Cada tema mensual tiene cuatro ejes de desarrollo respetando una secuencia consistente en situarnos primero en el sistema mundo capitalista para todo análisis; segundo en la democracia o Estado contrainsurgente y expropiador para decidir confrontarlo; tercero en el trabajo cuyo carácter de asalariado es condición de existencia del Capital y cuarto en el Abya Yala como raíces y rumbos de la confraternización continental. Cada eje se subdivide en sus características esenciales dentro del capitalismo y posibles alternativas emancipatorias.
Tema de marzo 2022
El debate sobre la crisis de las izquierdas es clave para erradicar:
Qué Sistema
Con acaparamiento oligopólico de las condiciones de vida y trabajo.
Conciliación de clases/ Concentración y centralización capitalista/
Alternativas emancipatorias
Conciliación de clases
Necesitamos, abajo y a las izquierdas coherentes con su esencia común-ista, que una creciente mayoría de los oprimidos -por el sistema mundo capitalista y su local- rompa con la conciliación de clase que lo hace posible como sistema social mirando hacia la aceleración e intensificación del robo a los trabajadores y a los pueblos de su periferia. También se caracteriza por expandir la expropiación de los bienes comunes tanto sociales como naturales sin responsabilizarse por causar las actuales emergencias socioeconómicas del 99% humano y socioecológica cuya expresión más rotunda es la climática. La continuidad del capitalismo imperialismo amenaza de extinción a la vida planetaria.
Complementemos esa ruptura cultural política con el imperativo de generalizar la deliberación sobre la gran escala de la expropiación y que, por consiguiente, implica degradación casi irreversible de biomas o ecorregiones. Es decir es prioritaria la percepción (conocimiento y compromiso) de asumir el freno para luego erradicar: sus acaparamientos de la Amazonía, la Cordillera. las cuencas hidrográficas, las selvas y bosques nativos, la Patagonia, etc.
Ahora consideremos como política de izquierda al arte y ciencia de facilitar a los pueblos recuperar los bienes comunes tanto sociales como naturales para sus respectivas creaciones de «buenos vivires». Comprobamos que la realidad en el país y en el mundo es otra. Observamos los planes extractivistas del gobierno FF en plena ejecución e intensificación de esa ocupación económico territorial de todo el país mediante mega emprendimientos ecocidas-genocidas. Y que ante esta guerra contra la naturaleza y los pueblos de Argentina, hay convocatoria-construcción para la imprescindible unión de las diversidades de abajo pero mirando por los objetivos expresados en: NOS MOTIVA acordar y articular a nivel nacional una CAMPAÑA (de difusión e información) y CONSULTA POPULAR, en este año electoral, como primer paso hacia una INICIATIVA POPULAR EN DEFENSA DEL AGUA PARA LA VIDA». La Campaña por el agua para la vida se enmarca en elecciones que, por lo menos, durante medio siglo han garantizado el incesante acaparamiento oligopólico de los bienes comunes sociales y naturales a través de un proceso de conversión de la democracia en restringida y de la clase política en casta. Es decir, la Campaña nac& pop (aunque se vista de plurinacional) y las izquierdas mayoritarias por su carácter electoralista están contribuyendo a la gobernabilidad del Capitaloceno que es esencialmente destructivo y avasallador de los derechos tanto de los pueblos como de la naturaleza.
La Campaña se fundamenta en -y también predomina entre las asambleas de la UAC- la creencia en que el protagonismo popular puede modificar al Poder Legislativo. Pero las leyes no tienen validez ante la imposición del productivismo sea como sea, aun cuando sean conquistadas por organización y lucha de las diversidades de abajo, máxime en la actual inflexión histórica de la humanidad donde el sistema mundo pretende superar su crisis estructural optimizando la expoliación tanto de los trabajadores y los pueblos como de la naturaleza. Tengamos presente que pese a la Constitución la realidad concreta es que no somos iguales ante la ley y que los negocios del gran capital son antepuestos a necesidades e intereses populares como Guernica y Andalgalá prueban.
