Lo asesinaron de un tiro en la nuca mientras investigaba un caso vinculado a la “Aduana paralela”. El crimen fue encubierto por la Policía Bonaerense y la Federal, y los testigos fueron torturados, amenazados y agredidos. Uno de los acusados fue absuelto y el otro, sobreseído en distintos procesos. La familia, con la representación del CELS, llevó el caso a la Corte IDH, que le ordenó al Estado argentino la reapertura del proceso. La primera audiencia es el lunes 25 de abril.
El subcomisario Jorge Omar Gutiérrez fue asesinado de un disparo en la nuca el 29 de agosto de 1994, cuando viajaba hacia Quilmes en un tren del ramal Constitución-La Plata. En ese momento investigaba lo que sucedía en depósitos de mercaderías vinculados al caso de la “Aduana paralela”, un resonante escándalo durante el gobierno de Carlos Menem.
El crimen del subcomisario Gutiérrez, hermano del ex intendente de Quilmes y ex dirigente de la UOM Franciso “Barba” Gutiérrez, fue encubierto por la Policía Federal en colaboración con la Bonaerense, encargada de la investigación, y luego la causa tuvo un cuestionado recorrido en la Justicia provincial.
Durante la instrucción del caso varios testigos fueron torturados y otros amenazados. Las líneas de investigación que apuntaban a los policías nunca fueron profundizadas. El primer investigador policial del caso, el comisario Jorge Piazza, murió asesinado en un confuso episodio calificado como homicidio en ocasión de robo, días antes de la fecha en que debía declarar ante la Comisión Investigadora de Ilícitos de Aduana de la Cámara de Diputados.
Dos años después del asesinato, uno de los autores materiales fue rápidamente absuelto, mientras que la Justicia tardó una década en iniciar una causa penal contra el otro, que estuvo prófugo durante gran parte del proceso. Los avances que se lograron en la investigación fueron gracias a la perseverancia de la familia de Gutiérrez.
En 1998, en representación de les familiares, desde el CELS llevamos el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Después de un largo litigio, el caso pasó a estar en manos de la Corte IDH que, en noviembre de 2013, emitió su sentencia y declaró a Argentina responsable por el derecho a la vida, a la integridad personal y a las garantías judiciales y protección judicial a favor de Gutiérrez y su familia. En el fallo, dictaminó que había suficiente prueba para “concluir la participación de agentes estatales en la ejecución del subcomisario, así como en la obstrucción de la investigación”.
La Corte IDH también ordenó reabrir el proceso para sancionar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato. Por esa razón, a casi 10 años de aquella sentencia, el próximo lunes 25 de abril la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata comenzará a juzgar al ex cabo de la Policía Federal Alejandro Santillán, quien había sido absuelto en 1996, y al ex policía bonaerense Francisco Mostajo, quien estuvo prófugo de la Justicia durante la mayor parte del proceso y su caso nunca había llegado a la etapa de juicio.
A pesar de que el Estado aceptó su responsabilidad internacional y se llegó a un acuerdo con les familiares, las medidas de reparación contempladas en el fallo aún se encuentran incumplidas.