Unos 2300 referentes de la academia, el ambientalismo y movimientos sociales firmaron una carta pública para pedirle al presidente Alberto Fernández que dé marcha atrás con el nombramiento de Antonio Aracre. Un llamado de alerta por el conflicto de intereses y repaso por las posiciones de Aracre ante el inminente debate de la Ley de Agroindustria y un posible avance contra la Ley de Semillas.
“He designado a Antonio Aracre como jefe de Asesores de la Presidencia. Le encomendé seguir trabajando para ampliar las redes entre Estado, sector social e inversiones privadas para capitalizar y potenciar las oportunidades de la Argentina.” El presidente Alberto Fernández confirmó así el salto del ex CEO de Syngenta-Chemchina —multinacional del agronegocio que controla el 60 por ciento del mercado de semillas transgénicas en la Argentina y lidera en venta de agroquímicos— a la función pública. Frente a este nombramiento, la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas publicó una carta pública de rechazo y pedido de renuncia de Aracre que sumó 2300 firmas en pocos días. “¿Alguien puede asegurar que en sus tareas de asesoría no intervendrá o influirá rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta?”, cuestiona el documento.
La pregunta que abre la carta firmada por referentes de la academia, del ambientalismo, de movimientos sociales y de la cultura señala el desembarco del poder de lobby del agronegocio en el corazón del Gobierno. Aracre fue el CEO para Latinoamerica Sur de Sygenta-Chemchina en los últimos 12 años y en el último tiempo se posicionó como la voz del sector en los medios de comunicación para impulsar todas las medidas a favor del agronegocio.
El flamante asesor presidencial respalda desde la Ley de Agroindustria —presentada por el Gobierno en octubre de 2021 e impulsada para ser aprobada en sesiones extraordinarias este verano—, a la modificación de la Ley de Semillas —“para usar Netflix tributamos costos, pero en tecnología agropecuaria tenemos algunas deudas”, considera Aracre— y celebró la implementación del “dólar soja” como una respuesta al mercado —“las personas actúan en base a los incentivos económicos y no a las cuestiones ideológicas”, sostuvo en una entrevista a Radio Con Vos en julio pasado—.
La posición del asesor presidencial está lejos de las políticas reclamadas por los campesinos y pequeños productores. La Mesa Agroalimentaria Argentina ante la reedición del “dólar soja” lanzada a fines de noviembre insistieron: “El gobierno nacional beneficia, una vez más, al complejo sojero concentrador de las multinacionales del agronegocio. Esta medida no sólo no contempla a los pequeños productores sino que los perjudica”.
El primer gesto del presidente Alberto Fernández con el ex CEO de Syngenta fue antes de llegar a la Casa Rosada. En octubre de 2019, durante la campaña presidencial anunció el Programa Argentina Contra el Hambre y agradeció a Aracre por la promesa de donar el 1 por ciento de la producción al programa. “Syngenta y el agronegocio no pueden alimentar a los argentinos”, le habían advertido a Alberto entonces desde Foro por un Programa Agrario Soberano y Popular y le recordaron que “Syngenta junto a un puñado de corporaciones, entre las que se destaca también Bayer-Monsanto, es la responsable de la expulsión de miles de campesinas y campesinos a las grandes ciudades”.
Aracre tampoco coincide con los posicionamientos de académicos y organizaciones socioambientales que advierten sobre la imposición de modelos económicos extractivistas impuestos desde el exterior. Durante el debate generado en torno a la instalación de megagranjas porcinas —impulsadas por el gobierno de China, que controla Syngenta—, Aracre había sostenido: “Quieren voltear cualquier proyecto de inversión que esté vinculado a la generación de industrias para la producción de carne, para la exportación o cualquier modelo de escala de producción de granos que no simpatice con la ausencia de tecnología y con las prácticas más del tipo veganas u orgánicas”.
Una política de “puertas giratorias” para el ingreso de Antonio Aracre
“El 31 de diciembre pasado dejó su empleo privado para asumir como funcionario público, generando así el mecanismo conocido como de “puertas giratorias” donde funcionarios de altos cargos en empresas privadas pasan a la función pública, garantizando así políticas públicas benéficas para las corporaciones”, sostiene la carta firmada por 2300 referentes referentes de la academia, del ambientalismo, de movimientos sociales y de la cultura y compara la llegada de Aracre con la de Juan José Aranguren, CEO de Shell primero y ministro de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri.
La carta pública sostiene, en el pedido a Fernández para que revise el nombramiento de Aracre, que en muchos países el salto de empresarios a la función pública está limitada o considerada un delito y señala la vigencia de la “Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción” —ratificada en Argentina por la Ley 26.907— que establece la obligación de “prevenir los conflictos de intereses imponiendo restricciones apropiadas”.
Además, la carta indica que en la legislación este conflicto de intereses también está abordado en la Ley 25.188 de “Ética en el Ejercicio de la Función Pública”. “Esta ley establece la incompatibilidad con el ejercicio de la función pública, indicando que deberán abstenerse de tomar intervención pública aquellas personas que han dirigido -en los últimos tres años- una empresa que realice actividades reguladas por el Estado”.
“Si bien el cargo de jefe de asesores del presidente de la Nación no otorgaría al ex Ceo de Syngenta el poder para firmar directamente resoluciones o dictámenes, ¿alguien puede asegurar que en sus tareas de asesoría no intervendrá o influirá rotundamente en decisiones relacionadas con las actividades de Syngenta?”, advierten los firmantes de la carta.