En todo el país-continente hallamos conflictos de las comunidades con el gran Capital por su elevado consumo de agua, envenenarla y arrasar fuentes, ciclos del agua en la naturaleza. Son confrontaciones con el Capital y con el gobierno estado en sus distintas jurisdicciones que siempre se posiciona a favor de la acumulación oligopólica de riquezas y poder sobre les diversos de abajo sin importarle ir contra la vida y la salud de la naturaleza involucrando así las humanas. A diferencia de apostar a votaciones y leyes, esas comunidades indígenas y autoorganizaciones de vecinos recuperan/defienden territorios, se arraigan desde sus dignidades hacia sus autonomías mirando a confraternizar sin fronteras ni muros instaurados por el sistema opresor para derrotarnos por nuestra división.
Estimemos qué nos advierte Leonardo Rossi
«Estamos nadando en maíz» (transgénico), había dicho, soberbio, hace no mucho un empresario y dirigente del agro-empresariado cordobés, ahora caído en desgracia. La realidad es que estamos ahogados en pobreza, segregación, hambre y millones de hectáreas intoxicadas. Y ese modelo, el de los dueños de la tierra, está en la base. Es la discusión política de fondo. Ahí se juega la salud de los cuerpos, de los territorios y de las destruidas comunidades políticas.
En este mundo donde la «dueñidad», como dice Rita Segato, ha devenido la forma típica de nuestras segregadas sociedades, que la tierra para cultivar la vida sea un horizonte de acción, es un llamado a repensar la concepción misma de la política, por demás esperanzador. La tierra/Tierra en el centro político es comprender el tiempo que nos toca habitar, tiempo de pandemias y caos climático; tiempo de neo-fascismos y negacionismo de nuestro vital vínculo con el mundo no-humano. Tiempo de que las comunidades y los territorios se reencuentren de forma urgente, para cultivar y sostener la vida frente al confinamiento al que el capitalismo ha sometido a la humanidad.
En consecuencia, abajo y a las izquierdas coherentes con su esencial-vital de común-ismo, tenemos el desafío de llevar a cabo la «reforma agraria integral» para la reestructuración socioeconómica, política e institucional de todo el país sin fronteras ni muros. En esta dirección avanzan las luchas socioecológicas.
Concentración y centralización capitalista
Ubiquémonos en el acaparamiento de fundamentales e inmensos territorios que el capitalismo convierte en tierras para súper negocios de corto plazo y concreta a través de etnocidios, también genocidios. Apropiación oligopólica y transnacionalizadora que es garantizada tanto por gobiernos progresistas como por neoliberales a través de militarizar esa ocupación económico territorial.
Observamos que, como en México, el gobierno progresista de les Fernández continúa y profundiza no sólo los extractivismos sino también el autoritarismo y militarización de esa expoliación. Cada vez más resulta insuficiente caracterizar nuestra actualidad con referencias nacionales. Lo prueba no sólo la vigencia del Plan Colombia y la IIRSA sino también el nuevo concepto de seguridad hemisférica de la OEA. Néstor Kirchner comenzó su puesta en práctica a fines del 2003, no bien se formuló.
Reparemos en la reconfiguración geográfica de Sudamérica mediante la IIRSA para la eficiencia en el saqueo, la expoliación tanto de los trabajadores y pueblos como de la naturaleza dentro de zonas económicas especializadas o neofeudos y la expansión de la aculturación. Sumemos que en simultáneo se acuerda el Plan Colombia bajo dominio del Comando Sur con instalación de bases de los EE.UU. y esta militarización que se extiende a toda Sudamérica en torno sobre todo de las fuentes de recursos naturales se enmarca y justifica como lucha contra las nuevas amenazas a la seguridad hemisférica. Así se contextualizan las leyes antiterroristas de los gobiernos K y la designación de Milani partícipe en la dictadura genocida y especializado en inteligencia estatal a la que perfeccionó actualizándola. Sin embargo, destaquemos que es una política de estado. En efecto, Berni- Patricia Bulrich-Berni forman parte de un sistema de represión y control del sistema mundo capitalista y sus locales. Esto reafirma que el progresismo y el neoliberalismo no son antagónicos.
