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Asambleando el mundo*
La experiencia de la Unión de Asambleas de Comunidades en las luchas socioambientales en Argentina
Laura Álvarez**
Debates en Sociología N° 45, 2017, pp. 113-140 ISSN 0254-9220
* Este título se basa en una frase que surgió en la regional litoral de la UAC, donde escribieron «cuidar el territorio y asamblear el mundo» (entrevista a Cristina Tejedor, 8 de diciembre de 2017).
Según la Real Academia Española (RAE), las palabras «asamblear» y asambleando no existen. Sin embargo, dejar esta última en el título es importante, porque refiere a la forma no fija que tiene la organización política de la UAC, refiere a un proceso. En este sentido, refleja mejor la idea que la palabra «asamblea». En inglés, claro, tampoco existe esta palabra. Por lo tanto, se buscó hacer la mejor traducción posible de la idea, aunque su significado es mucho más complejo que «hacer del mundo una asamblea».
** Licenciada en Ciencia Política, magíster en Sociología Económica de la UNSAM, doctora en Ciencias Sociales por la UBA y posdoctora de TrAndes (UF Berlin y PUCP). Correo electrónico: lauralvhu@gmail.com
Fecha de recepción: 01/03/18. Fecha de aceptación: 11/12/18
https://doi.org/10.18800/debatesensociologia.201702.005
enlace a versiòn completa: https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/view/21189/20902
Debates en Sociología N° 45, 2017
Asambleando el mundo. La experiencia de la Unión de Asambleas de Comunidades en las luchas socioambientales en Argentina
RESUMEN
Este artículo es el resultado de un estudio de caso sobre la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC), una reunión socioambiental creada en 2006 a partir de la confluencia de varias asambleas ubicadas principalmente en el territorio argentino. El objetivo de este artículo es trazar una genealogía de la UAC y distinguir las principales características de su forma de organización, que la convierten en una experiencia única en el país. Se destaca su doble funcionamiento como red y como reunión, la diversidad de actores y problemas socioambientales abordados, la rotación y su alcance más allá de lo local, entre otros. En cuanto a la metodología, este trabajo forma parte de una investigación exploratoria sobre un caso escasamente investigado y, por lo tanto, pretende básicamente acercar al lector al tema a través de una metodología cualitativa y de fuentes de información tales como el material de la propia organización, observaciones y entrevistas orientadas básicamente a describir las principales características de la UAC, su emergencia y su contexto, respetando la visión de los actores sociales involucrados en ella.
INTRODUCCIÓN
El objetivo principal de este trabajo es hacer una genealogía de la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC)1 y distinguir sus principales características organizativas.
Por tratarse de una investigación exploratoria sobre un caso poco investigado en profundidad, busca privilegiar la descripción de la unidad de análisis para acercar al lector al fenómeno en cuestión.
El análisis que aquí presentamos forma parte de un estudio de caso que puede incluirse dentro de la categoría «estudio de caso intrínseco», debido a que fue construido a partir del interés en el caso en sí mismo y no por la potencial generalización de sus resultados (Kazez, 2009; Neiman y Quaranta, 2006). Sin embargo, consideramos que su importancia también radica en que puede constituirse en un aporte para iluminar problemas de investigación de trabajos conceptuales o empíricos más amplios, acercándose así también a un estudio de caso del tipo instrumental (Kazez, 2009). En este artículo en particular se abordan solo algunos aspectos del caso general, a partir de un recorte empírico y conceptual que, como indican Neiman y Quaranta (2006), siempre es subjetivo y parcial. En efecto, si el caso general de estudio es la UAC, en este trabajo solo nos centraremos en su génesis y en su forma de organización, cuyas características hacen de ésta una experiencia única en el país, destacándose por su doble funcionamiento en tanto red y asamblea, por la diversidad de problemáticas socioambientales abordadas y por su alcance más allá de lo local.
En este tipo de estudios de caso, la metodología es básicamente cualitativa y las fuentes de información se orientan, como explican Neiman y Quaranta (2006), a captar y describir la complejidad del fenómeno en estudio y su contexto, respetando la mirada de los actores sociales involucrados. Por este motivo, nos basamos principalmente en el propio cuadernillo de la UAC redactado por sus integrantes (utilizaremos la última versión, puesto que el cuadernillo es reactualizado permanentemente), en comunicados de la organización, en entrevistas realizadas en profundidad a miembros de asambleas que participaron en más de diez encuentros, así como en datos recolectados a través de la propia observación de la autora durante su participación en la UAC —de la cual es miembro desde el año 2008—, aunque también recurrimos a noticias y artículos especializados referidos a las distintas luchas socioambientales que aquí tomamos como antecedentes de ella, así como a otras experiencias y a cuestiones teóricas sobre conflictos socioambientales o movimientos sociales.
A lo largo de este artículo trataremos de utilizar «Unión de Asambleas de Comunidades» y no «Unión de Asambleas Ciudadanas» debido a que en el encuentro número 30, celebrado este año, la UAC se cambió el nombre, respetando sus siglas. No obstante, en algunos momentos del artículo, como por ejemplo en las entrevistas, deberemos respetar en viejo nombre de esta unión.
Respecto a los antecedentes teóricos, debemos tener en cuenta dos ejes fundamentales a la hora de analizar el tema que aquí nos concierne: el extractivismo y los conflictos socioambientales. Sobre el primer eje, cabe aclarar que aquí no volveremos sobre las características del modo de acumulación ni sobre la lógica de acumulación originaria reiterada o los mecanismos de despojo que ya abordamos en otros artículos previos (Alvarez, 2013, 2017, 2018). Solo mencionemos que existen varios trabajos que abordan el avance del «modelo extractivo», como Svampa (2012), Giarracca y Teubal (2010), Sacher (2015), Machado Aráoz (2009), Seoane (2012) y Navarro (2016). Muchos de estos trabajos hacen hincapié en que este proceso existe como correlato de la etapa actual del capitalismo, o más precisamente del neoliberalismo (Harvey, 2005; Collective Midnight Notes, 2012; Gudynas, 2009; Svampa y Antonelli, 2009). Otros sostienen que los mecanismos de despojo (o sea, de separación de las poblaciones de los medios de producción y subsistencia) responden a una lógica que se reitera regularmente en el desarrollo capitalista y, en este sentido, los mecanismos propios de la acumulación primitiva no serían exclusivos de la transición hacia el capitalismo, sino que seguirían siendo constitutivos de aquel (Bonefeld, 2012; De Angelis, 2012).
Con relación al segundo eje, si bien aquí no nos centraremos en los conflictos socioambientales que se fueron gestando a lo largo del territorio, es inevitable mencionar aquellos que influyeron en la conformación de la UAC y que forman por lo tanto parte de su propia genealogía. Existen varios estudios —incluidos algunos de la autora— que aportan en este sentido y en los que nos apoyamos para realizar esta genealogía de la UAC. Entre ellos pueden considerarse los trabajos de Schiaffinni (2003), Vara (2007), Delamata (2008), Merlinsky (2008), Machado Aráoz (2009), Svampa y Antonelli (2009), Comelli (2010), Wagner (2016), Wagner y Giraud (2011), Agosto (2014) y Álvarez Huwiler (2014). Deben tenerse en cuenta también los trabajos que refieren a otras redes —varias de ellas socioambientales— pertenecientes a otros territorios de América Latina, y más aún aquellos que mencionan, aunque no se centren en ella, la presencia de la UAC. Se encuentran, entre estos, la compilación de Alimonda (2011), los trabajos de Seoane, Taddei y Algranati (2013), Giarraca (2012), Svampa (2008), Navarro (2009, 2015), Wagner (2008) y Cerruti y Silva (2013). En estos trabajos se señalan diversas experiencias cuya acción, como señala Svampa (2008), generalmente se inició con reclamos puntuales, pero que en la dinámica de la lucha tendieron a radicalizarse incorporando cuestionamientos más sistémicos. Entre las mencionadas están la Coordinadora Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami), la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), la Conaie-Ecuarunari del Ecuador, el Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq), la Red Mexicana de Afectados por la Minería, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales (ANAA), el Movimiento de Afectados por las Represas, el Consejo de Defensa de la Patagonia chilena, el Movimiento Nacional Anti Represas de El Salvador (Monares), la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon) y el Movimiento Centroamericano contra las Minas, entre otros.
