La Ley de Emergencia Territorial (26.160) caduca en un par de meses.
MENSAJE PARA EL CONGRESO, DIPUTADES Y SENADORES
“NO ES DIGNO MENDIGAR UNA PERMANENTE RENOVACIÓN de ESTA LEY”
En noviembre de este año vence la vigencia de la ley 26.160 que tiene dos objetivos fundamentales: obliga la suspensión de desalojos y la realización del Relevamiento de tierras a todos los territorios comunitarios del país. A 15 años de vigencia de ésta Ley, estos objetivos no se han cumplido: los desalojos se siguen aplicando con todas las consecuencias que se pueden prever y en relación al relevamiento de los territorios más del 50% de los territorios no se han relevados y de las tierras relevadas un importante porcentaje ha sido mal relevadas. No hay mecanismos para corregir las tareas mal realizadas ni tampoco hay vías de reclamos claras para denunciar.
Las provincias han boicoteado permanentemente su aplicación, entre las cuales se ha destacado el gobierno de Neuquén, que desde hace 6 años incumple su obligación en aplicar el Relevamiento en Neuquén, mientras la criminalización contra las autoridades mapuce crece y el desalojo es una amenaza latente.
Pero este incumplimiento y estado de amenaza no es solo responsabilidad de las provincias, sino del gobierno federal que es el órgano de aplicación de la ley 26.160. La única mención en dos años de gobierno por parte del Pte Alberto Fernández fue el compromiso en la apertura de sesiones en marzo de este año de que iba a promover la renovación de la Ley ante el vencimiento de su vigencia en noviembre próximo. Ninguna mención ni compromiso en APLICARLA.
No podemos seguir mendigando una nueva renovación de una ley cuando está demostrado no hay voluntad política de aplicarla. Hasta ahora han prevalecido los intereses de los gobiernos provinciales que pretenden seguir aplicando un modelo de explotación y expoliación de los territorios. El gobierno federal no ha asumido un compromiso serio en su aplicación al no tener en su agenda la deuda histórica con las naciones originarias. De manera que solo la capacidad de movilización, denuncia y oposición a los planes de muerte que planifican sobre nuestros territorios de vida es la garantía de nuestra supervivencia.
Cuando hablamos de nuestros territorios amenazados por el extractivismo es cuando queda a la luz que no hay proyectos antagónicos entre Nación y las Provincias. Ambos se sostienen en la defensa de una matriz económica que no tiene otro objetivo que nuestros territorios de vida y los bienes comunes que son la base de nuestro Kvme Felen o Buen Vivir. Por eso es difícil cumplan sus compromisos de respeto a la diversidad ni de aplicar las obligaciones jurídicas que le corresponden.
El desafío que dejamos en su mesa es renovar la vigencia de la Ley y renovarla sin límite de vigencia. Pero fundamentalmente el compromiso de APLICARLA, que es lo que no han hecho en 15 años. Esta acción debe ser el paso previo a la titularización de los territorios que es lo que la Constitución, el Convenio 169 de la OIT y enorme jurisprudencia les exige. Para lo cual, Uds mismos deben aprobar la LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA INDIGENA que se ha renovado más de una vez su presentación ante la oposición a tratarla y aprobarla. Y que tiene ya un amplio consenso en el mundo indigena. Deudas profundas de la “democracia” que se acumulan con los años.
Parte de la movilización de cientos de comunidades y organizaciones del país es por el temor que de caducar la Ley 26.160 recaerá un estado de amenaza e inseguridad sobre nuestros territorios. Nosotros sostenemos que en la medida que el Estado no cumple con la obligación de titularizar nuestros territorios, la inseguridad es para los proyectos de muerte que planifican en nuestras tierras, es para las empresas, terratenientes, municipios y privados que pretenden nuestros territorios de Vida.
Nosotros vamos a pararnos en el centro de nuestros territorios para defender nuestros Planes de Vida ante lo que ellos llaman Planes de Desarrollo. Nos costó vidas de nuestros mejores hombre y mujeres la base de derecho que sostienen nuestras acciones. Si cometen el desatino de hacer caducar la ley 26.160, nos habremos de parar firmemente en los derechos que la Constitución, las normas internacionales y los últimos fallos que marcan clara jurisprudencia. La Corte Interamericana condenó al Estado Argentino y falló a favor de la Asoc. de Comunidades Indígenas Lhaka Honhat de Salta luego de 20 año de litigio y la Corte Suprema de Argentina nos dio la razón en el fallo sobre la instalación de la Villa Pehuenia en territorios comunitarios mapuce en una causa que iniciamos en 2013. Dos poderosos antecedentes que haremos valer en nuestra lucha jurídica política cultural.
Por eso consideramos indigno estarles repitiendo estos argumentos a Uds de una Ley que ya ha sido 3 veces renovada y continúa sin aplicación. Es bueno recordar que fue vuestro Congreso Nacional quien el 05 de octubre de 1878, mediante la ley 947, aprobó la “Campaña del Desierto” de Julio A. Roca, que marcó el inicio del despojo que la actual ley 26.160 quiere detener. Uds, diputades y senadores deben ponerse a la altura de la historia e incluir en su agenda urgente una reparación histórica desde sus instituciones fundadas sobre un genocidio. Es la deuda de la llamada Democracia con más de 40 naciones originarias.
Una democracia que será autentica cuando nuestras instituciones sean reconocidas en el marco de un Estado Plurinacional.
RENOVACION SIN LIMITE DE VIGENCIA DE LA LEY 26.160
APROBACIÓN DE LA LEY DE PROPIEDAD COMUNITARIA
TERRITORIO CULTURA AUTONOMIA: MARICIWEW MARICIWEW!!!
Fuente: https://www.facebook.com/XAWVNKO/posts/4408225029258207