El joven de 20 años fue asesinado en Rosario en octubre de 2014. Casco fue detenido por la policía, que fraguó las actas de la comisaría para aparentar haberlo liberado la noche siguiente. Sin embargo, no se supo nada de Franco hasta casi un mes después, cuando su cuerpo apareció en el Río de la Plata. El próximo martes se conocerá el veredicto contra 18 policías y un civil acusados de haber participado de su asesinato con diferentes responsabilidades. La voz de su papá, Ramón Casco, y uno de sus abogados.
Redacción: Carlos Rodríguez. Entrevista: Fernando Tebele / Pedro Ramírez Otero. Edición: Pedro Ramírez Otero.
“Acá estamos, esperando todavía, más angustiados que antes”, dijo Ramón Casco, el papá de Franco Casco, ante la postergación del veredicto en el juicio que involucra a 18 policías de Rosario y a un civil acusados por la desaparición forzada y las torturas seguidas de muerte sufridas por su hijo en octubre de 2014. El fallo, previsto para el jueves 13, fue postergado hasta el martes próximo. “La postergación es algo totalmente desatinado”, sostuvo Guillermo Campana, uno de los abogados querellantes.
Campana recalcó que se trata de “una causa muy importante y postergar el veredicto cuatro días, aunque parezca poco tiempo, es una eternidad y nos parece que la decisión no tiene ningún tipo de asidero”. La medida fue dispuesta por el Tribunal Oral N°2 de Rosario, ante un pedido del Ministerio de Seguridad local, que argumentó que no contaba con el personal policial necesario para garantizar la seguridad durante la lectura de la sentencia.
Ramón Casco, entrevistado por La Retaguardia, recalcó que la familia está “más angustiada” hoy que hace nueve años, cuando se produjo la desaparición de Franco, el 6 de octubre de 2014, en la ciudad de Rosario.
“Dijeron que (el veredicto) va a ser el martes 18, pero ahora como viene la feria judicial, no sé qué puede pasar”, dijo Ramón, y recordó que les “costó mucho” reconstruir lo que había pasado con su hijo, por las maniobras de encubrimiento realizadas por las autoridades de la Comisaría 7° de Rosario. “Trataron de ocultar todo y por eso se pasó al fuero federal y ahí se empezó a investigar un poco más, pero se han ocultado muchas cosas”, dijo.
Mencionó entre ellas la ausencia en la investigación de “las cámaras de la comisaría, que dicen que no existían, que estaban rotas” y cuyas imágenes podrían haber sido un aporte a la verdad.
Por otro lado “han querido hacer callar a los pibes, que han sido apretados” por la policía, en referencia a las personas que estaban detenidas en la comisaría el día que detuvieron, golpearon, torturaron y mataron a Franco. A pesar de eso “de todos modos tenemos un buen testimonio de todos y nos sirven en la causa”. Los testigos estaban detenidos en la comisaría y “escucharon golpes, gritos de Franco, lo mataron ahí y después lo tiraron al río (Paraná) como si nada, fue muy tremendo lo que hicieron. ¿Por qué? Porque era de Buenos Aires”. Por eso, la familia y los amigos están “reclamando que se haga una buena justicia, que paguen los que tienen que pagar”.
El padre de Franco Casco se refirió luego a la cantidad de policías involucrados y al hecho de que la mayoría se negara a prestar declaración indagatoria. “A mi hijo lo mataron ahí y ahora esperamos que se haga justicia”, dijo. En el juicio, las defensas sostienen que a Franco lo liberaron al otro día de su detención cuando en realidad “no lo largaron, lo tiraron al río directamente”. Afirman que lo detuvieron porque “un vecino lo vio merodeando, un vecino que era amigo del comisario (Diego José Alvarez), que lo llamó por su teléfono privado”. Ahora, el vecino está imputado por “falso testimonio” y pidieron para él una pena de tres años “en suspenso”, es decir sin que vaya a prisión.
El comisario Alvarez dijo que Franco “le quería tirar con una piedra, con un adoquín, que le quiso romper la camisa, se lo llevaron y lo golpearon hasta la muerte, los chicos que declararon dijeron que Franco pedía que no le siguieran pegando”.
