Advierten sobre paquete de leyes represivas impulsado por Patricia Bullrich: “un estado de sitio”

La legisladora Myriam Bregman y la CORREPI alertan sobre la legalización del gatillo fácil y la criminalización de la protesta social que busca la titular del Ministerio de Seguridad. Es “muy peligroso” y está pasando “desapercibido”, aseguró Bregman.

“Queremos alertar sobre algo muy peligroso que se está discutiendo en Diputados y pasando desapercibido, a pesar de la gravedad que tiene. Patricia Bullrich está impulsando un paquete de leyes ESPANTOSO y ya comenzó a tratarse en comisión. Son 4 leyes”, advirtió la diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, en su perfil de la red Twitter/X.

“Fueron a presentarlas dos funcionarios: Soto, abogado de los prefectos asesinos de Rafael Nahuel y del policía Chocobar (que casualmente con un amigo en el Ministerio de Seguridad logró un fallo a favor), y Manfroni, íntimo de Victoria Villarruel y escriba de la revista Cabildo”, planteó Bregman, señalando: “Esto les dijimos” recordando  su intervención en la Comisión de Legislación Penal del 24 de abril pasado.

“Los especialistas invitados a exponer en la comisión de Legislación Penal este miércoles, en su gran mayoría, EXTERMINARON los proyectos por su desastrosa técnica legislativa y por su contenido, pues crean un Gran Hermano bajo control de Bullrich, prácticamente un estado de sitio”, advirtió la legisladora, para a continuación desarrollar una explicación del paquete de medidas represivas, que compartimos:

Con el pomposo título de “LEY ANTIMAFIAS”, Bullrich propone que le den facultades para dictar una especie de estado de sitio o zona liberada bajo su mando, donde una vez establecida la “zona sujeta a investigación especial”, ella pueda hacer lo que quiera. ¿Qué sería esto?

Allanar sin orden judicial, intervenir teléfonos, detener personas por 48hs. Se establece la extinción de dominio, se crean figuras penales nuevas y se aumentan penas. Todo sin ton ni son, más que un arrebato represivo de Bullrich. Los expositores explicaron el impacto negativo.

En la veintena de delitos que contempla, no rigen las proporciones establecidas para los partícipes. Con solo acusar con formar parte de una asociación que consideren ilícita, cabe la pena del delito más grave de esa organización, aunque esa persona ni estuviese enterada del hecho.

La inflación penal que buscan imprimir, es torpe y ridícula. Para hacer encajar las conductas con las penas que se buscan incrementar, se altera lo establecido en el Código Penal para TODOS los delitos en los arts. 46 y 47 del Código Penal respecto de la participación.

Se aumentan exponencialmente las penas para la reincidencia y el concurso de delitos. La Corte Interamericana ya se pronunció en contra reiteradamente, porque se trata de condenar al autor y no al acto.

Se usan términos tan subjetivos y estigmatizantes como “peligrosidad”.

Como si fuera poco, se incorpora la figura de REITERANCIA, usada en distritos como Mendoza para controlar férreamente a la población y también para encarcelar a los que protestan. La reiterancia se aplica ante la simple imputación de un delito. Arbitrariedad 100%.

Se modifica la Ley 26.879 de Registro Nacional de Datos Genéticos y se incorporan al mismo TODOS los delitos, desde lesiones leves hasta las calumnias.

Con solo acusar a una persona de un delito, el Estado tendrá sus datos genéticos por 100 años. Gran Hermano, un poroto.

Como dato adicional, a la Comisión justo, justo…, fue a exponer un empresario que vende un nuevo método para tomar esos rastros genéticos. Pura casualidad.

También es casualidad que se esté armando todo para intercambiar información con el FBI.

Otro proyecto vuelve con la idea de ampliar los supuestos de legítima defensa y de prohibir a familiares querellar, algo que en nuestro país es un llamado al gatillo fácil y a la posterior impunidad policial. ¿Se imaginan el caso Arruga o Lucas González sin la querella familiar?

Pero hay más contra opositores: aumentan a hasta 6 años la pena del delito de “atentado y resistencia a la autoridad”, utilizado históricamente para detener manifestantes al voleo, sin prueba alguna, con la mera declaración de los policías supuestamente agredidos.

Buscan blindar el ajuste y controlar a la población. Todo va en camino de establecer una pena de prisión efectiva, no excarcelable, para quien proteste, por lo que sea. Quienes proponen este estado de excepción, son los mismos que quieren mandar a los genocidas a sus casas.

Decir que con esto combaten el crimen organizado es demagogia total. Si aprueban la ley Bases y el paquete fiscal que están en el Senado, el gran delito encontrará aquí un paraíso para el blanqueo, será el territorio añorado por los grandes narcos para traer el dinero sucio.

Charla de la CORREPI

En el mismo sentido, desde la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) advirtieron contra la Reforma del Código Penal. “Esta reforma no puede pasar”, señalaron. Convocaron a una charla este lunes 13 de mayo a las 18 horas en Solís 1158, CABA, para discutir sobre las graves consecuencias que tienen los proyectos de ley impulsados por Bullrich y Petri para la legalización del gatillo fácil y la criminalización de la protesta social.

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