En agosto se cumple una década desde que la Legislatura neuquina aprobó el acuerdo entre YPF y Chevron para el desarrollo de combustibles no convencionales. Afuera, la represión se extendió durante siete horas; adentro, legisladores habilitaron la era del fracking y el nacimiento formal de Vaca Muerta. Diez años después, a pesar de los sistemáticos récord extractivos, las expectativas económicas siguen sin cumplirse. En tanto, la degradación socioambiental es evidente.
Por Fernando Cabrera Christiansen.
Impulsada por el déficit comercial energético en 2011, la expropiación parcial de YPF en 2012, le devolvió al Estado nacional el comando de la principal compañía del país en el sector. La explotación de Vaca Muerta, en alianza con trasnacionales, buscó resolver el dilema de un consumo que se expandía al tiempo que la extracción hidrocarburífera caía y faltaban los dólares para importar.
Desde entonces, Vaca Muerta está en foco de la energía nacional. Es un reservorio de hidrocarburos no convencionales, que se extiende 30.000 km2 -unas 140 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires- por el subsuelo de Neuquén, Río Negro, Mendoza y La Pampa. Allí funcionan unos 2700 pozos no convencionales que implican la inyección de millones de litros de agua y centenares de camiones de arena. Todas las formaciones no convencionales de la Cuenca Neuquina aportan el 60% del gas del país y el 42% del crudo.
Intensificación permanente
Un pozo de fracking tiene un alto rendimiento en los primeros meses pero al año ya rinde la mitad y la caída continúa en forma drástica. Los resultados exitosos se sostienen únicamente a fuerza de perforaciones y fracturas permanentes, lo que redunda en nuevas afectaciones. Hay una relación directa y que se constata en poco meses entre inversión y extracción y esto genera que las empresas del sector tengan una capacidad de presión extraordinaria sobre las políticas públicas.
La ampliación de la red de oleoductos y gasoductos en curso prepara el terreno para multiplicar los pozos. La técnica de fractura hidráulica, fuertemente cuestionada en todo el mundo, también afecta territorios alejados de las perforaciones como la cuenca del río Paraná, de donde se extrae la arena, o Bahía Blanca o Dock Sud, donde se ubican las más importantes instalaciones para el refinamiento de crudo. Al mismo, tiempo el fracking multiplica las emisiones de gases que dañan el clima.
La intensidad de este tipo de intervenciones implica un gran uso de agua. En una crisis hídrica histórica, estos pozos pueden utilizar más de 100 millones de litros, extraídos fundamentalmente del Río Neuquén. Un cuarto de ese volumen, estimativamente, vuelve a la superficie mezclado con químicos y residuos del subsuelo, que son nuevamente inyectados y abandonados bajo tierra.
La explotación genera también desmesuradas cantidades de residuos, tratados en deficientes “basureros petroleros” que no cumplen con las reglamentaciones y están sobrepasados, acumulando montañas de barro empetrolado que permanecerán ahí durante décadas. En tanto que los líquidos que vuelven a la superficie después del proceso de fractura –flowback– son inyectados en pozos a la espera de que no entren en contacto con el sistema hidrológico.
Por otro lado, según el Observatorio de Sismología Inducida, desde 2015 se produjeron más de 400 movimientos telúricos que no tienen antecedentes. Estos sismos tienen coincidencias espaciotemporales con la operación de equipos de fractura y se caracterizan porque su epicentro se ubica a poca profundidad por lo que ocasionan un alto impacto en superficie.
En los últimos años se han multiplicado los accidentes e incidentes vinculados a la explotación petrolera. Sólo en la provincia de Neuquén los incidentes ambientales treparon de 2,8 por día en 2017 a 5,6 en 2021. Los “accidentes laborales”, por su parte, ya ocasionaron la muerte de 15 operarios en Neuquén y Río Negro desde 2017. Por otro lado, tal como reporta la extensa bibliografía en Estados Unidos, también en la Argentina comenzaron a aparecer enfermedades respiratorias, cutáneas o producto del estrés por falta de descanso en las familias que viven en las inmediaciones de la explotación.
Estos diez años la política pública apuntó a perpetuar la dependencia fósil, ya no solo con un objetivo energético, sino fundamentalmente con un fin económico: conseguir dólares. A la fecha, muchas de las promesas de 2013 siguen siendo promesas, mientras muchas de las advertencias que hacíamos desde el movimiento socioambiental empiezan a concretarse. Otro camino es posible pero, a la luz de los hechos, los pueblos y sus organizaciones deberemos ser los protagonistas de su construcción.
Artículo publicado en la Revista Pulso Ambiental – FARN .
Fuente: https://opsur.org.ar/2023/08/09/diez-anos-despues-el-tiempo-empieza-a-pesar/