Apreciemos al colectivo Plataforma Socioambiental, integrado por pequeños productores, indígenas, asambleas socioambientales y ONG que, desde una mirada integral del ambiente, cuestionan que se sigan priorizando actividades que arrasan territorios y poblaciones.
Si contamina, mata y empobrece: no es progreso, es saqueo
Por Darío Aranda*
Pressensa, 15 de febrero, 2022
«Sequías, incendios, ola histórica de calor, trigo transgénico, mega granjas porcinas, petroleras en el mar, pandemia. Parece el guion de una película apocalíptica pero no lo es. Lamentablemente es la radiografía de la Argentina de 2022», así comienza el documento del colectivo Plataforma Socioambiental, integrado por pequeños productores, indígenas, asambleas socioambientales y ONG que, desde una mirada integral del ambiente, cuestionan que se sigan priorizando actividades que arrasan territorios y poblaciones.
La Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Coordinadora por una Vida sin Agrotóxicos en Entre Ríos: Basta es Basta, el Movimiento Nacional Campesino Indígena-Somos Tierra (MNCI-ST), la Asamblea Tandil Sin Trigo Transgénico ni Agrotóxicos y el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, entre otras, conformaron la Plataforma Socioambiental en agosto de 2021 con la premisa de «resistir al mal-desarrollo y construir la justicia social y ambiental».
Su primera actividad fue un «panazo» en Plaza de Mayo, contra el trigo transgénico de la empresa Bioceres-Indear (donde confluyen empresarios como Hugo Sigman y Gustavo Grobocopatel). Al inicio del 2022 emitieron un comunicado titulado «Basta de Ecocidio» que puntualiza los ejes de la crisis climática y los impactos sociales que acarrea. «Las comunidades y trabajadores de la tierra de muchas provincias reclaman porque se mueren sus animales y no pueden seguir produciendo debido a la falta de agua en un contexto de sequías alarmante», explican.
Puntualizan la seguidilla de incendios en la Patagonia, Litoral, Buenos Aires, San Luis y Salta, entre otros lugares. Recuerdan que, desde 2019, se declaró en la Argentina la «emergencia climática y ecológica», pero cuestionan que «son muy pocas» las medidas que se tomaron en materia ambiental para evitar o reducir estos desastres socioambientales. «El agronegocio, las petroleras, la deforestación, las mineras, el fracking, el negocio inmobiliario, son algunas de las caras más destructoras y contaminantes del modelo extractivista que prioriza las ganancias por sobre la vida humana, la naturaleza y los bienes comunes», denuncian.
Jeremías Chauque es mapuche y es integrante de la experiencia agroecológica Desvío a la Raíz, en la localidad de Desvío Arijón (Santa Fe). «En nuestro linaje antiguo está marcado a fuego la circularidad, la semilla vuelve a nacer y nada es casual. Y así llega el tiempo donde es necesario dejar en claro qué urgencias y prioridades estamos labrando y poniendo en agenda los pueblos. La producción debe ser sinónimo de sociedad, de ambiente, de cultura. Tenemos claro que si una actividad contamina, mata y empobrece: no es progreso, es saqueo», afirma.
El llamado a sesiones extraordinarias en el Congreso Nacional confirmó que se tratará el proyecto de ley impulsado por el Consejo Agroindustrial Argentino (sector que nuclea a todas las grandes empresas del agronegocio) y se dejó afuera los proyectos de Ley de Humedales y de Acceso a la Tierra para los pequeños productores, impulsada por la UTT desde hace años. «Queda en evidencia que la agenda del Gobierno tiene más que ver más con extractivismo, con los grupos concentrados, que en dar respuesta a nuestro sector. Seguramente tiene que ver con el acuerdo con el FMI y deja en evidencia que nunca le interesó el proyecto de Acceso a la Tierra para los que producimos alimentos para el pueblo», cuestionó Agustín Suárez, de la UTT.