La estructura del artículo cuenta con tres partes, además de esta introducción.
En la primera parte, reconstruiremos la genealogía de la UAC, concentrándonos en los antecedentes inmediatos de su creación y sobre todo en el conflicto de Esquel.
En la segunda, nos detendremos en las características de su modo de organización y los principios que la sostienen. Y en la tercera, por último, elaboraremos las reflexiones finales del artículo.
LA UAC (2001-2006)
De 2001 al conflicto de Esquel
En diciembre de 2001, un amplio proceso de movilización tomó las calles de variasciudades del territorio argentino reclamando «que se vayan todos». El famoso grito,que recorrió el país entero, fue fruto de un descontento masivo que no solo se dirigía al gobierno de turno sino a todos los poderes de gobierno, incluidos el Legislativo y el Judicial. Ese grito de rebeldía que tomó las calles era la expresión de un cansancio generalizado contra las formas políticas representativas en general y las políticas de ajuste que habían sido implementadas por los gobiernos neoliberales en Argentina.
Con el año 2001 no solo cayó el gobierno de Fernando De la Rúa sino también la convertibilidad al dólar que tenía hasta entonces la moneda argentina —instaurada por el gobierno de Carlos Menem— y que había sido eje del denominado «modelo neoliberal» desde la década de 1990 (Bonnet, 2011). Pero, desde luego, aquella insurrección de diciembre de 2001 era el resultado de un proceso de descontento y movilización acumulado desde varios años atrás, que se venía profundizando a partir de mediados del 2000 (Bonnet, 2011).
Luego de atravesar una de las peores recesiones que tuvo el país, en el año 2002 comenzaron a vislumbrarse rastros de cierta recuperación económica y estabilización política. El peronismo había llegado a las elecciones presidenciales con un candidato poco conocido: Néstor Kirchner, proveniente de la provincia de Santa Cruz en la Patagonia argentina, quien ganó en las urnas en 2003 tras la renuncia a la segunda vuelta de Carlos Menem. A pesar de provenir de un partido deslegitimado en la sociedad, gracias a una «restauración del orden» que había comenzado en gran parte su predecesor Eduardo Duhalde (también del PJ) y que incluía una devaluación y otras medidas que relegitimaban las instituciones como la corte suprema o las fuerzas armadas (Bonnet, 2015), el kirchnerismo generó ciertas condiciones para una mayor gobernabilidad. Así, la estabilidad política que fue adquiriendo el gobierno de Kirchner fue producto también de las medidas que buscaron amortiguar ciertos conflictos históricos que había vivido el país desde el regreso a la democracia (como algunas reivindicaciones de los organismos de derechos humanos). Sin embargo, subsistieron algunos conflictos y emergieron otros nuevos. Entre los nuevos, destacaron los conflictos socioambientales, que fueron proliferando bajo la sombra del auge de las exportaciones debido a los altos precios de los commodities provenientes especialmente del agro y la minería. A estos dos sectores se irían sumando otros, también incluidos por varios autores dentro de una «lógica de acumulación por desposesión», «nuevos cercamientos», «neoextractivismo» o «modelo extractivo exportador» (Harvey, 2005; Collective Midnight Notes, 2012; Gudynas, 2009; Svampa y Antonelli, 2009) 3.
El primer gran conflicto socioambiental de participación masiva tuvo lugar en la ciudad de Esquel, en la Patagonia argentina. Y en este caso nos detendremos espe- cialmente, porque fue el primer gran conflicto que se transformó en un hito para las asambleas socioambientales de este país.
Hasta julio de 2002, Minera El Desquite había sido dueña del yacimiento de oro y plata «Cordón de Esquel», situado en la provincia de Chubut. Fue en aquel mes del invierno cuando la empresa Meridian Gold Inc. (MG), de capitales canadienses, compraría las acciones de aquella empresa y anunciaría la iniciación de la etapa de explotación para el año siguiente. Y si bien los expertos de Meridian y el propio gobierno provincial aseguraban que las tecnologías de extracción que utilizaría la empresa resultarían inocuas para la salud de la población y el medio ambiente, un conjunto de vecinos —muchos de los cuales ya se encontraban movilizados desde el estallido social de diciembre de 2001— decidió recopilar y difundir información de manera independiente para confrontar con los dichos oficiales.
Así, presentaron en todas las instituciones una charla: el hospital, las escuelas, los barrios… Cuando fue invitado el hospital, fue su director —cargo que era político y tenía el mismo color político del gobernador, que era radical— y tres personas más. Dos éramos compañeros de trabajo, bioquímicos del laboratorio, y ya teníamos todo el discurso y el conocimiento previo de la asamblea y todo lo que habíamos leído en internet. Entonces hicieron la presentación y nosotros les hicimos las preguntas sobre todo (Viviana, integrante de la Asamblea de Esquel, entrevista realizada en diciembre de 2011).
En aquel momento, la crisis general que dio origen al estallido de 2001 también golpeaba a los 30 000 habitantes de Esquel, de los cuales el 40% se encontraba desempleado. Si bien se anunciaba la creación de cuatrocientos puestos de trabajo y la inyección de 120 millones de dólares en la economía local a partir de la puesta en funcionamiento del emprendimiento minero, el impulso de una sociedad que pugnaba por recuperar su capacidad de decisión y acción no se conformó con promesas provenientes tanto de la empresa como del gobierno de turno (Página 12, 4/5/2011).
En este sentido, Alejandro Corbeletto, uno de vecinos que formó parte del proceso que comenzaba a gestarse, sostenía que:
Teníamos muy presente lo que había pasado en el país con el 2001, la crisis de los partidos, las asambleas, el «que se vayan todos», el descreimiento absoluto hacia la dirigencia política. Creo que eso colaboró para que esta bomba [la masiva resis- tencia contra la minería a cielo abierto] estallara así. Sabíamos que no podíamos confiar en la clase dirigente. La gente dejó de lado la democracia representativa y tomó la democracia participativa. Otro gran ingrediente fue la información. El día que pusimos en un buscador de internet «consecuencias de la minería», nos aparecieron 50 000 notas. Ahí empezamos a entender en qué nos estaban metiendo (Página 12, 24/3/2008, citado en Álvarez y Composto, 2013).
Luego de analizar y discutir los datos relevados sobre los antecedentes de la gran minería a cielo abierto en otros lugares del mundo y de contactarse con otras experiencias de movilización en América Latina4, se realizó en Esquel una reunión de seiscientos vecinos que decidieron oponerse al desarrollo del proyecto y conformaron lo que denominaron «Asamblea de Vecinos Autoconvocados (AVA) por el no a la Mina».
Así, la primera movilización de la asamblea se llevó a cabo el 24 de noviembre de 2002 en repudio a una audiencia pública entre el gobierno provincial y Meridian, que debía realizarse días después con el objetivo de evaluar el Informe de Impacto Ambiental presentado por la empresa a fines de octubre y cuya inminente aprobación significaba el comienzo de las tareas para la futura explotación del yacimiento. La masividad de esta manifestación —y de otras que continuaron— logró la postergación indefinida de la audiencia pública mediante sucesivas leyes sancionadas por la legislatura provincial.
