Según un especialista, el gobierno brasileño no adoptó medidas urgentes para evitar un colapso social.
Por Nara Lacerda. Traducción: Luiza Mançano.
El empeño de Jair Bolsonaro (sin partido) en exigir que se retomen las actividades económicas en Brasil a pesar del avance global de la epidemia del nuevo coronavirus generó reacciones y protestas, pero también colocó al país en una de las peores posiciones en lo que se refiere a la preservación de su economía en un momento de crisis.
Las medidas ya anunciadas por el gobierno y el discurso del ultraderechista de que la población debería salir del aislamiento social crean una fórmula peligrosa para el mercado laboral. En un artículo publicado por la Fundación Perseu Abramo, instituto de investigación vinculado al Partido de los Trabajadores (PT), Giles Azevedo, ex secretario ejecutivo del gabinete de la ex presidenta Dilma Rousseff, analiza las acciones anunciadas por el equipo económico del gobierno de Jair Bolsonaro y las compara con las medidas de algunos países europeos que también se enfrentan a la pandemia.
“Mientras que alrededor del mundo se enfrenta la crisis con la urgencia y la seriedad necesarias, independientemente del sesgo ideológico, en Brasil el gobierno Bolsonaro menosprecia la crisis, pospone medidas urgentes y lo más grave: no utiliza su cargo para educar la población a través de su ejemplo, al contrario, pone en riesgo la salud de toda la población”.
Para defender que los trabajadores regresen a sus puestos Bolsonaro afirma que hay que garantizar sus empleos, pero el mandatario no presenta medidas consistentes para salvaguardar al mercado laboral en el período.
“En Brasil el gobierno permitirá que las empresas recorten las jornadas y los sueldos por la mitad debido al coronavirus. Las medidas presentadas se diferencian con las acciones de otros países como Italia, Francia, Portugal, España e incluso de propuestas de liberales destacados como el megainversor Bill Ackman”.
Entre las medidas presentadas por el gobierno brasileños está la negociación individual entre patrones y empleados para reducir los costos, y procedimientos como teletrabajo y anticipación de vacaciones colectivas e individuales podrán ser definidas por las empresas en hasta 48 horas, con menos burocracias.
Qué están haciendo otros gobiernos
Las decisiones de países europeos frente a la crisis económica generada por la propagación del virus señalan que los países desarrollados ya percibieron que lo que el gobierno brasileño vocifera no iba a funcionar: en momentos de tensión política hay que actuar con más firmeza para reglamentar y fiscalizar las relaciones entre trabajadores y patrones.
En Italia, el decreto conocido como Cura Italia determinó un aporte de 25.000 millones de euros para superar la crisis y el apoyo a las empresas y trabajadores ganó fuerza en la agenda del gobierno. Se congelaron los despidos y durante nueve meses el Estado garantizará préstamos para inversiones y reestructuración de deudas. Son 10.000 millones para el paquete de empleo y trabajo. “El capítulo sobre medidas para apoyar a las empresas y los trabajadores es el más sustancial”, analiza Giles.
A su vez, el gobierno de Francia anunció 30.000 millones de euros para empresas e informó que el Estado asumirá el pago de créditos bancarios. Además, alquileres, impuestos y tarifas de luz, gas y agua estás suspendidos.
Las medidas anunciadas en Francia también ponen en jaque el empeño del ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, en defender la aprobación de reformas. En el país europeo, fueron suspendidas mientras dure la crisis.
Los trabajadores en Portugal también cuentan con una protección más fuerte por parte del gobierno, que definió un aporte en dinero que corresponde a un 66% de la remuneración base. Mitad [de la remuneración] será de responsabilidad de los patrones y la otra mitad de la seguridad social. Los trabajadores autónomos recibirán un tercio de su remuneración y podrán posponer el pago de impuestos.
El poder público portugués creó líneas de crédito para apoyar a las empresas, pospuso el plazo para el pago de impuestos y apoyo extraordinario para mantener los contratos de trabajo.
En España el gobierno anunció la mayor cantidad de recursos públicos: 200.000 millones de euros. Para cooperativas y empresas más vulnerables serán 17.000 millones. 600 millones de euros serán destinados al pago de alquileres y cuotas de hipotecas de la población más precaria.
Las grandes empresas del país se encuentran blindadas para evitar su venta frente a la caída en el valor de las compañías.
Según el análisis de Giles Azevedo, el gobierno español no actúa para fomentar la economía sino para evitar su colapso. “Lo que movimienta el paquete de medidas español es la necesidad de brindar una respuesta al brutal golpe que sufrieron y evitar al máximo la destrucción de empleos y de la cadena productiva”.
Un camino totalmente opuesto al que defienden Bolsonaro y Paulo Guedes. “Si Brasil tuviera presidente, la situación ya sería extremadamente grave. Con Bolsonaro la crisis adquiere un carácter de tragedia”, concluye el autor.
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Edición: Rodrigo Chagas
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