cierre del local gastronómico en el que se había desempeñado durante 27 años.
Se trata del caso de un «encargado» que trabajó sin haber sido nunca registrado, para la confitería situada en un hotel salteño que cerró sus puertas a principios de diciembre de 2006.
El 28 de diciembre de ese año el trabajador intimó para que se le aclarase su situación recibiendo como única respuesta el desconocimiento de la relación laboral. Frente a eso se consideró despedido y promovió demanda para cobrar las indemnizaciones legales.
Los tribunales de primera y segunda instancia reconocieron que entre las partes existió una relación laboral que se mantuvo «en negro» durante 27 años. Sin embargo, consideraron que el trabajador no tenía derecho a ser indemnizado por haber perdido su trabajo dado el tiempo que dejó pasar desde la fecha en que cerró la confitería y la que envió la intimación para que se definiera su situación (20 días).

Criminalización de la protesta obrera

Claudia Ferrero, abogada de los cinco trabajadores de la Línea 60, explicó que eran juzgados por dos hechos. “Fueron absueltos por uno, y condenados por otro a dos años de prisión en suspenso”. Los empleados fueron acusados de daños y cohecho.
Ferrero, quién dijo además que apelarán la resolución judicial, expresó que lo grave es que “se condena a los trabajadores por luchar y a los métodos utilizados por los trabajadores”. Este fallo “tiene un objetivo muy claro que es la búsqueda de la criminalización de la lucha.”.
Santiago Menconi, delegado en Barracas, aseguró que su camino seguirá siendo la lucha “porque estos no son los únicos trabajadores procesados, todo el Cuerpo de delegados está procesado y seguiremos luchando por el desprocesamiento”.
Los trabajadores fueron acompañados por organizaciones de Derechos Humanos, políticas y trabajadores de otros sectores.

La Policía de Larreta amedrentó a un reportero gráfico de Revista Cítrica

El fotógrafo de Revista Cítrica Juan Pablo Barrientos fue abordado por personal de la Policía de la Ciudad, en un claro acto de amedrentamiento contra el trabajo de la prensa. El hecho ocurrió mientras el reportero gráfico cubría la intervención teatral «Matar de una patada», en el domo de la Policía de la Ciudad en Diagonal Norte, realizada por actores y actrices independientes en la que buscaron visibilizar la violencia institucional. Al finalizar la intervención, a Juan Pablo lo intimaron tres efectivos y se dio el siguiente diálogo: «¿De qué medio es usted? Documentos por favor… No, esa credencial no sirve. DNI por favor. ¡Ah, tiene antecedentes! Antecedentes por resistencia a la autoridad», sostuvieron los policías. Barrientos respondió: «Me parece que no corresponde que me hablés así. No tengo antecedentes, es una causa armada por la fuerza que integrás. Y me detuvieron en estas mismas condiciones: estaba trabajando con mi cámara y me llevaron detenido».
En febrero de este año, en medio de una protesta que los trabajadores de la imprenta Madygraf (ex Donnelly), realizaron junto con organizaciones obreras, estudiantiles y políticas frente al Congreso, y mientras realizaban un “Cuadernazo” para denunciar irregularidades en la licitación de materiales escolares del Ministerio de Educación, a cargo de Alejandro Finocchiaro, la Policía Metropolitana reprimió y encarceló trabajadores de prensa.
Entre los periodistas detenidos estuvo Juan Pablo Barrientos, que también había cubierto esa protesta.

Recuperación de medios públicos

Con un acto en el Centro Cultural Kirchner, alrededor de 200 trabajadores de la TV Pública, Radio Nacional y la Agencia Télam difundieron el Proyecto para Medios Públicos que elaboraron en el marco del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
En el lugar elegido funcionan las oficinas del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos cuyo titular Hernán Lombardi define el destino de la red de medio públicos. Bajo su gestión, según denunciaron los trabajadores, se produjo un intento de vaciamiento de ese sistema sobre la base de centenares de despidos en Télam (gran parte de los cuales fueron revertidos a partir de sendos fallos judiciales en el marco de una histórica huelga y ocupación de 119 días), de retiros voluntarios en la TV Pública y Radio Nacional inducidos, a su vez, mediante una fuerte extorsión salarial a partir de paritarias nulas o marcadamente a la baja y la quita de adicionales.
Según el texto de la presentación elaborado por los trabajadores la gestión de Hernán Lombardi promovió una “política de vaciamiento y desguace” resultado de la cual “se dejaron de cumplir las obligaciones básicas: garantizar el acceso de la sociedad a la información, la cultura y el entretenimiento de manera gratuita”.
En el texto, además de los despidos, denuncian una seguidilla de “ataques a periodistas”, “violación de derechos laborales, persecución y censura” que además redundó en una “reducción de contenidos propios y desaprovechamiento de los recursos tecnológicos existentes”. Por eso lo primero que proponen es la reconstrucción “de las áreas que dejaron de funcionar por el boicot de la actual gestión”.