Desde aquel entonces, la movilización en Esquel no cesó de crecer y profundizarse en los meses sucesivos, presionando a la Legislatura con el fin de frenar el proyecto minero. De tal modo, en febrero de 2003, el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza prohibiendo el uso de cianuro en todo el municipio, derogó la adhesión municipal a las leyes nacionales de Inversión Minera y Reordenamiento Minero y facultó al Poder Ejecutivo para convocar a un referéndum sobre el emprendimiento minero, que fue ratificado por el intendente de Esquel. Tal como en Tambogrande —norte del Perú—, Esquel tuvo su consulta popular el 23 de marzo de 2003, cuyo resultado fue que el 81% de la población se expresaba por el «no a la mina». Si bien se trataba de un plebiscito no vinculante, su arrollador resultado provocó la sanción de la Ordenanza 33/03, que declaró a Esquel como «Municipio no Tóxico y Ambientalmente Sustentable». Luego, mediante la sanción de la Ley Provincial 5001, se prohibió la actividad minera metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro en ciertas zonas del territorio de Chubut, impidiendo la radicación de Meridian.
La gran movilización social de la población de Esquel se convirtió en un punto de ruptura para el movimiento socioambiental —y en especial para el sector minero— por tres razones fundamentales: (i) constituyó el primer cuestionamiento social organizado a este tipo de proyectos en el país, a partir del cual se fueron organizando las asambleas por el «no a la mina» como nuevo sujeto político; (ii) resultó exitoso en sus reivindicaciones, convirtiéndose en referencia de numerosos procesos de protesta contra estos megaproyectos extractivos que estaban instalándose en otras localidades y regiones —por lo cual algunos autores, como Svampa, Sola Álvarez y Bottaro (2009), lo denominan «efecto Esquel»—, y (iii) contribuyó fuertemente a la construcción de la «cuestión minera» como problemática social relevante, colocando en la agenda pública y mediática el debate acerca de sus consecuencias ambientales, sanitarias y socioeconómicas, así como la pertinencia y legitimidad del marco normativo vigente para el sector, llamando a las poblaciones a decidir sobre sus propios modos de vida (Álvarez y Composto, 2013).
En relación a la contribución del caso Esquel en las luchas que siguieron en otros territorios del país, dos integrantes de asambleas de otras provincias decían:
La consulta popular de Esquel fue emblemática reflejando la voluntad de un pueblo, esto sirvió para que creamos en nuestras posibilidades y, creo que les sirvió a los gobiernos para no [volver a] someter este tipo de decisiones a la decisión de los pueblos (Jenny, integrante de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito, entrevista realizada el 20/9/2013).
Por diversos canales llegó la noticia de lo ocurrido en Esquel y se desencadenó la lucha en esa zona, que luego se propagó a las otras zonas de la provincia. No hay pelea contra el extractivismo, en general, que no tenga a Esquel como referencia (María Teresa, integrante de la Asamblea Popular por el Agua, Gran Mendoza, entrevista realizada el 20/10/2013).
La multiplicación de los conflictos socioambientales y el surgimiento de la UAC
Luego de la experiencia de Esquel, se fue configurando una nueva «cartografía de resistencias sociales», marcada por el estallido de una oleada de luchas socioambientales en todo el país (Svampa, 2008). Expresión de ello fue la multiplicidad de asambleas y organizaciones sociales que comenzaron a surgir en las pequeñas y medianas localidades de la zona cordillerana y precordillerana, conformadas por vecinos autoconvocados que veían amenazadas sus condiciones y calidad de vida ante el avance de estos proyectos de minería a gran escala.
Para muchos de los propios asambleístas, la forma en la que comenzaron a orga nizarse era hija del proceso que comenzó en 2001 y que mencionamos al inicio de este artículo. Un punto fundamental de ese proceso fue el comienzo «por la negación, por la disonancia», es decir, «por el grito de rechazo: NO» (Holloway, 2002, 13)5.
Así lo explicaba Alejandro, integrante de la Asamblea de Bariloche y de la organización ecologista Piuké:
Empezamos a laburar con sistema asambleario que venía del 2001-2002 y se fue construyendo a través de los NO. Mucha gente hasta ese momento pensaba que tenía doctrinas y recetas para saber qué debería [hacerse] y entonces el que no tenía esas doctrinas y esas recetas se tenía que callar. Y entonces desde esa época empezamos a tratar de entender nosotros y compartir la idea de que, bueno, no es necesario saber qué es lo que queremos, pero saber qué es lo que no queremos ya era suficiente para empezar a participar.
Desde el año 2005, los conflictos contra la megaminería se hicieron sentir en varias provincias de la Argentina. Así, luego de Esquel, en la Patagonia tuvo como centro de conflicto a la localidad rionegrina Ingeniero Jacobacci por un proyecto que ya se encontraba en su fase de exploración (la mina quedaba a 60 kilómetros de aquella ciudad). Como producto de la resistencia que se desarrolló en aquel territorio con el apoyo de la Asamblea de Esquel, de organizaciones mapuches e inclusode aquellos que se sumaron desde San Carlos de Bariloche, en el invierno de 2005 se sanciona la Ley 3981, que prohíbe la minería con uso de cianuro y mercurio en dicha localidad 6 (Svampa, 2008).
Entretanto, en Mendoza el gobierno tuvo que suspender por algunos meses los permisos de cateo y exploración de minería metalífera por la presión del pueblo de San Carlos 7. Como consecuencia de esas luchas, en octubre de 2006 el Senado mendocino aprobó la suspensión del otorgamiento de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas. Y dos meses después, la Cámara de Diputados de Mendoza sancionó una ley por la cual se prohibía la explotación minera metalífera en la provincia mediante el uso de cianuro. Sin embargo, a los pocos días, el entonces gobernador Julio Cobos vetó «parcialmente» aquella ley, con el argumento de que era «inconstitucional» y porque «incorpora disposiciones que son de competencia exclusiva del Congreso de la Nación» (La Nación, 19/12/2006). Esto provocó la respuesta de la población de San Carlos y de aquellas poblaciones vecinas que se habían empezado a autoconvocar. Así lo relata un miembro de la Asamblea Popular por el Agua:
Las organizaciones sociales de General Alvear, San Rafael y Valle de Uco realizaron una actividad a la que denominaron «Ayuno y Actividad Cultural» en los alrededores de la legislatura provincial, en la ciudad de Mendoza, dado que allí se daría tratamiento a una ley que proponía suspender el otorgamiento de derechos mineros en la provincia hasta tanto no se contara con un plan ambiental.
Esta ley, sancionada por la legislatura, fue vetada por el entonces gobernador de la provincia Julio Cobos. En respuesta a estos hechos, en diciembre se organizó la Asamblea Popular por el Agua del Gran Mendoza. La articulación de esta asamblea con los otros grupos existentes dio por resultado la Asamblea Mendocina por Agua Pura (AMPAP) (Zangaro, 2012).
Así, en General Alvear se llevaron a cabo jornadas de protesta, corte de rutas, movilizaciones y paro que produjeron el rechazo del Senado a aquel veto de Cobos, y la posterior sanción de la Ley 7722 que prohíbe la explotación minera con uso de cianuro y sustancias tóxicas similares. De este modo, las empresas trasnacionales mineras que se encontraban ya invirtiendo en el territorio mendocino (como Exeter y Latin American Mineral Argentina) tuvieron que suspender sus proyectos.