El comunicado de Plataforma Socioambiental recuerda que las y los vecinos se organizan para apagar los fuegos, para frenar la deforestación, para cuidar los mares y las montañas, para sembrar agroecología, para abastecerse de agua, pero también apunta al rol gubernamental: «La respuesta a un problema tan estructural no puede depender únicamente de la solidaridad y la autogestión de nuestros pueblos. Necesitamos políticas públicas de forma urgente para realmente combatir la crisis climática y las industrias saqueadoras que lo impulsan. Las emergencias ambientales no pueden quedar en una declaración de principios. Necesitamos políticas contundentes para hacerle frente a las consecuencias que el modelo extractivista nos deja».
Diciembre de 2021 dejó otra muestra de que la megaminería no tiene licencia social en Chubut. Al igual que Mendoza en 2019, las ciudades chubutenses salieron a la calle y lograron la derogación de la ley minera que había impulsado el gobernador Mariano Arcioni. A 1800 kilómetros de Rawson, en La Rioja, la población lleva catorce años en rechazo a la instalación de empresas mineras. En la actualidad se mantiene la movilización en el Departamento de Vinchina, al oeste provincial, con más de 90 permisos mineros y un yacimiento de la empresa Pathfinder al pie de las Sierras del Famatina que puede afectar al río Valle Hermoso, única cuenca hídrica que alimenta al pueblo.
María Pía Silva, asambleísta de La Rioja, precisa que existen más de 40 proyectos dentro de la reserva provincial Laguna Brava, Corona del Inca y otros sitios de alto valor biológico y arqueológico que conservan humedales andinos. «El glaciar El Potro, el más grande de nuestra cordillera riojana, está rodeado de proyectos mineros y a tan sólo dos kilómetros de allí pretende ponerse en marcha el mega yacimiento Josemaria –en San Juan–. Por eso, los vecinos y vecinas iniciaron un bloqueo selectivo a las empresas mineras que están explorando la cordillera riojana y ya están impactando las fuentes de agua. Las asambleas riojanas exigimos anulación de los permisos mineros», explicó Silva.
* Darío Aranda, periodista argentino, especializado en extractivismo (petróleo, minería, agronegocios y forestales), Escribe sobre el acontecer de los pueblos indígenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales. www.darioaranda.com.ar
Plataforma Socioambiental es una unión importante de quienes luchan contra los extractivismos o sea se ha posicionado en defensa de los derechos de la naturaleza y de los pueblos que hoy es prioritario. Pero no se sitúa en el sistema capitalista ni en la naturaleza, a ésta la sustituye por el eufemismo “ambiente”. De ahí su desliz a la imprecisión siguiente: desde una mirada integral del ambiente, cuestionan que se sigan priorizando actividades que arrasan territorios y poblaciones. Que la conduce a creer en la necesidad de políticas públicas de forma urgente para realmente combatir la crisis climática y las industrias saqueadoras que lo impulsan.
Por un lado, no se define en confrontación con el Estado como poder político del Capital para expandir su acumulación oligopólica de riquezas y poder. Al contrario, le reclama otro orden de privilegios cuando el Estado representando a la burguesía hegemónica se rige por el movimiento insaciable de ganancias sin importar las consecuencias socioecológicas ni la utilidad para los pueblos de las actividades. Tampoco el Capital Estado se detiene en conseguir las ganancias, las avizora en incesante incremento y apoderamiento de posibilidades de multiplicarlas. Sólo el protagonismo de los pueblos frenará, para luego erradicar, los extractivismos o modo capitalista de producción y mercantilización de la naturaleza.
Por otro lado, desconoce al enfoque integral de la naturaleza que está implícito en las cosmovisiones de las naciones indígenas y en la ecología política. Según Enrique Leff*:
(…) La ecología política construye su campo de estudio y de acción en el encuentro y a contracorriente de diversas disciplinas, pensamientos, éticas, comportamientos y movimientos sociales. Allí colindan, confluyen y se confunden las ramificaciones ambientales y ecológicas de nuevas disciplinas: la economía ecológica, el derecho ambiental, la sociología política, la antropología de las relaciones cultura-naturaleza, la ética política. Podemos afirmar, sin embargo, que no estamos ante un nuevo paradigma de conocimiento o un nuevo paradigma social. Apenas comenzamos a indagar sobre el lugar que le corresponde a un conjunto de exploraciones que no encuentran acomodo dentro de las disciplinas académicas tradicionales.
