Desde ATE Sur – Seccional Gran Buenos Aires Sur de Lomas de Zamora denuncian que el gobierno bonaerense de Axel Kicillof avanza nuevamente sobre los y las trabajadoras del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia que iniciaron el trámite de jubilación. “Fueron notificados de que el aporte prejubilatorio será abonado mediante decreto, quedando sin cobrar por tiempo indeterminado. Previo a esta notificación, dicho trámite se llevaba a cabo vía resolución ministerial, lo que demoraba aproximadamente dos meses. Con este nuevo procedimiento arbitrario, los decretos son firmados por el gobernador, y tendrían un tiempo aproximado de gestión de entre seis meses y un año. ¿Qué trabajador o trabajadora estatal puede sostenerse seis meses o un año sin cobrar? Esto enciende una alarma enorme en el sector, ya que podría ser la génesis de una embestida hacia el decreto 926/13, dado que la lógica es seguir exprimiendo nuestra salud para sostener el vaciamiento estructural e histórico de las políticas de niñez”, sostienen desde la seccional gremial.
Así lo denunció ATE Sur – Seccional Gran Buenos Aires Sur de Lomas de Zamora en un comunicado publicado el martes 18 de enero: “en una nueva avanzada del Estado Provincial hacia los y las trabajadoras, y luego de etiquetarnos como esenciales en pandemia para obligarnos a exponer nuestra salud pero no para reconocer nuestros derechos, ahora le toca el turno al mecanismo de jubilación para los y las compañeras de Niñez, que ya era injusto previo a este nuevo ataque. En las últimas jornadas, mediante llamado telefónico (un mecanismo absolutamente informal), los y las trabajadoras del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia que habían iniciado el trámite de jubilación, fueron notificados de que el aporte prejubilatorio será abonado mediante decreto, quedando sin cobrar por tiempo indeterminado. Previo a esta notificación, dicho trámite se llevaba a cabo vía resolución ministerial, lo que demoraba aproximadamente dos meses. Con este nuevo procedimiento arbitrario, los decretos son firmados por el gobernador, y tendrían un tiempo aproximado de gestión de entre seis meses y un año. Lo más sorprendente de todo es que esta modificación en el mecanismo solo es para el OPNyA, ni siquiera para el resto de secretarías y organismos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad. Esta y otras clases de maniobras y dilaciones discrecionales la vienen sufriendo los y las compañeras auxiliares desde hace años”, denuncian desde la seccional gremial.
En la misma línea, agregan: “sumado a eso, no se encontraron actos administrativos que respalden e informen de esta modificación (lo que da cuenta de la arbitrariedad y, en cierto modo, de querer ocultarlo si le añadimos el condimento de que sea en pleno diciembre). Sin embargo, ya se aplicó de hecho y las consecuencias ya se manifestaron: los y las compañeras dieron marcha atrás con el inicio del trámite. ¿Qué trabajador o trabajadora estatal puede sostenerse seis meses o un año sin cobrar?”, se preguntan desde ATE Sur.
Asimismo, desde la seccional gremial consideran que “no es casual que esto suceda en el OPNyA”, dado que hace tiempo vienen “denunciando la falta de compañeros y compañeras en todos los dispositivos, ya sea en el área de Responsabilidad Penal Juvenil, como en la de Promoción y Protección de Derechos”.
Toda esta nueva disposición consideran que “impide que los y las trabajadoras accedamos al sistema de jubilaciones especiales barriendo con un derecho conquistado, y enciende una alarma enorme en el sector, ya que podría ser la génesis de una embestida hacia el decreto 926/13, dado que la lógica es seguir exprimiendo nuestra salud para sostener el vaciamiento estructural e histórico de las políticas de niñez”. “Esa victoria, consumada allá por 2013, consiste en la posibilidad concreta de acceder a la jubilación ordinaria con 50 años de edad y 25 años de servicio. Fruto de la demostración de los y las trabajadoras, al Estado no le quedó otra alternativa que reconocer el desgaste y agotamiento prematuro que provoca abocarse a las tareas del cuidado y abordaje a niños, niñas y jóvenes”.
Finalmente, ATE Sur remarca: “¿por qué tenemos que cobrar durante dos años el 60% de nuestro sueldo a la espera del primer haber jubilatorio? ¿Por qué tenemos que estar un año sin cobrar esperando que el gobernador se digne a firmar la prejubilación? ¿Por qué el vaciamiento de las políticas de niñez tiene que seguir recayendo en las espaldas de los y las trabajadoras? Lo que se informa como un cambio en el trámite jubilatorio repercute en nuestra salud mental, es nuestro sustento de vida, es la posibilidad de sostener un alquiler, de alimentarnos, de esparcirnos, y de vivir. La jubilación especial es un derecho y realizamos los aportes acordes a la misma. Exigimos que se anulen los tiempos de espera entre el último sueldo y el primer haber jubilatorio. No nos acostumbramos a ser la variable de ajuste”, finaliza el comunicado de los y las trabajadoras.