En La Rioja, la protesta tampoco se hizo esperar. En el año 2005 la conocida empresa Barrik Gold había obtenido el derecho para realizar exploraciones en el Nevado de Famatina, cerro que puede observarse desde la localidad que recibe su mismo nombre y desde Chilecito, ambos pueblos epicentro del conflicto con la empresa. Ambas comunidades, organizadas en asambleas, obligaron a sus concejos deliberantes a declarar por ordenanza a sus departamentos como «no tóxicos y ambientalmente sustentables». Pero las asambleas continuaron organizándose en la provincia y realizando un corte sostenido en el acceso minero de Peñas Negras8 (primero contra la empresa Barrik, luego contra Sandong Gold, y en 2011, contra Osisko)9.
Mientras tanto, en Jachal (provincia de San Juan, Argentina), vecinos autoconvocados de Jachal, Madres Jachaleras y Calingasta exigían un plebiscito para tener derecho a decidir sobre la puesta en marcha de varios emprendimientos mineros.
En ese entonces, empezaba a funcionar la mina Veladero, de la empresa Barrik Gold, casi en paralelo a la ratificación de un acuerdo binacional, el cual permitiría la instalación del megaproyecto minero Pascua-Lamaen la frontera entre Chile y Argentina10. Pero lejos del plebiscito reclamado, la mina empezó a funcionar y actualmente cuenta con varios hechos de contaminación que la obligaron incluso a suspender su actividad por un tiempo (para saber más detalles sobre la historia de Jachal, ver Iezzi, 2011).
Respecto de los conflictos socioambientales referidos específicamente a la problemática minera, en el año 2003 se había conformado una red de Comunidades Afectadas por la Minería (CAMA), que contaba con la participación de miembros de las provincias de Catamarca, Chubut, Río Negro, San Juan y Tucumán, y que organizó algunos encuentros en Buenos Aires, Tucumán y Catamarca.
Pero, además de los conflictos en el sector minero previos a la conformación de la UAC, otros conflictos socioambientales adquirieron importancia. Por ejemplo, aquellos que emergieron contra las fumigaciones y las pasteras. Respecto del primero, en 2002 comenzó a reunirse en la provincia de Córdoba un grupo de mujeres conocidas como «las madres de Ituzaingó», junto a otros colectivos ambientalistas y de derechos humanos, quienes sacaron a la luz problemas de contaminación en la zona debido a un conjunto de causas: el PCB de los transformadores, los campos magnéticos de los cables de media tensión, los plaguicidas de los cultivos de soja que llegan al borde mismo del barrio, etcétera (Lipcovich, 2003). Esta problemática fue tomando cuerpo en varias redes además de la UAC. Se formaron redes específicas, como la «Red de Médicos de Pueblos Fumigados» o «Paren de Fumigar».
Y gracias a las campañas y a un bloqueo que se sostuvo por un largo período, los vecinos y vecinas de Malvinas (cerca de la ciudad de Córdoba) lograron, hace dos años, que la empresa Monsanto cerrara su megaplanta de elaboración de semillas transgénicas ubicada en aquella localidad (para saber más detalles sobre este caso, ver la compilación de Patricia Agosto, 2014).
Con respecto al conflicto de las papeleras, su origen se remonta a 2004, en el litoral argentino (su foco fue en Gualeguaychú y Colón, provincia de Entre Ríos), cuando el gobierno uruguayo autoriza a la empresa finlandesa Botnia a avanzar con una planta de pasta de celulosa que afectaría el río que divide Argentina de Uruguay. Pero el proyecto de Botnia no era el único. El movimiento que se gestó tuvo otro frente: un proyecto autorizado en 2003 de la empresa española Empresa Nacional de Celulosa España (ENCE), con capacidad para producir 500 000 toneladas anuales de pasta de celulosa. Pero el proyecto de la papelera de Botnia comprendía una planta de fabricación en Fray Bentos de pasta celulosa con el doble de capacidad de ENCE, sumada a una fábrica de productos químicos y un puerto de barcazas para la salida de la producción.
La primera movilización masiva de 40 000 personas que se realizó en el puente fronterizo denunciaba ambos proyectos por la contaminación que generaría en las aguas del río Uruguay e inauguraba lo que luego se transformaría la principal herramienta de la protesta: el «corte de ruta», que bloqueaba el puente fronterizo que une Argentina con Uruguay (Merlinsky, 2008). Se constituía así la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú (ACAG), y otras asambleas del litoral, como la Asamblea ambiental de Colón y la Asamblea Ambiental del Concepción del Uruguay, a la vez que se potenciaba la difusión de la problemática ambiental que comenzaba a tener eco en la opinión pública en general. El año siguiente, en la primera movilización, la manifestación sobre el puente fronterizo del río Uruguay contaba con 80 000 a 100 000 personas (Vara, 2007). Tal fue el apoyo que recibió la lucha de Gualeguaychú, Colón y Concepción del Uruguay, que miles de personas, ya fueran independientes, de otras asambleas, de colectivos ambientales o de partidos políticos de todo el país (aunque sus miembros se incorporaran de forma individual) y el mundo, participaron en las distintas manifestaciones que fueron realizándose todos los años.
Por último, entre otros antecedentes de la UAC también debemos mencionar la organización de la Asamblea Patagónica contra la Contaminación y el Saqueo, que se desprendía, a su vez, de la Coordinadora Patagónica de la Comarca Andina. En efecto, la UAC llevaría la misma la consigna que aquella coordinadora: «contra el saqueo y la contaminación».
LA EMERGENCIA DE LA UNIÓN DE ASAMBLEAS DE COMUNIDADES
Todos los conflictos mencionados en el apartado anterior hicieron que algunas asambleas y colectivos ambientalistas decidieran reunirse en agosto de 2006, bajo el nombre de «Foro Nacional de los Pueblos Autoconvocados Ambientalistas», en Colonia Caroya, Córdoba, provincia argentina en la que funcionaría, al mes siguiente, la cumbre de los presidentes del Mercosur. En este foro participaron miembros de distintas asambleas del país debido a: (i) la problemática de las pasteras, la Asamblea de Ciudadanos de Colón (Entre Ríos), la Asamblea de Ciudadanos de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y la Asamblea de Ciudadanos de Ubajay (Entre Ríos), todos ellos por el tema de las pasteras, y (ii) la problemática de la megaminería, los Vecinos Autoconvocados de Jachal (San Juan), más específicamente las Madres Jachaleras, los Autoconvocados de Calingasta, (San Juan), Asamblea de Lago Puelo (Chubut), Coordinación Patagónica, Alianza de los Pueblos del Oeste Catamarqueño, Autoconvocados de Famatina (La Rioja) y la Sociedad Ecológica de Colonia Caroya (Córdoba) (Foro Nacional de Pueblos Ambientalistas Autoconvocados, 2006). Como resultado de aquel encuentro, y en paralelo a la cumbre de los presidentes del Mercosur, el 21 de julio se creó la Unión de Asambleas de Comunidades (UAC). En ese primer encuentro de la UAC, se organizaron varias protestas similares en Colonia Caroya (Córdoba), el Hoyo (Neuquén), Mendoza, Catamarca y San Juan, donde los habitantes también denunciaron problemas de contaminación ambiental. (Página 12, 7 de agosto de 2006).
Fue un buen comienzo y decidimos que el nombre debía ser bien amplio y genérico para contener a todas las asambleas del país. Luego de un largo intercambio y debate, se acordó mayoritariamente por Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC) con el objetivo de que pronto puedan participar muchos otros colectivos, con otras problemáticas (UAC, 2017, p. 2)11.
La idea es que se vayan incorporando a la UAC más y más asambleas del país entero, por eso el nombre de la organización es tan genérico —Unión de Asambleas Ciudadanas—, y la terminamos llamando UAC, por supuesto. (RodríguezPardo, integrante de la UAC, en una entrevista realizada por El grito argentino, 2009).
