El expresidente y sus exfuncionarios claves que están fuertemente comprometidos en hechos de corrupción, se valen del poder de medios afines para inventar historias sin fundamentos. Sin embargo, los documentos oficiales desmienten el relato macrista.
A casi cuatro años de que el gobierno de Mauricio Macri le quitara el financiamiento a la obra de pavimentación de la ruta 23 en Formosa, el aparato mediático continúa con la persecución contra el Grupo Indalo, y hecha un manto de sospecha sobre un supuesto incumplimiento por parte de empresa C.P.C. S.A., que según el relato se adjudicó contratos por más de $370 millones, y no finalizó la obra. Sin embargo, la documentación a la que accedió Ámbito, deja en evidencia que el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el titular de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Javier Iguacel, fueron los responsables de sacarle el financiamiento de la Nación, lo que hizo inviable la ejecución de la obra.
Pese a que el relato macrista, amparado en el aparato mediático y judicial, busca instalar que la empresa C.P.C. S.A. incumplió con los términos del contrato de la obra en la ruta 23, lo cierto es que fue el mismo gobierno de Macri el que decidió no enviar los fondos necesarios para la realización de una obra clave para la provincia de Formosa.
Hay que recordar que el 10 de mayo de 2011, la Dirección Provincial de Vialidad de Formosa suscribió con la Unión Transitoria de Empresas (UTE) C.P.C. S.A.-RUTA 81 S.R.L. el contrato de ejecución de la obra de repavimentación de la ruta provincial Nº23 en el tramo de Empalme de la ruta nacional Nº81 (Palo Santo)- Empalme ruta nacional Nº86 (General Belgrano), una obra a ser financiada por la Administración Nacional. Es decir, la provincia necesitaba de los fondos de la Nación para poder llevar adelante la pavimentación.
Diversos contratiempos meteorológicos motivaron que el 1 de septiembre de 2015 las partes firmaran una neutralización de la obra hasta el 31 de diciembre de 2015. Pero lo peor ocurrió durante el año 2016, ya que en ningún momento el Gobierno macrista ofreció una respuesta a la solicitud de financiamiento, lo que obligó a extender el convenio de neutralización hasta hasta diciembre de ese año.
Luego de un año de no aportar los fondos para la realización de la obra, en un juego perverso, el 17 de febrero de 2017, la Dirección Nacional de Vialidad le envió una nota a la provincia de Formosa en la que le comunicó que la obra de repavimentación de la ruta provincial Nº23 en el tramo de Empalme de la ruta nacional Nº81 (Palo Santo)- Empalme ruta nacional Nº86 (General Belgrano) “no se encuentra incluida en el Plan Vial”. Esto en la práctica significó que el Gobierno de Mauricio Macri le quitó el financiamiento a la obra, lo que motivó que no se pudiera llevar adelante.
Ante la decisión inconsulta del macrismo de desfinanciar la obra de la ruta 23, el 22 de marzo de 2017, la Dirección Provincial de Vialidad de Formosa y la UTE C.P.C.-Ruta 81 firmaron de común acuerdo la rescisión del contrato debido dejó de contar con la asignación presupuestaria, al ser excluida del Plan Vial.
Como muestra de lo lejos que está la realidad de las mentiras lanzadas por el macrismo, en el convenio de rescisión al que tuvo acceso Ámbito, en la segunda cláusula la empresa contratista “manifiesta expresamente que renuncia a formular reclamos en sede administrativa, arbitral y/o judicial, sea contra la Dirección Provincial de Vialidad, la Provincia de Formosa, la Dirección Nacional de Vialidad y/o el Estado Nacional”. Es decir, además de perder la obra por decisión del Estado Nacional, la UTE C.P.C.-Ruta 81 renunció a cualquier tipo de reclamo.
Resulta llamativo que en el año electoral, y a partir de una decisión tomada por el Gobierno de Mauricio Macri, como parte de la persecución al Grupo Indalo, el macrismo se siga valiendo de parte de los medios de comunicación para continuar con el relato de la supuesta corrupción a la que ellos llegaron para combatir, aunque los documentos oficiales desmoronan una a una las mentiras lanzadas desde Cambiemos. De hecho, el propio Macri, el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y el ex administrador de Vialidad Javier Iguacel son investigados en la causa que lleva adelante la doctora María Romilda Servini por asociación ilícita en la persecución al Grupo Indalo.