De todas formas, la llegada de Aracre a un lugar de decisión en la políticas públicas no desentona con el lugar que los sectores del agronegocio ya ocupa en lugares claves. En 2017, se reveló que la Comisión Nacional de Biotecnología (Conabia), entidad pública que aprueba los eventos transgénicos en Argentina, está compuesta por representantes y científicos cercanos a las empresas productoras, entre ellas, Syngenta. La firma que dejó hace pocos días Aracre tiene 14 eventos transgénicos y 166 ingredientes activos de agrotóxicos aprobados por el Estado Nacional. Además, está asociada desde 1998 con la empresa bonaerense Rizobacter, controlada, desde 2016, por Bioceres, dueña de la tecnología HB4.
Los lugares de decisión ocupados por representantes del agronegocio no son exclusivos de la Conabia. En junio pasado, el Gobierno ratificó el asiento para la Sociedad Rural en el directorio del Conicet. Mientras las organizaciones campesinas y de la agricultura familiar continúan reclamando un asiento en el INTA, que históricamente está ocupado por las entidades reunidas actualmente en la Mesa de Enlace.
El flamante jefe de asesores de Presidencia fijó en su perfil de Twitter el fragmento de un video en el que delinea otra política pública que podría quedar bajo la influencia de las políticas del agronegocio. “La educación pública de calidad será la llave de acceso para nuevos puestos de trabajo de las ciencias del conocimiento”, sostiene el ex CEO de la empresa de semillas transgénicas.
El fragmento es de un acto que Aracre compartió con Alberto Fernández en la planta de Syngenta-Chemchina en Venado Tuerto, Santa Fe. El acto ocurrió el 4 de diciembre de 2020 y coincidió con el Día Internacional de No Uso de Plaguicidas. El martes, cuando se conoció su designación, el flamante asesor presidencial escribió en Twitter: “Mi primera tarea será abrir el gobierno al mundo de las inversiones privadas que generen trabajo y le puedan cambiar la vida a la gente”.
“Los funcionarios públicos tienen que defender el interés nacional, que muchas veces chocan con los intereses de empresas multinacionales como, en este caso, Syngenta”, alerta la carta pública.
He designado a @tonyaracre como jefe de Asesores de la Presidencia. Le encomendé seguir trabajando para ampliar las redes entre Estado, sector social e inversiones privadas para capitalizar y potenciar las oportunidades de la Argentina. https://t.co/N68r9SOb1f
— Alberto Fernández (@alferdez) January 3, 2023
Las ganancias de Syngenta, de la mano de agrotóxicos prohibidos en el resto del mundo
La multinacional del agronegocio que hasta el 31 de diciembre encabezó Aracre para Latinoamérica Sur tiene su casa matriz en Suiza y conforma el Syngenta Group, que tiene cuatro unidades de negocio: Syngenta Crop Protection con sede central en Suiza; Syngenta Seeds, con sede central en Estados Unidos; Adama, con sede en Israel; y Syngenta Group China.
Aracre deja su puesto como CEO con cifras “exitosas”. En 2021, el mercado más grande de Syngenta fue América Latina, que representó aproximadamente el 33 por ciento de sus ventas. En agosto de 2022, la Revista Fortuna del grupo Perfil otorgó a Syngenta el premio “Fortuna de Plata 2022, a la mayor empresa del país”, por crecer un 126 por ciento en ventas entre sus dos últimos balances: pasando de 63.000 millones de pesos a 143.000 millones.
Como describió la periodista Anabel Pomar en una nota de perfil de la multinacional del agronegocio publicada en Agencia Tierra Viva, esas ganancias provienen mayormente de la venta de tres biocidas: atrazina, paraquat y glifosato. La Atrazina es un herbicida disruptor endocrino, prohibido en 37 países y desde hace 20 años en la Unión Europea. El Paraquat es altamente tóxico y persistente, prohibido en 72 países, la Unión Europea, Reino Unido e incluso en China y Suiza. El Glifosato, desde 2015, fue categorizado por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la OMS (IARC) como un probable cancerígeno en humanos, cancerígeno en animales y genotóxico.
En otra serie de notas publicadas en Tierra Viva, Pomar entrevistó al toxicólogo y ex empleado de la Syngenta, Jon Heylings, quien denuncia los encubrimientos corporativos, la corrupción científica y la complicidad de los organismos de control para ocultar los impactos en la salud del Paraquat. “La industria de pesticidas tiene la capacidad de usar solo los informes y datos que quieren mostrar a los reguladores”, sentencia Heylings, quien declaró en 2021 y 2022 ante el Poder Judicial de Estados Unidos por demandas iniciadas contra la multinacional del agronegocio.
Por otro lado, el biólogo e investigador Tyrone Hayes es perseguido por Syngenta por denunciar los daños provocados por la Atrazina, uno de los agrotóxicos más utilizados en Argentina. “En humanos la exposición a atrazina puede producir cáncer de próstata, cáncer de mama, problemas de fertilidad y reproductivos. Esta asociación está demostrada y hay estudios alrededor de todo el mundo”, sostuvo Hayes en diálogo con Tierra Viva.
En su mensaje tras ser nombrado jefe de asesores, Aracre celebró la oportunidad para “aprender acerca del Estado y contribuir en todo lo que pueda para construir la Argentina que todos queremos y nos merecemos”.