La ecología política es un campo que aún no adquiere nombre propio; por ello se le designa con préstamos metafóricos de conceptos y términos provenientes de otras disciplinas para ir nombrando los conflictos derivados de la distribución desigual y las estrategias de apropiación de los recursos ecológicos, los bienes naturales y los servicios ambientales.
Las metáforas de la ecología política se hacen solidarias del límite del sentido de la globalización regida por el valor universal del mercado para catapultar al mundo hacia una reconstrucción de las relaciones de lo real y lo simbólico; de la producción y el saber.
La ecología política emerge en el hinterland de la economía ecológica para analizar los procesos de significación, valorización y apropiación de la naturaleza que no se resuelven ni por la vía de la valoración económica de la naturaleza ni por la asignación de normas ecológicas a la economía; estos conflictos socio-ambientales se plantean en términos de controversias derivadas de formas diversas –y muchas veces antagónicas– de valorización de la naturaleza, donde los valores políticos y culturales implicados desbordan el campo de la economía política, incluso de una economía política de los recursos naturales y servicios ambientales. De allí surge esa extraña politización de la ecología.
En la ecología política han anidado así términos que derivan de campos contiguos –la economía ecológica–, como el de distribución ecológica, definido como una categoría para comprender las externalidades ambientales y los movimientos sociales que emergen de conflictos distributivos; es decir, para dar cuenta de la carga desigual de los costos ecológicos y sus efectos en las variedades del ambientalismo emergente, incluyendo movimientos de resistencia al neoliberalismo, de compensación por daños ecológicos y de justicia ambiental.
La distribución ecológica designa “las asimetrías o desigualdades sociales, espaciales, temporales en el uso que hacen los humanos de los recursos y servicios ambientales, comercializados o no, es decir, la disminución de los recursos naturales (incluyendo la pérdida de biodiversidad) y las cargas de la contaminación” (Martínez Alier, 1997: 41-66).
(…) La distribución ecológica apunta hacia procesos de valoración que rebasan a la racionalidad económica en sus intentos de asignar precios de mercado y costos crematísticos al ambiente, movilizando a actores sociales por intereses materiales y simbólicos (de supervivencia, identidad, autonomía y calidad de vida), más allá de las demandas estrictamente económicas de propiedad de los medios de producción, de empleo, de distribución del ingreso y desarrollo. La distribución ecológica se refiere a la repartición desigual de los costos y potenciales ecológicos, de esas externalidades económicas que son inconmensurables con los valores del mercado, pero que se asumen como nuevos costos a ser internalizados por la vía de los instrumentos económicos, de normas ecológicas o de los movimientos sociales que surgen y se multiplican en respuesta al deterioro del ambiente y la reapropiación de la naturaleza. En este contexto discursivo se ha venido acuñando la idea de la deuda ecológica, como un imaginario y un concepto estratégico movilizador de una conciencia de resistencia a la globalización del mercado
Los tormentos de la materia y sus instrumentos de coerción financiera, cuestionando la legitimidad de la deuda económica de los países pobres (buena parte de América Latina) y poniendo al descubierto la parte más grande, y hasta ahora sumergida, del iceberg del intercambio desigual entre países ricos y pobres; es decir, la destrucción de la base de recursos naturales de los países llamados subdesarrollados, cuyo estado de pobreza no es consustancial a una esencia cultural o a su limitación de recursos, sino a su inserción en una racionalidad económica global que ha sobre-explotado a su naturaleza, degradado a su ambiente y empobrecido a sus pueblos. Esa deuda ecológica, sin embargo, es inconmensurable, pues no hay tasas de descuento que logren actualizarla ni instrumento que logre medirla. Se trata de un despojo histórico, del pillaje de la naturaleza y la subyugación de sus culturas que se enmascara en un mal supuesto efecto de la dotación y uso eficaz y eficiente de sus factores productivos.