Los testigos precisaron que en un momento dado se escuchó “un golpe seco contra la pared, un golpe como de la cabeza y después no se escuchó más nada”. Sobre lo que espera del veredicto, que se daría a conocer el martes próximo, sostuvo que no sabe qué pensar porque “hubo muchos casos así en los que los han dejado a todos libres”. Agregó que en el caso hay “19 policías” y por eso espera que “por lo menos a cuatro o cinco les den la cadena perpetua porque lo han matado a golpes, han hecho una barbaridad con mi hijo”. Dijo que está en contacto con otras familias que llevan una espera más larga, todavía, que la de él para que se haga justicia. “Nosotros estamos luchando para tener justicia”, insistió. Franco tenía 20 años cuando fue asesinado. Trabajaba como albañil, junto con su padre. Había estado una semana en Rosario, visitando a familiares, y fue detenido cuando estaba regresando a Buenos Aires.
Por su parte, el abogado querellante Guillermo Campana sostuvo: “La postergación del fallo nos sorprendió porque no teníamos ningún indicio de que eso pudiera ocurrir”. La demorase debe “a una solicitud planteada por el Ministerio de Seguridad, que intercedió ante los jueces para que se produjera la postergación del veredicto, algo que nos parece totalmente desatinado”.
Recalcó que se trata de “una causa muy importante y postergar el veredicto cuatro días, aunque eso parezca poco tiempo, tanto para la familia de Franco como para los acusados, eso es una eternidad y nos parece que la decisión no tiene ningún tipo de asidero”.
Campana dijo que lo único que hacía falta, en este caso, era “un cordón policial de seguridad entre los familiares de Casco y los familiares de los acusados, y nada más que eso”. Recalcó que “no se esperaba ningún tipo de incidentes” que justificara la presencia de muchos efectivos policiales. Las declaraciones las hizo a Nacional Rosario Fontanarrosa y fueron obtenidas por La Retaguardia por gentileza de la periodista Sonia Tessa.
Acerca de lo que esperan del fallo del Tribunal Oral 2 de Rosario, Campana señaló que los querellantes han realizado “un trabajo correcto y hemos probado la responsabilidad de este grupo de policías imputados en relación con la desaparición y la muerte de Franco”. Por otra parte, hizo mención a la actividad desplegada en los últimos tiempos por las familias de las y los policías acusados. “Ellos están movilizados y tal vez eso es el motivo de la preocupación del Ministerio de Seguridad, porque se trata de personal policial, de 18 imputados (sin contar el vecino) en torno de los cuales se ha organizado una Asociación Civil en defensa del personal policial”, contó el abogado. Ese grupo organizado “logró llegar a algunos medios para hacer público lo que iba sucediendo en las audiencias, desde su perspectiva, con letra escrita por los abogados” defensores. Lo curioso es que “no había periodistas cubriendo la audiencia, pero luego salía a la perfección todo lo que decían los propios abogados” de los policías “o los propios acusados cuando decían algo” en las audiencias.
Campana dijo que en los últimos tiempos se notaba “cierta agresividad contra nosotros, principalmente contra los abogados querellantes, porque han salido notas publicadas descalificándonos de manera muy grave, en forma casi amenazante y tal vez eso pueda ser el motivo de la preocupación en el Ministerio de Seguridad”.
El abogado viene acompañando a la familia desde la desaparición de Franco, antes del hallazgo del cuerpo en el Paraná. La mamá, Elsa Godoy ―quien falleció hace unos años―, y Ramón Casco, vienen luchando desde hace muchos años buscando justicia para su hijo. El homicidio de Franco en la comisaría “está probado a partir del testimonio de las personas que se encontraban detenidas en ese momento, que confirmaron que la persona detenida dijo llamarse Franco Casco”.
Algunos de los detenidos recordaron haber escuchado que se identificaba con ese nombre y otros “lo identificaron porque tenía una tonada distinta, porque no era del ambiente, porque no sabía tratar con el personal policial”. Todos los testimonios “son concordantes y de ninguna manera pueden estar orquestados porque no había conocimiento previo entre ellos”. En algunos casos “son personas que están detenidas desde hace muchos años y que no tienen elementos simbólicos como para andar construyendo historias y versiones como para poder repetirlas en varias oportunidades”.
