Las grandes luchas de la clase trabajadora permitieron en el siglo XX que muchos países hicieran parte de su sentido común el derecho a la vivienda digna, incluso quedando consagrado tal derecho en la Constitución Nacional del Estado burgués en el caso argentino. Este derecho se satisfacía de variadas maneras, ya sea créditos accesibles a los salarios de la mayoría de la clase trabajadora, o planes de vivienda estatales. El acceso a la vivienda era inseparable de otras reformas conseguidas por la lucha obrera, tales como arrancarles a las patronales trabajos registrados y con niveles salariales que permitían a una familia obrera promedio acceder a la vivienda.
A partir de los años 70, y fundamentalmente en los últimos 20 años, a nivel global, en el marco de la ofensiva de la burguesía contra la clase trabajadora, el acceso a la vivienda pasó a ser cada vez más imposible para cada vez más sectores trabajadores. Por un lado, la burguesía encontró un nicho de valorización en la especulación inmobiliaria, lo cual fue elevando los precios de las construcciones cada vez más, mientras en paralelo, se reducían los salarios y crecía el empleo no registrado.
Así, mientras en 1973 se requerían 18 salarios promedio para acceder a una vivienda de 80mts 2 en condiciones, en 1993 eran 30 salarios, en 2003 60 salarios y hoy en día más de 100. Y eso considerando los sueldos del sector registrado, siendo que en el no registrado los salarios son mucho menores. En 2015 ya se calculaba que solo el 1% de les trabajadores podía acceder a una vivienda del tamaño mencionado si contaba solo con su salario (sin ayudas de terceros o la recepción de herencias), siendo el sector del petróleo, gas, carbón y uranio, con su procesamiento y transporte, el único que conservaba un poder de acceso a la vivienda comparable a lo que tenía cualquier sueldo promedio en los años 70.
A su vez, el aumento de los costos para comprar o construir impacta en los costos para alquilar, elevándose, de esta manera no es de extrañar en lo más mínimo que se multipliquen las tomas y asentamientos. Hemos llegado a una situación en que una de cada cuatro personas no accede ya a una vivienda medianamente aceptable, mientras en simultáneo solo en CABA hay 200 mil viviendas vacías.
Para sostener este proceso y contar con la complacencia de muches trabajadores, la burguesía ha montado todo un aparato de propaganda que ha hecho desaparecer del horizonte de reclamos mínimos del proletariado el acceso a la vivienda. Logran que muches trabajadores tengan más simpatía por la cana que por aquellas personas de su clase que no tienen donde vivir, explotando en su favor el recuerdo de una época donde trabajando se podía acceder a la vivienda. Pero ello ya no es así y cada vez es peor, y si no se revierte ese proceso, quienes aún acceden a la vivienda por la colaboración de varios familiares y/o herencias, no podrán garantizar ese acceso a sus hijes en el futuro. Luchar hoy por el derecho a la vivienda de toda la clase es luchar por el derecho a la vivienda de nuestros hijes en el futuro.
El proceso de especulación inmobiliaria tiene otros varios efectos, entre otros, la destrucción de humedales mediante incendios como por ejemplo en los últimos meses en Hudson, el delta del Paraná o las sierras de Córdoba. Ello trae aparejado no solo la contaminación del aire que respiramos sino que el agua que antes iba ahí pasa a inundar otras zonas, en general barrios populares. Es por ello que se estima que más de la mitad de los barrios privados de Córdoba fue hecho en forma ilegal violando las leyes, pero la burguesía maniobra para que eso no genere el mismo repudio que una toma porque “ahí se pagó”, por más que sea fruto esa propiedad originalmente de un acto ilegal contra toda la sociedad.
La especulación inmobiliaria que lleva a la destrucción de la naturaleza no solo debe generar empatía por las imágenes de los animales que mueren o huyen, sino porque es una de las causas de que miles de personas de nuestra clase no accedan a la vivienda digna.
En paralelo a todo esto, la respuesta del Estado burgués a la situación ante el reclamo popular es siempre pensada desde el corto plazo, para las siguientes elecciones, y no como solución estructural. Así, se idean planes, Procrear por ejemplo, que priorizan la generación de empleos temporales en el corto plazo en la construcción, por eso son créditos para construir o comprar nuevo y no para comprar usado, o se pone el eje en beneficiar a las empresas de la patria contratista, así en los municipios del conurbano se reemplazaron los créditos para la autoconstrucción cooperativa por viviendas de muy mala calidad encargadas por los municipios.
En la actual crisis más que nunca es necesario volver a poner sobre la mesa el derecho de nuestra clase a la vivienda, máxime cuando se propagandiza en todos lados la salida represiva. Si bien la toma de Guernica por su magnitud quizás no se desaloje en forma violenta, en estos días se están dando decenas de desalojos en otros lugares más chicos. De hecho, la cana lo sabe y aprovechó la oportunidad para presionar por sus intereses en la reciente asonada.
Aunque creemos que el Impuesto a las Grandes Fortunas no es solución a mediano y largo plazo (porque los capitales se van a donde les sea más barato) debe ser ocasión para discutir por qué siempre prefieren cobrarle a les trabajadores, y a dónde debería ir ese dinero en el corto plazo.
En definitiva, la vivienda es un derecho humano de nuestra clase, debemos luchar contra la trampa de la meritocracia, del a mi no me va a pasar, sabiendo que si seguimos así es cada vez más probable que nos pase.
Es complicado, pero hay que construir los medios para encontrarse, para no seguir retrocediendo en la conciencia y solidaridad, para lograr lo que es nuestro derecho.