La falta de atención o deficiente acceso a la salud en el encierro fue la segunda vulneración de derechos más denunciada ante la Comisión por la Memoria durante el 2022. Este es uno de los datos que surge del informe anual que se presentó ayer y realiza cada año en su calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura. El caso de Eduardo a quien tuvieron que amputarle una pierna tras una grave quemadura en un accidente de trabajo en la Unidad 1.
El deterioro en las condiciones de vida, la falta de controles y acceso a la atención médica producto de la mediación penitenciaria y la falta de profesionales, las carencias de medicación o a estudios e intervenciones, la mala alimentación, el hacinamiento y las malas condiciones de higiene hacen que afecciones comunes se agraven y las enfermedades graves constituyan un alto riesgo de muerte.
Ése es el caso de Eduardo, un detenido de 54 años que perdió su pierna a partir de un accidente laboral, una quemadura grave tras la que no recibió ningún tratamiento en la Unidad N° 1 de Lisandro Olmos. Eduardo es gastronómico y al caer detenido buscó trabajar en la cocina de la cárcel.
“Busqué poder continuar, trabajar para superar la situación por la que estaba pasando y, más allá de eso, también cumpliendo con los reglamentos que el estado me pide: tener concepto conducta para lo que tenga que ver con una progresividad de la pena. De alguna manera es como que te obliga a cumplir con unos parámetros, que todos tenemos que cumplirlos, y uno de esos es trabajar y estuve trabajando”, cuenta Eduardo ahora, desde su celda en la Unidad 26 de Olmos donde está alojado actualmente.
Durante cuatro años trabajó en la UP 1 cocinando incluso para los directores y el personal jerárquico de la Unidad. Tenía un equipo de una decena de personas, otros detenidos, a su cargo a los que trataba de instruir en las cuestiones de la cocina como manipulación de alimentos, reglas mínimas de trabajo y seguridad. Pero las condiciones eran muy precarias: no había ropa de trabajo, los utensilios eran viejos, las ollas no tenían manija, o los hornos estaban sin puerta. “Nos manejamos con lo con lo que hay, con lo que se puede y con lo que cada unidad dispone”, dice.
El día que se quemó estaba organizando la comida para un evento. “íbamos a hacer 200 empanadas para el ‘socio cultural’, es cuando viene gente de afuera y se prepara como un agasajo. Pongo a hervir 5 pollos, una olla gigante, y cuando la estamos bajando me paro para agarrar la olla con otro compañero, uno de cada lado, cuando la levantamos y hacemos fuerza para bajarla de la cocina la manija se quiebra, yo me quedo con la manija en la mano, y el otro como la tiene levantada y la olla en un segundo se giró y me cayó toda el agua en la pierna”, describe Eduardo.
Salió de urgencia al sector de sanidad donde le dieron gasas, una crema para la quemadura y Amoxidal 600. Eduardo es diabético e insulinodependiente pero ese dato no pareció significativo en ese momento: “no me llevaron a un hospital, no me dijeron, por ejemplo, qué gravedad tenían las quemaduras, no me indicaron nada. La carne se había achicharrado por el agua con la grasa del pollo y el aceite”.
En los días que siguieron Eduardo volvió a sanidad varias veces, el dolor no paraba. “El médico me dice ‘mirá vos sos diabético, viejo, y todo tarda en curarse y doler te va a doler’ y yo porque supuestamente es un profesional una persona que estudió que se capacitó y yo iba, los médicos me atendían, ponían la firma como que yo había ido pero más que alguna inyección o algún antibiótico común y corriente no me daban”. Y el tiempo siguió pasando semanas en las que Eduardo se hacía las curaciones solo en el pabellón y que llegaron a ser meses. Ocho meses tardó su pierna en gangrenarse. “Un día me caigo al piso y no me puedo levantar, me levantan dos internos que estaban ahí y yo me retorcía del dolor. Se me había reventado el pie y empezó a salir podrido, se me veían todos los tendones, los huesos no y todo lo que era la carne entre los tendones ya había desaparecido”, describe.
Lo atendió el director médico de la unidad cuando ya era tarde. “Me atiende y me dice’ uh por qué no avisaste antes’ entonces le contesté ‘doctor ¿por qué no mira el expediente y se fija cuántas veces yo vine a sanidad?”. Al llegar al hospital San Martín ya no hubo forma de salvar la pierna. Tras la amputación el diagnóstico fue claro: “está demostrado el evidente abandono de persona, denúncielo”, le aconsejó una médica.
Cuando le dieron el alta la Unidad 1 ni siquiera quiso recibirlo, por lo que quedó alojado en la Unidad 26 del complejo de Olmos. Allí comenzó a recuperarse pero la desidia continuó y cuando los integrantes de uno de los equipos de monitoreo de la CPM lo entrevistaron Eduardo se había fabricado él mismo una prótesis “tumbera” como la llama él. Primero fue con un tronco y un caño de plástico, y luego la perfeccionó con ayuda de otros detenidos y los restos de una silla de ruedas rota.
“Sinceramente esto fue una tortura psicológica tremenda, porque a veces pensamos que torturar a una persona solo es si te golpean o como si te sentaran en una silla y te bolsearan, pero esto es tremendo porque yo tuve ganas de morirme, ganas de quitarme la vida. Tuve un abandono total, yo entiendo que me equivoqué, pero no por qué me trataron así. Perdí la pierna trabajando, no robando ni haciéndole mal a nadie, trabajando y me dieron la espalda”, define.
Hoy Eduardo sigue trabajando en la cocina de la Unidad 26, le falta un año para cumplir su condena y a través de la intervención de la CPM se logró que acceda a una prótesis médica. “Yo he tenido suerte pero hay gente que se está muriendo”, dice Eduardo, y agrega que quiere denunciar para que algo cambie. “No puedo conectarme con ninguna fiscalía de turno, nadie me escucha, nadie me atiende, mis derechos han sido pisoteados y vulnerados por completo. Si el estado tiene derecho a reprimirme, a encarcelarme, yo como ser humano, como lo más básico de la vida, tengo derecho a hablar”, dice con claridad.
Las carencias y deficiencias del sistema de salud en el encierro fueron denunciadas año tras año por la CPM que en este último Informe Anual 2023 registró 9.016 hechos de tortura vinculados a cuestiones de salud, el 28% del total. Según el registro de muertes en cárceles y alcaidías de la CPM, del total de muertes registradas el 86% se relaciona a problemas de salud.
Fuente: https://www.andaragencia.org/el-acceso-a-la-salud-en-el-sistema-penitenciario-no-hay-derecho/