El bono para las fuerzas de seguridad
Mediante otro decreto de necesidad y urgencia en el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, el gobierno nacional decidió otorgar un plus salarial de $5.000 a las fuerzas de seguridad y fuerzas armadas. Se trata de una asignación no remunerativa ni bonificable a cobrar en el mes de abril, que abarca todas las fuerzas implicadas en los operativos por la pandemia.
En términos concretos, es equivalente a uno de los cuatro pagos que recibirán los trabajadores de la salud que enfrentan la pandemia y contribuyen en serio con la población (Resolución 440/2020 Ministerio de Salud que otorga cuatro pagos de $5.000 a los trabajadores del sector).
El DNU fue anunciado el mismo día que la población más afectada por las políticas económicas que devastaron al país se agolpaba sobre los cajeros automáticos para percibir la suma de $3.000 prevista para beneficiarios de AUH y AUE.
La fundamentación oficial para este privilegio para las FFSS federales es la importancia que el gobierno asigna a “su rol en el cumplimiento efectivo del aislamiento social, preventivo y obligatorio”, mientras que, para las FFAA, el argumento es la “colaboración y el apoyo logístico en la emergencia”.
Resulta más que evidente la paradoja, la contradicción entre alentar el cuidado de la población, y, al mismo tiempo, recompensar a quienes la agreden. La resolución pone de manifiesto el carácter central de premiar la respuesta represiva por sobre los criterios de contención económica y humanitaria de la población en riesgo.
Es inadmisible que, mientras se agrava la situación de emergencia sanitaria, que obliga a más de una tercera parte de los habitantes del país a atravesarla en condiciones rayanas con la indignidad, se disponga ese dinero para respaldar a quienes, a diario, ejercen actos de desprecio, violencia y represión contra el pueblo trabajador, como se ha reiterado en estos ocho días de vigencia del aislamiento social. Esa plata es la que nos dicen que no alcanza cuando reclamamos equipos de protección para el personal de la salud, más testeos e insumos imprescindibles para contribuir al cuidado sanitario.
Es también inadmisible porque los uniformados que resultan beneficiarios del bono en cuestión tienen toda la contención y el respaldo económico que no posee la población en riesgo.
Si lo que se necesita es el aislamiento efectivo, no será legitimando los actos de rigoreo y discrecionalidad que las fuerzas despliegan de distinta manera según la condición de clase del destinatario, sino resolviendo los graves problemas que enfrentan en la cotidianeidad quienes debemos aislarnos.
Crece la represión
Ayer denunciábamos la detención de Juan Alberto “Chano” Cáceres, un carrero sobreviviente de la represión de diciembre de 1999 en el Puente General Belgrano, compañero del cartonero asesinado ese día Francisco Escobar. Fue liberado un día después, con la espalda y glúteos cubiertos de disparos de postas de goma (ver foto), notificación de imputación penal, y la orden de cumplir una “tarea de utilidad pública” de pura factura policial: Le ordenaron que vaya la semana que viene a la comisaría a palear unos escombros que les molestan. La compañera Hilda Presman, de la Red Provincial de DDHH, formulará el lunes denuncia penal contra la comisaría, con la adhesión de CORREPI.
De Córdoba nos llegaron ayer otros dos videos de represión explícita. En uno, se ve a un policía que, al fracasar en su intento de reducir a un pibe que se las arregló para zafar y salir corriendo, simplemente sacó su reglamentaria y disparó. Afortunadamente el chico no fue herido, y el policía, ante el griterío de lxs vecinxs que se abalanzaron a las ventanas, tuvo que subir al móvil y retirarse.
Policía de Córdoba, en Barrio La Brigada, Bell Ville.
En el otro, se ve la escena final de la situación que padeció un trabajador de la Central Nuclear Embalse. Al término del turno (la planta está en funcionamiento como servicio esencial), se controla la temperatura de todos los trabajadorxs. Como tenían un termómetro de los comunes, con columna de mercurio, y el hombre marcó 36.8, lo separaron y mantuvieron retenido por varias horas, ya que no conseguían un termómetro digital. Ante su reclamo de que lo dejaran regresar a su hogar, ya que necesitaba descansar para volver al trabajo al día siguiente, lo golpearon, redujeron, detuvieron, e imputaron penalmente. Fuentes oficiales armaron una historia de “agresión al personal policial” que absolutamente todxs los trabajadorxs que presenciaron los hechos desmintieron.
Ayer, a las 12:20, en Loyola entre Thames y Serrano, CABA, un patrullero (patente ABS17VQ) interceptó y detuvo a un joven repartidor de Rappi, a pesar que el chico les exhibió el permiso para hacer entregas de alimentos y su DNI.
La provincia de Neuquén, en la que el gobernador ya había decretado, el 22 de marzo, una suerte de “toque de queda” prohibiendo la circulación de personas entre las 20:00 y las 8:00, agregó, en un nuevo decreto, el horario de 9:00 a 19:00, de lunes a sábado, para la apertura de comercios de insumos necesarios, y estableció la prohibición total de circulación de personas los días domingo.
La misma provincia sumó, ayer, una feroz represión en el pabellón nº 8 la Unidad de Detención 11, donde, como en el resto de las cárceles, las personas detenidas reclamaban condiciones de higiene y salubridad.
Finalmente, otra noticia que nos sacudió ayer fue el anuncio de que Techint, el holding de Paolo Rocca, y el más importante del país, despidió 1.450 empleados, con el argumento de que, como se trata de obras de construcción privadas que fueron suspendidas, “si las obras se paralizan, se pueden finalizar los contratos de trabajo”. Una vez más, los empresarios descargan la crisis sobre lxs trabajadorxs.
Más que nunca vemos que la organización y la solidaridad popular son nuestras herramientas para defendernos del virus, y de la represión.
Para hacer un pequeño aporte en ese sentido, estamos actualizando las recomendaciones que hicimos al inicio de la vigencia del DNU 297/2020, que publicaremos en breve.
Cuidémonos colectivamente, del virus y de la represión.
La salida es la organización colectiva y popular.
Fuente: http://www.correpi.org/2020/septimo-reporte-de-aplicacion-del-dnu-297-2020/