Desde entonces, la UAC conformó una red integrada por gran parte de las expresiones de resistencia contra las diversas formas de contaminación. Nos referimos con red, al igual que Berger, a «un actor colectivo que muchos otros movilizan: la red no es la fuente de la acción sino la conexión de una cantidad de entidades, diversidad de demandas y posicionamientos que conforman», de un modo no jerárquico, «conectando o desconectando experiencias y mundos, formas de vida, relatos…»12 (Berger, 2014, p. 201). No obstante, haremos una salvedad. Berger afirma que son denominadores comunes de las redes «la autoorganización de una diversidad de actores, la confluencia de personas, colectivos, discursos e instituciones entramados en múltiples acciones de defensa de derechos, más que por la definición de un programa político, por la comprensión construida en común sobre las causas y causantes de los problemas, sobre las alternativas de acción, sobre los sentidos de justicia y de la participación política que se ponen en juego» (las cursivas son nuestras). Si bien concordamos en general con el planteamiento del autor, cabe diferenciar los distintos momentos que tiene una red desde sus inicios. En este sentido, por ejemplo, en el presente de la UAC sí existe una comprensión construida en común sobre los sentidos de participación política, justicia, causantes de los problemas, etcétera, no en tanto programa político partidario, pero sí como acuerdos y explicaciones comunes.
Como afirmaban Svampa, Solá Álvarez y Bottaro ya el año 2009: «la UAC se ha convertido en un lugar de intercambio y nacionalización de las experiencias y, por ende, de ampliación de las demandas».
A la UAC fueron sumándose grupos y asambleas que enfrentaban distintas pro-blemáticas que serían incluidas dentro de aquello que empezó a caracterizarse como un «modelo de saqueo y contaminación». Y con el correr de los años se irían incorporando en la UAC otras problemáticas en conflicto, como petroleras, curtiembres, monocultivos, deforestación de bosques y destrucción de humedales, expropiación de territorios a comunidades originarias, represas, contaminación urbano-industrial, incluyendo lo cultural-comunicacional, hasta proyectos relacionados con la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) (UAC, 2017).
Ante el crecimiento de proyectos extractivos emprendidos por empresas multi-nacionales desde esos años, la UAC se propuso: articular y potenciar las distintas luchas que en los últimos años han emergido en todo el país y América Latina para repudiar el avance sistemático de los emprendimientos destructivos con la convicción de que la movilización popular y autodeterminación de nuestras comunidades es la única vía para lograr una economía equitativa, respetuosa de los ecosistemas, las economías regionales, las culturas e identidades locales (UAC, 2017, p. 2).
Pueden señalarse distintas razones que llevaron a las asambleas a unirse. Entre ellas, las más frecuentes son: (i) lograr que el reclamo trascienda el territorio paraobtener mayor visibilidad; (ii) buscar una articulación de acciones para que sean más efectivas, y (iii) aprender de las diversas experiencias. Con respecto a la primera, la articulación con otras asambleas y colectivos se convertía en una condición necesaria, debido a las limitaciones de acceso a recursos y medios de comunicación, ya sea por distancias geográficas o por limitadas condiciones económicas que dificultan el traslado a las grandes ciudades donde se concentra el poder político (cristalizado en los edificios de organismos públicos) y comunicacional (como las agencias de los grandes medios de comunicación). Es decir, hacer visible un reclamo requiere, en muchas ocasiones, traslados para conectarse con medios de comunicación que se concentran en las grandes ciudades y para reclamar ante los organismos públicos. Articular con asambleas de las grandes ciudades permitiría a asambleas de pueblos más chicos hacer visible un reclamo.
Respecto de la segunda razón, la necesidad de unirse también tiene un origen en la dificultad para llevar a cabo una acción directa 13.
Pongamos un ejemplo. Antes de la convergencia de las asambleas, cuando una de ellas decidía hacer un bloqueo a una empresa, en general no lograba cortar con facilidad todos los caminos donde podían transitar los camiones de dicha empresa. Por lo tanto, con el objetivo de hacer efectiva la acción —articular los bloqueos— se volvió un requisito fundamental para conseguir que los camiones de las empresas no puedan llegar al territorio en cuestión, pasando por caminos alternativos. Así ocurrió en varias ocasiones en la región del Cuyo, en el noroeste argentino. Y la tercera razón es la que se define en algunas de las entrevistas aquí transcriptas donde se hace referencia a la necesidad de aprender de otras experiencias, tanto de aquellas que fueron «exitosas» como de las que aún no lo fueron. Un ejemplo sucede con las consultas populares. Existen lugares como Esquel, donde las consultas fueron realmente exitosas, pero otros lugares donde los gobiernos y las empresas tienen abundantes recursos para lograr una campaña efectiva a favor de la minería. Todas estas razones suelen resumirse en la consigna «la unión hace la fuerza» que expresan habitualmente los propios asambleístas.
Cabe señalar, por último, que más allá de los motivos específicos que hayan tenido las asambleas ambientales para unirse, esta articulación tiene antecedentes en coordinadoras de asambleas en Argentina (como las coordinadoras posteriores al movimiento asambleario de 2001), en coordinaciones —incluso internacionales— de movimientos sociales y campesinos (como el Movimiento sin Tierra de Brasil) y en redes de ONG. No obstante, la particularidad de la UAC es que confluyen tanto los reclamos y características de organizaciones ambientales con las características de la forma de organización asamblearia propia del proceso del 2001 argentino (Svampa, Solá Álvarez y Bottaro, 2009).
Con el correr del tiempo, la UAC, las distintas asambleas y las regionales que también fueron generándose lograron instalar en la opinión pública varios «NO», como el «no a la mina», y las razones por las cuales levantaban esa consigna. Y mientras aquellas daban pasos agigantados en el período de gestación, las empresas, los gobernadores provinciales y el gobierno nacional (tanto el de Néstor Kirchner como el de Cristina Fernández) emprendieron una fuerte campaña que se focalizó en tres argumentos centrales. El primero radicaba en que aquellos que protestaban contra los proyectos de las actividades extractivas estaban atacando el desarrollo (llegando incluso a tildar a los ambientalistas de «ecofascistas» o «ecoterroristas»), y con ello, las posibles fuentes de trabajo que aquellas actividades generaban. El segundo argumento sostenía que, en el caso de la minería, llevar adelante esta actividad era la única forma que tenían algunas provincias «cuasi desérticas» de lograr un desarrollo.
Y el último argumento se centraba en que las divisas que ingresaran podrían ser utilizadas para el desarrollo de todo el país (Álvarez Huwiler, 2013).
Finalmente, es importante señalar que en los últimos años (tanto en los de Cristina Fernández de Kirchner como en los del gobierno de Mauricio Macri) todos estos conflictos continuaron. Se organizaron nuevas asambleas, nuevas regionales, y surgieron otras disputas territoriales contra la instalación de los proyectos megamineros, fumigaciones, semillas transgénicas, y hace pocos años también se sumaban las luchas contra la técnica de fracking, método no convencional para extraer hidrocarburos. Pero a medida que iban creciendo los conflictos, en estos años se incrementaron hechos represivos en varias de las provincias contra las manifestaciones, muchas veces masivas, que se sucedieron a lo largo del territorio argentino (para poner un ejemplo que tuvo mucha repercusión, puede mencionarse el caso de Andalgalá, en la provincia de Catamarca, el de Famatina y Chilecito en la Rioja, en Jachal en San Juan, y más actualmente en el sur con el conflicto de tierras mapuches), así como aumentaron los casos de criminalización de las protestas (al respecto puede leerse, la «Declaración de la UAC sobre la Criminalización y Judicialización de la Protesta Social» publicada por ANRED en febrero de 2010). No obstante, las asambleas tuvieron varios logros, entre los cuales se puede destacar la sanción de nuevas leyes contra la megaminería en algunas provincias y localidades; la Ley de Glaciares, pese a su falta de correcta implementación, y por último, varios avances en una campaña de difusión contra el desarrollo de esta actividad, y en la que se reclama una consulta a las poblaciones donde las grandes empresas pretenden establecerse; así como también el cierre de la planta de Monsanto y la prohibición de uso de fracking en la provincia de Entre Ríos, por mencionar solo algunos éxitos de las asambleas y de la red que las integra.
