El Ministerio de Agricultura deberá publicar toda la documentación sobre el Trigo HB4 y organizar un mecanismo que permita a la ciudadanía denunciar o aportar información, como establece la legislación ambiental y el Acuerdo de Escazú. El resultado de este proceso podría llevar a suspender el transgénico.
Por Lucía Guadagno.
El juez federal Santiago Carrillo ordenó al Ministerio de Agricultura de la Nación publicar de inmediato y sin restricciones toda la información que se tuvo en cuenta para autorizar el trigo transgénico HB4. Carillo dio un plazo de 20 días para implementar un procedimiento de participación ciudadana, que permita a toda persona interesada hacer denuncias, proveer información o hacer presentaciones de cualquier tipo. El juez fundamentó su decisión en el artículo 41 de la Constitución Nacional, en la Ley General del Ambiente y en el Acuerdo de Escazú, ratificado por el Congreso Nacional a fines de septiembre de 2020. Si bien el juez rechazó suspender el transgénico como primera medida, no descartó que eso pueda ocurrir como resultado del proceso de acceso a la información y participación.
La resolución del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 3 consideró que hubo un incumplimiento “claro e incontestable” por parte del Ministerio de Agricultura y otras autoridades que intervinieron en la autorización del Trigo HB4 al restringir el acceso la información pública y no implementar ningún procedimiento de participación ciudadana, tal como lo ordena la normativa nacional y el vigente Acuerdo de Escazú, que garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe. Sobre todo, si se tiene en cuenta que se trata del primer trigo transgénico aprobado en el mundo.
“El evento de transformación de trigo HB4, como lo reconoce la propia Indear SA (Bioceres), es el primero que se autoriza de su especie a nivel mundial; circunstancia que revela la clara necesidad de un amplio ámbito de acceso a toda la información disponible en la materia y de participación pública en el proceso de toma de decisiones”, sostuvo el juez en la resolución. El Trigo HB4 tiene modificaciones genéticas que lo hacen tolerante a la sequía en regiones donde ya se cultiva y resistente al glufosinato de amonio, un herbicida más potente y tóxico que el glifosato.
Tanto el Ministerio de Agricultura como Bioceres, desde el comienzo del proceso, alegaron cláusulas de confidencialidad, entre otros motivos, para ocultar información sobre el nuevo transgénico y su proceso de autorización y control. Sin embargo, el juez no encontró argumentos suficientes que habiliten a tal cosa.
La autorización del trigo HB4 sigue vigente, por ahora
La orden del juez Carrillo responde a un pedido de suspender el trigo transgénico hecho por Daniel Sallaberry, abogado en una demanda colectiva por daño ambiental que pide suspender todos los cultivos transgénicos del país. Una parte de esa causa, iniciada en 2012, está pendiente de resolución en la Corte Suprema de Justicia. En paralelo, un grupo de productores agroecológicos también pidió la misma medida. En ambos casos, se denuncia que no hay certeza sobre los posibles efectos en la salud y el ambiente de la liberación del transgénico y se alerta sobre el riesgo para la salud que suponen las fumigaciones con glufosinato de amonio, entre otros puntos.
Tanto el Ministerio Público Fiscal como la Defensoría Pública Oficial pidieron al juez que suspenda la autorización del Trigo HB4 porque no cumple con el principio precautorio previsto en la Ley General del Ambiente, que establece que cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la ausencia de información o certeza científica no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir la degradación del medio ambiente. En ese sentido, la defensora Pública Florencia Plazas pidió aplicar ese principio, en especial, “con base en los derechos esenciales de los niños, niñas y adolescentes merecedores de una protección especial dada su situación de particular vulnerabilidad.”
Si bien el juez no aceptó suspender el transgénico como primera medida, tampoco la descartó. El último punto de su resolución, dice: “Rechazar, con sujeción a los resultados obtenidos en punto al cumplimiento de las medidas dispuestas precedentemente (acceso a la información y participación ciudadana), la solicitud de suspensión…”.
