Conocida como “la toma activa más grande de la Provincia”, desde febrero pasado más de 1000 familias ocupan un predio de más de 1 kilómetro cuadrado que va, aproximadamente, desde 76 a 90 y de 140 a 154, en la localidad platense de Los Hornos. En los últimos meses han avanzado en diálogos con la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires y la UNLP -además de Nación, titular de las tierras- para la urbanización de áreas residenciales destinadas a familias sin capacidad económica para el acceso a la tierra. Sin embargo, en las últimas semanas se han replicado en la capital provincial distintas versiones mediáticas sobre desalojos y operativos de saturación policial, que en rigor son el resultado de la confusión voluntaria de distintos procesos y zonas del distrito, incluso algunas de ellas sin relación con la lucha de familias por el acceso a la tierra.
A medida que pasan los meses, y producto de las dificultades que atraviesan las más de 1000 familias en el marco de la cuarentena para la visibilización de sus historias y objetivos específicos en cuanto a la toma de tierras en Los Hornos, su estigmatización mediática y la amenaza constante de desalojo se fortalece y se expande sobre el Gran La Plata.
En efecto, algunos discursos mediáticos y las falsas versiones de violencia, delitos y estafas se multiplican por estos días con respecto a “la toma activa más grande de la Provincia” que, no obstante, desde marzo se encuentra en un pacífico proyecto de urbanización a instancias de los gobiernos nacional, provincial y local, junto al Consejo Social de la UNLP.
En diálogo con ANDAR, uno de los corresponsales del portal La izquierda Diario, Omar -que visita periódicamente la toma y mantiene contacto con varias familias- explica que “es muy llamativa y notoria la campaña mediática de hostigamiento, de tergiversación y confusión voluntaria de los hechos relativos a distintas tomas en distintos puntos del distrito, como uno reciente en City Bell y otro en Tolosa”.
“En realidad, se trata de un sistemático intento de estigmatización y criminalización de este proceso que incluye presuntos dueños particulares de tierra pero que no se han presentado ante la justicia a reclamar su dominio; actos de violencia contra los vecinos del barrio, que tampoco se verifican ni denuncian; y la posible reventa de lotes en el predio que, de existir, no forman parte de los intereses legítimos de la mayoría de las familias que pacíficamente intentan acceder a una porción de terreno para vivir”, agrega.
Cabe aclarar que una parte de los ocupantes de la toma en Los Hornos proviene del cercano barrio Las Palmeras, cuyo origen también se dio años atrás mediante una toma de terrenos fiscales de zona baja, muy afectados periódicamente por inundación de lluvia y aún con problemas para el acceso a los servicios básicos. El barrio Las Palmeras está atravesado por el Arroyo Regimiento, con viviendas precarias a pocos metros.
Son, en gran proporción, los hijos e hijas de los habitantes del Barrio Las Palmeras -con hijos pequeños y grandes dificultades para obtener trabajo, o mantener los que ya tienen en condiciones precarias- los que ahora protagonizan esta nueva toma en Los Hornos.
Iniciada en febrero pasado sobre un predio del estado nacional de aproximadamente un kilómetro cuadrado de superficie, la ocupación comenzó pronto a establecer contactos con el Gobierno provincial y la Municipalidad de La Plata, con el objeto de proyectar un loteo y proyecto de urbanización.
Así, desde marzo y antes del inicio de la cuarentena, se realizaron reuniones con personal de distintos ministerios bonaerenses -principalmente el de Salud y la Subsecretaría de Hábitat del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia- de las que surgieron el compromiso de realizar un censo, asistir a las familias para la alimentación y protección de los niños, iniciar un trabajo de trazado de calles y loteo de terrenos, entre otros, pero gran parte de esas tareas se frenaron desde el 20 de marzo.
Aún así, esporádicamente, el diálogo y las proyecciones de urbanización se mantuvieron durante todos estos meses, y en especial la asistencia de Desarrollo de la Comunidad con la provisión de alimentos, colchones y elementos básicos para las familias que decidieron permanecer en el predio.
De hecho, en mayo pasado se anunció la incorporación del Consejo Social de la Universidad Nacional de La Plata al proyecto integral de urbanización -del que participan también la Defensoría del Pueblo de la Provincia y el Concejo Local del Hábitat- y que prevé la construcción de 10 áreas residenciales con un total de 1500 lotes con servicios, destinado a sectores medios y de la economía popular.
El proyecto prevé, además, la construcción de escuelas, centros de salud y parques destinados a los habitantes de esta nueva urbanización así como para los vecinos de los barrios cercanos. Por último, habría un sector del predio que se reservaría la Provincia para el desarrollo de un emprendimiento de huerta orgánica.
Hace poco más de una semana ocurrió el último contacto con un representante de la Subsecretaría de Hábitat de la Provincia, y allí las familias le reclamaron la demora y postergaciones desde marzo sobre los anunciados trabajos de nivelado de la tierra, trazado de calles y comienzos de los loteos. La respuesta fue que en el momento en que las restricciones de movilidad social se levanten, comenzarían los trabajos inmediatamente.
Frente a este panorama, contrasta el eje discursivo de varios medios de comunicación locales, especialmente el diario El Día que durante las últimas semanas publicó más de una decena de artículos en los que anuncia inminentes desalojos, alerta sobre “el rebrote de las tomas en plena cuarentena”, y la expansión del “temor en la ciudad por el avance de las violentas usurpaciones”.
En su edición digital de ayer, El Día anunciaba “un nuevo operativo por la mega usurpación en Los Hornos y alerta por otra toma en City Bell”, con un video en el que supuestamente se registra el desalojo en el radio de 141 a 143 y de 76 a 79. Pero el video, de apenas unos segundos de duración, sólo muestra dos patrulleros estacionados a uno costado de una calle.
“No son personas que pretendan adueñarse de nada que tenga dueños ni que busquen hacer negocios con los terrenos: son familias para las cuales la toma de tierra fiscal es la única alternativa para resolver el grave problema del déficit habitacional y la precariedad material en la que viven. Es cierto -como se publicó en algunos medios platenses- que en algún momento aparecieron, en sectores específicos del predio, personas con camionetas 4 por 4 que buscan sacar beneficios patrimoniales con esta situación, pero la mayoría está allí por ser la única posibilidad”, cierra el corresponsal platense de La Izquierda Diario, Omar.