Hoy, este pillaje se proyecta al futuro, a través de los mecanismos de apropiación de la naturaleza por la vía de la etno-bio-prospección y los derechos de propiedad intelectual del Norte sobre los derechos de propiedad de las naciones y pueblos del Tercer Mundo. La biodiversidad representa su patrimonio de recursos naturales y culturales, con los que han co-evolucionado en la historia, el hábitat en donde se arraigan los significados culturales de su existencia. Estos son intraducibles en valores económicos. Es aquí donde se establece el umbral entre lo que es negociable e intercambiable entre deuda y naturaleza, y lo que impide dirimir el conflicto de distribución ecológica en términos de compensaciones económicas.
El campo de la ecología política se abre en un horizonte que desborda el territorio de la economía ecológica. Esta se encuentra en los linderos del ambiente que puede ser recodificado e internalizado en el espacio paradigmático de la economía, de la valorización de los recursos naturales y de los servicios ambientales. Se establece en ese campo, que es el del conflicto por la reapropiación de la naturaleza y de la cultura, allí donde la naturaleza y la cultura se resisten a la homologación de valores y procesos (simbólicos, ecológicos, epistemológicos, políticos) inconmensurables y a ser absorbidos en términos de valores de mercado. Allí es donde la diversidad cultural adquiere derecho de ciudadanía como una política de la diferencia, de una diferencia radical, en cuanto que lo que está allí en juego es más y otra cosa que la distribución equitativa del acceso y los beneficios económicos derivados de la puesta en valor de la naturaleza.
DESNATURALIZACIÓN DE LA NATURALEZA
En el curso de la historia, la naturaleza se fue construyendo como un orden ontológico y una categoría omnicomprensiva de todo lo existen- Enrique Leff 25 te. Lo natural se volvió un argumento fundamental para legitimar el orden existente, objetivo. Lo natural era lo que tenía “derecho de ser”. En la modernidad, la naturaleza se convirtió en objeto de dominio de las ciencias y de la producción al tiempo que fue externalizada del sistema económico; se desconoció así el orden complejo y la organización ecosistémica de la naturaleza, que se fue transformando en objeto de conocimiento y en materia prima del proceso productivo. La naturaleza fue así desnaturalizada para hacer de ella un recurso e insertarla en el flujo unidimensional del valor y la productividad económica. Esta naturalidad del orden de las cosas y del mundo –la naturalidad de la ontología y la epistemología de la naturaleza– fue construyendo una racionalidad contra natura, basada en leyes naturales inexpugnables, ineluctables, inconmovibles. (…)
*Enrique Leff 2006: 23-25
Leff, Enrique. La ecología política en América Latina. Un campo en construcción. En publicacion: Los tormentos de la materia. Aportes para una ecología política latinoamericana. Alimonda, Héctor. CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. Marzo 2006. ISBN: 987-1183-37-2
En consecuencia, abajo y a las izquierdas coherentes con su esencia común-ista, tenemos el desafío de llevar a cabo la «reforma agraria integral» estimando la contradicción fundamental en la actualidad. Leff la describe: «Hoy, este pillaje se proyecta al futuro, a través de los mecanismos de apropiación de la naturaleza por la vía de la etno-bio-prospección y los derechos de propiedad intelectual del Norte sobre los derechos de propiedad de las naciones y pueblos del Tercer Mundo». Por el contrario, para las naciones y los pueblos de la periferia capitalista: «La biodiversidad representa su patrimonio de recursos naturales y culturales, con los que han co-evolucionado en la historia, el hábitat en donde se arraigan los significados culturales de su existencia. Estos son intraducibles en valores económicos. Es aquí donde se establece el umbral entre lo que es negociable e intercambiable entre deuda y naturaleza, y lo que impide dirimir el conflicto de distribución ecológica en términos de compensaciones económicas».
Alternativas emancipatorias
Cuestionemos la creencia mayoritaria que la democracia vigente es antagónica a la dictadura genocida de los setenta para destapar que los poderes establecidos con terrorismo de estado siguen acumulando riquezas mediante el acaparamiento extractivista de bienes comunes gracias al régimen latifundista que, en simultáneo, les legaliza-legitima reterritorializar esa ocupación e invasión económica territorial. También han consolidado su dominio sobre nosotros con el actual Estado supranacional-nacional en guerra de amplio espectro contra nosotros, los oprimidos.