CARACTERÍSTICAS DE LA UAC
En este apartado, basándonos básicamente en el propio cuadernillo de la UAC y en sus comunidades, en entrevistas realizadas a miembros que hubieran concurrido a más de diez encuentros, así como en las observaciones de la propia autora, buscaremos dar cuenta de las principales características de esta unión de asambleas que hacen de esta un espacio único en Argentina. Empecemos por definir qué es la UAC.
La UAC es una red/encuentro que se reúne dos veces por año en distintos lugares del país, y en la que confluyen más de 250 organizaciones y asambleas. Ya cuenta con treinta encuentros realizados. Hablamos de red/encuentro porque la UAC cumple esa doble función. Si bien se denomina UAC al encuentro mismo que se reúne dos veces por año, entre cada uno de estos encuentros se han generado distintos canales de comunicación que sirven para el accionar de la red que es un elemento central, a su vez, de la propia UAC. Entonces, por un lado, la UAC es un encuentro que se reúne en comisiones y plenarios durante aproximadamente tres días dos veces al año. Las decisiones se resuelven en esta instancia, en el marco de un plenario y la UAC (2017) «se construye a sí misma en su encuentro, en su accionar».
Pero, al mismo tiempo, la UAC puede considerarse una red que funciona más allá de esos días de reunión. A lo largo de los años de existencia de la UAC, se han creado formas de enlazar la red entre un encuentro y otro. Así explican quienes participan de este encuentro la capacidad para construir una red comunicacional:
Como red de comunicación para los casos de represión, ha demostrado su eficacia; cuando el problema trasciende los límites del territorio en conflicto, la hermandad se pone de manifiesto: desde adhesiones, llamadas telefónicas, aportes con dinero, hasta acercamiento personal a la zona (María Teresa, integrante de la Asamblea Popular por el Agua, Gran Mendoza, entrevista realizada el 20/10/2013).
El propósito del encuentro UAC es «intercambiar, discutir y proponer acciones conjuntas, en defensa de los bienes de la naturaleza, los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos» (UAC, 2017, p. 1). Y a su vez, «se propone luchar contra la criminalización y judicialización de la protesta social y la militarización de los territorios en conflicto» (UAC, 2017, p. 1).
Es un espacio de encuentro, de tejer redes, de reflexión y debate, donde nos aprehendemos, nos compartimos, nos decidimos, nos fortalecemos, nos esperanzamos, nos acompañamos. Significó para nuestras asambleas dejar de abrazar el cerro como único problema y comprender que hay muchos problemas con el mismo impacto en las comunidades, y luego aprendimos que el padre de todo esto se llama modelo extractivista. Ahora no nos alcanzan los brazos para abrazar tantas causas (Jenny, integrante de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito, entrevista realizada 20/9/2013).
Antes de adentrarnos en las características, cabe aclarar que algunas de ellas forman parte de los criterios que sostiene la propia UAC y otras forman parte de las características señaladas por sus propios miembros, pero no como un principio sino como resultado del accionar. Por falta de espacio, aquí no haremos una distinción analítica entre «criterios» y «características», porque todos pueden englobarse para describir la forma de organización.
A su vez cabe aclarar que, entre las características más importantes de la UAC, algunas son similares a las que pueden identificarse en las asambleas barriales que emergieron en 2001 —y, en general, en la forma tradicional de autoorganización que trasciende el territorio argentino, desde la comuna de París a los consejos obreros en Europa y a la organización zapatista en Chiapas (en la selva Lacandona, sur de México), entre otros de los más variados ejemplos que podríamos mencionar—, y otras características que son particulares de esta unión de asambleas. Entre todas ellas pueden identificarse las siguientes:
(i) estructura horizontal;
(ii) decisión por consenso;
(iii) ausencia de cargos rentados o permanentes;
(iv) funcionamiento de comisiones abiertas;
(v) rotación en los organizadores y en el lugar del encuentro;
(vi) multiplicidad de problemáticas socioambientales que se abordan;
(vii) heterogeneidad en los miembros que participan, y
(viii) autonomía. Analicemos cada una de estas características.
Respecto del primer criterio, la UAC se propone «accionar de manera conjunta en la lucha por la vida, manteniendo la horizontalidad en la toma de decisiones».
Con horizontalidad se refiere a que cada una de las personas que participan en el encuentro tiene la misma oportunidad para decidir que el resto. Como su nombre lo indica, es lo opuesto a una estructura vertical jerárquica y, por lo tanto, «no existe un comité directivo ni de gestión, ni autoridades, ni voceros» (UAC, 2017, p. 2).
En palabras de Claudio, uno de los integrantes de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito (entrevista realizada el 12 de diciembre de 2009):
La horizontalidad de la UAC, fundamentalmente, rompe con las maneras de la vieja política y, por lo tanto, posibilita y promueve discusiones y lecturas que cuestionan e interpelan las jerarquías; a diferencia de los espacios políticos vertica- listas como gremios y partidos que reproducen y legitiman un orden que fortalece la forma delegativa de la democracia representativa. La horizontalidad en la UAC es un principio y también una condición estrechamente vinculada al concenso.
Esta característica, como afirma Claudio, «es un principio y también condición», pero nunca es completa en ninguna organización, es decir, no hay una «horizonta- lidad pura». Como afirma Ouviña (2003) al referirse al fenómeno asambleario de la Ciudad de Buenos Aires posterior al 2001:
Con referencia a los numerosos debates generados en torno a las limitaciones y potencialidades de la democracia directa, las asambleas han dado cuenta de esta tensión en sus propias prácticas. Desde sus orígenes, fueron conscientes de que la horizontalidad, si bien imprescindible para la construcción permanente de nuevos vínculos, no puede, bajo ningún concepto, devenir en un «fetiche» remedio de todos los males (p. 81).
No obstante, con todas las complejidades del tema y las contradicciones que puede tener en lo concreto esta forma de organización adoptada por la UAC —y por las asambleas post 2001, en general—, este principio ha seguido guiando el accionar del colectivo y afirmándose en sus doce años de existencia. Pero, parafraseando a Holloway, a la hora de mencionar esta característica es mejor no emplear el sustantivo horizontalidad sino utilizar un verbo que dé cuenta más bien de un proceso de «horizontalizar» estructuras, porque se trata de un estado de búsqueda permanente de la horizontalidad. «Un sustantivo no puede expresar el tipo de sociedad que queremos. Un organizar social autodeterminante no puede ser contenido en un sustantivo» (Holloway, 2014, p. 439).
Con relación a esta cualidad, cabe destacar que, si bien el espacio ha tenido figuras que se fueron destacando por su trayectoria personal o por sus años dentro de la misma red, la UAC ha encontrado el modo de reconocer y dar lugar a esas figuras sin abandonar este «horizontalizar», es decir, sin dejar uno de los principales mecanismos de democracia directa. En ese sentido, a nuestro entender hay dos cuestiones que colaboran a que ello suceda. En primer lugar, en los encuentros de la UAC se da un lugar importante a un planteo de dudas, o parafraseando a los zapatistas, se busca «caminar preguntando». No existe una necesidad constante de encontrar certezas (a diferencia de la estructura de izquierda tradicional, donde la duda es sinónimo de inconsistencia o de poca formación política). Y en este sentido, también, se afirma que la UAC «se redefine constantemente» (UAC, 2017, p. 52).