La falta de transparencia en la aprobación de los transgénicos ya fue denunciada, en 2019, en un detallado informe de la Auditoría General de la Nación, en el que se advirtió: “Argentina no cuenta con un marco de referencia teórico-metodológico para garantizar el uso seguro y sustentable de los OGM (Organismos Genéticamente Modificados)”. Dos años antes, salió a la luz que de los entonces 34 miembros de la Comisión Nacional de Biotecnología (CONABIA, uno de los principales órganos que aprueba los transgénicos en el país), 26 formaban parte de las mismas empresas que los producen y venden o eran científicos con conflictos de intereses.
La orden al Ministerio de Agricultura para abrir un proceso participativo
El juez Carillo dio un plazo de 20 días al Ministerio de Agricultura para que “diseñe, implemente y ponga en funcionamiento un procedimiento de participación adecuado a los estándares constitucionales que permita a todo interesado efectuar presentaciones ante la autoridad de aplicación, las que deberán ser consideradas en el marco de lo dispuesto por la resolución 41/2020”.
La resolución 41/2020, dictada por la cartera de Agricultura en octubre de 2020, autorizó el trigo HB4 bajo la condición de que Brasil, principal importador del trigo argentino, también lo autorice. La semana pasada, el país vecino aprobó el ingreso sólo de la harina, no del grano. El Gobierno argentino todavía no confirmó si eso autoriza en forma definitiva el transgénico en el país.
El artículo 3 de la resolución 41/2020 establece que Bioceres tiene que suministrar a las autoridades toda información nueva que surja sobre el trigo HB4 y que esa información podrá afectar o invalidar su autorización. Y el artículo 4 dice: “La presente medida quedará sin efecto si, a criterio de la autoridad competente, existe nueva información científico-técnica que invalida las conclusiones científicas o comerciales en las que se basaron los dictámenes que sirven de sustento y antecedentes de la presente autorización.”
Para el juez Carillo, esos dos artículos dan la pauta de que la aprobación del trigo transgénico es un “procedimiento inacabado, no definitivo, que requiere de un flujo de información continuo, adecuada y suficiente que permita su sostenimiento”. Y afirma que por ese motivo el Tribunal considera prioritario que se establezca un sistema de recepción de denuncias, información y presentaciones en general con las características previstas en el Acuerdo de Escazú que “permita enriquecer el procedimiento decisorio llevado a cabo por la autoridad administrativa”.
En cuanto a la aprobación de la harina por parte de Brasil, el juez sostuvo que “en nada modifica las conclusiones a las que se arriba en la presente, pues los fundamentos desarrollados —déficit de publicidad y participación en el proceso decisorio— permanecen incólumes”. El ministerio a cargo de Julián Domínguez no respondió hasta el momento a las consultas de Tierra Viva sobre qué mecanismo de participación implementará para cumplir con la resolución del juez.
El INASE y Bioceres también deberán transparentar su actividad
El juez también ordenó al INASE presentarse en los Tribunales y le dio cinco días para publicar en el Boletín Oficial la resolución 535/2021, del 15 de octubre de 2021, en la que el organismo creó una Comisión de Auditoría del Trigo HB4.
Desde el año pasado, Bioceres siembra y cosecha el transgénico sin venderlo. Durante la primera campaña fueron 6.000 hectáreas y, en la segunda, 55.000, según informó la empresa. Eso desató numerosos reclamos y denuncias judiciales por parte de las principales entidades del agronegocio, como la Mesa de Enlace, acopiadores y exportadores. Temen que el trigo transgénico pueda mezclarse con el convencional durante la cosecha y acopio, lo que implicaría que embarques enteros sean rechazados en los países de destino.
En cuanto a Bioceres —que ya se presentó dos veces de manera espontánea en la causa judicial para rebatir argumentos del Ministerio Público Fiscal, entre otros—, el juez Carrillo le ordenó presentar, en un plazo de cinco días, toda la información requerida por el INASE para auditar el trigo HB4.