Sin atender que nuestro Estado se ha transnacionalizado por representar el poder económico de oligopolios locales e imperialistas, el Frente por la Soberanía Nacional procura la estatización tanto del control sobre estos exportadores como del comercio exterior. Pretende concretarla para la distribución de beneficios de ese saqueo-envenenamiento con lo cual refuerza La República Unida de la Soja como Syngenta denominó -a principios del siglo- a los países de Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Argentina cuya exportación depende de la Cuenca del Río de la Plata.
El Frente por la Soberanía Nacional no revisa sus objetivos. Mira hacia conseguirlos mediante unión abajo por articulación superestructural pero no arraigada y sus objetivos (nacionalizaciones, parlamentarismo, burocratización o vanguardismo de las luchas abajo) son compartidos con las izquierdas mayoritarias. En contraposición, el arraigo en la autodeterminación de naciones-comunidades lo están haciendo las luchas en defensa de todos los territorios de Argentina que se dan para emanciparlos de los extractivismos y afirmarse en la vida-salud planetaria.
Estas luchas de las autoorganizaciones comunitarias de vecinos y de pueblos originarios tienen mayores raíces en la realidad profunda de Argentina y tienen perspectivas de futuro hacia buenos vivires populares. Porque procuran erradicar los extractivismos que concentran y transnacionalizan tanto la economía como el territorio de Argentina.
Los extractivismos implican retroceso del país a especializarse en exportar commodities y sumirse más en subdesarrollo o mayor pobreza estructural, incapacidad científico técnica para atender necesidades e intereses populares, sometimiento al sistema mundo capitalista. Resultan no sólo del gobierno de Macri sino de toda la democracia fiel a lo instaurado por el contubernio de capitales y estados imperialistas con los locales mediante terrorismos paraestatales y estatales en los setenta, cuyos comienzos llevó a cabo el gobierno constitucional de Perón-Perón. Aún más, la actual democracia esencialmente contrainsurgente se empeña en viabilizar el acelerado acaparamiento gran capitalista de bienes comunes sobre todo derrotando las luchas de los expoliados, la concreta por: maceración ideológica, desinformación, desnutrición, superexplotación laboral y creciente exclusión social e informalidad económica.
Escuchemos y reflexionemos sobre cómo el contubernio de megamineras transnacionales con poderes locales se esmeran en imponer sus negocios criminales.
Las amenazas que estamos recibiendo son una continuidad de sucesivas provocaciones, represiones y atentados.
Comenzaron en las violentas represiones en Amaicha, Quilmes… En Andalgalá el 15 de Febrero de 2010.
Continúa en el atentado, simulado como un robo, contra la abogada de PRO ECO, arrojada al vacío desde un primer piso y que la dejará imposibilitada de caminar en forma normal.
COMO CONSECUENCIA del juicio contra MINERA ALUMBRERA, que sentó en el banquillo de los acusados a un GERENTE y un CEO de Minera Alumbrera por cometer delitos de contaminación de lesa naturaleza y LESA humanidad.
Más recientemente nuestros compas DE LA ASAMBLEA EL ALGARROBO, fueron violentamente detenidos y torturados física y psíquicamente durante 15 dias en el mes de ABRIL del 2021.
Nuevamente Están creando un clima de violencia, para justificar nuevas represiones individuales y colectivas.
Denunciamos estos ataques que utilizan mano de obra desocupada de la represión, están sostenidos política y materialmente por la DICTADURA MINERA que promueven MINERA AGUA RICA ALUMBRERA Y LOS GOBIERNOS NACIONAL, DE CATAMARCA Y LAS AUTORIDADES DE LA UNT.
Somos la alegria de defender el agua y la vida, el derecho de todos nosotros, y de quienes todavia no nacieron.
Y nadie es extranjero en la defensa de la Madre Tierra.
Extranjeros son quienes la venden!
Valoremos cómo luchan diversidades de abajo por la Vida, el Agua y la Autodeterminación pese a sucesivas provocaciones, represiones y atentados.
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