Con respecto al segundo criterio, como afirma Claudio —integrante de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito—, «horizontalidad y consenso nos hacen protagonistas, hacedores de nuestras decisiones políticas y territoriales».
En la UAC, las decisiones se toman por consenso, criterio que se explica por dos motivos: el primero es que las opiniones son heterogéneas (es decir, diversas), y el segundo, que las mejores razones para decidir no necesariamente pertenecen a la mayoría de los miembros. Las decisiones por mayoría en las democracias representativas, en general, se implementan bajo la forma de la votación. Y como en la UAC no se decide por mayoría, tampoco se ejerce el voto. Pero, además, decidir por consenso implica comprender que las decisiones tomadas en función de la cantidad pueden aplacar no solo a las minorías, sino también a la propia riqueza del debate.
Se permite entonces el disenso y, en el caso de no llegar a una resolución común, se analiza la posibilidad de dejar una definición del tema para más adelante. Con relación a este punto, concordamos con Ouviña (2003) en que llegar a acuerdos vía consenso: evidencia una notable madurez social ligada a una nueva forma de construcción basada en la confianza, el respeto y la escucha de esa pluralidad de voces habitada por el hacer-pensar, estando contenidos los fines propuestos en los propios medios de construcción (p. 82).
Por último, cabe destacar que el consenso también permite que las decisiones tomadas adquieran mayor legitimidad que en el caso de que una minoría tenga que someterse a la decisión tomada por una mayoría.
La tercera característica importante es la inexistencia de cargos rentados o per manentes, por identificarlos con una tendencia histórica a la burocratización de las organizaciones. En este sentido, la rotación generalmente es opuesta a la burocra- tización de roles en una organización. A su vez, este criterio se superpone con la cuarta característica, esto es, la existencia de comisiones abiertas. Si bien la UAC cuenta con comisiones de trabajo entre un encuentro y el siguiente (como la comisión de prensa, la de reflexión, legales, de educación y otras que han ido variando con el tiempo), estas son abiertas, es decir, cualquier persona que sea miembro de la UAC tiene derecho a participar en alguna de estas comisiones. Y aunque haya miembros de esas comisiones que participaron más tiempo que otros, su composición ha ido variando (e incluso fueron en algunos momentos más numerosas que en otros). Y existen roles como los de coordinación de las comisiones o del plenario, o en la acreditación, pero esos roles no tienen nombres, sino que han ido cambiando a lo largo de los treinta encuentros cumplidos hasta este mediados de 2018.
La rotación en la organización del encuentro y del lugar en el que se realiza es el quinto criterio importante de la UAC, que «nació del sentido común, de des- plazarse y mover a la UAC por los territorios» y «dieron mucha visibilización a la UAC» (entrevista a Juan Alaimes, integrante del colectivo Trama la Tierra Acción Audiovisual y de la comisión de prensa de la UAC, 8/12/2017). Y gracias a ello, «fuimos conociendo todas las problemáticas, se fomentó la autogestión de cada asamblea para organizar la UAC, desplazándose en los distintos territorios y ayudando también a difundir la problemática en la misma zona». Entonces, al final de cada encuentro, un vocero con mandato asambleario tiene que llevar la propuesta de hacer la próxima UAC en su territorio y, dependiendo la cantidad de propuestas, se debate y define quién será la asamblea «anfitriona» del próximo encuentro, es decir, cuál será la asamblea organizadora. Las razones por las que se define el lugar pueden ser muchas, pero en general ha primado la necesidad de hacer más visible una determinada problemática socioambiental. De este modo, la UAC tuvo varios lugares de encuentro a lo largo y ancho de todo el país, y «esta forma de moverse fue replicada en las regionales de la UAC» (entrevista a Juan Alaimes, 8/12/2017) 14
Al respecto, cabe aclarar que, si bien la mayor parte de las asambleas son argentinas, también han participado asambleas de Uruguay y Chile. Y es por esta razón que la UAC «no obedece fronteras nacionales» y se propone «asamblear el mundo» (UAC, 2017, p. 52; 2016, p. 1).
A su vez, en relación con este último punto 15, se han organizado las denominadas «regionales», como la del NOA-Cuyo, la del Litoral, de Patagonia (llamada UAP) y la de Buenos Aires. Esta regionalización forma parte del carácter multiescalar que caracteriza las luchas socioambientales, como afirman Svampa, Solá Álvarez y Bottero (2009).
Cada una de estas regionales tiene su propia forma de organizarse y no depende de la UAC, sino que confluye en ella. Estas regionales permiten un trabajo más cotidiano que el encuentro nacional y, por lo tanto, una mejor articulación de las acciones. Con todo, tanto la UAC como la constitución de regionales que la inte- gran han ayudado a fortalecer las luchas de las asambleas. En palabras de Jenny, una integrante de la Asamblea Ciudadanos por la Vida de Chilecito:
[…] las acciones colectivas nos fortalecen y ayudan a hacer más visibles nuestras luchas. Compartir con los compañeros las idas y vueltas de cada asamblea, los problemas, lo que vemos como valioso y esperanzador, los fracasos, lo difícil de la construcción en colectivo, los obstáculos, etc., etc., nos fortalece, no nos hace sentir tan solos, y sobre todo, fortalece una red de protección entre nosotros (entrevista realizada el 10/9/2013).
Desde su nacimiento en Colonia Caroya (Córdoba), la UAC se ha reunido en Barriales y Calingasta (San Juan), en San Rafael (Mendoza), en Famatina y Chilecito (La Rioja), en Concepción del Uruguay (Entre Ríos), en Capilla del Monte (Córdoba), en Tunuyán (Mendoza), en Ciudad de San Juan, en San Salvador y Libertador General San Martín (Jujuy), en la Ciudad de Córdoba, en Esquel(Chubut), en Santiago del Estero Capital, en Andalgalá (Catamarca), en Colón (Entre Ríos), Quimilí (Santiago del Estero), Ciudad de Buenos Aires y Luján, Ciudad de Mendoza, San Juan Capital,Ciudad de Corrientes, en San Luis, Nonogasta (La Rioja), Jachal (San Juan), Malvinas (Córdoba), Puerto Madryn (Chubut), Gualeguaychú (Entre Ríos), San Rafael (Mendoza) y Rosario (Santa Fe), entre otros.15
Decimos «nacional» porque la gran mayoría de las asambleas pertenecen al territorio argentino, aunque la UAC no se define como nacional.
La sexta característica refiere a la multiplicidad de problemáticas abordadas porla UAC. Al ir modificándose los lugares donde se realiza el encuentro, se diversifican también las problemáticas socioambientales que se abordan. Como ya mencionamos, las problemáticas que incluye la UAC se han multiplicado y ello le ha permitido sumar diversidad y nuevas experiencias, y así contar con distintas miradas sobre diferentes problemas. No obstante, se ha producido un doble movimiento: por un lado, la diversificación de las problemáticas, y por otro, una reflexión, cada vez más profunda y sostenida, sobre aquello que conecta a todas estas problemáticas. Así, la UAC fue construyendo una mirada más global sobre los problemas incluidos dentro de un proceso de mercantilización o destrucción de los bienes comunes que trasciende a cada territorio en particular, en tanto mecanismos que forman parte de la propia lógica del capitalismo y en la actualidad, específicamente, de la etapa neoliberal que atraviesa el sistema.
Así, en la séptima UAC: Se discutió que no solo es importante hacer el diagnóstico de las situaciones particulares, sino que hay que hacer un esfuerzo para analizar a qué nos enfrentamos, es decir un sistema económico que tiene un nombre y es el capitalismo, con una lógica perversa de acumulación que es lo que nosotr@s estamos padeciendo (UAC, 2017, p. 49).
