El documento fue encontrado en un armario en el domicilio del exministro de Justicia, Anderson Torres. El extitular de la secretaría de Seguridad de Brasilia, buscado por la Justicia por los hechos del domingo, se encuentra en EEUU.
En el marco de las investigaciones por el intento de golpe de Estado, la Policía Federal allanó la casa de Anderson Torres, exsecretario de Seguridad de Brasilia al momento de la toma de los tres poderes por parte de seguidores de Jair Bolsonaro, y encontró el borrador de un decreto para que el exjefe de Estado interviniese el Tribunal Superior Electoral, encargado del control de las elecciones que ganó Lula da Silva.
El documento fue hallado este jueves en el armario de quien fuera exministro de Justicia de Bolsonaro hasta diciembre del 2022, previo a la asunción de Lula. La Policía investiga el origen del mismo con el fin de determinar el uso que se le pretendía dar.
Ante la consulta de los medios, el exministro dijo que el borrador del decreto era un documento “para descarte”.
“En mi casa había una pila de documentos para desechar, donde muy probablemente se encontró el material descrito en el artículo. Todo sería llevado para ser triturado en su momento en el MJSP (Ministerio de Justicia y Seguridad Pública)”, escribió Torres en Twitter.
La propuesta de decreto buscaba que Bolsonaro instaurara el “estado de defensa en la sede” del tribunal electoral para revertir la victoria de Lula, quien lo venció por un estrecho margen en el balotaje de octubre, agregaron.
La Policía Federal dijo a la AFP que no se pronuncia sobre investigaciones en curso.
Torres afirmó estar pronto para entregarse a la policía para cumplir una orden de prisión por su presunta relación con los atentados del domingo pasado contra el Palacio del Planalto en Brasilia.
“La decisión judicial será cumplida cuanto antes”, declaró Rodrigo Roca, abogado de Torres, quien se encuentra en el estado de Florida, Estados Unidos, donde se reunió con Bolsonaro, según informó la prensa local.
Por lo pronto, Bolsonaro continúa sin reconocer el resultado de los comicios que llevaron al líder petista a la presidencia, con lo cual una de las hipótesis plantea que el decreto podría haber sido utilizado para intervenir el TSE y posteriormente revertir el conteo final de los comicios. Sin embargo, el mismo no fue formalizado.
Durante la campaña, el expresidente despertó temores de que no aceptaría los resultados de los comicios por sus recurrentes cuestionamientos, sin pruebas, al sistema electoral.
Bolsonaro, primer presidente brasileño en perder la reelección en la historia reciente del país, se fue a Estados Unidos dos días antes de terminar su mandato y no participó en la transmisión de mando celebrada el 1 de enero, cuando Lula asumió el poder por tercera vez.
Las autoridades avanzan en las investigaciones para determinar quién organizó y cómo se financiaron los manifestantes que protagonizaron los violentos disturbios. Miran además si hubo fallas internas por parte de los responsables de resguardar las sedes de los poderes públicos.
Siete empresas sospechadas de financiar el ataque
Casi 2.000 personas fueron detenidas después de las manifestaciones del domingo, con 1.159 que permanecen recluidas tras ser interrogadas, de acuerdo con el último parte oficial.
La Abogacía General de la Unión (AGU) identificó 52 personas y siete empresas que están bajo sospecha de haber financiado la movilización.
Lula “debería responder a este ataque sin precedentes fortaleciendo los principios democráticos, defendiendo el Estado de derecho y enfrentando los problemas crónicos de derechos humanos que fueron agravados durante la presidencia de Jair Bolsonaro”, afirmó este jueves Human Rights Watch.
La ONG estadounidense pidió investigar “minuciosamente” a quienes “incitaron, financiaron o cometieron” los actos de violencia.
Los pedidos para castigar a los agitadores ocurren un día después de una convocatoria bolsonarista para una protesta nacional a favor de “retomar el poder”, que provocó que el gobierno reforzara la seguridad, especialmente en Brasilia, donde el acceso a la zona principal de edificios públicos fue cerrado.
Las manifestaciones, citadas para el miércoles, no se materializaron y el centro del poder político brasileño fue abierto este jueves al tránsito, aunque era custodiado por policías y vehículos antimotines, mientras que trabajadores reparaban la fachada de la Corte Suprema.
Casi 2.000 personas fueron detenidas tras las invasiones y 1.159 aún están recluidas tras ser interrogadas, según el último parte oficial.