Una Chernobyl silenciosa

Rubén Ponce, un trabajador de 42 años, cayó a una zanja con líquido derramado durante el incendio de la planta que Sigma AGRO S.A. tiene en Mercedes, provincia de Buenos Aires, y murió luego de estar internado casi una semana.
La explosión en la planta ubicada sobre la ruta 42, sucedió cerca de las 4:30 del viernes 27 -por causas que aún se investigan- y generó un fuego que alcanzó grandes proporciones que combatieron Bomberos Voluntarios de Mercedes, Navarro, Luján, Suipacha, General Rodríguez y San Andrés de Giles, todas ciudades cercanas. Para apagar el incendio también intervino el Comando de Prevención Rural Mercedes y la Policía Ecológica y Sustancias Peligrosas de la Policía de la provincia de Buenos Aires.
Aunque la empresa decía que fabricaban pastillas de cloro para piletas, los vecinos se enteraron que acopiaban agrotóxicos, después que fraccionaban y recién tras la explosión que también se elaboraban allí los agrotóxicos.
“Lo que ha pasado en Mercedes es gravísimo porque además en Argentina se están usando 500 millones de litros de agrotóxicos que se encuentran distribuidos por todo el país, sobre todo en las zonas agrícolas, en miles de depósitos en condiciones sumamente precarias contaminando el ambiente y poniendo a las personas de los pueblos del interior en contacto y en exposición directa con estas sustancias que sabemos que son cancerígenas, que producen trastornos reproductivos como el nacimiento de niños con malformaciones, trastornos inmunológicos y endócrinos”, explicó Medardo Ávila Vázquez, neonatólogo y pediatra, de la Red de Médicos Fumigados.
En el caso de la explosión de Mercedes, se han esparcido miles de kilos de estos agrotóxicos por toda la zona, en el aire, en la tierra, en las capas subterráneas, contaminando desde el aire hasta el agua. “Esto demuestra que el modelo de agricultura con veneno está descontrolado totalmente y que necesitamos un plan de reducción de agrotóxicos, necesitamos que el Gobierno tome como una responsabilidad que se disminuya la cantidad de agrotóxicos y se busque desarrollar tácticas y estrategias de agricultura agroecológica, que sean amigables con el ambiente, que no contaminen el agua, la tierra y que no ponga en peligro la salud y la vida de la población”, concluyó Ávila.
Según un comunicado de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, el Colectivo Andrés Carrasco y Cicop-Fesprosa seccional Mercedes, Argentina es el mayor consumidor de agrotóxicos por habitante del planeta: se usan más de 500 millones de litros por año, lo que equivale a más de 10 litros por habitante. Ni los controles en el almacenamiento y la distribución, ni las llamadas “buenas prácticas agrícolas” son paliativo alguno cuando por su volumen e intensidad el uso de agroquímicos desborda toda racionalidad ecológica. La fumigación de escuelas defendida por el gobernador de Entre Ríos y el presidente Macri es apenas la punta del iceberg de un fenómeno más profundo, la expansión sin control del envenenamiento del agua, el aire y el suelo argentinos”.
La explosión de la planta de Mercedes, dicen estos colectivos, no es sólo el resultado de la debilidad en los controles estatales. Ante la resistencia al principal herbicida, el glifosato, cancerígeno prohibido ya en decenas de países, los dueños del complejo de cultivos transgénicos con agroquímicos van introduciendo nuevas drogas, más potentes y letales. El 2,4 d, el glifosinato y ahora el Paraquat de la familia de los chlorpirifos. La planta de Mercedes fabricaba el 40% del Paraquat que se comercializa en el mercado argentino.
Los especialistas compararon los incendios y terremotos de Vaca Muerta, los derrames de cianuro de Veladero y la nube de agro tóxicos del complejo agroindustrial, además de lo que pasó en Mercedes, con una Chernobyl silenciosa.

Fuentes: BAENegocios, Anred, InfoGremiales, La Izquierda Diario, Resumen Latinoamericano, Red Eco Alternativo, APU, argentina.indymedia, Tiempo Argentino, IProfesional, RedacciónEDA.