Por otro lado, al ser un espacio abierto, con memoria, pero en permanente construcción, esta unión de asambleas ha ido adoptando distintas consignas que, si bien no han cambiado su esencia, han radicalizado sus posiciones políticas. De este modo, en la mayoría de los casos la mención, por ejemplo, al «modelo de saqueo y contaminación» fue vinculada —e incluso, en muchas ocasiones, reemplazada— por «sistema capitalista». Con ello, para la UAC, por ejemplo, la contaminación no sería producto de la política de un determinado gobierno o del accionar de una empresa, sino de un sistema que tiene como fin la ganancia.
En palabras de Ramón, de la Asamblea del Buen Vivir (San Luis) y de la comisión de reflexión de la UAC (9/12/2017): Debemos definir bienes comunes en contraposición a bienes naturales, que es loque la modernidad y el capitalismo nos quitó. Y que ahora luego de tanto tiempo nos damos cuenta que ese perverso modo de pensar la naturaleza nos daña a todos.
La séptima característica que debemos mencionar refiere a la heterogeneidad que define a los miembros que participan en la UAC. Así como las problemáticas abordadas y los lugares fueron diversos, también lo fueron las edades y las ocupaciones de quienes asisten a los encuentros. Con respecto al rango etario de los miembros, este ha sido muy amplio: desde adolescentes hasta personas de la tercera edad, y en cuanto a sus ocupaciones puede verse la presencia de biólogos, químicos, amas de casa, jubilados, docentes de distintas áreas, artesanos, investigadores de ciencias sociales, miembros de comunidades originarias, periodistas, médicos, ingenieros, estudiantes, abogados, trabajadores de fábricas y cooperativas (aunque por lo general, estos han sido los que menos han participado, cuestión que se ha p roblematizado en varias oportunidades), entre otros. En efecto, la UAC afirma que «la diversidad de individualidades es vital, así como la diversidad de colectivos, de lo contrario el crecimiento se detiene» (UAC, 2017, p. 2).
Por último, cabe resaltar la octava característica de la UAC: su autonomía política del Estado, de partidos y ONG (miembros de los partidos pueden participar en la UAC, pero ni como partidos ni como ONG, sino como individuos). Este principio no es nuevo, sino que ha sido defendido por muchas de las asambleas desde 2001. En relación a ello, el encuentro se autofinancia y, por lo tanto, es autárquico: cada asamblea anfitriona tiene que juntar los montos necesarios para hacer el encuentro, y lo que no se utiliza se pasa a la siguiente asamblea anfitriona. Por esto se entiende que la UAC tiene independencia económica, ya que no recibe dinero ni del Estado, ni de ONG, ni de partidos políticos, ni de empresas, lo que contribuye a su autonomía política.
La autarquía no es una decisión tomada, sino que es parte de un proceso, porque la UAC, además de una red, es un proceso. Tomamos decisiones que nos llevan a un lugar que no siempre sabemos de antemano. Esas decisiones tienen que ver con una forma de pensar juntos que tenemos. Y así fue este tema del autofinanciamiento. Al comienzo la UAC era un encuentro donde la gente iba, conseguía ciertos subsidios […]. Pero a medida que nosotros decidimos encontrarnos, además de juntarnos, encontrarnos como personas, construir un espacio en común, donde nos sostuviéramos […] entonces fuimos necesitando de un dinero para el sostenimiento. Eso nos llevó a tratar de conseguirlo. Y ahí dijimos: no podemos conseguirlo mediante partidos políticos o el Estado, para poder conservar nuestra autonomía. Fuimos construyendo nuestra autarquía como fuimos construyendo la UAC, de una manera solidaria. Y ahora se piensa también en cómo los compañeros van a estar en el encuentro (entrevista a Cristina, integrante del grupo Huerta y Energía, de la Coordinadora por la Vida sin Agrotóxicos, de la UAC litoral y de la comisión de prensa de la UAC, 8/12/2017).
Con todo, esta unión de asambleas continúa desarrollándose a lo largo del tiempo, con las contradicciones propias que atraviesan también las asambleas y colectivos. Y, por lo tanto, las características que señalamos fueron modificándose y afianzándose a lo largo de su construcción. Y en efecto, si bien hay consenso en la mayoría de las características aquí mencionadas, no existe una única definición de la UAC, y es posible que nunca exista, puesto que esta es una red en constante transformación. «Es como el agua: corre y corre, no la podés definir, pero tampoco la podés detener» (entrevista a Cristina, 8/12/2017).
CONSIDERACIONES FINALES
En este trabajo buscamos, en primer lugar, trazar una genealogía de la Unión de Asambleas de Comunidades. Ubicamos los antecedentes de la organización de esta red/encuentro en: (i) el estallido de 2001 y la experiencia de las asambleas autoconvocadas desde 2002, y (ii) la creación de asambleas socioambientales y la necesidad de unir sus reclamos. Y dentro de esta última, el origen de la UAC como red socioambiental específicamente se remonta al conflicto contra la megaminería en Esquel y el nacimiento de la experiencia asamblearia en aquella ciudad.
Mencionamos, además, algunas de las razones que llevaron a las asambleas a ir construyendo el encuentro/red UAC y a identificar y fortalecer una voz común.
Entre ellas, las más frecuentes son: (i) que el reclamo particular trascienda el terri-torio para obtener mayor visibilidad; (ii) lograr una articulación de acciones para que sean más efectivas, y (iii) aprender de las diversas experiencias de otras asambleas.
En segundo lugar, nos propusimos identificar las principales características de la forma de organización de la UAC. Una de las cualidades que define su forma es que está atravesada por una multiescalaridad de las luchas y una multiplicidad de cuestiones ambientales que expresan la existencia de una problemática que trasciende los territorios locales, aunque no exista sin ellos. Nos referimos a la contaminación, destrucción y mercantilización de los bienes comunes a lo largo y ancho del mundo.
Consideramos que esta característica que tiene la UAC es intrínseca a la forma de organización que adquirieron los encuentros, y sobre todo, a la rotación de los lugares donde se realizan. Pero además de la rotación del lugar y la multiplicidad de problemáticas abordadas, mencionamos la horizontalidad, el consenso, la ausencia de cargos rentados o permanentes, las comisiones abiertas, la rotación en los organizadores, la heterogeneidad en los miembros que participan y la autonomía. Muchas de estas características forman parte de los criterios de la organización del encuentro y se constituyen a través de los acuerdos y de su puesta en práctica, no como una norma fija.
Destacamos, además, que UAC es un caso único en el territorio argentino por las características que hemos mencionado a lo largo del trabajo. Pero cabe preguntarse, para futuros trabajos, si el conjunto de estas características no hace de la UAC un caso particular más allá de las fronteras nacionales, como observan quienes se acercan desde otros países de este y otros continentes. Y más allá de su relevancia como experiencia, en una futura agenda de investigación sería interesante comparar su forma de organización con otras experiencias, para advertir las semejanzas y diferencias.
Este año se cumplen los treinta encuentros de esta unión de asambleas, y con ello treinta años de una búsqueda constante, no solo en las estrategias de defensa de los bienes comunes sino también de otra forma de organizarnos políticamente, esdecir, de «asamblear el mundo».
Recuerda ver trabajo completo, con todas sus notas y referencias en https://revistas.pucp.edu.pe/index.php/debatesensociologia/article/view/21189/20902
tambièn editado en https://redlatinasinfronteras.wordpress.com/2022/07/19/argentina_asambleando-el-mundo-la-experiencia-de-la-union-de-asambleas-de-comunidades/
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