La responsabilidad patronal por los contagios de trabajadores en los locales de la cadena COTO será investigada, en una causa que hoy está en manos del Juez Ariel Lijo. A partir de las denuncias y de los reclamos que los delegados y trabajadores autoconvocados realizaron ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se realizó una presentación judicial. Mientras tanto, los y las trabajadoras de la cadena continúan organizándose para enfrentar las represalias y la persecusión.
Por Julia Soul.
En estos tiempos pandémicos se suceden noticias sobre contagios en cadenas de supermercados, muchas difundidas anónimamente por trabajadores y trabajadoras que temen represalias y despidos. Las denuncias tienen un común denominador: los empleadores ocultan los contagios, no aplican los protocolos de desinfeccion, no realizan los cierres preventivos necesarios ante contagios y no aíslan a los y las trabajadoras. El Estado demora en intervenir, y cuando pretende hacerlo es violentamente enfrentado por los gerentes y empresarios. Testimonios de trabajadores y delegados de distintas cadenas dan cuenta del sistemático incumplimiento de las medidas de prevención por parte de estas empresas gigantes, que han sido pioneras en todas las formas de flexibilización laboral. Los grandes supermercados se convirtieron en centros de contagio y exposición al virus tanto para los trabajadores como para los clientes.
Las denuncias a COTO comenzaron a visibilizarse a través de las redes sociales y apuntaban específicamente a que, ante la confirmación de casos positivos, no se realizaban las medidas de sanitización correspondientes ni se informaba adecuadamente al personal de la situación. Mientras se suceden los contagios, los dirigentes sindicales les piden “paciencia” a los trabajadores, explicándoles que “no se puede hacer nada” porque son “esenciales” – un criterio que es muy lógico desde el punto de vista empresario, pero que deja absolutamente desprotegidos a los trabajadores. Cuando el municipio de La Matanza pretendió avanzar en la clausura preventiva de un local, tuvo que enfrentar la resistencia callejera del propio Alfredo Coto. La intervención del municipio de Lanús en el mismo sentido, fue resistida entre gritos y amenazas por el Gerente de Operaciones de la firma. La desidia y el patoterismo empresario terminaron en el contagio de más de 300 trabajadores en todo el AMBA.
Frente a esta situación, y como resultado de un proceso de organización y coordinación entre delegados de diferentes locales, trabajadores de base y clientes, se inició la investigación de la base de denuncias reaizadas al 147, a cargo del fiscal Franco Picardi. Las mismas advierten sobre la comprobación de contagios de COVID 19 en empleados sin que “con posterioridad, fueran adoptadas las medidas sanitarias correspondientes al caso”. Del mismo modo, consignan que una vez detectados los casos positivos “las distintas sucursales y la casa central habrían continuado con la atención al público, y no se habrían realizado los aislamientos obligatorios, incrementándose el riesgo de contagio”. Otro problema repetido en varias denuncias es el hecho de que obligan a trabajadores con síntomas a seguir trabajando o que los envían al Hospital en Transporte Público, sin respetar ninguna de las pautas establecidas para estos casos. Luego de la investigación de las denuncias y del persistente accionar de los delegados autoconvocados, el Juez Ariel Lijo establecerá la responsabilidad penal de la empresa en este grave atentado a la salud pública.
Entre tanto, los delegadosy trabajadores autoconvocados sin adaptarse al quietismo de la direccion sindical, continúan con las acciones de denuncia y con el objetivo de lograr la intervención de las autoridades. Recientemente, fueron recibidos por el diputado del Frente de Todos Walter Correa – dirigente de los trabajadores del cuero – quien comprometio su apoyo desde el Congreso. En este contexto, difundieron una carta abierta para dar a conocer su situación.
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