El juez federal Sebastián Ramos se desembarazó del expediente y lo derivó a María Eugenia Capuchetti.
La primera causa que investiga la denominada “mesa judicial” de funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, señalada por supuestas interferencias en expedientes sensibles para aquella administración, cambió ayer de manos: el juez federal Sebastián Ramos declinó continuar a cargo en favor de su colega María Eugenia Capuchetti, la magistrada más nueva de Comodoro Py que llegó con el impulso de la Asociación de Mujeres Juezas y múltiples apoyos, entre los que se cuenta un sector de la Provincia de Buenos Aires y de Daniel Angelici. La pesquisa, hasta ahora bajo la instrucción del fiscal Ramiro González, había avanzado con dos testimonios de camaristas que coincidieron en señalar a exfuncionarios como responsables de aprietes y aguardaba otras cuatro declaraciones y el resultado de varias medidas hasta el traspaso sorpresivo de ayer.
De hecho Capuchetti le había remitido a Ramos una causa de su juzgado que desde diciembre del año pasado indagaba sobre supuestas presiones contra jueces del fuero laboral por entender que, a pesar de ser anterior –la “mesa judicial” arrancó con una denuncia en mayo último- su expediente era de menor volumen que el que lleva como carátula “Macri, Mauricio y otros s/ coacción y extorsión”. Sin embargo para el titular del juzgado federal número 2 primó la dimensión cronológica para desembarazarse de una causa que involucra, además de los más relevantes funcionarios de Cambiemos, a destacados integrantes de la familia judicial.
En apenas dos meses de tramitación la investigación que hasta ayer se encontraba en el juzgado de Ramos había pasado al rótulo de “megacausa”: además de Macri figuran como imputados el actual fiscal general porteño, Juan Bautista Mahíques; el exministro de Justicia Germán Garavano, el extitular de la AFI Gustavo Arribas y otros exfuncionarios como José Torello, Pablo Clusella, Fabián Rodríguez Simón, Bernardo Saravia Frías y el expresidente de Boca Angelici. La semana pasada el fiscal González incluyó en esa nómina al exjefe de Gabinete Marcos Peña y al ex Trabajo Jorge Triaca.
También había incorporado pruebas aportadas por la interventora de AFI, Cristina Caamaño, acerca de las reuniones organizadas por Peña con la premisa “invitación coordinación de Justicia” con exfuncionarios de ese rubro junto con Arribas, de AFI. Otra medida ordenada por el fiscal fue acumular los expedientes que el Consejo de la Magistratura instruyó contra los jueces que denunciaron haber sido víctimas de aprietes: según esos testimonios, las causas en el órgano de control eran parte de un mecanismo de coerción y buena parte de ellas tenían como impulsor a Mahíques.
En su declinación de competencia Ramos le da la razón a su par Capuchetti respecto de la similitud en “la identidad de objetos procesales pesquisados en uno y otro sumario” en cuanto a “las presiones que habrían sufrido los jueces de la Cámara del Trabajo por parte de funcionarios y operadores judiciales del gobierno anterior” pero disiente en que los hechos de la causa a su cargo “son notoriamente más amplios y comprensivos”. En cambio, el titular del juzgado 2 advierte que para definir el juzgado a continuar con la causa prioriza el orden cronológico por la existencia de una denuncia previa a cargo de su colega.
Capuchetti, la única jueza que logró nombrar Cambiemos en la primera instancia de Comodoro Py, deberá decidir si acepta la derivación de Ramos o por el contrario la objeta, en cuyo caso la Cámara Federal tendrá la última palabra. La magistrada investiga desde el 3 de diciembre una denuncia por supuestas presiones del gobierno anterior a camaristas laborales por sus fallos y a la exprocuradora general Alejandra Gils Carbó. En esa causa el fiscal es Franco Picardi, quien eventualmente también intervendrá en la de la “mesa judicial” si prospera la incompetencia de Ramos.