El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires dio de baja la habilitación de la comunidad terapéutica San Antonio, ubicada en Pilar, que funcionaba como un dispositivo tratamental para usuarios y usuarias con consumo problemático y adicciones. En abril, el administrador del centro Nicolás Perrone fue denunciado por amenazar con arma de fuego y una cuchilla a personas que se alojaban allí; hecho por el cual está detenido y la causa elevada a juicio. Esa fue la última de varias denuncias realizadas desde el 2018 por la Comisión Provincial por la Memoria, en calidad de Mecanismo de Prevención de la Tortura. Durante las inspecciones, el organismo registró casos de tortura, privación ilegal de la libertad. Además, la justicia investiga tres muertes ocurridas en la comunidad.
El pasado 1° de abril, el administrador de la comunidad terapéutica San Antonio Nicolás Perrone ingresó a la institución, en estado de intoxicación, y blandiendo un arma de fuego amenazó de muerte a los jóvenes alojados allí. Luego del hecho, algunos de los amenazados lograron contactarse con sus familias y se retiraron del establecimiento por encontrarse en peligro su vida e integridad personal.
Esa misma semana, otra vez en estado de intoxicación, Perrone amenazó con una cuchilla a un usuario y luego lo echó de la comunidad.
Los dos hechos fueron denunciados por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, y las víctimas de estas amenazas. En el marco de esa causa, el titular de la UFI N° 3 de Pilar, Germán Camafreita, allanó el establecimiento y convocó a los órganos de revisión nacional y local de la ley de salud mental, y al Ministerio de salud bonaerense.
Durante el allanamiento, se secuestró el arma utilizada por Perrone para amenazar a los usuarios de la comunidad y se ordenó su detención. Perrone continúa detenido y la causa ya fue elevada a juicio.
Recientemente, en base a la inspección realizada por el Ministerio provincial en simultáneo con el allanamiento, la Dirección de registro y fiscalización sanitaria dio de baja la habilitación de la comunidad San Antonio para su funcionamiento como dispositivo del sistema salud.
Las denuncias sobre el funcionamiento de la comunidad terapéutica ubicada en Pilar vienen desde hace tres años. En febrero de 2018, en el marco de una inspección realizada por el programa de Salud Mental de la CPM junto al órgano de Revisión Local, se relevaron graves violaciones a los derechos humanos contra los más de 30 usuarios bajo su custodia. En ese momento, se denunciaron prácticas sistemáticas de torturas, malos tratos y privaciones ilegítimas de la libertad, amenazas, prescripción de medicación que no respondía a los fines terapéuticas y ausencia total de un abordaje en salud mental de sus padecimientos.
Tras aquella denuncia, el Ministerio de Salud bonaerense había dispuesto la clausura provisoria de la comunidad hasta tanto cumpla con los estándares de habilitación, pero al poco tiempo volvió a funcionar.
Las comunidades terapéuticas forman parte del sistema de salud mental de la provincia de Buenos Aires: son establecimientos privados, habilitados por el Estado, que atienden a usuarios y usuarias con padecimientos mentales y/o con consumo problemático y adicciones. Estos dispositivos deberían ser fiscalizados de manera periódica, sin embargo durante estos años los dispositivos de control y auditorías integrales fueron deficitarios.
“Nuestra intervención viene desde el 2018, ya entonces se había denunciado graves violaciones de derechos y la ausencia de abordajes que respeten los preceptos de la ley de salud mental. En ese momento, se fiscalizó la comunidad y se constató la gravedad de esas denuncias, pero ni la justicia ni la gestión ministerial siguieron los controles sobre el dispositivo”, resumen desde el programa de salud mental de la CPM.
Desde que tomó conocimiento de estos nuevos hechos de violencia, la CPM está en contacto con las familias de los jóvenes que denunciaron en estas amenazas y que, tras retirarse de la comunidad San Antonio, habían quedado sin abordaje de sus cuadros de salud. Esa situación fue comunicada al Ministerio de Salud bonaerense, quien garantizó la asistencia tratamental de cada uno de los usuarios a través de efectores de salud próximos a sus lugares de residencia.
En ese sentido, desde la CPM también destacaron la organización de las familias de estos jóvenes, que intervinieron rápidamente para salvaguardar la integridad de sus hijos y denunciar los hechos. “El rol de las mamás de muchos de los pibes fue fundamental. Enfrentaron la denuncia de estos hechos tan graves con mucha fortaleza y convicción y lo siguen haciendo. Las familias de las personas con consumos problemático son voces a las que se les debe dar el reconocimiento que merecen respecto a lo que exigen para sus seres queridos. En muchos casos son años de lucha frente a la falta de respuesta estatal y de abordajes de salud que respeten sus derechos”, concluye Melina Galeano del programa de salud mental de la CPM.
Por último, cabe destacar que actualmente los directivos de la comunidad San Antonio también están siendo investigados por la muerte de tres pacientes ocurridas en 2013, 2015 y 2018, la última de ellas pocos meses después de la denuncia realizada el pedido de clausura realizado por la CPM y el Órgano de Revisión Local de la ley de salud mental.