Luego del decreto 91-23 y su protocolo antiprotestas impulsado en febrero por el gobernador Gustavo Sáenz, este martes 30 de mayo la Cámara de Diputados de Salta dio media sanción al proyecto de ley que pretende regular la protesta social en los espacios públicos, que había tomado estado parlamentario en abril del año 2022 y que ahora fue desempolvado. La resolución se da en el marco de una fuerte conflictividad social en la provincia, con el paro por tiempo indeterminado con cortes de rutas y masivas movilizaciones que llevan adelante los docentes autoconvocados y los profesionales de la salud en reclamo de mejoras salariales. El texto, aprobado por mayoría (con varias ausencias y hubo 21 abstenciones) dispone que el Ministerio de Seguridad y Justicia será la Autoridad de Aplicación del protocolo y que puede o no autorizar una manifestación, “sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria”.
El proyecto, que había tomado estado parlamentario en abril del año 2022 y que ahora fue desarchivado, consta de 12 artículos y fue tratado sobre tablas este martes 30 de mayo en la Cámara de Diputados de Salta.
En su artículo 1° el desempolvado proyecto asegura tener por “objeto conciliar el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, reunión, peticionar ante las autoridades, uso del espacio público, junto a la libre circulación, preservación de la integridad física y de la propiedad tanto pública como privada, durante el desarrollo de protestas o manifestaciones públicas, cualquiera fuera su naturaleza”.
En tanto, en algunos de sus artículos define lo que es una protesta y en otros señala que habrá una Autoridad de Aplicación dependiente del Ministerio de Seguridad, que deberá regular tales protestas. Luego, otros disponen una serie de obligaciones que los manifestantes deben seguir, como permitir el normal funcionamiento de servicios públicos; habilitar aunque sea parcialmente la circulación de personas y/o vehículos en una dirección determinada; notificar con 24 horas de antelación el lugar de la manifestación en la Comisaría más cercana a la misma; horario de inicio y tiempo estimado de la manifestación; detallar el porqué del reclamo; y dejar registro de los organizadores.
Esos y otros puntos deberán ser evaluados por la Autoridad de Aplicación que puede o no autorizar la manifestación, “sin perjuicio de lo cual, previo desalojo por parte de las fuerzas de seguridad, se podrá realizar una mediación obligatoria, cuyo desarrollo no podrá exceder de las dos (2) horas de iniciada la protesta o manifestación y será coordinada por el Ministerio de Seguridad y Justicia”, detalla el proyecto.
Al momento de la votación, 21 legisladores y legisladoras oficialistas se abstuvieron de participar y otros votaron en contra, por considerar que no era el contexto adecuado: Roque Cornejo, Julieta Perdigón, Santiago Vargas, Matías Monteagudo, Daniel Sansone, Ana Laur Córdoba, Gustavo Orozco, Pablo Raúl Alejandro Gómez, Bernardo Biella, Bettina Navarro, María del Socorro López, Sofía Sierra, Franco Hernández Berni, Marcela Leguina, Nancy Jaime, Marcelo Paz, Adrián Valenzuela, Azucena Salva, Jorge Restom, Jorgelina Juárez y David Leiva. Mientras que nadie votó en contra, por lo que el documento se aprobó y pasó al Senado para su tratamiento.
En el marco del debate del proyecto, la presidenta de la Comisión de Legislación, Socorro Villamayor, fue una de las principales defensoras del proyecto: “sabemos que Salta es el escenario de innumerables situaciones que ponen en evidencia multiplicidad de derechos. Tomamos la determinación de reglamentar esta norma que no hace más que reglamentar las manifestaciones que se hacen. Apuntamos a conciliar los derechos a la manifestación con la paz social y la integridad física de las personas”, argumentó.
La legisladora provincial también agregó: “quiero aclarar lo siguiente, se ha confundido en las exposiciones una realidad triste en relación a los autoconvocados. Este proyecto es más amplio y abarcativo y no tiene que ver con la realidad de los últimos 20 días”.
Claramente, Villamayor se atajó ante los señalamientos de que la medida criminalizadora de la protesta social se da exactamente en el marco de una fuerte conflictividad social en la provincia, con el paro por tiempo indeterminado (que ya lleva tres semanas) con cortes de rutas y masivas movilizaciones que llevan adelante los docentes autoconvocados y los profesionales de la salud en reclamo de mejoras salariales.
#Salta Paro docente: para el ministro Villada, “la política se está metiendo bajo las polleras de las maestras”
El Gobierno de #GustavoSáenz anunció acuerdo salarial con gremios. Pero las asambleas autoconvocadas rechazan la propuesta y continúa el paro. https://t.co/NzL714hf4Y pic.twitter.com/TTtzs8gNw3
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#Salta Miles de personas acompañaron la huelga docente que tuvo fuerte acatamiento en toda la provincia.
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Urgente#Salta Una nueva represión contra docentes y trabajadores de la Salud
Está tarde otra vez reprimió la policía y hay, al menos, veinte detenidos. La movilización se da en el marco de la huelga por tiempo indeterminado en defensa del salario y las condiciones de pic.twitter.com/ThOPsGyl58
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Antecedentes de una ley criminalizadora de la protesta social
Como antecedente, el jueves 2 de febrero el gobierno de Gustavo Sáenz había publicado en el Boletín Oficial el decreto N°91-23, que disponía un “Protocolo de Actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado Provincial en Manifestaciones Públicas» ante “los reiterados y continuos cortes de rutas ocasionados por manifestaciones públicas».
Con dicha resolución, las fuerzas de seguridad provinciales quedaban habilitadas para actuar ante una protesta que bloquee rutas nacionales sin la autorización de un juzgado nacional ni la intervención de fuerzas federales.
En este contexto, el Sindicato de Prensa de Salta (SiPrenSal) alertaba que el decreto afectaba, además del derecho a la protesta, el derecho a comunicar, ya que determinaba que “los periodistas no deberán obstaculizar los operativos de la fuerza de seguridad, ni podrán interferir en el desarrollo de los hechos», dado que, además de “dar legalidad a las acciones que criminalizan las protestas, puede causar una censura al trabajo de comunicación”.
También en marzo la Mesa Coordinadora por la Derogación del Protocolo Represivo, compuesta por un amplio marco de organizaciones, convocó a una jornada de lucha provincial con movilización y asamblea pública, en el marco de un plan de lucha provincial frente “a la falta de respuestas por parte del gobierno de Gustavo Saenz, la imposibilidad de diálogo y la inminente efectivizacion del protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad sobre las manifestaciones”.
Ahora, con la media sanción del proyecto de ley antipiquetes en Diputados, la medida criminalizadora de la protesta social se va haciendo más fuerte, al igual que las protestas de docentes y trabajadores de la salud, que se masifican y agudizan más y más.