A eso debe sumarse “la cantidad de irregularidades que hemos encontrado en el procedimiento falso que construyeron al otro día para tratar de blanquear esa detención”. Los querellantes tienen “la certeza de que la detención de Franco fue el 6 de octubre a la noche y no el 7 al mediodía” como dijo la versión de la policía.
“El cuerpo de Franco apareció con cuerdas atadas en su brazo, con marcas en ese brazo, que para nosotros es la prueba de que el cuerpo fue fondeado y que luego se soltó como producto del movimiento del río”, explicó Campana.
Los testigos que estaban detenidos en la comisaría mencionaron también que escucharon “los gritos y el llanto” de la persona que identificaron como Franco Casco que pedía “que no lo golpearan más”. Las defensas centraron su postura en las dificultades que hubo, en la autopsia, para determinar de manera irrefutable la causa de la muerte por los golpes sufridos. La permanencia del cuerpo en el río, por más de veinte días, dificultó el reconocimiento de los golpes sufridos. Eso “además de que la primera autopsia no se hizo bajo el protocolo de Minnesota”, que establece las normas para actuar en los casos de muertes consideradas potencialmente ilícitas. Recién se hicieron los pasos correspondientes cuando intervino el Cuerpo Médico Forense de la Nación. El caso ocurrió el 6 de octubre de 2014 y la Fiscalía de instrucción recién intervino 21 días después de la desaparición de Franco Casco. En total se realizaron tres autopsias. El juicio oral comenzó en diciembre de 2021 y recién ahora está llegando a su definición.
Las penas
En su alegato, el fiscal Fernando Arrigo pidió prisión perpetua para 14 de los 19 imputados. También solicitó penas de entre 14 años y diez meses hasta 3 años de cárcel para otros cuatro policías, en estos casos por encubrimiento, falso testimonio y participación secundaria en la desaparición del joven hallado sin vida 23 días después de haber sido detenido por personal de la comisaría 7° de Rosario, el 6 de octubre de 2014. La fiscalía y los querellantes consideraron probado que los policías detuvieron, torturaron y asesinaron a Casco.
El pedido de perpetua es para el comisario Diego José Álvarez, los agentes Walter Eduardo Benítez y Fernando Sebastián Blanco y la agente Cecilia Rut Elisabet Contino, como coautores de los delitos de desaparición forzada de persona y por la imposición de torturas seguida de muerte a una persona privada de su libertad.
El pedido de perpetua alcanza también al subcomisario Enrique Nicolás Gianola Rocha, el jefe de sumarios César Daniel Acosta y los agentes Cintia Débora Greiner, Marcelo Alberto Guerrero, Guillermo Hernán Gysel, Rocío Guadalupe Hernández, Esteban Daniel Silva, Romina Anahí Díaz, Ramón José Juárez y Franco Luciano Zorzoli. Todos ellos son considerados coautores del delito de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima.
El fiscal requirió la pena de 14 años y diez meses de prisión para los agentes Belkis Elisabet González y Rodolfo Jesús Murúa, por ser partícipes secundarios del delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte, mientras que para los policías Pablo Andrés Siscaro y Daniel Augusto Escobar, de la Unidad Especial de Asuntos Internos, el pedido es de 5 años y diez meses como coautores del delito de encubrimiento doblemente agravado.
Alberto Daniel Crespo, el vecino acusado de formular la denuncia falsa que derivó en la detención y asesinato de Franco Casco, fue señalado como autor del delito de falso testimonio, con una pena de tres años de prisión en suspenso. La Fiscalía pidió la absolución del agente Walter Ortiz por falta de pruebas.
El fiscal solicitó además que el Poder Ejecutivo provincial ordene “desafectar las dependencias de la comisaría 7ª” y que ese espacio “sea convertido en un centro para la atención de víctimas y familiares de violencia institucional.
El 29 de septiembre de 2014, Franco Ezequiel Casco, oriundo de Florencio Varela, llegó a la ciudad de Rosario para visitar a unos familiares. En la tarde del 6 de octubre se fue de la casa de su tía paterna –donde se había alojado– hacia la estación de trenes Rosario Norte, donde a la medianoche iba a tomar un tren para regresar a Buenos Aires.
Liquide a un policía obliguelo a leer!