Luego de un cuarto intermedio que se inició el 2 de julio pasado por las dificultades anunciadas por el TOF de Bahía Blanca para la transmisión en vivo del debate oral y público, este jueves 23 se retomó la audiencia del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1975 y los primeros meses de 1976 por parte de la organización parapolicial Triple A, que actuó bajo las órdenes y protección de estructuras estatales, incluyendo al rectorado de la Universidad Nacional del Sur. Daniel Alberto Juliá fue uno de los testigos que declararon este jueves, en una jornada que tuvo importantes fallas de transmisión: “Yo era barman en Rancho X, el lugar al que asistían casi todas las noches los de la Triple A. Como era militante de la Juventud Peronista, me amenazaron porque ‘me tenían fichado’ y me siguieron durante meses. Vivía con mucho miedo”.
Esta mañana, el Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca, integrado por Roberto Amábile, Pablo Díaz Lacava y Marcos Aguerrido, retomó el juicio por los crímenes de la Triple A en Bahía Blanca, luego de varias semanas en las que debía resolverse la infraestructura técnica para la correcta transmisión web de las jornadas del debate.
Sin embargo, los resultados no fueron los que los testigos, víctimas y público en general imaginaban: los cortes permanentes de audio y aparentes fallas de señal desde el lugar de transmisión apenas permitieron seguir el hilo de las declaraciones testimoniales.
Daniel Alberto Juliá fue uno de los testigos que declararon este jueves. Remisero de oficio y oriundo de Bahía Blanca, fue militante de la Juventud Peronista y trabajó, entre 1972 y comienzos de 1976, como barman en un reconocido restaurant nocturno y bar de aquella ciudad: Rancho X, ubicado en el barrio El Palihue, que funcionó hasta principios de los años 80.
“Tuve que dejar de trabajar en Rancho X en febrero de 1976 porque tuve que presentarme a a realizar el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Granaderos a Caballo, en Capital Federal. El bar estaba situado en el barrio El Palihue, de Bahía Blanca, y uno de sus dueños era de apellido Fernández Amigo. Era un lugar al que frecuentaban todas las noches, excepto los fines de semana, los miembros locales de la Triple A”, comenzó describiendo el testigo.
El grupo ingresaba al local, siempre, con sus armas a la vista: ametralladoras, itakas recortadas, pistolas. Las dejaban sobre un sillón, cercano a la mesa a la que se sentaban, en general alejados del resto de la clientela. Según Juliá, al menos desde 1973 la banda de la Triple A de Bahía Blanca eligió a Rancho X como su lugar de encuentro nocturno, al que concurrían sin ninguna posibilidad de encontrarse con la policía: donde ellos estaban, las fuerzas de seguridad no debían aparecer.
Fernández Amigo, el dueño del bar, les tenía miedo por lo que nunca les cobraba lo que consumían: “Yo los atendía. Tenía que servirles lo que pidieran, y nunca pagaban. Una ‘cortesía de la casa’”, ilustró el testigo quien, una vez que la Triple A conoció su militancia en la Juventud Peronista, comenzó a sufrir las amenazas directas: “Me dijeron que iba a terminar como los que aparecían muertos en la ciudad… que me tenían fichado, que sabían que leía la revista de Montoneros”. Estas amenazas ocurrían mientras Juliá los atendía en Rancho X.
“Yo pienso que a mí me salvó, de alguna manera, mi patrón que les dijo algo así como que yo era un pibe que no los iba a molestar, que tenía mis ideas pero nada más. Pero luego de las amenazas, me empecé a alejar de ese trabajo cuando supe que me estaban siguiendo. Me agarró mucho miedo de que en cualquier momento… porque me seguían bastante seguido. Yo me daba cuenta por las caras, que las reconocía por haberlas visto antes en el bar”, relató a los magistrados Daniel Juliá.
Más adelante, en su declaración, dirá que después de la dictadura se cruzó en la calle con una de las personas que lo habían seguido por orden de la Triple A: “decidí preguntarle para ver si lo reconocía: y sí, me dijo que era uno de los que trabajaban para Ponce -por aquél entonces diputado nacional y jefe de la CGT de Bahía Blanca- y que recibían salarios por hacer el trabajo de seguimiento de personas” que, en muchas ocasiones, terminarían siendo víctimas de la Triple A.
Sobre esto último, el testigo señaló que en la sede de la CGT de aquella ciudad del sur bonaerense era frecuente ver el ingreso y egreso de los miembros de la Triple A, con sus armas a la vista, porque Rodolfo Ponce, de hecho, era una de las personas que lideraba y decidía las acciones de la organización parapolicial en la ciudad.
“Él también aparecía seguido en el bar con toda esa gente, y era como si todos ellos fueran sus empleados. Recuerdo que, por haberlos oído en el bar, otra de las personas que era una especie de referente para los de la Triple A era el rector de la Universidad Nacional del Sur, el interventor Remus Tetu. En particular me acuerdo de una charla en la que comentaban cómo habían matado a un joven estudiante”, afirmó.
Con respecto a los imputados en este juicio, Juliá mencionó que al bar Rancho X concurrían también Osvaldo Pallero, Juan Carlos Curzio y Roberto Aceituno, además de Jorge Oscar Argibay que falleció y por eso no integra la lista de integrantes de la Triple A que están siendo juzgados.
¿Sabe usted si ese grupo tenía alguna vinculación con los servicios de inteligencia?, le preguntaron al testigo. Su respuesta fue afirmativa: los servicios “les daban el ok o no para hacer tal o cual acción”.
Esa imbricación entre la banda parapolicial y los estamentos del estado lo perseguiría incluso al llegar a Capital Federal para realizar el Servicio Militar: “llegué el 23 de marzo de 1976 a la noche a Capital Federal, porque debía presentarme en el Regimiento el 24 a primera hora. Allí fue cuando el Teniente Primero me sacó aparte del grupo y me dijo que tenía ‘antecedentes’. Me encerraron en el calabozo del Regimiento hasta tanto pudieran decidir si yo era peligroso para ellos o no”.